Relatores del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) acusaron que la delegación mexicana presentó en la administración pasada un documento basado en información “escueta, fragmentada e incompleta”. “No es algo que podamos resolver en unos meses”, respondió Marta Delgado Peralta, jefa de la delegación.
Texto e imágenes: Ángeles Mariscal
Ginebra, Suiza – La tortura en México es una “situación endémica”, advirtió el relator del Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas Diego Rodríguez Pinzón.
Este jueves se llevó a cabo la primera de dos sesiones donde el CAT evalúa las acciones que el gobierno mexicano ha implementado para erradicar esta práctica, y las políticas públicas que se mantienen vigentes.
A la sesión asistieron 23 representantes del gobierno mexicano, encabezados por Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante la sesión, el relator Rodríguez Pinzón destacó la creación en 2017 de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST), pero criticó que hay aspectos pendientes para su implementación.
El relator señaló que no se han creado Fiscalías especializadas en todos los estados y el plazo para este proceso terminó hace año y medio; tampoco se encuentra operando el Registro Nacional del Delito de Tortura; no hay presupuestos para su operatividad y no se ha informado a la sociedad civil los mecanismos para su colaboración en el proceso.
También refirió que en la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad que realizaba en INEGI fue suspendida por falta de recursos económicos, además de que 63 por ciento de los detenidos recibió violencia física, incluida violencia a familiares.
Rodríguez Pinzón dijo que aun cuando están contempladas en la LGPIST las denuncias de las víctimas, no hay mecanismos que garanticen su recepción, y aún así hay casi 12 mil expedientes de averiguaciones en la Fiscalía Especializada. Pero destacó que los altos niveles de impunidad obedecen a la falta de mecanismos que permitan las investigaciones, la insuficiencia de peritos especializados ya que los existentes están vinculados a las instituciones donde laboran las personas acusadas de perpetrar el delito.
“¿Tiene evidencia de que ha empezado a operar (la LGPIST)? ¿Tienen cifras fidedignas? ¿Qué tipo de indicadores?”, cuestionó a la delegación mexicana, así como también sobre los casos de la “prisión preventiva” y el arraigo judicial.
Los relatores del CAT destacaron que no hay mecanismos que garanticen el asilo a personas cuya vida se encuentre en riesgo si son regresadas a su país de origen.
“Nos preocupa la detención rutinaria que se realiza contra migrantes, incluyendo niños. Nos preocupa la devolución de migrantes solicitantes de asilo que son trasladados de Estados Unidos a México en espera del proceso. No existe información sobre acuerdo entre ambos países, y qué medidas se han tomado para proteger que no sean devueltos de forma injustificada”, dijo Rodríguez Pinzón.
Los relatores cuestionaron a la delegación del gobierno que en el caso de la violencia de género no presentaron en su informe datos desglosados que se les requirió, y datos específicos sobre la situación que guardan las investigaciones sobre los feminicidios de Ciudad Juárez, las agresiones contra mujeres de Atenco, y sobre el asesinato de Valentina Rosendo, a fin de garantizar que estos crímenes no queden impunes.
El relator señaló la ausencia de información en las acciones para garantizar la eficacia en la implementación del mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas, dado que las agresiones y asesinatos a este sector van al alza.
También, un tema sobre el que pidieron mayores informes a la delegación del gobierno mexicano fue el referido a la creación de la Guardia Nacional y los mecanismos para garantizar que no implique la práctica de la tortura. Los militares, dijo el relator Essadia Belmir, “están ultra armados, pero no bien formados para detener personas garantizando el respeto a sus derechos humanos”.
‘Nos va a tomar mucho tiempo’
En nombre de la delegación del gobierno mexicano, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que México continuará abierto al escrutinio internacional.
“[Se] pondrá un énfasis especial en que la cooperación que los diversos organismos, agencias y países han ofrecido se dirija verdaderamente a materializar y, cuando se requiera, perfeccionar el marco jurídico existente, para asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos en México”.
Luego de escuchar la evaluación previa del CAT y los cuestionamientos de los relatores a la delegación Delgado dijo que el Estado mexicano podrá garantizar una nueva cultura de respeto a los derechos humanos.
“Podemos garantizar en un futuro cercano el pleno respeto a los derechos humanos, cultivar una nueva cultura de la legalidad en el país y de Estado de derecho. Ése es el enorme desafío que está relacionado con este tema de reducir y erradicar la tortura en el país. Esta reconstrucción nos va a tomar mucho tiempo, no es algo que podamos resolver en unos meses”.
Los insumos para evaluar al gobierno vienen de al menos tres fuentes. Una de ellas son las visitas de relatores a México para realizar un diagnóstico basado en la revisión de casos, así como entrevistas con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades del país.
Otro insumo es el informe presentado por más de 120 organizaciones civiles, con quienes también se reúnen previamente. El documento reporta la situación de impunidad que impide sancionar a quienes cometen este delito en México. Señala que hay alrededor de 12 mil denuncias por actos de tortura que no han sido investigados.
El informe advierte que el actual gobierno incrementa riesgo de sufrir tortura al militarizar las acciones de seguridad pública con la estructura de la Guardia Nacional y al establecer reformas constitucionales que permiten la detención arbitraria.
Un tercer insumo para la evaluación es el informe que presenta el propio gobierno mexicano, que responde una serie de cuestionamientos que de manera previa le envía el Comité. En este caso se le pidió detallar aspectos específicos para combatir, sancionar y prevenir actos de tortura y tratos crueles y degradantes en la impartición de justicia, las condiciones de las cárceles, de detenciones a migrantes, violencia contra mujeres, contra defensores de los derechos humanos y periodistas, entre otros.
Todos los documentos pueden ser consultados en la página del CAT.
Basados en estos informes, en la sesión que se llevó a cabo este jueves, los 10 relatores que conforman el CAT hicieron una evaluación previa donde Diego Rodríguez Pinzón, uno de los relatores, sostuvo que la práctica de la tortura en México es una “situación endémica”, con una alta incidencia que no ha cambiado desde que se hizo la última evaluación a la fecha; es decir, desde hace seis años.
Se cuestionó al gobierno mexicano porque, al decir de los relatores, los datos proporcionados son “escuetos, fragmentados e incompletos” y se dijeron decepcionados que no se informaran mecanismos de aplicación de diversas leyes que existen.
Durante poco más de dos horas, uno a uno se fue desglosando los puntos del informe del gobierno mexicano, pero con los elementos que se presentaron, dijeron los relatores, no se puede establecer un diálogo productivo que permita al comité de la ONU coadyuvar en la prevención y erradicación de la tortura en México.
La delegación del gobierno mexicano deberá regresar este viernes ante los relatores del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, para que en esta segunda reunión dé respuesta a los nuevos cuestionamientos, y detalle sobre la información que no presentaron en el informe que se les requirió.
