Mientras el Legislativo define su presupuesto para 2020, las iniciativas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas podrían perderse, advierten
Texto y fotos: Adriana Esquivel
Raíchali
Chihuahua.- El Congreso de Chihuahua tiene estancada la reforma a tres artículos de la legislación local para armonizar los derechos de las comunidades indígenas con los parámetros nacionales y tratados internacionales que ha suscrito México.
Como parte del Plan de Desarrollo del gobierno estatal, en 2017 comenzó la primera consulta a comunidades indígenas para la actualización de los artículos 8, 9 y 10 de la constitución local, iniciativa entregada a los diputados en octubre de 2018.
Éstas van en el sentido e ampliar el derecho a la participación y consulta, y un mecanismo que garantice a los pueblos originarios que tendrán voz y voto en los proyectos que les pueda impactar tanto positiva como negativamente, por ejemplo, el desarrollo de megaproyectos.
A un año de su presentación, la aprobación de la reforma continúa detenida y podría extenderse hasta mediados de 2020, reconoció la diputada Rocío Sarmiento, quien preside la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas.
La iniciática, explicó, se ha estancado por dos motivos. El primero es que se requiere realizar una segunda consulta a los pueblos originarios (ódami, rarámuri, o’boa y warijó) antes de su aprobación, por lo que esperan incluirlo en el presupuesto que ejercerá el Congreso en 2020.
El segundo motivo es el costo y del tiempo de la consulta. Según la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi), en cada ejercicio se destinó cerca de un millón de pesos y concluir el proceso les tomó de ocho a diez meses.
En ese sentido, la legisladora planteó que la consulta del Congreso deberá esperar para abordar en ella la reforma y otras tres iniciativas que están pendientes: la Ley de Consulta que será presentada este mes, la figura de regidor y diputado indígena que están en análisis en las comisiones de Pueblos Indígenas y Gobernación, respectivamente.
“Se ha estancado esta iniciativa porque, recordemos, en la Comisión tenemos otra iniciativa para un regidor indígena, es en lo que estamos trabajando ahorita. En la de Gobernación está la de diputado indígena y, cuidando el recurso, necesitamos juntar esos temas para ahora sí hacer la consulta. No es sencillo y el costo es alto”
De acuerdo con el artículo 171 de la Ley Orgánica del Congreso, las iniciativas deberán dictaminarse conforme a lo siguiente:
• Las de Punto de Acuerdo, dentro de un mes, contado a partir de que fueron turnadas a las comisiones correspondientes.
• Las de Decreto o de Decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de que fueron turnadas a las comisiones.
• Las de Ley, a más tardar, en el período ordinario siguiente a la fecha en que hayan sido turnadas, o en un plazo diverso, si el Pleno lo acuerda, atendiendo a la naturaleza de las mismas.
Agenda política pone en riesgo aprobación
Mientras el Congreso define el presupuesto del próximo año y el proceso de consulta, se corre el riesgo de que la iniciativa de reforma constitucional se pierda por la agenda política, consideró el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Horacio Almanza.
“Sí es preocupante. Se cumplió un año (desde que se presentó) y no se ve interés por parte de los diputados, no ha habido declaraciones, argumentos convincentes; se habla de que quieren consultar la reforma constitucional y que no hay dinero, sin embargo, creo que ya ha pasado tiempo para que eso se hubiera resuelto”
Uno de los puntos que jugaría en contra es el panorama político en que se inició con el paquete de reformas e iniciativas referentes a derechos de los pueblos indígenas.
Actualmente, el partido del gobernador Javier Corral tiene mayor presencia en el Congreso con 11 diputados. A ello se suma que el asesor del proceso fue Adelfo Regino Montes, actual director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), lo que daría el respaldo de Morena, partido que representa la segunda fuerza política del Legislativo local.
En ese contexto, Almanza Alcalde reconoció que aplazar más la aprobación traería un panorama adverso, ya que las prioridades de los partidos y funcionarios estarían en el proceso electoral de 2021 y el cambio de gobierno relegaría las iniciativas.
En un estado en el que el despojos y violaciones a derechos humanos de las comunidades indígenas son un referente nacional, hizo hincapié en que Chihuahua tiene una oportunidad de oro para dar voz a los pueblos indígenas, por lo que debería ser una prioridad para los legisladores.
Como integrante del comité que de manera voluntaria ha colaborado en el articulado de la iniciativa de reforma y la Ley de Consulta con Coepi, advirtió que los diputados se encuentran en una posición cómoda porque el tema no está en la agenda social y cualquier omisión podría pasar desapercibida.
“Los pueblos indígenas están en los discursos bonitos de los políticos, sin embargo, ahora estamos estamos viendo la falta de voluntad de los diputados para tomar acciones al respecto, está en sus manos tomar la responsabilidad”
Es un tema urgente y una de las grandes deudas. Chihuahua es uno de los lugares donde los pueblos indígenas han resentido más la violencia social, institucional, del narco que, en muchos sentidos, ha permeado por la discriminación histórica”
Víctor Martínez, director de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Coepi, coincidió en la preocupación de que la aprobación quede en medio del proceso electoral y un cambio de gobierno.
Destacó que desde el Ejecutivo estatal, a través de Coepi, tienen toda la disposición para que el paquete reformas e iniciativas sea entregado este año para que el Congreso tenga el tiempo necesario para votarlas en el Pleno.
“Nosotros creemos que los temas ya están consultados, pero si el congreso dice que se va a consulta nosotros tenemos la disponibilidad de apoyar y acompañar el proceso con la experiencia que tenemos para que el proceso camine el siguiente año y pueda ser votado antes de 2021, sería el límite”
Como parte del proceso de consulta que coordinó Coepi, se han visitado a las comunidades indígenas de 20 municipios. Sólo en 2017, concretaron 115 reuniones.
La primera fue para la reforma de los artículos 8, 9 y 10 de la Constitución local, para ampliar el derecho a la participación y consulta. La segunda corresponde a la ley de consulta, la cual esperan que sea el mecanismo que garantice a los pueblos originarios que tendrán voz y voto en los proyectos que les pueda impactar tanto positiva como negativamente, por ejemplo, el desarrollo de megaproyectos.
El antropólogo añadió que uno de los temas fundamentales es alcanzar la transversalización en las leyes locales, lo cual garantizará que los derechos indígenas permeen en todas las dependencias de gobierno y no sólo sean un eje de acción de Coepi.
Las reuniones se han realizado en las sedes que las comunidades han determinado en los municipios de Madera, Temósachi, Guerrero, Moris, Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias, Meoqui, Parral, Balleza, Guachochi, Unique, Morelos, Batopilas,Carichí, Chihuahua, Juárez, Uruachi, Chínipas y Guadalupe y Calvo.
