En El Estado

Gasta Congreso más de 7 millones en estudios con plagios

Contrata servicios con proveedores que entregan documentos incompletos, con frases y textos de otros trabajos, incluso tomados de sitios de internet; es un fraude y un robo, cuestionan agrupaciones que analizan el ejercicio de la administración pública

Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario

Ciudad Juárez– El Congreso de Chihuahua desembolsó en la primera mitad de 2019 más de 7 millones de pesos por concepto de asesorías a diversos proveedores y, a cambio, recibió documentos con frases o párrafos plagiados de sitios de internet, textos incompletos, servicio de información telefónica y consultorías sin coincidencia con el objetivo contractual.

Los pagos, registrados por el Legislativo, se hicieron a militantes y ex candidatos del PAN, ex funcionarios públicos, un familiar de una diputada priista y a un par de despachos legales, uno propiedad de un académico de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y otro ex aspirante a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La situación se desprende de una revisión a los egresos por concepto de asesoría del Congreso de Estado y a los documentos recibidos por esa erogación.

La contratación de esas “asesorías” fue aprobada por el secretario de Administración del Congreso, Jorge Luis Issa González, a pesar de que el Legislativo cuenta con recursos públicos para que áreas internas cumplan con las mismas tareas. La Unidad de Género, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de 1.6 millones de pesos, mientras que al Instituto de Estudios e Investigación Legislativa se le designaron 751 mil pesos, de acuerdo con los datos oficiales revisados por La Verdad.

Otra de las áreas consideradas por el Congreso en el Presupuesto de Egresos 2019 fue el Departamento de Asuntos Jurídicos, con 5.2 millones de pesos para este año.

El administrador del Congreso, Issa González, fue buscado para la elaboración de este trabajo, sin embargo, el panista no respondió a la solicitud de entrevista.

Cuestionados sobre el uso que el Legislativo da a los recursos públicos en estudios, información y asesorías con los resultados expuestos, integrantes de agrupaciones que promueven una mejor administración pública y nuevas formas de políticas cuestionan ese gasto y que permitan esa situación que califican de fraude.

“Si estos son los estudios que están pagando del dinero público de los chihuahuenses en lugar de dárselo a una enfermera, a un maestro, a un hospital, entonces es un fraude, es una tomadura de pelo”, menciona Hernán Ortiz, de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).

El activista también señala lo grave que resulta que los legisladores acepten la entrega de estudios plagiados.

“Hay que señalar la poca inteligencia de quien paga esos estudios, y ese es un problema porque nos están representando, les pagamos a gente que se conforma con trabajos que se bajan de internet”, afirma.

Mientras que Nayo Rodríguez Varela, integrante de Wikipolítica Chihuahua, considera que la contratación millonaria de asesorías es un modus operandi de la clase política para el desvío de recursos.

“Claramente esto es un desfalco, es un robo. Son esquemas de triangulación típicos”, afirma.

En entrevista, Rodríguez critica que, a pesar de los millonarios gastos en consultorías, el debate dentro del Congreso sigue siendo de muy bajo nivel.

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El contrato con mayor monto negociado por el Legislativo asciende a un millón 252 mil 800 pesos por el pago de “Servicios para generar un desarrollo administrativo y operativo del H. Congreso, en cada una de las Secretarías y los Departamentos y Oficinas que lo conforman, en el periodo de enero a diciembre de 2019”, de acuerdo con los documentos.

Firmado en enero de 2019, el contrato indica que el proveedor es Jorge Ramírez Piñón, quien mensualmente recibe 104 mil 400 pesos como pago por sus servicios. En la administración de gobierno pasada, Ramírez Piñón se desempeñó como director de Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno estatal; desde el 27 de junio de este año (seis meses después de firmar el contrato con el Congreso), milita en las filas del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con el contrato, esa asesoría incluiría análisis y recomendaciones para dotar de “mayor eficiencia” al Legislativo. Sin embargo, el documento es una colección de citas textuales de otros trabajos, a los que no se les da crédito como fuente en el estudio financiado por el Congreso, se pudo detectar en los documentos.

Una revisión al producto que recibió el Congreso permite observar que desde la primera página hay párrafos idénticos a los citados en otras fuentes. En la página 1, por ejemplo, se indica: “Los salarios y sueldos, son los pagos que realizó el Congreso del Estado de Chihuahua para retribuir el trabajo ordinario y extraordinario del personal dependiente de él, antes de cualquier deducción retenida por los empleadores. Incluye: aguinaldos, compensaciones…”.

La descripción sigue hasta la página 6 del estudio: “… ello se ve reflejado en la nómina (donde además se le hacen deducciones), cabe mencionar que hay control por parte de la ley en relación con las empresas, que mantienen el marco legal a través de la emisión de pagos y firmas (y sellos) de las empresas donde laboran los trabajadores”, se menciona.

Las palabras, a excepción de la referencia al Congreso del Estado de Chihuahua, son idénticas a las que describen los términos “salarios y sueldos” en la página de internet de Gestiopolis.

En esa dirección se indica que una de las fuentes fue el sitio de internet El Rincón del Vago, sitio web donde sus usuarios envían sus propios textos, estudios, monografías, apuntes académicos o ensayos para que se publiquen y puedan, desde allí, ser fácilmente reutilizados e inventados por otros usuarios, en su mayoría estudiantes.

El estudio reproduce también de forma textual algunos párrafos del trabajo titulado “Administración de sueldos y salarios”, escrito por Diana Guevara de la Universidad Internacional Atlántica, se pudo detectar.

Además, sin citar otras fuentes, incluye párrafos del Manual de Organización y Desarrollo Administrativo del Subsistema de Preparatoria Abiertas y Telebachillerato del Estado de Chihuahua y de la página de outsourcing Venture Soft, así como de otros blogs sobre descripción de puestos y contratación óptima de empleados.

Se buscó al proveedor para entrevista sobre la situación, pero no fue ubicado y en el padrón de personas o empresas que ofrecen servicios al Congreso aparece sin dirección y teléfono, se detectó.

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El segundo estudio con más recursos pagados por el Congreso es de un millón 206 mil 400 pesos por la “Determinación del Índice de Desarrollo Humano del Municipio de Juárez en el Estado de Chihuahua”, realizado por José Luis Trasviña Salido, un valuador egresado de la UACH.

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El índice del estudio entregado al Congreso señala que la extensión es de 146 páginas, aunque se pudo verificar que en realidad todo el estudio tiene 43 páginas marcadas así en el documento.

“El objetivo de esta investigación es obtener un índice integral que permita medir el impacto de las políticas públicas para cuantificar los resultados de los programas para el desarrollo social (…) El índice integral o mecanismo de evaluación, permitirá contrastar las acciones y resultados de la política social municipal, para concluir la eficacia con la que el Estado de Chihuahua y el municipio de Cd. Juárez están alcanzando sus objetivos y si realmente están cumpliendo con las responsabilidades que le corresponden”, menciona el documento.

El entregable no desarrolla en ninguna página el “índice integral”, tampoco se aportan las conclusiones de la investigación; únicamente se mencionan datos de Coneval, INEGI y otras fuentes oficiales sobre la situación económica del municipio de Juárez, se desprende de una revisión realizada al mismo.

Las asesorías incluyen pagos a María Isabel de León Carmona –ex candidata por el PAN a diputada federal–, quien cobró un millón 102 mil pesos a cambio de la entrega de “Tres estudios que es el Control Constitucional y Convencional en el Congreso del Estado, Armonización Legislativa Estatal con Derechos Humanos y Perspectiva de Género y la Incorporación y Transversalización de Derechos Humanos en la Legislación Estatal”.

Los textos entregados por De León se centran en mostrar la legislación internacional y federal sobre derechos humanos, no discriminación, equidad de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y apenas una cuarta parte al análisis de la regulación en Chihuahua y la falta de armonización.

Este prestador de servicios tampoco pudo ser ubicado para entrevista sobre el tema.

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Otros de los proveedores de este servicio al Legislativo son José Adán Faudoa Mendoza y Kinardo Hamilton García, quienes reciben, cada uno, 58 mil pesos mensuales (696 mil pesos al año), por concepto de asesoría externa.

De acuerdo con fuentes consultadas, Faudoa Mendoza se desempeña como catedrático de tiempo completo de la UACH, que en el artículo 67 de su Ley Orgánica prohíbe a su personal “desempeñar varios empleos por los que disfrute sueldo, salvo el personal académico de medio tiempo y de asignatura”.

Los servicios legales prestados por Faudoa, de acuerdo con el contrato, incluyen asesoría jurídica, revisión de contratos, representación en quejas y asuntos laborales, así como presentación de demandas.

Mientras que Hamilton García, ex aspirante a consejero de la CEDH, se comprometió a brindar asesorías como “despacho jurídico externo”, que incluyen consultas breves (telefónicas o presenciales), complejas, elaboración de dictámenes, “gestiones sencillas”, reuniones, entrevistas y audiencias con autoridades, “salidas del despacho”, redacción de documentos y contratos.

Tanto Faudoa como Hamilton no han entregado, a la fecha, documento que dé cuenta de los resultados de sus asesorías, se pudo corroborar con fuentes del Congreso.

Otra de las beneficiadas con las consultorías es Perla Esperanza Chávez Mata, hermana de la legisladora priista Anna Elizabeth Chávez Mata. A inicios de año, Perla Esperanza firmó un contrato por 236 mil pesos anuales para “asesoría jurídica en apoyo a la Secretaría de Asuntos Legislativos”, a razón de una necesidad del área, según se establece en el contrato CPS-AS015-2019.

En los informes dados al Legislativo, la hermana de la diputada del PRI menciona entre sus actividades el asesoramiento en asuntos jurídico-legislativos, realización de dictámenes de comisión, supervisión de proyectos, entre otras acciones. La labor, de carácter legal, ha sido brindada por Perla Esperanza a pesar de que no cuenta con cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas que acredite su preparación académica en el área legal.

Otro de los contratos millonarios es el otorgado a Juan Arturo Vázquez Aldama, ingeniero mecánico administrador, casado con Mónica Sarahí Abdo Aguirre, jefa del Departamento de Educación y Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Vázquez Aldama obtuvo un contrato por un millón 90 mil pesos para la realización del estudio “Percepción de la Violencia en la escuela primaria”.

En este caso, el trabajo de Vázquez Aldama reproduce de forma textual párrafos originalmente publicados por el Gobierno del Estado de México, así como del trabajo “Violencia escolar en México y otros países: comparaciones a partir de los resultados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, del investigador Gustavo Muñoz Abundez, publicado en la Revista Mexicana de Investigación Educativa en 2008 .

Por 381 mil 967 pesos, el Congreso obtuvo también una presentación de Power Point hecha por Heriberto Flores Gutiérrez, ex rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) e investigado por acoso sexual. Sin nota metodológica, Flores Gutiérrez entregó la presentación sobre los resultados de la “Medición de la labor de los diputados en cada distrito electoral”.

Grupo Omega Consultores, una empresa de asesoría gubernamental de Nuevo León, recibió 348 mil pesos para la “asesoría externa para la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda”, presidida por el diputado panista Jesús Valenciano. El trabajo de la consultoría ha consistido en análisis económico de Delicias –municipio del que es originario Valenciano–, asesoría para acceder a los recursos federales del Fondo Metropolitano, únicamente para la región metropolitana de Delicias-Meoqui, y reportes sobre las funciones del City Manager, además de documentos para oficializar el “Consejo Consultivo de Soporte Legislativo”, como asociación civil.

Hernán Ortiz, de Cimap, critica que este tipo de situación no sea documentada y que la actual gestión de gobierno se centre únicamente en documentar y judicializar los casos de corrupción y desvío de recursos públicos cometidos en la administración pasada y no en la actual.

“Este gobierno pasa por alto lo que sucede en esta administración”, afirma.

Sobre el tema, Rodríguez Varela, de Wikipolítica Chihuahua, dice: “esto es robarse el dinero público, a la hora que copian y pegan un artículo y cobran un millón de pesos, es un robo y mucho más fructífero que robar un banco y lo hacen bajo nuestras narices”.

laverdadjz@gmail.com

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