Juárez

En el abandono fondo para familiares de víctimas de feminicidios

Cruces rosas colocadas en el Arroyo El Navajo, donde se han localizado cuerpos de mujeres asesinadas. Fotografía: Rey R. Jauregui

Desde finales del 2018 no se ha entregado ni una sola ayuda pese a que el mecanismo cuenta con 4.2 millones de pesos para apoyos en Ciudad Juárez, revelan datos oficiales

Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario

Aun cuando Ciudad Juárez es una de las localidades con más feminicidios en el país, el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez se encuentra en el abandono, con recursos económicos sin entregar y sin la certeza de que continúe.

Creado en el 2004, el mecanismo entregó 125 pagos a deudos de víctimas de este delito durante su primer año y medio de existencia. Los últimos apoyos otorgados datan del 2018, cuando dio seis compensaciones, indican los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría), instancia encargada de la administración de los recursos.

Este año no dio ni un solo apoyo pese que el Fondo cuenta a la fecha con 4.2 millones de pesos para la entrega de pagos, de acuerdo con el de saldo total al cierre del ejercicio fiscal, informado a través de las obligaciones de transparencia, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia que reportan la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Ello, pese a que Juárez se ubica en el tercer lugar de los municipios con más feminicidios del país al ubicarse solamente por debajo de Monterrey y Culiacán, muestran los números de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública referentes al periodo enero-octubre de 2019.

La condición en la que se encuentra este Fondo y su forma de operar es cuestionado por Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), que ha sido testigo de la entrega de recursos a algunas de las familias beneficiadas desde 2005.

La activista critica la tardanza en la entrega de los fondos establecidos para hijos y parientes de las víctimas, así como la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en el funcionamiento del apoyo gubernamental.

El panorama de la situación del Fondo no es muy claro para Cecilia Espinosa, defensora de derechos humanos y experta en acompañamiento de familiares de víctimas de feminicidios y desaparición, porque considera que siempre hay lentitud y opacidad en la entrega de las ayudas.

La Verdad solicitó tanto a la FGR como a la Fiscalía de Chihuahua entrevistas e información sobre la condición del Fondo y del presupuesto asignado para 2020 y de los planes para este mecanismo. Al cierre de la edición las fiscalías no habían entregado información, mientras que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado respondió que el Fondo era responsabilidad de instancias federales.

Cruz de clavos, ubicada en el puente internacional Paso del Norte, donde permanecen colgados los nombre de víctimas de mujeres asesinadas y desaparecidas
Fotografía: Alejandro Sánchez

***

Este Fondo fue parte de los acuerdos tomados entre 2003 y 2004 para atender el fenómeno del asesinato de mujeres en la frontera. Fue en mayo de 2005 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo A/131/05 que creó el Fondo. En el documento se resaltó la percepción sobre la falta de justicia en los casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993.

“Si bien es cierto que en muchos de estos casos se ha detenido y condenado a los responsables de tales crímenes, la percepción que se ha mantenido en parte de la opinión pública es que la mayoría de los homicidios cometidos se encuentran impunes, situación que ha trascendido el interés nacional e incluso ha sido materia de análisis y pronunciamiento por parte de instituciones y organismos de carácter internacional, tanto gubernamentales como no gubernamentales”, explica el decreto.

Además, se manifiesta que, a esas fechas, las víctimas indirectas no habían recibido ningún tipo de indemnización o apoyo gubernamental. Incluso, inicialmente se consideró el pago como una forma de garantizar la “reparación del daño”.

En el acuerdo se especificó que el Fondo se integraría inicialmente con 30 millones de pesos, 25 de ellos provenientes de la Federación y cinco del estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía General del Estado, para dar a las familias de las víctimas de feminicidio un pago único.

Según los registros públicos de PGR y las respuestas a varias solicitudes de información, solamente durante el primer año y medio del Fondo hubo un alto número de autorizaciones para pagos a los familiares de las víctimas de feminicidio.

De mayo de 2005 a diciembre de 2006, el Fondo autorizó 125 pagos que representaron un desembolso superior a los 25 millones de pesos; a partir de entonces los pagos disminuyeron considerablemente.

En el periodo de enero 2007 a enero de 2009, se otorgaron solamente 54 pagos, mientras que de 2010 a inicios de 2011 hubo siete familias beneficiadas. Para los años de 2012 a 2013 se pagaron 22 compensaciones, en tanto que en 2014 no se hizo entrega alguna.

Cuatro pagos en 2015, uno en 2016, otro más en 2017 y seis en 2018 completan los 220 auxilios otorgados por el Fondo, con un desembolso total de 41.3 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales.

Asignan a discrecionalidad

Los montos otorgados a las familias han ido de los 34 mil a los 364 mil pesos, de acuerdo con las cifras reportadas. El Consejo Asesor del Fondo es el que determina la cantidad a entregar, con una fórmula que se modifica de acuerdo con criterios discrecionales y que ha disminuido o aumentado sin que se expliquen las razones.

Así, mientras en 2012 se fijó el tope máximo de pago en 364 mil seis pesos, el siguiente año el consejo determinó bajarlo a 189 mil 99 pesos. Para 2018 el monto máximo pagado fue de 258 mil 11 pesos.

Ivonne Mendoza, directora del Cedimac, dice que una cosa que siempre ha quedado pendiente de transparentar es el criterio para la asignación de los apoyos y sus montos.

En los primeros años, relata, el Fondo emitía dos cheques para los deudos, uno para la madre de la víctima y otro para el padre, aun cuando fuera una persona ausente dentro del entorno familiar.

“Incluso hubo ocasiones en que se tuvo que localizar al padre ausente y aun así le fue entregado el apoyo, pese a que no había visto a su hija nunca, ni siquiera en su nacimiento”, indica Mendoza.

También, comenta, en los pagos hechos en 2005 y 2006 a las familias se les daba un documento donde renunciaban a cualquier solicitud posterior para la identificación de los restos de sus hijas.

A estas condiciones se suma, dice Mendoza, la cantidad de trámites para acceder al Fondo y la falta de claridad en sus lineamientos y la falta de publicidad para que más familias busquen esos recursos.

Un caso extremo atestiguado por Cedimac, cuenta, es el de una mujer cuya hija fue asesinada en 2003; la víctima, menor de edad, murió antes de ser registrada, por lo que no contaba con un acta de nacimiento, circunstancia que le impidió a su madre acceder al Fondo por más de 10 años.

Con los señalamientos coincide Cecilia Espinosa, defensora de derechos humanos, al considerar la lentitud con que se dan los apoyos económicos.

“Ciertamente es un proceso tardado porque tienen que calificar como víctimas del delito y para calificar como víctimas del delito debe de abrirse una averiguación previa o la carpeta de investigación”, precisa la defensora.

Fotografía: Rey R. Jauregui / Archivo La Verdad

***

Los cuestionamientos al Fondo iniciaron prácticamente desde su creación, que fue impulsada también por la Cámara de Diputados.

En 2005, la Cámara baja etiquetó 31 millones de pesos para el Fondo, bajo el concepto de “reparación del daño”, sin embargo, el dinero no pudo ser utilizado debido a que el área de Asuntos Jurídicos de la entonces PGR determinó que ese concepto tenía que ser asumido por la persona responsable del feminicidio y no por instancias gubernamentales, por lo que el dinero fue regresado a la Tesorería de la Federación.

También de 2015 son los apuntes que sobre el Fondo hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Evaluación Integral de las Acciones Realizadas por los Tres Ámbitos de Gobierno en Relación a los Feminicidios en el Municipio de Juárez.

En ese informe, la CNDH se pronunció por la falta de fundamento jurídico del término “auxilio económico” y por la ausencia de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano, en caso de que se asumiera la entrega del recurso como reparación del daño.

“El sistema jurídico mexicano no prevé la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (ahora FGR) esté facultada para otorgar ‘auxilio económico’ a los familiares de víctimas de delitos que no han sido esclarecidos y que tampoco se ha determinado sobre la competencia del ámbito federal”, se lee en el documento.


El Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez fue la instancia designada como la responsable de la evaluación de casos y aprobación de los pagos únicos a los deudos.

Inicialmente, el Consejo estaría formado por el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, en calidad de presidente; Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR y otros siete funcionarios de la misma dependencia, incluido el delegado en Chihuahua. Además, se incluía la posibilidad de invitar a las autoridades estatales de la procuración de justicia y a representantes del congreso local y federal.

Actualmente participan la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Chihuahua –responsable del Fondo en la entidad– y la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra)

A pesar de que en el acuerdo inicial se fijó como obligación del consejo sesionar cada mes de manera ordinaria, la periodicidad no se cumplió ni siquiera al comienzo del Fondo.

Registros oficiales muestran que a lo largo de los primeros dos años se realizaron siete sesiones: cuatro ordinarias en el 2005; otras dos en abril y junio de 2006.

La última sesión informada por PGR es de 2018. En marzo de este año únicamente se actualizaron algunas disposiciones del Fondo, como el manejo y resguardo de datos personales de los beneficiados, pero sin que se conociera que el Consejo hubiese sesionado, se desprende de datos oficiales.

De acuerdo con Ivonne Mendoza, en promedio una familia tarda un año para poder acceder a los recursos del Fondo, aunque depende siempre de si se ha reunido el Consejo para autorizar los pagos.

“El Consejo que decide, que revisa los casos y que decide si se apoya o no a la familia, se reúne cuando quiere, al estar formado por directores y fiscales, se hace difícil que coincidan agendas y que se reúnan”, manifiesta.

Hacia 2006 más de 317 casos susceptibles de pago se acumulaban para su revisión, hoy el número se desconoce.

El trámite para que una familia acceda al pago único inicia en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, que canaliza a los deudos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua, desde donde se comienza a formar un expediente que posteriormente será enviado a la Fevimtra.

Luego, señala Mendoza, se revisa que el expediente esté completo, pues si falta algún requisito se regresa el caso al estado y comienza el proceso de nueva cuenta, hasta que es aceptado por Fevimtra y luego enviado al Consejo que deberá decidir, cuando sesione, si se apoya el pago.

A la par de la falta de sesiones, no está claro si los gobiernos federal y estatal seguirán aportando recursos al Fondo. En 2011 ambos niveles de gobierno aportaron una cantidad superior a cinco millones de pesos para los pagos, pues el Fondo tenía 924 mil pesos únicamente.

En el acuerdo inicial de 2005 se dejó abierta la posibilidad de que se incrementaran las aportaciones, aunque sin establecer obligación de ningún ente de destinar alguna cantidad al Fondo, también se abrió la posibilidad de que privados también entregaran recursos y se consideró el monto de rendimientos financieros.

A la fecha, el Fondo se mantiene sin entregar los más de cuatro millones que restan en sus arcas y sin esclarecerse si aumentarán las aportaciones del estado y la Federación, y los feminicidios en Juárez se mantienen en números altos.

En 2017, 41 mujeres fueron asesinadas en el municipio por su condición de género, en 2018 los casos fueron 21 y hasta octubre de este año se acumulan 14 feminicidios.

Ante el fenómeno, Cecilia Espinosa señala la ausencia de mecanismos efectivos de prevención de los asesinatos de mujeres por violencia de género.

“A final de cuentas sigue sin establecerse una política de prevención frente a una situación que lamentablemente se agrava, al no establecerse una política integral de prevención, no se genera eso dentro de los entornos que favorezca la no repetición de esos hechos más que un tema de reparación del daño”, considera la defensora.

laverdadjz@gmail.com

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

lo más leido

To Top