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Estado mexicano falló en proteger a defensor rarámuri asesinado en la Sierra: Amnistía

Julián Carrillo. Fotografía: Marianne Bertrand /Amnistía Internacional

A Julián Carrillo lo mataron en octubre del 2018 pese a contar con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección, a cargo de Segob. Defendía su territorio contra la tala, la minería y la siembra ilegal de droga

La Verdad
Ciudad Juárez – A tres meses del asesinato de Julián Carrillo Martínez, defensor ambiental y del territorio en la Sierra de Chihuahua, Amnistía Internacional afirmó que el Estado mexicano falló en su obligación de garantizar la protección efectiva a este líder rarámuri.
En su informe ‘Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara’ la organización menciona que el asesinato de Carrillo “es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso del Estado mexicano de cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva por parte de las autoridades competentes frente a toda violencia, amenaza o represalia resultante del ejercicio legítimo de la defensa de su territorio ancestral”.
Julián Carrillo era un defensor de la tierra y el territorio del pueblo indígena rarámuri en Coloradas de la Virgen, una comunidad en la sierra Tarahumara. Desde el 2007 defendía su territorio contra la tala, la minería y la siembra ilegal de droga.
En octubre de 2018 fue asesinado pese a que desde el 2014 era beneficiario de medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación.
El asesinato de Julián era una tragedia predecible, considera Amnistía Internacional.
“Las personas Indígenas Rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Peor aún, a tres meses de su asesinato, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia, estableció.
Ante estos hechos, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano a tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el asesinato de Julián Carrillo y los demás miembros de su familia.

Coloradas de la Virgen, en la Sierra de la Tarahumara. Fotografia: David Paniagua/Amnistía Internacional

Una familia defensora exterminada

El 24 de octubre de 2018, hombres armados entraron a la comunidad de Coloradas de la Virgen y asesinaron a Carrillo. El líder Indígena Rarámuri había sido previamente víctima de amenazas y hostigamiento con relación a su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara. Al menos cinco otros miembros de su familia y otros líderes de esa comunidad habían sido asesinados en los últimos años.
De acuerdo con el recuento de Amnistía, desde el 2016 se registraron los siguientes hechos y ataques relacionados con la lucha por el territorio en Chihuahua:

    • Agosto de 2015: Santiago Quiñiones Cruz, cuñado de Julián, es asesinado.
    • Febrero de 2016: Víctor Carrillo, defensor del territorio, demandante en el proceso agrario e hijo de Julián Carrillo, es asesinado en su casa por dos personas aproximadamente un mes después de la publicación de la sentencia agraria favorable a la comunidad.
    • Abril de 2016: Eldipio Torres Molina, comisario de la policía comunitaria de Coloradas, es asesinado.
    • Mayo de 2016: Valentín Carrillo Palma, exgobernador indígena de Coloradas, es asesinado.
    • Mayo de 2016: Crescencio Molina, exgobernador indígena de Coloradas, es asesinado.
    • Julio 2016: Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino de Julián, es asesinado.
      Julio de 2016: Julián reporta incidentes de vigilancia de un grupo armado afuera de su hogar y amenazas contra su familia presuntamente por la persona que tiene una orden de arresto por el asesinato de su hijo Víctor.
    • Diciembre de 2016: Hombres no identificados prenden fuego a la casa de Julián en el rancho Guamuchilito.
    • Enero de 2017: Isidro Baldenegro, líder tarahumara que ganó el premio Goldman por sus esfuerzos para proteger los bosques de pino y roble en la Sierra Madre, es asesinado.
    • Septiembre de 2017: Alberto Quiñones Carrillo, sobrino de Julián, es asesinado.
    • Diciembre de 2017: Un grupo armado compuesto por siete personas
      amenazó de muerte al gobernador indígena Cruz Moreno y a Julián Carrillo cuando se encontraban en la casa del gobernador.
    • Julio de 2018:
      Francisco Chaparro Carrillo, yerno de Julián, es asesinado.
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Una persona de la comunidad le informó a Julián que había rumores que los hombres que asesinaron a su yerno querían hacerle daño. A raíz de ello, Julián se refugia en Sinaloa.
Tres meses después Julián regresó a su comunidad por la muerte de su hija, debido a complicaciones de post-parto. En su última llamada, decía que había sicarios persiguiéndolo.


Semanas antes de su asesinato, Julian Carrillo dijo en entrevista con Amnistía Internacional que su mayor preocupación eran los altos niveles de violencia en Coloradas, generados por la presencia de grupos del crimen organizado y las divisiones dentro de la comunidad que han resultado del otorgamiento de derechos ejidales a personas que no pertenecen a la comunidad.
Según Julian Carrillo y otros miembros de la comunidad, grupos del crimen organizado ha recurrido a la violencia para apropiarse del territorio Indígena con el objetivo de sembrar cultivos ilícitos, sobre todo cannabis y amapola. Muchos miembros de la comunidad han sido desplazados a ciudades cercanas, mientras líderes Indígenas y sus familiares han recibido diversas amenazas, incluso de muerte.
En septiembre de 2018, Julian Carrillo le dijo a Amnistía Internacional que creía que las amenazas y los asesinatos de miembros de su familia se relacionaban con su labor en defensa de los derechos humanos y del territorio. También reveló que él había recibido amenazas por denunciar las afectaciones al territorio de las Coloradas por parte del crimen organizado.
Aproximadamente dos semanas antes del asesinato de Julián Carrillo, miembros de la comunidad denunciaran ante autoridades estatales y federales la existencia de una concesión minera a tres particulares en su territorio, y solicitaron medidas urgentes para garantizar la seguridad de los habitantes de Coloradas ante la situación de extrema violencia generada por el crimen organizado.
Días después, Amnistía Internacional estuvo presente en una asamblea comunitaria en la que Julian Carrillo manifestó la oposición de la comunidad a la concesión minera debido a los impactos ambientales y sociales que tendría, y por el incremento de violencia que podría generar en la zona.

‘Mecanismo de protección no funciona’

Carrillo era beneficiario desde el 2014 de medidas de protección brindadas por el Mecanismo a cargo de la Secretaría de Gobernación.
Amnistía Internacional informó que pudo comprobar que el análisis elaborado por las autoridades falló en atender el contexto de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, presencia del crimen organizado y las dificultades para acceder a la Sierra. Por lo mismo, las medidas no fueran adecuadas y suficientes para responder a las causas estructurares de violencia en la comunidad Coloradas de la Virgen, ni para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio Rarámuri.
Amnistía Internacional insta al nuevo gobierno federal a desarrollar a la mayor brevedad posible, y en consulta con la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, una política pública integral para garantizar que las personas defensoras puedan realizar su labor de manera segura en el país.
“Las autoridades mexicanas no pueden seguir limitado la protección de personas defensoras de derechos humanos a un mecanismo que no funciona”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“El gobierno debe adoptar sin demora una política pública integral que atienda las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. La defensa del territorio y del medio ambiente no debe ser una sentencia de muerte”.

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