Opinión

La mafia del Transporte Público

Juan de Dios Olivas
Apuntes Políticos

Con certeza se puede afirmar: ninguno de los funcionarios que tienen que ver con el Transporte Público en el Estado de Chihuahua ha abordado una rutera en Ciudad Juárez en lo que va de la actual Administración. Tampoco el gobernador, Javier Corral Jurado, que suele viajar en camioneta de reciente modelo en las ciudades cuando no está utilizando la flota área.

De hacerlo, se darían cuenta las condiciones en las que viajan a diario más 100 mil usuarios para llegar a su destino. También de la forma en que operan los transportistas, muy al estilo de la mafia. Quizás por eso no los pueden meter en cintura para brindar un servicio digno a los juarenses.

Pero más fuerte que ese tipo de mafia, es la enquistada hasta el tuétano, en la misma oficina de Transporte Público de Ciudad Juárez, que a la vista de la ciudadanía no solo toleran las condiciones de irregularidad en la que operan las unidades de pasaje urbano y especial, sino que han hecho de estas, un área de oportunidad para hacer buenos negocios donde su salario poco les importa.

Las prácticas de corrupción son bastas, desde “pesetear” a los ruteros hasta depósitos bancarios por no revisar las condiciones mecánicas, hacerse de la vista gorda ante las infracciones a los reglamentos y quejas de los usuarios, hasta el tráfico de permisos denunciado la semana que termino en desplegados difundidos en periódicos impresos por el recién constituido Consejo Estatal de Transportistas Públicos y Privados de Chihuahua A.C. –una organización que agrupó al menos a una tercera parte de los concesionarios y que seguramente dará la batalla en temas como la segunda ruta troncal–.

Desde administraciones pasadas, un grupo de empleados de Transporte Público han hecho de esas prácticas su modus vivendis, al grado de que conviven hasta al ritmo de banda con los dueños y señores del transporte público y de personal como si fueran una misma familia que bien podrían serlo de acuerdo con una serie de fotografías y vídeos que conoce hasta el representante del gobernador Mario Dena, el jefe de Transporte Público, Eduardo Lugo Ordórica y el mismo director de Transporte en el Estado, Mario Echanove y que se incluyen en esta columna.

Esas prácticas dan al traste con los intentos de modernizar el transporte público que prometió el gobernador Javier Corral y que tuvo algunos destellos cuando estuvo al frente de Transporte Público en Juárez Víctor Estala, pero fue saboteado desde el mismo interior de esa dependencia a niveles quizás muy altos, igual que los intereses de quienes han permanecido haciendo buenos negocios desde esa oficina en perjuicio de los ciudadanos de a pie.

Las imágenes son claras, muestran a personal de Transporte Público exhibiendo armas –son policías rurales dijo alguna vez Echanove–. Quizás las porten en las mismas patrullas de gobierno. Conviven con los concesionarios y sin pudor muestran las buenas relaciones que hay con ellos.

Las fotos muestran las alcancías de monedas de 10 pesos, las pacas de billetes que se juntan que en Tránsito se conoce como “polla”. Algunas son imágenes que podrían ser ya viejas, por las boletas de infracción con los logos de Chihuahua Vive.

Sin embargo, en la actual Administración Estatal todavía se utiliza papelería con los logos que distinguieron al gobierno de César Duarte para ahorrar recursos, así que las gráficas están vigentes, tanto como que es el mismo personal activo que dirige Lugo Ordórica, un expolicía federal emanado de una corporación donde esas prácticas son bien conocidas.

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En Juárez tienen todo de su lado; una ley que es obsoleta y que les permite operar con total libertad, sobre todo como total impunidad. El último intento de actualizar la Ley de Transporte fue por la entonces diputada Laura Marín, hoy recaudadora de Rentas, pero fue enviada a la congeladora dejando a la deriva hasta la regulación de los Ubers a todas luces piratería y competencia desleal para los taxis, pero tolerada por su buen servicio.

En esas circunstancias, la rana más aplastada es la que grita. Así un grupo de concesionarios ha denunciado corrupción pero en un nivel poco más alto que el del personal, más importante pero igual de corrupto.

El Consejo Estatal de Transportistas Públicos y Privados de Chihuahua A.C exigió se frene la discriminación en el ejercicio del suministro de Permisos para el Transporte Especial de Personal y de Pasajeros por el otorgamiento irregular de permisos a las empresas Juárez Bus Servicios y Servicios Industrial Regiomontanos a quienes Lugo Ordórica les otorgó permisos económicos “0” y hasta al estilo de la Ley de Herodes, los firmó y se atribuyó esa facultad que no tiene, puesto que es la Dirección de Transporte la competente para emitir esas autorizaciones.

La agrupación también señala al director de Transporte, David Holguín, a Mario Echanove, Lugo Ordórica y a la licenciada Valeria Fraustro y Nereida Manriquez Márquez, de favorecer empresas sin importar que con los permisos deje el Estado de captar ingresos por impuestos, placas, revalidaciones.

El tema de corrupción en Transporte es amplio, un artículo no basta para hablar de eso, falta hablar de los ríos de droga que corren entre los choferes y su relación con el crimen organizado. No se diga del huachicol que la Comisión Estatal de Seguridad simula combatir para la foto de Aparicio.

El negocio es grande. El transporte público mueve más de 100 mil personas al día y genera ingresos estimados en más de 60 millones de pesos al mes, aunque los concesionarios digan que no es negocio y ya tengan amarrada la nueva tarifa de 12 pesos para volverlo más rentable aún.

Sin duda, la Función Pública debería revisar las cuentas bancarias de los funcionarios de Transporte, no vaya a ser que encuentren personas que de la noche a la mañana tengan hasta 20 propiedades como el fiscal Peniche. Bueno, si en realidad el Estado tiene el interés de por lo menos mejorar el servicio que se brinda a los juarenses, ya no digamos modernizarlo.

***

Juan de Dios Olivas. Periodista en Ciudad Juárez, Chihuahua donde ha realizado su trabajo periodístico por espacio de dos décadas para El Diario de Juárez, Norte de Juárez, la Organización Editorial Mexicana (OEM) y el grupo radiofónico Nueva Era. Cuenta con estudios de historia por la UACJ, actualmente edita el portal digital Apuntes Políticos.

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