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¿Quién secuestró la justicia?, reclaman rarámuris a 10 años del homicidio impune de defensor

«A 10 años de tu partida, los que seguimos haciendo camino nos preguntamos ¿Dónde está la justicia, quién la tiene, quién la secuestró, para quien es?»

Raíchali

Chihuahua.- Cientos de mujeres y hombres rarámuri originarios de las comunidades de Chinéachi, Huahuachérare, Bakéachi y Bacuseachi, se concentraron en el templo del Sagrado Corazón para exigir justicia por el asesinato de su representante legal Ernesto Rábago.

A 10 años del asesinato impune del cofundador de la organización civil Bowerasa, la justicia continúa lejana para los cuatro pueblos indígenas de Carichí que, en vida, defendió junto con su compañera Estela Ángeles Mondragón para que obtuvieran el reconocimiento legal de su territorio ancestral.

Rábago Martínez fue un defensor de derechos humanos que dedicó su vida al acompañamiento de comunidades indígenas y, su asesinato, fue una consecuencia directa del trabajo que realizó en favor de las mismas.

A Ernesto lo asesinaron el primero de marzo de 2010 en su despacho, pero el hostigamiento no era nuevo para él y su familia, quienes fueron blanco de varias agresiones desde que asumieron la representación de las comunidades en 1995.

Las amenazas tampoco cesaron con su muerte. Estela ha recibido advertencias como la bala que apareció en la puerta de su oficina en 2015, así como campañas de desprestigio en medios de comunicación impresos.

Actualmente, la abogada también enfrenta dos denuncias, una de ellas por la supuesta malversación de 16 millones de pesos en la comunidad de Huahuachérare.

Ninguna agresión fue investigada y la carpeta que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta por el homicidio de Ernesto, no presenta algún avance que le permita a las comunidades indígenas y a su compañera de vida, tener la confianza de que se hará justicia.

En la protesta que realizaron en 2019, la Fiscalía Especializada en la Atención a Derechos Humanos de Chihuahua, hizo el compromiso de retomar el caso, sin embargo, un año después, la abogada asegura que las cosas continúan igual.

“Se vio la carpeta otra vez, pero no sabemos de ningún avance”, destacó Ángeles Mondragón al iniciar con la jornada de protesta de este lunes, la cual inició con danzas afuera del Sagrado Corazón de Jesús, seguido por una misa oficiada por el sacerdote jesuita Javier Ávila.

Posteriormente danzaron hasta a la Cruz de Clavos, frente al Palacio de Gobierno, en dónde realizaron una ceremonia indígena de sanación.

Ahí cuestionaron:

«A 10 años de tu partida, los que seguimos haciendo camino nos preguntamos ¿Dónde está la justicia, quién la tiene, quién la secuestró, para quien es?»

En ese sentido, expresaron que:

Hoy estamos aquí para conmemorar la vida y lucha de Ernesto y de las comunidades indígenas pero, sobre todo, estamos aquí porque ha pasado una década desde el homicidio del defensor de derechos humanos y el caso se mantiene en total impunidad: las autoridades no han esclarecido su asesinato, no existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable ha sido castigado.

No sólo eso, sino que hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y criminalización emprendida en su contra por grupos con intereses poco claros que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas.

El Estado mexicano, tiene la obligación de proteger a todas las personas defensoras de derechos humanos y de sancionar adecuadamente los delitos cometidos en su contra.

Por todo lo anterior, las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, demandamos:

  • A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Justicia para Ernesto Rábago, sanción a los culpables y adecuada reparación del daño causado a nivel familiar y comunitario.
  • AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL GOBIERNO FEDERAL: Que el Estado garantice que las personas defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad.
  • A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ: El cese a la campaña de criminalización en contra de Estela Ángeles Mondragón y otros integrantes de la comunidad.
  • A TODO EL ESTADO MEXICANO: Que los derechos de los pueblos indígenas sean verdaderamente promovidos, protegidos, respetados y garantizados por el Estado mexicano; principalmente el de la seguridad jurídica sobre su territorio y recursos naturales.

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