En El Estado

Pese a rezagos, Estado asigna más recursos a la Función Pública

Presupuestan 24.7 millones más para la secretaría estatal que mantiene sin concluir 86 por cientos de los procedimientos que inició desde octubre del 2016; solo ha emitido 25 resoluciones, 24 contra exfuncionarios de César Duarte y una contra un servidor púbico del gobierno de Corral

Itzel Ramírez
La Verdad

Tras dos años de recortes presupuestales, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Estado de Chihuahua recibió en su presupuesto del 2020 un incremento de 24.7 millones de pesos, destinados para la nueva Coordinación de Unidades de Control, cuyos directores tendrán salarios que superan los 50 mil pesos mensuales.

Este ajuste al alza ocurre luego de que ninguno de los asuntos iniciados el año pasado se ha concluido, es decir que aún no hay repercusiones del trabajo que realizó durante el 2019 la dependencia a cargo de Mónica Vargas Ruiz.

Además, de los 184 casos de los procedimientos iniciados desde octubre del 2016, únicamente ha emitido 25 resoluciones en las que solo una sanción corresponde a un funcionario del gobierno encabezado por Javier Corral.

En 24 de los casos que han causado estado –es decir, que las sanciones se mantuvieron firmes–, las personas sancionadas han sido exservidores públicos de la administración de César Duarte.

Miguel Ángel Colunga, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso estatal, considera que la SFP debe tener indicadores muy claros de resultados en el combate a la corrupción para justificar sus erogaciones y el aumento presupuestal.

“Esta medida (el aumento presupuestal) tiene que justificarse en la medida en que resulte efectiva y que se haga el balance entre el costo y el beneficio porque si nos está costando muy caro y lo único que se hace es engrosar el aparato burocrático, entonces no tiene sentido”, afirma.

Integrante de la comisión legislativa de Programación y Presupuesto, Colunga concede también la necesidad de que se dote de lo necesario a los entes encargados de combatir la corrupción.

“Sí es importante fortalecer todo el sistema anticorrupción, sí es importante porque finalmente la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que ser tajante y clara y debemos hacer lo posible para que las instituciones puedan hacer su trabajo, en este sentido fue que se dio (el aumento)”, menciona.

La Secretaría de la Función Pública no contestó a una solicitud de entrevista sobre este tema.

Salarios acaparan presupuesto

De acuerdo con el desglose del Presupuesto de Egresos del estado como con respuestas a solicitudes de información, el aumento de la SFP será ejercido en su mayoría por la Coordinación de Unidades de Control, quien manejará la partida presupuestal más grande de toda la institución, seguida de la oficina de la titular de la Función Pública, con 15 millones y la Coordinación Administrativa, con 14 millones.

La instancia de reciente creación será la responsable de dar seguimiento al trabajo de los 21 titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) que, siendo parte de la SFP, revisarán el desempeño de las de dependencias y organismos descentralizados que pertenecen al Poder Ejecutivo chihuahuense.

De acuerdo con información de SFP, los titulares de los OIC también formarán parte del Sistema Estatal Anticorrupción debido a la naturaleza de sus funciones.

En marzo del año pasado la dependencia emitió la convocatoria para elegir a los titulares de los órganos internos de control, quienes contarán con una plaza de director y salarios de 57 mil 382 pesos brutos mensuales, entre sueldo y compensación, lo que significará el desembolso de 14.4 millones de pesos al año.

Ello sin contar las remuneraciones extras que tiene cada uno de los puestos, como son extras los bonos de despensa y transporte, bono de productividad, prima vacacional, gratificación anual, gratificación de compensaciones, servicio médico y fondo propio.

Los titulares de los OIC, especificó la Secretaría, tendrían la facultad de ordenar auditorías, investigaciones y visitas de inspección dentro de cada organismo donde se desempeñen.

“La finalidad del puesto es fiscalizar y vigilar, en representación de la Secretaría de la Función Pública del Estado, el ejercicio adecuado de los recursos públicos de la dependencia o entidad, para detectar y prevenir faltas administrativas y actos de corrupción”, dio a conocer la SFP al anunciar la creación de su nueva instancia.

“También verificarán el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las y los servidores públicos de las dependencias y entidades, conforme a los lineamientos emitidos; recibirán quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos; será su responsabilidad investigar y señalar presuntos responsables, remitiendo el informe correspondiente”, abundó.

La Secretaría de la Función Pública no contestó a una solicitud de entrevista para conocer cuántas personas de las convocadas en marzo fueron elegidas para ser titulares de los OIC, así como en qué instituciones ya ha sido designado el titular.

En respuesta a una solicitud de información, la SFP detalló que además de los servicios personales (pago de salarios), la Coordinación de Unidades de Control destinaría el resto de los 24.7 millones de pesos a la compra de materiales, alimentos, combustibles, pago de servicios de capacitación y profesionales, viáticos y a la adquisición de muebles de oficina y estantería.

El aumento otorgado a la SFP es el primero desde 2017, cuando para su primer ejercicio obtuvo 136.1 millones de pesos; a partir de entonces, la dependencia creada por el gobernador Javier Corral en octubre de 2016 había sufrido dos disminuciones en su presupuesto.

Para 2018, apenas un año después de su entrada en vigor, la SFP tuvo un recorte de casi 40 millones de pesos, al asignársele un total de 96.1 millones en el Presupuesto de Egresos. Hacia 2019 continuó la tendencia a la baja de la dependencia, que logró 91.7 millones de pesos.

El impacto de la contratación de los 21 titulares de Órganos Internos de Control es tal que el 2020 será el año en donde más dinero se destine para el pago de salarios desde que existe la SFP.

En los anexos a los presupuestos de egresos se desprende que, por ejemplo, en 2017 el pago a salarios representó el 51 por ciento del total de los recursos destinados a la SFP, mientras que para 2020 el monto será de 74 por ciento, considerando los 116.2 millones de pesos de presupuesto total de la institución.

Los 86.6 millones de pesos para la erogación de salarios durante 2020, representan la cifra más alta en la historia de la dependencia, que en 2017 destinó 69.9 millones de pesos para el mismo apartado.

Más dinero, pocos resultados

La ampliación presupuestal de la SFP coincide con la falta de resolución de las investigaciones y procedimientos iniciados por la dependencia encargada de fiscalizar y el ejercicio de los recursos públicos en la entidad.

En los primeros tres meses de funcionamiento –de octubre a diciembre de 2016–, la SFP inició 18 procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir, un promedio de 6 al mes.

Para 2017, se iniciaron en total 58 procedimientos, número que bajó hasta 25 a lo largo de 2018; mientras que durante todo el año pasado se comenzó la revisión de 83 asuntos (6.9 mensuales en promedio), de acuerdo con las respuestas de la SFP a diversas solicitudes de información.

Aunque durante el año pasado se incrementó el número de procedimientos iniciados por la Función Pública, ello no se tradujo en sanciones a los servidores públicos que hubieran cometido faltas, pues, según informó la dependencia, ninguno de los asuntos iniciados el año pasado ha sido concluido, por lo que no hay hasta el momento repercusiones del trabajo realizado.

De la información entregada por la SFP se observa que, de la totalidad de los procedimientos iniciados, únicamente se han emitido 25 resoluciones en las que hubo una sanción.

En 24 de los casos que han causado estado –es decir, que las sanciones se mantuvieron firmes–, las personas sancionadas han sido exfuncionarios públicos de la administración de César Duarte.

De los registros proporcionados por la dependencia, el único funcionario –actualmente separado del cargo– del gobierno del Javier Corral que ha sido sancionado por la SFP es Hugo Almada Mireles, exsubsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social, con una amonestación por escrito.

laverdadjz@gmail.com

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