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Testigos digitales: ¿encontrar justicia con la tecnología?

El acceso a la tecnología permite que las víctimas de violencia se conviertan también en testigos mediante el registro de sus experiencias, en un mundo donde todo se registra ¿cómo puede esta documentación llevar a la justicia?

Texto: Ximena Natera
Imagen: SITU
Pie de Página

Ciudad de México – Más de cinco mil millones de personas andan por el mundo usando celulares y desde el año pasado la cifra de tarjetas SIM activas superó por 200 millones el número de habitantes en el planeta.

Aunque es cierto que el alcance de la tecnología todavía es desigual y depende del contexto de cada región, una cosa es cierta: cada día son más las personas que tienen acceso a aparatos con la capacidad de registrar y almacenar imágenes, este hecho, combinado con la socialización de la información a través de las redes sociales y el internet dan como resultado el registro constante, permanente y en tiempo real del mundo en el que vivimos.

En zonas que atraviesan situaciones de guerra este fenómeno significa que muchas veces, los ciudadanos afectados por el conflicto documentan en tiempo real su experiencia de violencia.

En el marco del Encuentro Internacional sobre Nuevas Tecnologías de Búsquedas de Desaparecidos, dos expertos explican a Pie de Página cómo este registro masivo se puede convertir en una herramienta para la justicia y qué significa esto en un país como México.

“¿Una imagen es evidencia?, la respuesta es no. Algo raro si pensamos que evidencia viene de video, de ver. Pero las imágenes son apenas un astilla del hecho… la imagen se va constituir una evidencia en el momento en que le demos un contexto”, dice Rodolfo G. Pregliasco, profesor e investigador del Centro Atómico de Bariloche, Argentina.

Pregliasco es director del centro de Física Forense, una unidad científica que colabora con el sistema de justicia argentino en el desarrollo de investigaciones periciales para casos complejos.

“Nosotros no estábamos cercanos a las ciencias forenses, pero nos dimos cuenta que la metodología que usamos en nuestras investigaciones era adecuada para resolver algunos de los problemas que enfrentan las fiscalías”, explica el profesor.

El profesor se ha especializado en el análisis de residuos de disparo y técnicas para estimar tiempo de muerte de una víctima. Junto a su pequeño equipo ha participado en casos emblemáticos como la masacre de Trelew perpetrada durante la dictadura o el juicio por la represión en Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2001, donde varios funcionarios, entre ellos el jefe de la policía y el secretario de seguridad, fueron acusados de atentar homicidio contra población civil.

A través del análisis de cientos de horas de video lograron reconstruir los eventos del día para demostrar que la policía fue responsable de provocar los disturbios y reaccionó con un uso desmedido de fuerza.

El verdadero reto de un trabajo como este, explica, Brad Samuels, arquitecto estadounidense, es extraer el componente narrativo de la imagen, pues la narración, dice, es interpretación y la imagen debe convertirse en prueba: descriptiva, científica e imparcial.

Samuels dirige SITU, un despacho de especialistas multidisciplinarios que trabajan en la aplicación de las herramientas de áreas como arquitectura, diseño, arte, ingeniería, geografía y urbanismos para lograr impacto un social, ya se a través de museos y escuelas o cortes judiciales contra criminales de guerra.

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Aunque están dentro de la misma rama y ambos ocupan la imagen, los trabajos de Pregliasco y Samuels son más bien complementarios, mientras el primero se enfoca en el análisis de la imagen como fuente primaria de datos, en SITU se han enfocado en la imagen como herramienta de visualización.

El año pasado Brad Samuels trabajó en la reconstrucción los eventos de represión policiaca durante la “marcha de las madres” en Nicaragua donde al menos 15 personas murieron. El trabajo fue reconstruir, mediante archivos de video de protestantes, los hechos que llevaron a la muerte de tres víctimas e identificar de dónde salieron las balas.

El proyecto, una plataforma austera y varios videos narrativos con la reconstrucción de los hechos no forma parte del proceso judicial pero sí como una herramienta comunicativa que han usado los representantes de las víctimas para combatir el discurso oficial.

Aunque este tipo de herramientas es utilizado en cortes penales alrededor del mundo, parece una realidad lejana en lugares como México.

“Es un proceso largo”– explica Samuels– “en un principio hubo tensión en las cortes porque era una herramienta desconocida, pero se ha aceptado poco a poco, son herramientas extremadamente útiles, en un caso que trabajamos (para la corte penal internacional) la cantidad de evidencia que logramos con la plataforma era tan abrumadora que el equipo del acusado decidió que se declarara culpable, ni siquiera se fue a juicio… esas cosas emocionan a las cortes y se abren las posibilidades”, dice Samuels.

En México, estos esfuerzos no son ajenos. En 2017 la organización inglesa Forensic Architecture, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro Prodh de México crearon una plataforma digital que recaba la información del expediente judicial del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por fuerzas del estado. A dos años del caso el expediente era un documento accesible formado por cientos de miles de papeles.

Uno de los componentes de la plataforma es una representación gráfica que contrasta todas las versiones de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, el resultado es una confirmación visual de que la versión que maneja el gobierno federal dista mucho de la de los sobrevivientes y expertos que han trabajado el caso, además de que deja claro que los ataques fueron coordinados y estuvieron involucradas varios cuerpos de seguridad de diferentes niveles. Esta discrepancia se vuelve importante ya que la búsqueda de los jóvenes y todo el proceso judicial está basada en la versión oficial.

Aunque es poco probable que la plataforma sea parte del caso legal, es un primer paso necesario para contrarrestar al gobierno que desde el inicio buscó hundir el caso bajo una narrativa oficial simple.

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