Chihuahua – Las comunidades ódami de Cordón de la Cruz, Tepozán y Mesa Colorado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, hicieron un llamado de ayuda urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno ante los despojos que enfrentan por caciques mestizos de Baborigame.
De acuerdo con información proporcionada por la organización Alianza Sierra Madre, los habitantes de las tres comunidades denunciaron la situación durante una audiencia pública que se realizó este fin de semana en el rancho Cordón de la Cruz.
Desde hace 3 años, se detalló, las comunidades ódami enfrentan una crisis humanitaria por el acoso de mestizos que han intentado despojarlos de sus tierras y del territorio en el que realizan actividades agropastoriles.
Además, les han robado el ganado, les han cercado sus comunidades y, en el caso de Mesa Colorada, el hostigamiento ha llegado al grado de que les han cortado el abasto de agua.
Pese a que han habitado estos territorios de manera ancestral, los señores Aurelio y Cornelio Alderete Arciniega, mestizos de Baborigame, se asumen como dueños de las tierras desde que presentaron una solicitud de enajenación de terrenos nacionales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
A la denuncia del pueblo ódami se sumaron los habitantes mestizos del rancho El Susepe, así como indígenas rarámuri de la comunidad de Tuáripa, en la sierra de Chihuahua.
De acuerdo con un comunicado emitido por dicha organización, los mestizos han utilizado ese pretexto para ejercer violencia hacia las comunidades indígenas.
La problemática ya fue denunciada a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sin embargo, esta búsqueda de justicia ha implicado diversas represalias, como amenazas, robos y lesiones.
Los daños a su integridad física y a su patrimonio han impedido a las comunidades acceder a sus bienes naturales y realizar diversas actividades productivas, lo cual ha afectado su salud, economía y bienestar.
Las comunidades indígenas que han sido víctimas de los señores Alderete Arciniega, denunciaron a las autoridades las violaciones a sus derechos humanos.
Se informó que en la audiencia estuvo presente Cornelio Alderete Arciniega para justificar sus acciones. En respuesta, Carlos Grado Castillejos, representante de la Sedatu, le aclaró que no es dueño de las tierras en donde viven las comunidades, que solamente está en trámite la solicitud de terrenos nacionales y que el dictamen correspondiente lo emitirá la dependencia en máximo tres meses.
El funcionario federal añadió que este dictamen se hará alineado conforme a los derechos de los pueblos indígenas, es decir, aún y cuando hubiese alguna fracción de terrenos nacionales, les corresponde titularse a las comunidades indígenas que los tienen en posesión.
En ese sentido, la organización expresó que esperan una solución por parte de los funcionarios resuelvan conforme a los derechos de los pueblos indígenas contenidos en la legislación nacional y convenios y tratados internacionales, como reconocer el derecho de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan.
El artículo 14 del Convenio 169 establece que: “Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
En la audiencia estuvieron presentes Ivonne Contreras Peinado, representante regional de la Secretaría de Bienestar; Carlos Grado Castillejos, subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Sedatu; un representante del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI); Lilia Ivonne Maldonado Nieves, fiscal de la Zona Sur, Fiscalía General del Estado (FGE); María Teresa Guerrero Olivares, titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (Coepi) e Irma Villanueva Nájera, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua (CEAVE).
