Opinión

Burocracia femenina

Hasta donde ha llegado el reclamo del “rezago histórico” de la discriminación de la mujer

Gerardo Cortinas Murra

Hace unos días, la diputada panista, Georgina Bujanda, en su carácter de presidenta de la Comisión legislativa de Seguridad y Protección Civil, informó a la opinión pública que “actualmente existen diversas instituciones oficiales y no gubernamentales que brindan atención a las víctimas de violencia… (pero) se busca llegar a un modelo de atención integral, en donde las instancias gubernamentales municipales y estatales que brinden el apoyo, operen bajo el Modelo Homologado de Módulos de Atención a Violencia Familiar y de Género”.

En su ámbito de competencia, los municipios deberán implementar los Módulos de Atención en sus demarcaciones territoriales, “asignando para tal fin los recursos necesarios, y deberán privilegiar su instalación en los inmuebles destinados a la seguridad pública y podrán convenir con el Ejecutivo Estatal o con otros municipios para el correcto funcionamiento”.

La diputada panista precisó que los ‘Módulos de Atención a Violencia Familiar y de Género’ son espacios físicos destinados para hacer cercano el acceso a la justicia y atender de manera integral, los hechos probablemente constitutivos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, así como de violencia familiar.

Al respecto, la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LEY) establece la creación de refugios para la atención a mujeres víctimas de violencia; los cuales “deberán ser lugares seguros y secretos, para ello se negará información de su ubicación a personas no autorizadas”.

Estos refugios deberán contar con el personal médico, sicológico o siquiátrico necesario, quienes evaluarán el estado físico o sicoemocional de las mujeres atendidas. En todo momento las mujeres víctimas de violencia podrán decidir sobre su permanencia en los refugios.

En términos parecidos al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), la LEY establece la creación de un Consejo Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, integrado por diversas dependencias estatales y “cuatro representantes de las organizaciones de la sociedad civil que trabajen con y para las mujeres”.

Y no solo eso, al igual que el SEA, se establece un Sistema Estatal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (SEM) cuyo objeto será “la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones de instancias públicas y privadas, para la atención integral y eficiente de las mujeres víctimas de violencia”.

El Gobierno del Estado asume la responsabilidad de otorgar recursos humanos, financieros y materiales necesarios, los cuales “serán responsabilidad jurídica y administrativa de quienes lo integran”.

Lo anterior, nos recuerda nuestra critica de hace tres años, en contra del SAE: “el diseño del SEA es muy deficiente y tan solo aumentará la burocracia estatal, ya que las personas que integrarán los ‘órganos internos de control’ de las tantas dependencias estatales y de los organismos autónomos, serán personas afines al gobierno estatal en turno; es decir, personas que desde su nombramiento serán servidores públicos cuyo actuar será tildado de parcialidad”.

“Luego, si se toma en cuenta la cantidad de dependencias estatales, centralizadas y descentralizadas que integran la Administración Pública Estatal, y los órganos autónomos y los desconcentrados; imagine el número de burócratas que habrán de engrosar la nómina estatal. Obviamente, los funcionarios públicos que integren dichos órganos de control serán designados por el gobernador o por el Secretario respectivo”.

Al día de hoy, a pesar de que ya ha trascurrido tres años de haberse creado el SEA, el Congreso, la mayoría de las dependencias de la Administración Pública Estatal y los entes autónomos, han sido -cínica y descaradamente- omisos en establecer los órganos internos para sancionar a los servidores públicos que cometen actos de corrupción oficial.

Así las cosas, no me queda la menor duda que el SEM será tan solo una pesada carga al erario estatal, ya que la creación de los refugios y los ‘Módulos de Atención a Violencia Familiar y de Género’ serán ocupados por mujeres afines al gobernante en turno y, por lo tanto, su actuación será sumamente parcial discriminatoria.

Y hablando de discriminación, usando la frase muy de moda en estos días (por racismo y clasicismo), en la LEY existe un precepto humillante para el ‘género masculino’:

ART. 47. Los agresores podrán optar por acudir voluntariamente a un centro de rehabilitación para obtener la asistencia adecuada e integrarse nuevamente a la sociedad. Estarán obligados a asistir a dichos centros cuando esta situación sea ordenada por determinación jurisdiccional.

Yo me pregunto: Los actos de violencia cometidos contra las mujeres, ¿amerita el ostracismo social de los hombres violentos?

Hasta donde ha llegado el reclamo del “rezago histórico” de la discriminación de la mujer. Y todo por los ministros mandilones de la ‘Tremenda Corte’.

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