Derechos Humanos

Crece violencia contra defensores de migrantes

Organizaciones civiles revelaron que en 2018 fueron asesinados 48 defensores de derechos humanos y tres personas que ayudaban a migrantes fueron desaparecidas en el norte de México. Las agresiones, señalan organizaciones civiles, siguen en aumento

Texto: Vania Pigeonutt
Foto: Duilio Rodriguez/ Archivo
Pie de Página

Ciudad de México –El sacerdote Elías Dávila Espinoza, encargado del albergue La Sagrada Familia, se percató hasta el día siguiente que alguien se metió a su oficina, y quemó objetos destinados a ayudar a migrantes en tránsito por Apizaco, Tlaxcala. Él lo atribuye a una estrategia gubernamental de rechazo a las personas que huyen de sus países por la violencia, o buscan mejorar sus vidas.

Esto se suma a las agresiones contra activistas: en 2018 fueron asesinados 48 defensores de derechos humanos y tres personas que ayudaban a migrantes fueron desaparecidas en el norte de México, de acuerdo con el informe “Defensores sin muros: personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos”.

Durante el sexenio pasado del priista Enrique Peña Nieto, 161 activistas fueron asesinados y hostigados.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social, Sandra Patargo, de Front Line Defenders, puntualizó que ante el endurecimiento de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la aceptación de países como México, Honduras y El Salvador, hay una crisis regional de agresiones contra los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y sus defensores. Lo traduce como una estrategia articulada para prohibirle a los migrantes el tránsito en otros países.

“México es un país sumamente peligroso para la defensa de los derechos humanos. Tan sólo en nuestro informe de 2018, documentamos 48 asesinatos a personas de derechos humanos en México; siendo México el segundo país con más asesinatos de personas en el mundo, sólo después de Colombia. Y desafortunadamente esta tendencia no se ha reducido”, alerta la activista.

En su informe que comprende el año 2018, Front Line Defenders, la Red TDT y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México–Tijuana documentaron 69 agresiones, riesgos y amenazas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

Los activistas documentaron los casos ya judicializados de dos activistas: Irineo Mujica, director de la asociación Pueblo Sin Fronteras, quien llegó el pasado 10 de agosto a su casa en Sonoyta, Sonora, donde encontró a dos carros particulares estacionados en la entrada y dos personas armadas con pistolas y vestidas de civil. El informe señala a sus agresores como “agentes vestidos de civil que dijeron ser policías”.

Y el caso de Cristóbal Sánchez Sánchez, quien ha trabajado temas de migración durante los últimos 15 años, y fundó el Colectivo de Cultura Migrante.

Alberto Xicoténcatl, de Casa del Migrante de Saltillo y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, detalló que fueron detenidos sin ninguna justificación y sin pruebas. También lamentó las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al otro día de la liberación de los defensores a inicios de junio.

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La funcionaria dijo en un programa de televisión que “otras personas que integran esta organización civil realmente han provocado esas caravanas. Entonces, que el juez haya determinado que no hubo elementos suficientes es que a lo mejor no estuvo bien integrada la carpeta de investigación”.

A juicio de Xicoténcatl, promoviendo una campaña de odio contra los migrantes y las personas que los defiende. “Están poniendo en riesgo sus vidas”.

Como ejemplo puso el caso de Tlaxcala, que sin ser un estado fronterizo, ven una campaña de odio gestada desde un acuerdo migratorio que, en su opinión, se dio bajo un contexto en el que Estados Unidos obligó a México a endurecer su política y desplegar a la Guardia Nacional.

El padre Elías recuerda que después de denunciar ante el Ministerio Público de Tlaxcala, la persona que ingresó a su xxxxx tardó unos 20 minutos en romper ventanas, meterse a la oficina donde descansa su contabilidad, hacer los destrozos y dejar ese mensaje, que a su juicio va dirigido contra los migrantes.

Las amenazas han escalado a mensajes anónimos de muerte contra integrantes del albergue que dirige. Nunca había vivido en tiempos de tanto acoso, asegura.

En el informe presentado, los activistas registran que en mayo de 2019, 132 mil 880 personas migrantes fueron detenidas por las autoridades migratorias estadounidenses en la frontera con México, el número más alto en la década.

Familias y niños migrantes llegan en números históricos: la Patrulla Fronteriza detuvo más de 36 mil familias en febrero de 2019, el número más alto desde que se empezaron a documentar las cifras de detenciones de unidades familiares en 2012. El documento señala que los gobiernos a lo largo de las rutas migratorias de América –incluido el de López Obrador– violan sistemáticamente los derechos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

Pueden ser víctimas de discriminación, extorsión, abuso físico y sexual, trata de personas, secuestro, robo, detención y desaparición por parte de autoridades y del crimen organizado.

Las agresiones y homicidios se concentran en los estados limítrofes al norte del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También Chiapas y Tabasco. El análisis comprende las ciudades norteamericanas de California, Arizona y Texas.

Carolina Jiménez Sandoval, directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, mostró el informe de su organización llamado: “Salvar vidas no es un delito” y denunció que EEUU, al igual que los países de la región de tránsito migratorio tienen una estrategia de acoso. En este caso se llama “Oasis”, donde el gobierno norteamericano tiene una lista con los nombres de las personas dedicadas a ayudar a migrantes.

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