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Domina opacidad en sindicatos

Organizaciones gremiales mantienen sin transparencia el uso de los recursos públicos que reciben; Ichitaip ni siquiera ha aprobado los lineamientos para que hagan público cuánto dinero reciben de los gobiernos y en qué se gasta

Itzel Ramírez
La Verdad/Especial para El Diario

Ciudad Juárez –Mario recuerda todavía la sorpresa que tuvo cuando recibió su primer aguinaldo como empleado de la administración pública estatal, el pago de 40 días de trabajo y de otros 40 de un bono por fin de año elevó como nunca su salario como auxiliar, dentro de la institución en la que trabaja desde 2016.

Un año después la bonanza no se repitió; desde entonces, la remuneración se ha entregado de manera discrecional, según afirma el empleado.

En el sindicato que lo representa, asegura, le dijeron que no había dinero para el bono de fin de año porque el Gobierno del Estado no había autorizado el pago para él, aunque donde labora es una instancia ajena a la estructura del Ejecutivo estatal.

Miles de trabajadores que, como Mario, están afiliados a un sindicato de un ente público se ven impedidos a saber con certeza cuánto dinero recibe su organización gremial, en qué se gasta o cuánto perciben los integrantes de la dirigencia, a pesar de que están obligados a transparentar esa información.

Incluso, en algunas ocasiones ni siquiera es público el contrato colectivo de trabajo al que están sujetos sus agremiados o la toma de nota de su dirigencia; todo ello aun cuando hay legislaciones estatales y generales que les obligan difundir esta información.

En el estado de Chihuahua hay cuando menos 40 sindicatos que reciben dinero de organismos públicos, de acuerdo con un recuento basado en la información disponible de la totalidad de los entes que tienen sus obligaciones registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

De los sindicatos detectados en la revisión hecha por La Verdad se observa que ninguno cumple la totalidad de las obligaciones de transparencia.

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), ente encargado de vigilar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, ni siquiera tiene un registro definitivo de cuántas organizaciones sindicales de entes públicos hay en la entidad.

Lucía Jiménez, vocera del Ichitaip, mencionó que el organismo ha enviado oficios a cada uno de los sujetos obligados para que informen con cuántos sindicatos mantienen un contrato colectivo de trabajo vigente, lo que permitiría conocer cuántas de estas organizaciones deben cumplir con la transparencia en el manejo de sus recursos.

Incluso, el organismo tampoco ha aprobado los lineamientos técnicos para la publicación de obligaciones de transparencia que aplique a la mayoría de los sindicatos.

***

Con los datos disponibles actualmente se puede saber, por ejemplo, que al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua se le entregan apoyos para la peregrinación al santuario de Guadalupe, regalos de posada navideña, torneos, adquisiciones de uniformes en torneos deportivos, regalos, botanas y refrescos para el aniversario del sindicato, y para el personal de mesa directiva, uniformes de softbol. O que en 2017 se le dieron 130 mil pesos para la compra de piernas ahumadas; sin embargo, no hay registro de cómo se ejercieron esos recursos.

También es posible conocer que el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chihuahua recibió en 2016 más de 400 mil pesos por ayudas para actividades sociales, culturales y deportivas, aunque no está disponible para su consulta el contrato colectivo que regula esas entregas.

Mientras que, del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, el sindicato del Instituto Chihuahuense de Salud recibió por cuotas y prestaciones económicas entregadas del un total de 10 millones 458 mil 927 pesos, de los que también se desconoce su ejecución.

La vocera del Ichitaip dice que actualmente solo existen cuatro sindicatos públicos con registro en el Instituto de Transparencia: Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento Camargo “Ma. Floriza Aguilar Lara”, el Sindicato de Empleados y Trabajadores al Servicio de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, el Sindicato de Empleados y Trabajadores al servicio de Agua y Saneamiento de Chihuahua “Benito Juárez” y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado.

De este último se aclaró que aún falta la aprobación de su tabla de aplicabilidad, por lo que todavía no transparenta su información.

Del resto de los sindicatos de entes públicos no se encuentran ni siquiera en registro del Ichitaip, por lo que tampoco están dados de alta tanto en los sistemas estatal y nacional de solicitudes de transparencia, una obligación contemplada en la ley estatal.

Aunque su permanencia en el sistema tampoco garantiza que entreguen la información que se les solicita.

A todas las peticiones hechas por el sistema Infomex al sindicato de la JMAS de Camargo, se ha negado la información, con la misma respuesta: “En atención a su solicitud dirigida a este sujeto obligado se hace de su conocimiento que somos recién ingresados al sistema de transparencia, y en estos momentos nos encontramos realizado la prueba de tabla de aplicabilidad para enviarla al pleno para su valoración y autorización”.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Chihuahua está obligada también a llevar un registro público de todos los sindicatos que hay en la entidad, de los contratos colectivos que firman con sus patrones ¬–sean de entidades públicas o privadas–, así como de las tomas de nota y de los cambios en sus comités directivos; pese a la obligación, la dependencia no cuenta con ese padrón público.

Los datos que ha puesto la secretaría tanto en su página de internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia apenas dan cuenta de la existencia de una docena de sindicatos en Chihuahua que reciben dinero público, pues la información disponible está incompleta o desactualizada.

El personal de Comunicación Social de la Secretaría no respondió a las peticiones de entrevista para conocer la información completa sobre el registro de sindicatos en la entidad.

Su obligación es por ley

Fue en 2015 cuando el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, donde se estableció que los sindicatos que recibieran dinero público eran considerados sujetos obligados a cumplir con el mandato legal, que entró en vigor el 4 de mayo de 2016.

Con ese carácter, los sindicatos de entes públicos deben dar a conocer de manera periódica datos como indicadores de rendición de cuentas, directorio, remuneración, gastos de representación y viáticos.

También declaraciones patrimoniales, apoyos y subsidios que reciben, gasto en comunicación social, compras, licitaciones, laudos y otros más establecidos en el artículo 77 de la ley estatal en materia de transparencia.

Como obligaciones específicas, es decir, aplicables únicamente a los sindicatos, estos organismos tienen que hacer públicos los contratos colectivos de trabajo, informes del ejercicio y destino final de los recursos, padrón de socios y el directorio de su dirigencia, según marca el artículo 91 de la misma ley.

La información, marca la ley, debe estar disponible tanto para su consulta directa como a través de internet, sea en la página del sindicato o bien en la del ente público que le entregue los recursos, se especifica, aunque en los hechos no se cumple con esta disposición.

Rodolfo Leyva, comisionado del Ichitaip, recuerda que, para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, los sindicatos pueden aprovechar la estructura de Transparencia de la institución pública con la que tienen el contrato colectivo.

No es excusa para la falta de información sobre las organizaciones, dice.

Incluso se puede preguntar a las instancias del Gobierno del Estado la información sobre los sindicatos, asegura.

Por ejemplo, explica, en lo relativo al magisterio, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación y Deporte está obligada a proporcionar información sobre cuestiones sindicales.

Leyva añade que la reforma laboral federal de mayo pasado creó un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que será la máxima autoridad registral y conciliadora, donde se tendrán todos los contratos colectivos que hay en el país y las respectivas tomas de nota.

A partir de 2019, el plazo máximo fijado para que entre en funcionamiento el Centro Federal, y el registro de sindicatos, es de cuatro años.

“Entonces estamos como en una zona intermedia, en el 2023 toda la información de los sindicatos se va a hacer a esa instancia nacional, ya todo va a estar consultado ahí”, menciona Leyva.

Mientras eso ocurre, los sindicatos tienen que cumplir primeramente ante las instancias (secretaría de trabajo estatal o nacional) sus obligaciones, aunque estas toleren la falta de transparencia al permitirles la opacidad.

laverdadjz@gmail.com

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