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Chihuahua –Ante el intento de división de las comunidades rarámuri Baqueachi y Huahuachérare, ambas del municipio de Carichi, las asambleas ejidales ratificaron a Estela Ángeles Mondragón como su representante legal.
A inicios de junio, tras una serie de publicaciones que pusieron en duda el trabajo de la abogada, se dio a conocer que existen dos denuncias en su contra. Una de ellas es por la supuesta malversación de 16 millones de pesos en la comunidad de Huahuachérare.
Tras la noticia, se convocó a asamblea para exponer a cada comunidad la situación. La primera fecha fue el 23 de junio en Baqueachi, en donde Ángeles Mondragón externó su preocupación a los habitantes y explicó que llegó al lugar acompañada de agentes de la Fiscalía Especializada en Violaciones a Derechos Humanos como medida de seguridad. No obstante, por falta de quórum se citó a una segunda reunión.
En Huahuachérare la asamblea se celebró el 30 de junio con la presencia de las autoridades indígenas, la comunidad y el apoyo de un intérprete. En su intervención, Ángeles Modragón les informó porqué había policías y les presentó los documentos para comprobar el destino del dinero.
En ese sentido, pidió someter a votación su permanencia como representante legal, pues recordó que cuando comenzaron los litigios para la recuperación de las tierras en ambas comunidades se firmó un poder que, como un contrato, ellos podían decidir conservar o romper.
En los documentos presentados por la abogada se puede constar que se solicitó a la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, Imelda Carlos Basurto, «para solicitar que el cheque por los 16 millones de pesos se cancele y se expida en favor de la persona moral denominada ejido HUAHUACHERARE» y no de las cuatro personas que, en un principio, aparecían en el cuerpo del título de crédito: Estela Ángeles Mondragón, Francisco Felipe Chávez, José Mauricio Calzadillas y José Patricio Chávez.
“Yo no tengo 16 millones de pesos, si los tuviera no tendría porque estar aquí. El dinero debe estar donde debe estar. No lo tengo yo y nunca lo he tenido (…) yo lo único que les pido es que no se dividan. cuando un ejido se divide vienen los problemas y no son buenas las divisiones”.
Después de varios minutos de debate, la mayoría de la comunidad votó a favor de que Ángeles Modragón siguiera como su representante legal y, al concluir la asamblea, le dieron la mano a la abogada.
En Baqueachi se reunieron nuevamente el domingo 7 de julio. En esta comunidad, a la abogada se le acusa de recibir un cheque por 250 mil pesos, así como la propiedad de 20 vaquillas y dos toretes.
La dinámica de la asamblea fue similar y, al momento de la votación, Ángeles Modragón fue ratificada como representante legal de la comunidad en la que, después de 25 años de lucha, se recuperaron cerca de 21 mil hectáreas de tierras que fueron invadidas por ganaderos de la región. La presencia de los agentes de seguridad en las reuniones no es un asunto menor.
El triunfo de los litigios agrarios derivó en el asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, compañero de Ángeles Mondrágon, así como una serie de atentados contra su familia y amenazas de muerte.
En ese contexto, la abogada cuenta desde 2012 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunado a que es beneficiaria del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
ONG’s y activistas rechazan
campaña de desprestigio
Con más de 200 firmas, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como activistas, emitieron un comunicado en el que rechazan la campaña de desprestigio en contra de la abogada en uno de los medios impresos de mayor distribución en el estado.
La información a la que hacen referencia fue publicada el domingo 28 de julio en el Heraldo de Chihuahua con la nota titulada “Lucran activistas con litigios ejidales”. Añaden que en la versión impresa el encabezado fue “Están amenazados de muerte si denuncian. Despojan a indígenas de sus tierras”.
Además, expresan su preocupación por las dos denuncias contra la abogada, al afirmar que una de las personas entrevistadas por el medio local “ha sido quien ha instigado la presentación de estas denuncias, lo cual es particularmente grave en uno de los estados de la República Mexicana con mayor número de ataques a personas defensoras de derechos humanos”.
“El caso de Estela Ángeles sería el primero de criminalización de una persona defensora de derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. En su informe sobre Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación sobre el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos [el cual] no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho”
En ese sentido, solicitaron:
Primero: Que el diario El Heraldo de Chihuahua rechace la publicación de las notas que denuestan y difaman la labor de personas defensoras de derechos humanos y reconsidere la información que publicará próximamente como segunda parte del reportaje
Segundo: Que el Mecanismo de Protección emita un comunicado reconociendo la importante labor que ha realizado Estela Ángeles Mondragón y solicite información a las autoridades de Chihuahua sobre las acciones que están realizando para proteger a la beneficiaria.
Tercero: Que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua haga una revisión rápida de las denuncias presentadas y las concluya por falta de elementos suficientes para tramitarlas.
Cuarto: Que, en el marco de sus atribuciones, la CIDH solicite información al Estado mexicano en relación al cumplimiento de la medida cautelar MC 208/10 y la urja a implementarla adecuadamente.
Quinto: Que, de acuerdo con su mandato, las Relatorías sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas tanto de la CIDH como del sistema de Naciones Unidas soliciten información urgente al Estado mexicano sobre la situación de la defensora Estela Ángeles Mondragón.
