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Opera Congreso de Chihuahua con red de familiares

Congreso del Estado de Chihuahua. Fotografía: Cortesía

Diputados y funcionarios legislativos trabajan con hijas, hijos, madres, hermanos y yernos, quienes han sido contratados para diversos cargos en el recinto legislativo

Itzel Ramírez
La Verdad / Especial para El Diario

Ciudad Juárez – Parientes directos en distinto grado y familiares políticos de diputados y funcionarios legislativos cobran en la nómina del Congreso del Estado de Chihuahua.

En una revisión a su estructura se detectaron al menos 19 casos de hijos, hijas, madres, hermanos, así como dos yernos de legisladores, mandos administrativos y empleados del Poder Legislativo, con sueldos de hasta más de 60 mil pesos, revelan datos oficiales actualizados al 13 de junio de este año.

Entre quienes presuntamente han promovido la contratación de sus familiares desde el recinto parlamentario se encuentran los diputados Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo (PT); Jesús Villarreal Macías, del Partido Acción Nacional (PAN); Obed Lara Chávez, del Partido Encuentro Social (PES); así como las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anna Elizabeth Chávez Mata y Rosa Isela Gaytán.

También aparecen parientes de asesores, de personal administrativo y de las fracciones partidistas. En la mayoría de los casos se trata de personas vinculadas al PAN.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayoría de esas contrataciones se han dado durante la gestión del panista Jorge Luis Issa González, secretario de Administración del Congreso y responsable del área de reclutamiento de personal desde el 12 de diciembre de 2017, cuando rindió protesta por su cargo ante el Pleno legislativo.

“Por desgracia tenemos legisladores que prefieren rodearse de gente en la que confían porque son sus amigos, sus conocidos, en vez de contar con profesionales, perfiles especializados que les ayuden a ser mejores diputados”, dice Iván Álvarez, catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y experto en administración pública.

Este es tema de legitimidad, no legal, dice René Moreno, miembro de la asamblea de Wikipolítica Chihuahua, quien reprueba lo recurrente de este tipo de contrataciones en la administración pública.

“Preocupa que sea una práctica sistémica porque se trata de cómo se atrae el talento. Creo que debe haber procesos en los que haya filtros naturales para evitar la discrecionalidad en la selección”, agrega.

Jorge Luis Issa González, titular de la Secretaría de Administración del Congreso, concede que sí existe un cuestionamiento ético en los casos mencionados.

“No es lo correcto éticamente”, dice y se justifica al afirmar que él no tiene la facultad de negar los contratos que solicitan los legisladores.

Aunque él es uno de los funcionarios legislativos que contrató a una pariente. A 15 días de asumir en su cargo dio trabajo a una sobrina justo en la secretaría que encabeza.

Legislar en familia

Gráfica: El Diario

En la red de familiares en el Congreso están diputadas del PRI, Anna Elizabeth Chávez Mata y Rosa Isela Gaytán Díaz, quienes tienen cada una a cuando menos un familiar dentro de la nómina del Legislativo. La primera tiene como asesor técnico a su hermano Manuel Armando, con una remuneración de 37 mil 755 pesos al mes; la segunda, quien se desempeña como coordinadora de la bancada priista, tiene como personal especializado dentro de su grupo parlamentario a su sobrino Edwin Alan Gaytán García, con un sueldo mensual de 18 mil pesos.

En ambos casos, las contrataciones se hicieron después de que las diputadas del PRI tomaran protesta.

Sin embargo, Manuel Armando no es el único familiar que la
diputada Chávez Mata tiene en la nómina legislativa, también está su sobrina Stephany Rocío Chávez Pineda, con un puesto de asesora técnica del grupo parlamentario del PRI y un sueldo mensual de 50 mil 775 pesos.

“Cada quién puede hacer los equipos de trabajo que corresponda, uno busca un equipo de confianza, de seguridad, de disposición, yo no le veo ningún problema, que bueno que se valore a la familia”, menciona Omar Bazán, líder del priismo estatal y también diputado local, quien justifica la contratación de familiares hecha por sus compañeras de partido.

Además, agrega, no hay cuestiones de ley o ética, hay que explicárselo bien a la gente.

El diputado Rubén Aguilar Jiménez, del PT, tiene a sus hijas Iskra Nacori y Tania Matilde Aguilar Gil como personal especializado y asesoras adscritas a su fracción parlamentaria. Según los datos del Legislativo, con un sueldo de 35 mil 683 pesos mensuales, Iskra fue contratada en 2001, durante la LX Legislatura, la segunda para su papá; en tanto, Tania Matilde, que tiene una percepción de 47 mil pesos mensuales, inició su relación laboral en agosto de 2017, también con la presencia de Aguilar Jiménez como diputado.

El 1 de octubre de 2016, el panista Jesús Villarreal Macías tomó protesta como diputado; en la misma fecha entró a la nómina legislativa su yerno Alfonso Chávez Gómez, con una remuneración mensual de 47 mil 209 pesos. En mayo de este año, Chávez Gómez se presentó a la convocatoria para elegir a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque finalmente desistió de participar en el proceso de selección.

Actualmente, permanece en la nómina del Congreso.

Otros perfiles panistas que trabajan con sus familiares en el Congreso local son la exdiputada Rosa María Baray Trujillo, que tiene un puesto de jefe de división dentro de su grupo parlamentario. El 16 de febrero de 2018, Valeria María Baray Trujillo, hija de la exlegisladora, entró a la nómina con un sueldo de 16 mil pesos al mes.

El propio Jorge Issa González, administrador del Congreso, tiene dentro de su Secretaría a su sobrina Alejandra Carrillo Issa, contratada con un salario de 34 mil pesos al mes.

Luis Roberto Labrado Chávez, personal especializado de la Secretaría de Administración, comparte adscripción con su mamá, Martha Elena Chávez Almada, exdirectora de finanzas de Pensiones Civiles del Estado y nieta del exgobernador Francisco R. Almada.

De acuerdo con los datos entregados por el Congreso a una solicitud de transparencia, Labrado entró a laborar al Legislativo en marzo de 2018 con una remuneración de 22 mil pesos mensuales; un año más tarde, Martha Elena entraría como jefa de oficina con un salario de 49 mil 412 pesos.

En la nómina legislativa aparecen también Olivia Franco Barragán, asesora del PAN y su hija Abril Andrea Colomo Franco, así como Neivy Alejandra Porras Rangel y su madre Olivia Carrillo Rangel, también del mismo grupo parlamentario.

Al respecto, el líder de la bancada blanquiazul, Fernando Álvarez Monje dice: “no veo un problema en que eventualmente puedan trabajar papá e hijo o dos hermanos siempre y cuando no incurran en actos de ilegalidad”.

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“El hecho de que tenga una hermana o hijo, la respuesta a esto es que cada peso que se pague con la contratación de la persona se resuelve cuando desquitan perfectamente bien para lo que se les paga. No tiene la culpa un hermano de que alguien trabaje en el mismo lugar”, afirma.

Sin embargo, el panista Jorge Issa, pese a tener a una sobrina en su nómina legislativa, comenta que sí existe un cuestionamiento moral. Aún así ha justificado la contratación de su pariente con el argumento de que cuenta con el perfil requerido para el puesto que ocupa.

El académico Iván Álvarez, de la UACJ, refuta que existan este tipo de situaciones donde se privilegia el parentesco a la formación y profesionalización.

Morena, partido que ha abanderado el combate a la corrupción y al nepotismo, tiene cuando menos dos casos de familiares trabajando en el Legislativo. Uno es el de las hermanas Carmen Leticia y María del Rosario Nevárez Chávez, ambas asesoras técnicas, con un sueldo de más de 32 mil pesos.

Flor María Ortega Sotelo, identificada como una de las principales asesoras de Morena, tiene un sueldo de 45 mil pesos mensuales desde el 1 de septiembre de 2018; su tía, Emma Sotelo Caro entró en febrero de 2019 al parlamento estatal, con una remuneración de 32 mil pesos.

Miguel Ángel Colunga, coordinador de la bancada de Morena, dijo inicialmente que mientras los familiares contratados no tuvieran una relación directa de subordinación en el trabajo, no implicaba problema alguno.

Después, el legislador consideró que de acuerdo con los principios de su partido y lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se deberían permitir las contrataciones de familiares en el ámbito público.

“El presidente ha dicho que eso no es correcto, ha sido muy claro y nosotros estamos de acuerdo con ese planteamiento, se tiene que ser muy cuidadoso con que no se contraten familiares”, dijo.

Entrevistado por los dos casos detectados en la bancada de Morena, Colunga aseguró que se revisarían las contrataciones mencionadas.

Legislador por el PES, Obed Lara Chávez tiene como asesor a su yerno Edilberto Royval Sosa, con uno de los sueldos más altos dentro de las redes familiares, pues al ser director de área percibe 62 mil 697 pesos.

Del PT, además del diputado Aguilar y sus hijas están los hermanos Eduardo y María Cristina Valtierra Alarcón, que entraron también en la presente legislatura. Como auxiliar especializado de la bancada petista, Eduardo Valtierra percibe 31 mil 375 pesos mensuales; mientras que su hermana, adscrita a la Secretaría de Administración, gana 21 mil pesos por su puesto de personal especializado.

Por Movimiento Ciudadano (MC) está el caso de las hermanas Sindy Arlen y Silvana Denisse Guillén Antillón y su madre, Dora Isela Antillón Bustamante, las tres adscritas a ese grupo parlamentario y con fecha de ingreso del 1 de septiembre del año pasado. Dora, con un puesto de asesor técnico, gana 33 mil 178 pesos mensuales; Silvana es auxiliar especializado y percibe 33 mil pesos mensuales, mientras que su hermana Sindy Arlen, asesor técnico, gana 21 mil 527 pesos.

Mientras que en el caso de Nueva Alianza están José Juan Chacón Montes y su hijo José Juan Chacón Figueroa, ambos con puestos de auxiliares y con salarios uno de 16 mil y el otro de 6 mil pesos mensuales.

El conflicto de interés

Gráfica: El Diario

La legislación local no tiene algún precepto que prohíba la contratación de familiares en el Congreso del Estado. Sin embargo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que rige en Chihuahua, de acuerdo con el decreto LXV/ABLEY/0794/2018 XII PE, define conflicto de interés como “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

Rene Moreno, de Wikipolítica e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuestiona la discrecionalidad con la que se permite a los partidos en el Legislativo constituir a su cuerpo de asesores.

“No hay criterio para decir cuál es el número máximo de asesores o cuánto se le paga, sí creo que es un hoyo negro la forma en la que se gasta en el Congreso cuando son partidas de tipo discrecional, como las de los puestos de asesoras o asesores”, afirma.

Los familiares detectados en el Congreso incluyen otros casos de personas que ingresaron en años anteriores y laboran en la Secretaría de Administración, como los hermanos Germán Antonio y Sonia Berenice Pérez Chacón. El primero, como chofer con sueldo de 22 mil 558 pesos, labora en el Legislativo desde 2008; y la segunda, como personal especializado con pago de 32 mil pesos y plaza permanente desde 1993.

Los hermanos Aracely Piñón Madrid y Anastacio Piñón Madrid, la primera; secretaria titular de dependencia; y el segundo, auxiliar administrativo, cuentan con plazas permanentes con remuneración de 20 mil 191 pesos y 12 mil 472 pesos mensuales, respectivamente. El ingreso de Aracely fue en 2004, mientras que su hermano entró al Congreso en 2007.

Manuel Rodríguez Márquez, auxiliar administrativo sindicalizado con sueldo de 13 mil 618 pesos, comenzó a trabajar en 1997 en el Congreso. Cuatro años después entraría también su familiar Manuela Rodríguez Villarreal (se desconoce el tipo de parentesco), como secretaria titular de dependencia, con una percepción que asciende a 17 mil 745 pesos.

El último caso de familiares detectado por el Legislativo en la solicitud de información es el de Gilberto Sánchez Gómez, chofer sindicalizado que labora en el parlamento chihuahuense desde 1995 con un salario de 13 mil 566 pesos. Su hijo, Luis Gilberto Sánchez Martínez, auxiliar especializado sindicalizado, percibe 11 mil pesos al mes y entró en 2011.

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