Quizá sea hora de conseguir abogados para César Augusto Peniche Espejel (mejores que los asesores jurídicos de Rosario Robles), en vez de estar pensando en la alcaldía de Juárez. Porque empieza a caer la noche sobre el Fiscal del Nuevo Amanecer.
Olga Aragón
Chihuahua ha sido territorio de grandes cárteles del narcotráfico desde hace más de tres décadas. Eso todo mundo lo sabe. Pero en los últimos diez años el crimen organizado consiguió infiltrar hasta la médula a las estructuras de gobierno, particularmente en la Sierra Tarahumara y en el noroeste del estado más grande de la República.
¿Cómo sucedió tan descomunal empoderamiento de los grupos criminales en Chihuahua?
Abierta o soterradamente, los cárteles de cada región impulsan a sus candidatos a alcaldes e imponen a los secretarios de seguridad pública, a jefes de policía e incluso a secretarios de obras públicas.
El salto es tremendo. Antes tenían en su nómina a algunos gobernantes y jefes policiacos. Ahora ellos manejan las nóminas y el erario de los municipios.
Ya pueden decidir, y deciden, las obras que habrán de realizarse en los territorios que tienen bajo su control, mismo que defienden a sangre y fuego contra otros capos criminales que se atreven a disputarles su dominio.
No importa si arrasan pueblos completos para conseguir sus propósitos cuando van sobre los recursos naturales: los bosques, las minas, la tierra y el agua para sus huertas nogaleras, para sus hatos de ganado y sus cultivos de lo que sea. Si tienen que matar a los líderes comunitarios, a los ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas que se atraviesan en su camino, los matan.
Ellos determinan ahora la inversión pública en el fomento de actividades económicas en las que lavan dinero. Se convierten en “empresarios decentes” y definen la infraestructura necesaria para sus actividades económicas lícitas o ilícitas. Ejercen el poder a plenitud, porque pueden.
¿Cómo logran manejar este inmenso poder territorial, económico y político que trasciende sus actividades tradicionales de cultivo y trasiego de drogas?
¿Quién debe responder por todos los crímenes que conlleva este proceso de fusión entre narcotraficantes y políticos?
Un hombre está obligado a responder esas preguntas y actuar en consecuencia: César Augusto Peniche Espejel, el hombre que – ¡vaya coincidencia! – durante esos diez años ha ocupado los más altos cargos en la entidad para combatir al crimen organizado; primero como delegado de la Procuraduría General de Justicia (PGR) de noviembre del 2010 hasta agosto del 2015, durante el sexenio del gobernador priista César Duarte, y luego como Fiscal General del Estado de octubre de 2016 a la fecha, en el gobierno del panista Javier Corral Jurado.
“El ahora fiscal Peniche también tuvo una responsabilidad directa en el empoderamiento de esos grupos criminales. Él fue delegado de la PGR, ni más ni menos; y como tal, necesariamente tendría que haber tenido conocimiento del mapa de la delincuencia organizada en la entidad”, publicó en su columna Don Mirone, del periódico Norte, la periodista Miroslava Breach Velducea el 22 de marzo de 2017, un día antes de ser asesinada.
Peniche Espejel ocupó antes otros cargos importantes en la procuración de justicia. Entre 2008 y 2009, por ejemplo, fue director Adjunto de Desarrollo Humano de la PGR y titular de la Unidad Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la SIEDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada)
Investigar evidencias, escribir y describir los hechos que pusieron al descubierto ya no los vínculos, sino la fusión de narcos y políticos, la estructura misma de la narcopolítica en el estado le costó la vida a la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 27 de marzo de 2017 por órdenes de quien encabeza el grupo criminal de Los Salazar, organización que trabaja para el Cártel de Sinaloa y que en Chihuahua es un secreto a voces que ha financiado campañas electorales de priistas y panista
En su reportaje “Infiltra el narco gobiernos municipales de Chihuahua” –publicado en La Jornada, el 20 de febrero de 2017, un mes antes de que la mataran–, Miroslava Breach dijo que “por amenazas o complicidad, jefes regionales del narcotráfico en las zonas serrana y noroeste, infiltraron a los gobiernos municipales, impusieron a jefes policiacos, colocaron a su gente en la nómina y decidieron nombramientos en áreas de obras públicas”.
Con precisión, mencionó al menos a diez directores de Seguridad Pública vinculados al crimen organizado, en los municipios de Ascensión, Batopilas, Chínipas, Coronado, Guazapares, Guerrero, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Uruachi y Gran Morelos. Son municipios enclavados en territorios en donde actúan dos grupos criminales vinculados con políticos priistas y panistas: “Los Salazares” en el sur de la Tarahumara, y “La Línea”, brazo armado del Cártel de Sinaloa, encabezado entonces por el Carlos Arturo Quintana, alias “El 80”, preso desde mayo del año pasado.
Los hechos han dado la razón a Breach.
Cuando el gobernador Corral y el fiscal Peniche anunciaron la decisión de crear un mando único de la Policía Estatal en seis municipios del estado para recuperar, de manera urgente, el control de las policías municipales en Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, la periodista anticipó que la violencia podía recrudecerse, si se cometían errores en la ejecución de esas medidas.
Dijo respecto a los policías municipales y los criminales coludidos: “No se van a quedar cruzados de brazos ante el intento de acotar su control sobre vastas zonas del estado. El fin de semana ya se reportaron desplazamientos de hombres armados y encapuchados en algunos de los municipios intervenidos”.
No fue escuchado el llamado de alerta. Y vinieron más enfrentamientos, masacres, desparecidos, desplazados, torturados. Crímenes atroces, sanguinarios.
En los municipios de la zona noroeste del estado, donde opera el Mando Único instaurado en febrero de 2017, a partir de ese día han sido asesinadas 840 personas, revelan medios locales.
En el municipio de Madera, y con mayor crudeza en el poblado de Las Varas, se han registrado ya varios enfrentamientos con saldos de decenas de víctimas.
El pasado 15 de agosto, en un operativo conjunto de La Policía Militar, la Policía Federal y la Policía Estatal, fueron detenidos 14 policías municipales junto con el director Operativo de la Policía Municipal de Madera, José Luis M.M, éste último es el único que continúa preso, los demás fueron liberados “por falta de pruebas”, luego de haber sido acusados de obstruir un operativo contra el grupo criminal de Francisco Arvizu, “El Jaguar”, que opera en la zona.
El fiscal Peniche declaró el miércoles 21 que el jefe policiaco José Luis M.M brindaba protección a “El Jaguar”, líder criminal del cártel de Sinaloa. También dijo el fiscal que fue el alcalde panista Jaime Torres Amaya, quien designó en ese cargo al hoy detenido.
¡Caray! ¿cómo es posible que después de diez años consecutivos como delegado de la PGR y luego fiscal General del Estado, Peniche Espejel y el gobernador Corral sólo hayan confirmado lo que en 2017 les dijo la periodista Miroslava Breach, que los gobiernos municipales y en especial el área de Seguridad Pública ya estaban en manos de los grupos criminales de la región y que la violencia se recrudecería con el Mando Único a cargo de la Policía Estatal si no aplicaban medidas pertinentes para evitar las reacciones de los criminales que disputarían en guerra a muerte el control que ya habían conquistado en las estructuras de gobierno.
El colmo. Como si hubiese realizado un magnífico trabajo al frente de la Fiscalía, el señor Peniche ahora dice que ya se le menciona como candidateable a la presidencia municipal de Ciudad Juárez “¡Dios guarde la hora!”, diría mi vecina doña Teofila.
Peor aún. Ese comentario del fiscal Peniche, fue en respuesta a las acusaciones que le hiciera el dirigente municipal del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez, respecto a propiedades que el fiscal ha adquirido en Ciudad Juárez, en la capital del estado y en la Ciudad de México, con valor de más de 30 millones de pesos, cantidad que supera con creces sus ingresos como funcionario público.
Quizá sea hora de conseguir abogados (mejores que los asesores jurídicos de Rosario Robles), en vez de estar pensando en la alcaldía de Juárez. Porque empieza a caer la noche sobre el Fiscal del Nuevo Amanecer.
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Olga Aragón. Periodista nacida en la ciudad de Chihuahua. Su trabajo periodístico lo ha realizado en la Ciudad de México, en el estado de Chihuahua y en Baja California. Sus trabajos han sido publicados en El Norte de Ciudad Juárez, El Heraldo de Chihuahua, El Diario de Juárez, El Diario de Chihuahua y Newsweek. Actualmente se desempeña como directora editorial del periódico digital 4Vientos.net y del programa en vivo 4V-TV producidos en Ensenada, B.C. y colabora en reportajes especiales para la revista Proceso.
