En El Estado

Desconfianza anula recompensas de fiscalía estatal

Miedo a represalias evita que denuncien pese a incentivo; programa no da resultados, pues en los últimos 10 años sólo se hizo efectivo un pago

Martín Orquiz
La Verdad/Especial para El Diario

Aun cuando se lanzan con la intención de obtener pistas o indicios que lleven a la localización de personas desaparecidas o de los criminales más buscados, las recompensas ofrecidas por la Fiscalía de Chihuahua prácticamente quedan anuladas por la desconfianza ciudadana hacia la autoridad.

Como consecuencia de esa condición, en los últimos 10 años solo se hizo efectivo el pago de una recompensa que ayudó a resolver un asesinato en el estado, dice uno de los funcionarios de la Fiscalía que solicitó reserva de su identidad debido a que no está autorizado para hablar del tema de forma pública.

Este dato exhibe que el programa no da resultados, coinciden fuentes consultadas.

“El problema es que desde hace tiempo se sabe que la sociedad no confía en las autoridades en el país, nadie se arriesga a denunciar con recompensa o no”, dice Óscar Máynez Grijalva criminólogo y profesor universitario,

Históricamente las autoridades han estado coludidas con organizaciones criminales y no hay confianza de que la persona que denuncia va a estar segura, “eso es un hecho”, expone el experto en materia de seguridad.

Consultado sobre el tema, el presidente del grupo de Abogados Postulantes Independientes, Juan Ángel Lira Quintana, considera que la estrategia de ofrecer dinero por pistas para resolver crímenes no funciona debido a que, simplemente, los ciudadanos tienen miedo.

“La gente tiene desconfianza de que haya represalias futuras y que haya filtración de información, es una situación muy difícil porque cuando se ofrecen recompensas es cuando son prófugos de extrema peligrosidad”, indica.

Aun así, actualmente la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene activas recompensas por cinco casos que suman 650 mil pesos en total, en investigaciones para la localización de personas ausentes y de presuntos responsables de delitos graves, como el homicidio, respondió personal de la corporación en respuesta a peticiones de información.

No garantizan justicia

Desde la perspectiva de Juan Omar Ruiz, papá de Manuel Ruiz García que desapareció el 4 de julio del 2018, el ofrecimiento de dinero por información no ha servicio para dar con su hijo.

“Ayuda poco porque la gente tiene miedo”, dice y cita como ejemplo que en una ocasión algunas personas les dieron información, pero la policía quería investigarlos de inmediato, “nos interrogaban sobre esas personas, se supone que el trabajo deben hacerlo ellos, la gente se asustaba”.

El 15 de agosto del 2018 la FGE ofreció una recompensa de 150 mil pesos para quien aportara datos precisos para localizar al infante, quien tenía 11 años cuando se dejó de tener noticias de él.

En ese entonces, la última vez que se le vio fue en un parque que se ubica cerca de su domicilio en la colonia Melchor Ocampo, sobre la calle Fernando Montes de Oca y 21 de Marzo, se informó.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas, realizaron la búsqueda del menor por diversos puntos de la ciudad porque, en la carpeta de investigación, se estableció que testigos lo vieron deambulando. Pero hasta ahora el menor sigue desaparecido.

A pesar del tiempo transcurrido y la falta de resultados en las investigaciones de la FGE, Daisy García, mamá de ‘Tomatito’, manifiesta que tiene esperanzas de encontrar a su hijo.

Ese sentimiento lo comparte su esposo: “sentimos que por ahí anda, que alguien lo está manipulando, sabrá Dios. No sé dónde estará, ya creció, a lo mejor anda disfrazado, con diferente corte de pelo, diferente nombre, eso lo imaginamos nosotros”.

Hasta dos recompensas por un caso

Entre los casos en los que actualmente se ofrecen recompensas, las fuentes de la FGE recuerdan el de Alondra María Nolasco Corpus, de 9 años, quien desapareció el 18 de septiembre del 2017 de su hogar, ubicado en la colonia Vistas del Norte de la ciudad de Chihuahua.

Las autoridades estatales ofrecen 100 mil pesos para quien dé informes sobre el paradero de la niña, pero hasta ahora no se han obtenido datos a través de esta estrategia.

Sin embargo, las investigaciones del caso establecieron que el presunto responsable de su desaparición es Ramiro Córdova Cárdenas, un hombre que sostenía una relación con la abuela de la menor. El sospechoso se fugó y la misma FGE ofrece ahora una recompensa por la misma cantidad para dar con su paradero.

En ese caso, la sociedad civil –una empresa maquiladora en específico– participó con la promesa de aportar el dinero si alguien proporcionaba los datos suficientes para arrestarlo, pero el hombre continúa sin ser atrapado, dijeron los entrevistados.

En Ciudad Juárez, ocurrieron otras desapariciones de menores que tuvieron un gran impacto, como el de James Martín Camacho Padilla de 7 años, quien desapareció de la colonia Riberas del Bravo el 21 de enero del 2018.

Su búsqueda duró semanas y las autoridades estatales ofrecieron una recompensa de 200 mil pesos por su paradero al 30 de enero siguiente; sin embargo, el niño fue encontrado muerto el 20 de febrero de ese mismo año en un área agrícola cercano al sitio donde se extravió.

La persona que encontró el cuerpo de James Martín, Salvador Quiñonez, rechazó reclamar la recompensa.

El 8 de agosto de ese mismo año otro infante, David Rafael Santillán Vargas, de 6 años, desapareció de su domicilio en la colonia Praderas del Pacífico.

Días después, el 13 de agosto, al tiempo que personal de la FGE ofrecía en conferencia de prensa una recompensa de 150 mil pesos a quien ayudara a dar con el paradero de Rafita, como fue conocido en las pesquisas, se encontró su cadáver a 300 metros de su domicilio.

Otra recompensa anulada fue la que se ofreció por el presunto autor intelectual del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, Juan Carlos Moreno Ochoa, conocido como El Larry, por 1.5 millones de pesos, aunque los recursos eran de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La víctima fue asesinada el 23 de marzo del 2017 en el exterior de su domicilio de la ciudad de Chihuahua. Agentes federales le ejecutaron una orden de aprehensión, que fue otorgada por el juez de Control del Distrito Judicial de Morelos por el delito de homicidio calificado, en Bacobampo, municipio de Etchojoa, Sonora.

Otro caso de alto impacto en el que se ofreció una recompensa sin resultados fue el de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, considerado autor intelectual de la muerte de la activista Marisela Escobedo y material del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, por cuyo homicidio se mantenía prófugo.

En noviembre del 2012 el hombre fue asesinado el Zacatecas, pero la autoridad estatal no recibió datos acerca de su paradero a pesar de la bolsa de 500 mil pesos que se ofreció.

Otras recompensas que la FGE mantiene vigentes datan, incluso, de años atrás.

Por ejemplo, sigue “viva” la que ofrece 150 mil pesos para ubicar a Bogar Uriel Marrugo Alonso, Carlos Antonio Perales Carrera, Damasio Luna Ceballos, Elizandro González Gardea, José Refugio Gardea Villalobos, Miguel Reyes Martínez y Ramón García Betance. Todos desaparecieron el 29 de agosto del 2015 en el municipio de Galeana, cuando trabajaban en la instalación de una antena de telecomunicaciones.

También permanece el ofrecimiento de 100 mil pesos por datos que ayuden a dar con el paradero de 79 mujeres que desaparecieron en Ciudad Juárez a partir de 1995 a la fecha.

Funcionan… no aquí

El sistema de recompensas, dice el criminólogo Máynez Grijalva, sí funciona incentivando a la gente que sabe algo a que lo denuncie, inclusive las personas están más alerta de sus entornos y pone más atención a elementos que puedan servir a la investigación que, de otra manera, no le pondrían el mismo cuidado.

Pero aquí, al igual que en todo el país, el efecto es contrario.

“Cuando la gente denuncia y le pagan recompensa, eso debe de quedar en secreto, pero históricamente en México no han funcionado por la desconfianza que hay hacia las autoridades, denuncian y luego se enteran los delincuentes y enseguida toman represalias, eso es común”, dice.

Para fomentar la participación ciudadana en casos relevantes, agrega, se debe crear un sistema que mantenga en anonimato a los denunciantes, publicitar el mecanismo que se tendrá para mantenerlos con seguridad y utilizar a la sociedad civil para que aleje el proceso de las autoridades que generan desconfianza.

El especialista indica que en muchos de los delitos que se cometen siempre hay alguien que sabe algo, no son completamente anónimos, mucha gente sabe cosas relacionadas con actos ilícitos, pero no las da a conocer por miedo.

Lira Quintana opina que las recompensas no funcionan aquí debido a que existe miedo por la impunidad que prevalece en el país y la filtración que se da en los cuerpos policiacos.

“La Policía es la encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos, pero a veces está trabajando para el otro lado, la gente lo sabe de antemano”, expresa.

El representante de abogados cuenta que le han tocado casos donde los ciudadanos tienen temor de declarar por las consecuencias que enfrentan, aunque sea en casos no tan graves.

“Se debe retomar en serio la estrategia de la recompensa, instaurar un mecanismo para proteger a la persona que haga el reporte o que proporcione la información, eso es lo más importante, pero lo que sucede es que entre los mismos delincuentes y agentes se revelan los datos y no se quieren exponer, tiene temor”, menciona.

La sociedad sabe cómo ha actuado la autoridad y los policías, que ellos mismos revelan información sensible de testigos.

Recuerda que se han presentado casos en los que personas salen de la Fiscalía o del Cereso y los matan.

“Es algo lamentable, van y los ejecutan, ¿cómo sucede eso, cómo saben que, en ese justo momento, están saliendo?”, cuestiona.

laverdadjz@gmail.com

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