Itzel Ramírez
El 8 de agosto Uruapan despertaba con uno de esos días que todavía sorprenden en México: 19 cuerpos en total, algunos desmembrados, aparecieron en diferentes puntos de este municipio michoacano, enclave idílico que en los últimos años se ha convertido en una auténtica joya por ser la cuna de la producción mundial de aguacate, el “oro verde” mexicano.
Algunos de los restos fueron colgados en un puente. Al fin dueños y señores del territorio nacional, los responsables dejaron una manta, advirtiendo de más asesinatos.
La violencia en Uruapan viene de lejos. Hace casi 14 años, el 6 de septiembre de 2005, unos sujetos arrojaron cinco cabezas humanas sobre la pista de baile del bar Sol y Sombra, junto a los restos había un mensaje de la que después sería una de las organizaciones criminales más importantes de la región, la Familia Michoacana.
Solo ese año, según la nota de El Siglo de Torreón, las autoridades habían contado 13 decapitaciones en la zona… de jalón, el 8 de agosto pasado, los criminales dejaron 19 cuerpos en la vía pública.
Entre uno y otro suceso, Michoacán ha sido testigo de algunas de las historias más enloquecidas de la “guerra contra el narco”. Nazario Moreno “El Chayo”, fundador de la Familia Michoacana, reconvertida en Los Caballeros Templarios, moriría dos veces, la primera de ellas en 2010, cuando gobernaba su paisano, el expresidente Calderón. Luego, en 2014, Moreno sería, de nueva cuenta, asesinado, ahora en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
También bajo el mandato de Calderón, tuvo lugar el “Michoacanazo”, aquella operación que detuvo a una decena de alcaldes, y a 17 funcionarios, acusados todos de tener vínculos con el narco. Ninguna de las acusaciones pudo sustentarse, por lo que en el mismo sexenio salieron libres los involucrados.
Varios despliegues militares después, el expresidente Peña puso como responsable de pacificar la región a Alfredo Castillo; al procurador mexiquense que no pudo encontrar el cadáver de la niña Paulette le dieron la tarea de enfrentar al narcotráfico y atender el fenómeno de las autodefensas. Después del fracaso en Michoacán, Castillo fue a dar a la Comisión Nacional del Deporte, en un enroque típico del peñismo.
Por si no fuera suficiente, baste recordar la historia de quienes gobernaron Michoacán en mencionados periodos. Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, permanece en prisión por un proceso en su contra por presuntos vínculos con el narco. El sucesor de Vallejo, Jesús Reyna, dejó en diciembre del año pasado la cárcel, tras salir librado de la misma acusación (con videos de por medio que presuntamente le mostraban con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, otro líder criminal).
Hoy, Uruapan se debate entre la violencia, el auge de una industria que devora las tierras -deforestación y explotación son dos realidades en la región-, extorsiones del narco que amplía sus negocios agrícolas y autoridades que están de adorno (no vayamos a pensar que están coludidos con los criminales).
Quienes fueron responsables del aumento de la violencia en Uruapan y en todo México, gozan el manto de la impunidad, garantizada por un presidente que, a lo mucho, critica la vestimenta militar uno de ellos, el exmandatario Felipe Calderón, el michoacano que iniciara eso de la “guerra contra el narco” y que desató masacres, y desapariciones como nunca antes en México.
Castillo, cuyo nombre resuena tras la detención de 6 policías federales por la masacre de 2015 en Apatzingán, se dedica desde Twitter a dar pésames, defenderse de señalamientos en su contra y, cómo no, dar resultados de partidos de tenis.
De Calderón y Peña, qué hay que agregar. Uno intenta crear un partido con su esposa, pues sería trágico dejar de vivir del erario. Otro protagonista de revistas del corazón mientras desluce con sus pasos de baile. Se saben todos tranquilos, a ellos no les tocará la Cuarta Transformación.
Adrián López, fiscal general de Michoacán, declaraba tras los sucesos del 8 de agosto que grupos criminales se desdibujaban en la zona. La llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a Michoacán, el enfrentamiento con Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, y las pugnas internas en cada uno de esos grupos, de acuerdo con el fiscal, tenían la región hecha un polvorín.
La respuesta ofrecida desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (el presidente que ha recorrido una y otra vez cada municipio de México), ha sido la misma, enviar otra vez a Michoacán a las fuerzas federales. Las mismas que no pudieron contener la violencia en los últimos 14 años.
En julio se anunció que a territorio michoacano se enviarían más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional, el cuerpo conformado por policías y soldados que no han sido sometidos a nuevos exámenes de control, que acumulan quejas y quejas, denuncias por violaciones de derechos humanos, que operan justo como los capos que, dicen, pretenden combatir.
La estrategia del presidente no incluye un verdadero análisis de la zona (complicada todavía más por sus condiciones topográficas), del impacto de la industria productiva, tampoco hay planes de profesionalizar a las policías locales, de proteger a los agricultores, de llevar a la justicia a autoridades corrompidas por el narco -cuando no es que ocupen ellos mismos los espacios públicos-; se trata simplemente de enviar más policía.
El presidente López Obrador criticó hasta el cansancio la estrategia de Calderón, “le dio un golpe al avispero”, diría una y otra vez acerca de la decisión del michoacano de combatir al crimen organizado. La propuesta del gobierno del tabasqueño es aplicar la misma respuesta fallida en el lugar en el que Calderón iniciaría su mediocre guerra. Eso, de verdad, es no entender lo que pasa en Michoacán.
DESDE LA FRANJA. Ayer un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Anáhuac de Ciudad Juárez. La víctima, muestra un video difundido por El Diario, intentó repeler la agresión con un arma de fuego. Tras el crimen, policías municipales y ministeriales tuvieron un enfrentamiento verbal -a punto de los golpes, de acuerdo con medios-, por el control de la escena del crimen, donde había presuntamente drogas y dinero. De los criminales no hubo detención, parece que los responsables de la prevención y la seguridad tampoco se pusieron de acuerdo para perseguirles.
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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma y El Diario de Juárez. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
