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Hereda FGR más de mil 696 delitos sin castigo en Chihuahua

Durante el último año de Peña Nieto, ni una de las investigaciones de la extinta PGR generó el ejercicio de alguna acción penal en el estado, revela la Auditoría Superior de la Federación

Martín Orquiz
La Verdad/Especial para El Diario

Ciudad Juárez – La persecución de delitos federales en el estado de Chihuahua prácticamente se abandonó durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ni una de sus investigaciones generó el ejercicio de alguna acción penal.

La delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) abusó del no ejercicio, por lo que las mil 696 averiguaciones previas que se abrieron en 2018 por delitos como delincuencia organizada, portación de armas o delitos contra la salud, se heredaron en la impunidad a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ese nulo trabajo de las autoridades federales encargadas de la persecución de delito quedó expuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en un análisis de la actuación de la representación social y del sistema penal acusatorio, donde también se informa el hallazgo de deficiencias en 276 de esas investigaciones en el estado.

En la auditoría se diagnosticó la situación de las delegaciones estatales de la corporación federal y el resultado arrojó que tanto la delegación de Chihuahua, junto con las de Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, no consignaron ni una sola averiguación durante ese lapso.

El hecho implica que las investigaciones que fueron despachadas a lo largo de ese año se enviaron a reserva, se acumularon, se declaró incompetencia o no se ejerció la acción penal, establece el estudio.

La delegación local, se agrega, está entre las que omitieron presentar averiguaciones pendientes de despacho al cierre del 2018, situación que puso en evidencia que, con tal de darles trámite, los agentes del Ministerio Público dictaron sus términos bajo criterios carentes de análisis e investigación que permitiera consignar a los acusados a los órganos jurisdiccionales.

Bajo esas circunstancias, determina la auditoría, la delegación no fue eficiente en su trabajo.

Se solicitó una entrevista con el delegado de la FGR en el estado, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, ante personal de la corporación para obtener una versión acerca del diagnóstico oficial, pero no hubo respuesta a la petición.

Los números de la delegación Chihuahua de la FGR, contenidas en la auditoría, establece que de las mil 696 averiguaciones previas abiertas por diferentes delitos cinco fueron acumuladas, quedaron en reserva o se declaró incompetencia, dos fueron devueltas por un juez; hubo cero consignadas y quedaron cero pendientes de despacho.

Para especialistas en seguridad y sociedad, el resultado no es una sorpresa debido a la ineficacia con la que actúa tradicionalmente esa instancia del Gobierno fFederal.

Los criminales actúan sin ningún control, antes el Estado era un criminal porque trabajaban con narcos y ponían límites, pero eso se perdió y cada quien agarró su camino. Ahora los delincuentes negocian con las autoridades y entonces no hay ningún poder central que haga contrapeso”, explica el criminólogo Oscar Máynez Grijalva.

Hernán Ortiz Quintana, sociólogo e integrante de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), comenta que la inacción de la ex PGR “es cosa de todos los días”, ahora en la llama Fiscalía General de la República (FGR).

El impacto más evidente de la ineficiencia en las averiguaciones federales es la naturalización de la impunidad, el hecho de que alguien cometa un delito y no reciba un castigo se ve como normal y común, afirma.

“El asunto es que la acción contra este tipo de delitos no se ve, comprenderlo para el ciudadano común es ambiguo porque no se entiende que se abra una carpeta de investigación y que no se resuelva”, declara Hernán Ortiz

Edificio que fue sede de la delegación de la PGR en Chihuahua, ahora ocupado por la FGR. Foto: Fiscalía General de la República

Deficiencias, abusos y sin investigación

A través del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, que tiene como fin fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de persecución de los delitos federales de carácter penal, se determinó la existencia de deficiencias en la actuación de la representación social de la Federación.

En el documento se explica que se evaluó técnica y jurídicamente a 19 delegaciones estatales de la FGR, entre ellas Chihuahua, además de cinco subsedes en la Ciudad de México y tres sedes delegacionales, a través de 3 mil 38 expedientes referentes al ejercicio de las funciones del Ministerio Público de la Federación en 2018.

En la revisión encontraron irregularidades como deficiencias en la persecución, abuso en la determinación para abstenerse de investigar sin fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la inexistencia de una verdadera conducción y mando por parte del Ministerio Público Federal

Otra falla es que la autoridad federal determina archivo temporal aun cuando hay actos de investigación básicos y necesarios pendientes de practicar, abuso y falta de fundamento en la determinación del no ejercicio de la acción penal, carencia de análisis en las investigaciones que no se hicieron de forma oportuna, exhaustiva y eficiente, así como fallas en los aseguramientos realizados.

Además, a través de las visitas practicadas por la Visitaduría General de la República se detectaron mil 556 deficiencias en los 3 mil 38 expedientes, relacionadas con la incorrecta e inadecuada determinación de los Agentes del Ministerio Público Federal.

Los investigadores encontraron que hubo abuso de la abstención de investigar, así como del no ejercicio de la acción penal.

Adicionalmente se estableció que los expedientes se enviaron a archivo temporal, aun cuando existían actos de investigación pendientes y se constató que no hubo conducción y mando de la representación social de la Federación.

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De igual forma, en un análisis hecho por la Visitaduría General a las indagaciones hechas por el Ministerio Público Federal, se detectó que los agentes no realizan una investigación exhaustiva de los hechos ni un adecuado análisis de los actos de investigación practicados por la Policía Federal Ministerial y los Peritos.

Se descubrió que la representación social omite investigar de forma inmediata, eficaz y exhaustiva, además omite dar una efectiva conducción y mando de la investigación porque la actuación de los agentes de la Policía Federal Ministerial no resulta oportuna, exhaustiva ni eficiente, tampoco se realiza notificación del aseguramiento de material bélico.

A través de las evaluaciones técnico-jurídicas y de seguimiento, se encontraron mil 618 deficiencias relacionadas con omisiones en la integración de expedientes, pedimentos formulados y dictámenes periciales emitidos.

Los investigadores hallaron también anotaciones inconsistentes en los libros de registro y control, en la operación de los mecanismos programáticos y estadísticos, así como en el cumplimiento y seguimiento al contenido de las actas de visita por parte del Ministerio Público Federal y sus órganos auxiliares.

Arrastra FGR inacción

Aun con el cambio de nombre de PGR a FGR, en Chihuahua, indica el criminólogo Máynez Grijalva, la corporación se distingue por su nula actuación en contra de los delincuentes que cometen acciones antisociales del fuero federal.

Ante los acontecimientos que agobian al estado, tales como los homicidios perpetrados por los grupos que operan aquí, “no han dicho ni pío”.

“No sé ni quién es el delegado, no ha aparecido, lo atribuía al cambio de administración federal o a una estrategia, pero no. No sé por qué ocurre esto, no sé si están trabajando en inteligencia o resolviendo crucigramas”, critica Máynez Grijalva

Combatir al crimen organizado, así como el tráfico de drogas y armas, le compete al orden federal, pero al parecer no hace algo al respecto, agrega.

“Nunca sirvió de nada, hay que ser honestos, la PGR –ahora FGR– era un ‘hoyo negro’, cada vez que ocurría un evento importante que impactaba a la población, atraía el caso y sabíamos que ahí se iba a quedar”, declara.

La inacción de la instancia federal, dice, es de siempre, no es nueva ya que es utilizada como un instrumento político para proteger a procuradores y jefes policiacos, quienes ahora están encarcelados por su supuesto involucramiento con el crimen organizado.

Para el especialista, la actual FGR tampoco no ha hecho algo para atacar a la delincuencia, así que la dependencia ni empeoró ni mejoró, según los resultados de la auditoría, ya que su estado ha sido el mismo durante décadas.

“No tiene ninguna función benéfica, no sé cuál es el plan, pero Chihuahua no tiene la capacidad para ponerse contra el crimen organizado, en cambio la Federación cuenta con tecnología, recursos y es competente. Los delitos que se ven aquí, como la trata y el contrabando de drogas y armas, son de competencia federal”, asegura.

El sociólogo Ortiz Quintana considera que la falta de actuación por parte de la FGR es algo frecuente en nuestro país y estado.

“Es lo que ves todos los días, cuando alguien construye un negocio de tortas con blocks y cemento en un camellón, es lo que promueve el Gobierno Municipal cuando permite portar placas rojas, es cuando el Gobierno del Estado pinta líneas para una carrera que después van a confundir a los conductores, es cuando la autoridad se hace de la vista gorda cuando una minera ha comenzado actividades en Samalayuca y no se hace nada al respecto”, declara Hernán Ortiz

Sin ir tan lejos, dice, los asesinatos y los incendios de vehículos registrados aquí entre el martes 5 y miércoles 6 de noviembre que fueron desestimados por el gobernador, Javier Corral Jurado, pone en evidencia que se cometen delitos y que no se va a castigar al culpable.

Agrega que una ciudadanía democrática y madura estaría al pendiente en qué y cómo se gastan los recursos públicos, pero los mexicanos y chihuahuenses están tan acostumbrados a la impunidad e ignorar los asuntos públicos que las fallas en la procuración de justicia pasan totalmente desapercibidas porque se entiende como si fuera lo normal o lo natural.

A consecuencia de la falta de consignación de carpetas de investigación, por ejemplo, es seguro que quienes fueron detenidos portando armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano estén libres y representan un peligro para la población.

Pero en vez de armar bien los expedientes, el Gobierno sigue la dinámica para primero evidenciar e indagar cuáles fueron los crímenes de la víctima.

“El muerto, muerto está, lo que no se hace a fin de cuentas es perseguir al asesino que sigue armado y puede ser peligroso. Lo vemos, ese gran impacto en el número de crímenes que hay, no deja de haber muertos. Se está naturalizando esta violencia, lo vemos como algo normal, como algo cotidiano”, reitera.

El integrante de CIMAP indica no sentirse sorprendido de que la autoridad no haga su trabajo, sino que la gente no le exija realizarlo.

“Es bastante grave y eso es evidente, es lo que vemos, que la situación no se mejora, sólo se agrava”, menciona.

laverdadjz@gmail.com

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