Opinión

Militares en seguridad pública: nunca se fueron

La nueva polémica es porque López Obrador ordenó a las fuerzas armadas colaborar con la Guardia Nacional. Muchos reclaman una militarización de la seguridad pública pero se equivocan: hace décadas que eso es una realidad

Alberto Najar
Twitter: @anajarnajar

Es una de las paradojas que desata la 4T: durante todo el año pasado y los primeros meses de este 2020 abundaron las críticas ante la incontenible ola de violencia.

Muchos cuestionaron que la política de “abrazos y no balazos”, como definió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su política de seguridad, había fracasado.

No faltó quienes reclamaron que se recuperasen las acciones de gobiernos anteriores, que básicamente consistieron en desplegar a miles de soldados y marinos en las calles del país para combatir a la delincuencia.

Esta semana se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación donde López Obrador ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas, para que colaboren con la Guardia Nacional.

Los críticos de siempre gritaron que la decisión presidencial es un despropósito, que habrá abusos y violaciones a derechos humanos.

Y también, claro, emitieron la sentencia: AMLO militariza al país.

Más allá de la incongruencia y rabia de estos personajes, en la decisión presidencial existen varios elementos que deben analizarse con cuidado.

Uno: es mentira que el presidente militarice la seguridad pública porque eso ocurre desde hace décadas. En 1995 el entonces presidente Ernesto Zedillo despidió a todos los agentes de la Policía Judicial Federal y los sustituyó por soldados.

Algunos eran elementos de élite, miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) entrenados por el ejército de Estados Unidos.

Varios de ellos fueron reclutados por Osiel Cárdenas Guillén, “El Costroso” o “El Mata Amigos”, entonces líder del Cartel del Golfo. De allí nació el grupo Los Zetas.

Zedillo también creó la Policía Federal Preventiva con elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.

Por lo menos desde 2000 muchos de los jefes de policías estatales y de los municipios son militares en retiro. Es decir, es una práctica común que los soldados y marinos hagan funciones de policías.

Dos, en el debate no faltó quien argumentara que López Obrador se excedió en sus funciones. Mienten. La orden presidencial es parte de las reformas constitucionales aprobadas en 2019 para crear la Guardia Nacional.

En el artículo V transitorio se establece lo siguiente: 

“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial el Presidente de la República podrá disponer de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

El mismo texto del decreto promulgado en el DOF. Con un añadido: como es una orden los militares están obligados a subordinarse a la Guardia Nacional y las autoridades civiles.

No podrán, como lo hicieron en gobiernos anteriores, realizar investigaciones o capturar personas motu proprio. 

En el pasado, y todavía en lo que va de este gobierno, era común que al realizar sus patrullajes hubiera personas que les denunciaran algún delito. Los militares descendían de sus vehículos y realizaban operaciones en ese momento, sin más justificante que la supuesta flagrancia.

Muchas violaciones y abusos a derechos humanos se cometieron de esta manera, y difícilmente fueron castigados por el limbo legal como actuaban los militares.

Es parte de las críticas: que la decisión presidencial es la misma estrategia de otros gobiernos y que fracasó. 

Hay parte de razón en ello, pero ciertamente es aventurado hacer un juicio sin que existan elementos para comprobar esos argumentos. Habrá que esperar el resultado de este despliegue.

Un tercer elemento que aparece en las críticas es que López Obrador sacó al Ejército a las calles. Es falso: los militares nunca se fueron. 

A pesar de la nueva estrategia de seguridad en este gobierno, se mantuvo la vigilancia en carreteras, regiones fronterizas y en ciudades con problemas de delincuencia organizada. 

Un ejemplo es Ciudad de México, donde al menos desde febrero la Secretaría de Marina vigila algunos barrios al oriente de la capital.

Y el cuarto punto es la cruda realidad. La ola de violencia que desató el impresentable de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no se detiene.

Abril, por ejemplo, fue el mes con el mayor número de homicidios en lo que va del actual gobierno: se registraron 2 mil 492 asesinatos. 

Hay un problema que no se ha logrado resolver. Se trata de la mayor prioridad en el gobierno de López Obrador, como él mismo lo ha dicho.

La Guardia Nacional, el cuerpo creado para atender el problema y sustituir a los militares en las calles, todavía no se integra por completo. A casi un año de su creación sólo cuenta con 76 mil de los 140 mil elementos que necesita.

Mientras la violencia sigue, y con el efecto económico por la pandemia, es muy probable que aumente el índice delictivo.

Una de las tareas ineludibles de todos los jefes de Estado es garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Es parte de las reglas de convivencia social establecidas hace siglos, y que en todos los países deberían cumplirse.

Algunos presidentes mexicanos fracasaron en ese propósito pero lo intentaron, quizá de la peor manera. 

Los críticos de AMLO parecen olvidarlo. Pero sostener a militares en tareas de seguridad pública es una decisión de política real, como las que tanto reclaman en otros momentos.

Es un lugar común repetirlo, pero no estaría de más que “los corajudos”, como les llama López Obrador, le bajaran un par de rayitas a su desesperación y esquizofrenia.

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