Imelda Marrufo
Abogada y activista
La iniciativa del Tribunal Especializado en Violencia de Género, impulsado desde Juárez, es el resultado de dos experiencias que confluyeron: el proyecto piloto del tribunal de violencia familiar en 2015 y la agenda de la sociedad civil que demandó la necesidad de juzgar con perspectiva de género a partir del caso de Mary.
En 2017, María Guadalupe Pereda Moreno, una sobreviviente de feminicidio, fue condenada por el tribunal de enjuiciamiento a tres años de prisión por el delito de homicidio en riña, con carácter de provocado.
En 19 de julio del 2018, el colegio de magistrados/as de Juárez resolvió la casación a la que acudieron todas las partes procesales intervinientes del caso. La sentencia fue absolutoria en favor de la joven Pereda. Este año, hace pocos meses, un tribunal federal confirmó la sentencia de casación, nos dio la razón a la defensa y a la terna de magistrados/as.
El caso de Mary fue expuesto por Red Mesa de Mujeres – organización en la que colaboro– ante la CEDAW, el organismo internacional de derechos humanos de las mujeres, más importante del Sistema Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
El año pasado, las organizaciones mexicanas con las que colaboré, presentaron informes alternativos con resultados muy efectivos. El Comité CEDAW emitió recomendaciones a las instituciones del Estado mexicano. La impartición de justicia fue uno de los temas centrales y el poder judicial una de las instancias destinatarias.
El Comité de la ONU recomendó a México, que adoptara medidas eficaces para que el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se aplicara en el conjunto de los sistemas judiciales federal y estatales, además, para que velara por que las y los jueces que discriminan a las mujeres rindan cuentas.
Investigar y juzgar con perspectiva de género no es una moda, sino un tema de derechos para todas las personas, particularmente, para aquellas que por su condición de género han/hemos sido históricamente discriminadas.
En México la gran mayoría de jueces y magistrado/as solo mencionan en sus sentencias los derechos de las mujeres, pero no saben aplicarlos. La misoginia permanece en las instituciones de todo tipo, también en las de impartición de justicia.
El Tribunal Especializado en Violencia de Género es una apuesta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua para cumplir con las obligaciones constitucionales, los tratados y convenciones. También es una apuesta impulsada por quienes desde las organizaciones de la sociedad civil hemos aportado saberes para contar con buenas prácticas.
La perspectiva de género no sólo deba aplicarse a los delitos contra mujeres por razones de género sino en todos los delitos y actos de juzgar, para recordarlo y promoverlo se crearon las comisiones de género de los poderes judiciales en todo el país, incluida la Suprema Corte de Justicia.
La perspectiva de género y la no discriminación es norma para todos los casos y en todas las salas, no solo para quienes estén operando el Tribunal Especializado.
El proyecto de Tribunal presentado el 12 de julio permitirá al equipo adaptar, mejorar y ajustar los elementos procesales óptimos. Las adecuaciones normativas están por venir.
El Tribunal Especializado –sin precedente similar en México con aspectos, si con elementos cercanos al de Manhattan en los Estados Unidos– presenta las siguientes innovaciones: un juez con competencia mixta penal y familiar para juzgar con integralidad; dos áreas pilares, una jurisdiccional y otra administrativa; una Comisión integrada por un grupo interdisciplinario para elaboración de pericias, personal de psicología, trabajo social, jurídico y médico.
La nueva instancia plantea un esquema de integralidad en la atención a la violencia contra las mujeres y agresores a través de los servicios especializados tales como el Instituto de Servicios Previos a Juicio, Centro de Justicia Alternativa y Centro de Convivencia Familiar Supervisada.
El funcionamiento adecuado del Tribunal Especializado implica el seguimiento a los casos de violencia a través de la articulación, coordinación y colaboración entre instituciones públicas como la CEAVE y el CEJUM y privadas como las organizaciones sociales. El nuevo reto será las reparaciones con perspectiva de género.
El proyecto tiene su historia, un encuentro entre personas que creemos en construcción de un mundo más igualitario, en esa mirada coincidí con la magistrada Yasel Villanueva y el maestro Alejandro Anguiano, los impulsores de aquel tribunal de violencia familiar. En estos caminos se van enlazando otras y otros que suman para que las condiciones sean posibles y se conviertan en grandes aliados/as.
Me asumo parte de quienes estamos convencidos/as que las leyes deben aplicarse, que el fin del derecho es la justicia.
Que los derechos humanos deben proteger a todas las personas. Que el debido proceso es obligado. Que el derecho penal tiene una construcción patriarcal que ya no puede permanecer bajo la lógica del conservadurismo arcaico que se niega a reconocer la discriminación contemplada en la normatividad hace años. Que las y los juzgadores deben integrar todo el andamiaje jurídico creado y los derechos contenidos en todo el amplio marco de nuestra legislación nacional e internacional.
No juzgar con perspectiva de género produce más impunidad. Eso es parte de ella.
Hace justo un año un grupo de personas empeñadas en el acceso a la justicia dimos una batalla hasta el final que no fue sencilla. Logramos la libertad de Mary. Sin embargo, hay mujeres que siguen viviendo en condiciones de violencia porque los patrones se repiten y la impunidad se reproduce.
Se cumple un año en el que coordiné y fui parte del generoso equipo que acompañó la defensa para la libertad de Mary Pereda, meses después, desde otro espacio, coadyuvé para el impulso del Tribunal Especializado en Víctimas de Violencia de Género. Aportar en el diseño de esta nueva iniciativa es satisfactorio, es un esfuerzo conjunto de muchas y muchos, los ahora convencidos.
Necesitamos instituciones que generen confianza, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y quienes son parte del poder judicial tienen una oportunidad para acrecentarla.
imelda.marrufo@gmail.com
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