Opinión

El 8 de marzo y la lucha para evitar retrocesos

Imelda Marrufo
Abogada y activista

 

La conmemoración en torno al 8 de marzo es una buena oportunidad para que las autoridades oferten eventos diversos. Los discursos para el memorable día no se hacen esperar. Algunos números que suelen darse para difundir las acciones institucionales no siempre se corroboran, sin embargo, se dan. Sin evaluaciones, sin indicadores que midan eficacia, sin resultados verificables.
La maquinaria oficial se dispone para hacer lucir las instituciones públicas, aunque poca cuenta pueda aportarse en los avances de políticas de igualdad de género. Las auditorias de género en materia municipal siguen como asignatura pendiente. La transversalidad es un proceso muy lento, ausente aún en diversas dependencias.
Los asuntos duros en materia de atención en el ámbito penal siguen evadidos por las instancias para el adelanto de las mujeres, llámese Instituto Municipal o Centro de Atención a la Violencia.
La materia penal con enfoque de género y derechos es un terreno que requiere personal especializando, profesionalizar perfiles y evaluar su desempeño. Hacer eso implica conocimiento, dedicación y un alto compromiso. Asumir ese reto implica salir del espacio de confort. Para qué complicarse si los horarios en algunas dependencias son cómodos y el salario está garantizado.
Según datos recabados por el Observatorio de Red Mesa, basados en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 fueron asesinadas 105 mujeres en Ciudad Juárez. Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en violencia sexual de niñas y mujeres, el 51por ciento de los casos ocurrieron en la frontera de Juárez.
Las instituciones gubernamentales tienen que profesionalizar su personal y evaluarlo. Cuesta mucho dinero público que tengan acciones simuladas.
En el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, es importante señalar parte de los retos que enfrentamos las mujeres de organizaciones que defendemos derechos y pugnamos por una agenda de igualdad y justicia desde al menos 20 años.
Parece ser que hoy nos ocupamos más por no retroceder que por avanzar, este es el escenario lamentable en el plano nacional.
Hasta ahora hemos padecido las decisiones federales, como la eliminación de presupuestos al Instituto Nacional de Cancerología, para prevención de cáncer cervicouterino; la intención de eliminar de presupuesto del Programa PAIMEF, dirigido a atención de violencia, y el anexo 13 de transversalidad de género, para las políticas públicas de igualdad son ejemplo del desatino gubernamental federal.
Es cierto que los intentos para eliminar presupuestos vinculados a la agenda de género se revirtieron gracias a la movilización ciudadana y la lucha de las legisladoras de la comisión de igualdad de la Cámara de Diputados, por eso señalo que hacemos acciones buscando no retroceder.
En el contexto de la política nacional y los impactos en derechos de las mujeres para la vida de las juarenses, los liderazgos como el de la senadora por Chihuahua Bertha Caraveo, integrante de la Comisión de Igualdad del Senado, han brillado por su ausencia.
En diciembre pasado se realizó en Ciudad Juárez el evento de rendición de cuentas del cumplimiento de la Convención de Belén Do Pará por los tres poderes de la unión de la entidad a la que asistió el gobernador de Chihuahua, el ombusperson nacional, el alcalde juarense, el representante de los programas sociales del presidente de la república, la embajadora de la Comisión de las Mujeres de la OEA entre muchos funcionarios municipales y estatales principalmente. De la senadora Caraveo, a la que Red Mesa de Mujeres invito al evento, nunca supimos nada. No fue hasta que visito Juárez su compañero de partido Ricardo Monreal, para presentar el libro sobre justicia para las mujeres, que la legisladora federal dio luces para arropar a su coordinador de bancada.
La acción de suspender la convocatoria a los refugios generó un rechazo generalizado, pues si bien se entiende que la rectoría del Estado en materia de violencia contra las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia es una responsabilidad del estado mexicano y sus instituciones, la decisión de eliminar los recursos públicos para los refugios – que fue revertida por la presión social– no fue otra cosa sino seguir dando “palos de ciego”.
Las acciones en torno al 8 de marzo por parte de los movimientos de mujeres defensoras de derechos humanos en Juárez y Chihuahua han colocado como temas centrales: justicia para la niña que vivió violencia sexual por el sacerdote Aristeo Baca, la destitución de Jorge Esteban Sandoval representante del ISSSTE en Chihuahua por motivos de acoso sexual, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a no ser criminalizadas.
La postura sobre los pendientes de las autoridades a nivel local que desglosare en otra ocasión. La agenda incluye la preocupación y desacuerdo en algunas de las decisiones federales presidenciales.
Cada día en cada anuncio gubernamental federal se observa un conjunto de acciones propuestas como experimento a manera de ensayo y error.
El Plan Nacional de Emergencia Social recién presentado en material de violencia establece líneas generales sin precisar su aterrizaje. Un plan presentado por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y no por la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) como instancia rectora en la materia se presta para pensar sobre el futuro de la dependencia federal anidada en la Secretaria de Gobernación.
La tentación de llevarse la CONAVIM al INMUJERES estuvo presente hace más de 10 años, ojalá no sea otro más de los experimentos. No debemos olvidar que son instancias con orígenes y naturaleza jurídicas y políticas distintas. Juárez cuenta con una oficina de la CONAVIM desde sus inicios en poco tiempo tendremos certezas sobre estas definiciones.
Ojalá que la cuarta transformación pregunte a quienes tienen conocimiento y experiencia, pues la soberbia y el desmantelamiento no puede ser la pauta que guíe sus pasos como tampoco los experimentos en temas delicados.
Ha pasado poco tiempo y es necesario que el presidente López Obrador y sus colaboradores reconsideren en la agenda de derechos de las mujeres, los cambios son necesarios, pero no cualquiera, hasta ahorita el mensaje más claro que nos han dado es las ocurrencias. No se trata de una postura partidaria anti-AMLO, no se confundan, de lo que estamos hablando es que las mujeres no podemos pagar los platos rotos de sus experimentos, la vida de las mujeres no puede ser ese precio.

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