Especiales

Dan revés a Fiscalía en cuatro de cada 10 procesos en juicio oral

Ministerios públicos no logran probar el delito a los acusados en 39.5 por ciento de los casos abiertos de enero a noviembre de 2019; los imputados fueron absueltos, sus procesos quedaron sobreseídos por falta de pruebas o sus carpetas de investigación se regresaron a jueces de control por omisiones

Martín Orquiz
La Verdad /Especial para El Diario

Casi cuatro de cada 10 procesos que el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General de Chihuahua llevó a juicio oral de enero a noviembre de 2019 se ‘cayeron’ en el Distrito Bravos, con sede en Ciudad Juárez, revelan estadísticas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Chihuahua.

Esos datos exhiben que los 294 juicios orales abiertos en 11 meses en esta sede judicial, los MP no lograron probar el delito a los acusados en 39.4 por ciento de los casos, por lo que los imputados fueron absueltos, sus procesos quedaron sobreseídos por falta de pruebas o sus carpetas de investigación regresaron a jueces de control por omisiones en la investigación.

Solo en el 60.5 por ciento de los procesos se dictó sentencia condenatoria.

Consultados sobre este panorama, especialistas en el tema judicial consideran que es alto el número de procesos judiciales en los que no se logra una condena a personas que fueron detenidas, acusadas y llevadas ante un juez por la presunta comisión de diversos delitos.

Cuando se llega a un juicio oral se supone que el fiscal tiene las pruebas necesarias para fundar su acusación y solicitar un castigo, coincidieron.

Entre las probables causas del fenómeno citan la insuficiencia –numérica y técnica- de los agentes del Ministerio Público para atender con propiedad el cúmulo de carpetas de investigación que existen, así como los vicios que se acarrean desde el sistema penal tradicional. Aunque también que imputados llevados a juicio eran inocentes.

“Ocurre lo que ya se ha visto y dicho: cuando se cambió la legislación para realizar los juicios orales, los agentes del Ministerio Público investigadores se quedaron atrasados por cuestiones técnicas, económicas y culturales”, expresa el criminólogo y profesor universitario, Oscar Máynez Grijalva.
Para Hernán Ortiz Quintana, sociólogo e integrante de la asociación civil Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), la situación se genera por otra circunstancia: el déficit de elementos para integrar de forma suficiente el cúmulo de carpetas de investigación.

Sobre el tema se solicitó entrevista a titulares de la FGE pero no hubo respuesta. Tampoco respondió el Tribunal Superior de Justicia.

El abogado y presidente de la Organización de Abogados Postulantes Independientes, Juan Ángel Lira Quintana, explica que la sentencia absolutoria es uno de los casos previstos de la ley y los juzgadores la emiten cuando existen dudas razonables de que se haya desplegado una conducta ilegal.

“Ocurre porque el Ministerio Público no acredita la responsabilidad del hecho a través de las pruebas que se presentan”, dice. Además, la defensa presenta evidencia en favor de la persona acusada que, muchas veces, desbanca lo que señala la representación social.

Sobre el sobreseimiento, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 327 establece que el MP, el imputado o su defensor podrán solicitarlo y procederá cuando el hecho no se haya cometido, cuando no constituye un delito, cuando sea clara la inocencia del acusado o cuando este sea exento de responsabilidad penal.

Lira Quintana explica que el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, es decir, pone fin al proceso en relación con el acusado en cuyo favor se dicta e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho.

Desde la perspectiva del abogado, el fenómeno de los casos caído en los juicios orales se registra también porque los jueces tienen poca preparación para enfrentar los casos bajo el nuevo sistema de justicia penal.

Dictan condena en 178 juicios

Los datos del TSJ establecen que de enero a noviembre del 2019 se desahogaron en el Distrito Bravos 294 juicios orales – con uno o más acusados–, 178 de los cuales generaron una sentencia condenatoria.

En 75 casos se dictaron sentencias absolutorias, en 24 sobreseimientos y 17 carpetas de investigación fueron retornadas a jueces de control.

Personal del TSJ que pidió no ser identificado, debido a que no está autorizado a realizar declaraciones públicas, coincide en que las deficiencias en el armado de las carpetas de investigación provocan que no se logren sentencias condenatorias a pesar del trabajo que se realiza antes de llegar a un juicio oral.

“A veces son hasta dos años los que se trabaja antes del enjuiciamiento, se invierte tiempo y recursos, pero a veces no se trabaja bien y el caso, pues se cae”, explica un defensor de oficio entrevistado.

El abogado Lira Quintana explica que cuando el tribunal de enjuiciamiento regresa un expediente a un juez de control se debe a que descubrió omisiones del Ministerio Público en la labor de la investigación.

“En esos casos el juez resuelve que no se realizó investigación exhaustiva en relación a los hechos, que faltaron cosas por considerarse, que no se integró debidamente la carpeta de investigación y hay elementos suficientes que hagan presumir al juez esa situación”, dice.

Máynez Grijalva considera que a los integrantes del sistema judicial les faltó preparación técnica para armar expedientes.

Además, agrega, tanto jueces como agentes del MP y policías siguen en la práctica de las viejas formas de investigación.

El hecho de que un alto número de juicios orales no lleguen a sentencias condenatorias, afirma, es un reflejo de la falla estructural que prevalece.

“Siguen acostumbrados ‘a la antigüita’, a negociar, a torturar, es un proceso, son áreas débiles en el sistema penal de justicia… rasgos de la cultura, vicios que todavía persisten”, comenta.

Explica que resulta interesante lo que ocurre al tratar de modernizar el sistema penal al hacer nombramientos de personas recién graduadas en cargos sensibles, no hubo seriedad en la elección de jueces, lo que ocasiona que toda la estructura de justicia quede endeble.

La repercusión para la sociedad ante ese panorama es que no hay justicia por las fallas del sistema, lo que luego genera desconfianza en las autoridades y la gente ni siquiera interpone denuncia.

La estadística le da la razón. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) indica que en Chihuahua la cifra negra de delitos, que son los que no se reportan ante la autoridad, estuvo en un rango de entre el 91.1 por ciento y el 92.7 por ciento durante el 2018.

Añade que, aunque aquí se cometen delitos graves, muchas veces las autoridades prefieren resolver los procesos a través de procedimientos abreviados, en los cuales los acusados aceptan su responsabilidad y que se le sentencie, pero con el beneficio de una pena que representa un tercio de la que podrían alcanzar al ser encontrados culpables en un juicio oral.

“Se obtienen sentencias muy leves por delitos graves, es parte del sistema y esto ocurre porque el Ministerio Público no aporta suficientes pruebas”, explica.

El criminólogo agrega que el sistema para juzgar de forma pública a los delincuentes ya existía, pero las autoridades poco a poco los fueron cerrando para controlar los resultados.

“Eso fomentó la corrupción, ahora se está regresando a un sistema más transparente, pero no funciona”, expresa. “Como se está llevando a cabo en la actualidad es posible que mejore… pero llevará tiempo”.

Lira Quintana vislumbra también una falta de recursos para armar carpetas de investigación que concluyan con sentencias en juicios orales.

Hay jueces, añade, que no están bien preparados y existe una tendencia por resolver los casos con salidas alternativas, aunque la justicia es un derecho humano, se debe obtener a través de la voluntad de las víctimas y victimarios, no es algo que el Estado deba imponer.

Abruma a MP carga de trabajo

Con una perspectiva diferente, el sociólogo Ortiz Quintana llama la atención hacia otro punto: “Creo que hay una cuestión que debe considerarse, si los agentes del Ministerio Público fallan no es por su capacidad, conocimiento técnico o profesionalismo, sino que humanamente es imposible por la cantidad de casos que deben atender”.

Ejemplificó la situación con el número de asesinatos que ocurren en Ciudad Juárez y se pregunta si hay suficiente personal para investigarlos.

Información de la FGE y conteos periodísticos establecen que del primero de enero al 30 noviembre del presente año se registraron mil 401 asesinatos en Ciudad Juárez. Al 20 de diciembre suman 62 homicidios más.

Se solicitó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) información acerca del número de agentes del Ministerio Público que trabajaban en la zona norte y una postura sobre la situación expuesta, pero no hubo respuesta.

Un empleado de la dependencia informó, de manera extraoficial, que en la Unidad de Delitos Contra la Vida laboran 35 agentes del Ministerio Público.

En la investigación Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, realizada por el organismo civil México Evalúa, se encontró que en Chihuahua existen 25.7 agentes del Ministerio Público o fiscales por cada 100 mil habitantes.

También expone que para garantizar el acceso a la justicia el personal debe estar, además de capacitado, compuesto con el número suficiente de individuos que cubran las necesidades de la población ya que ese factor tiene un impacto significativo en la calidad del sistema.

Sin embargo, no existe un estándar definido sobre la tasa de personal necesario para la operación del sistema, establece.

En la actualidad, se cita en el documento, se observan divergencias importantes en la proporción de operadores de la justicia en los estados.

Ortiz Quintana señala que, además, se cometen otra serie de delitos, tales como robos y violencia intrafamiliar, que también deben ser investigados y engrosa el cúmulo de trabajo, pero no existe capacidad humana para desahogarlo, lo que representa un problema serio ante la imposibilidad de darles seguimiento.

Esa circunstancia produce altos niveles de impunidad en los casos que llegan a jueces. También se cuestiona qué pasa con los que ni siquiera alcanzan a esa instancia.

La Envipe arroja que, a lo largo del 2018, la tasa de incidencia delictiva en Chihuahua fue de 28 mil 622 delitos, reportados por personas de 18 años y mayores, por cada 100 mil habitantes.

“A fin de cuentas es un problema serio para tener justicia seria y expedita, ¿cómo se va a atender? El Ejecutivo debe contar con especialistas para resolver ese conflicto porque se genera un problema de impunidad es bastante serio, esperemos que haya recursos públicos que ayuden a financiar esta problemática”, añade Hernán Ortiz.

Máynez Grijalva converge con la postura de Ortiz Quintana y afirma que, entre otros problemas, también existe mucha rotación entre el personal de la FGE, a la par de carencias humanas y económicas.

“No hay recursos para contratar a suficientes peritos y agentes investigadores, imagínate la cantidad de homicidios que se cometen aquí y el número que les toca a cada uno”, dice.

Ante el panorama expuesto, Ortiz Quintana hace una última reflexión: “No soy especialista, lo que si me queda claro es que tenemos un problema muy serio, lo vivo y lo siento”.

laverdadjz@gmail.com

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

lo más leido

To Top