Opinión

Presa Las Vírgenes: ante el fracaso de la política, las armas federales

Hasta hoy, ni los gobernadores, ni los presidentes de la República, ni los senadores y diputados federales han hecho lo suficiente; Conagua no ha prodigado los beneficios de sus facultades

Jaime García Chávez

Los sucesos del domingo 19 de julio en la presa Las Vírgenes, ubicada en el municipio de Rosales, Chihuahua, enclavada en el más importante sistema de riego del estado, exhibieron de manera contundente el fracaso de la política y de una solución pacífica de los conflictos en franco tributo a la mano militar y al empleo de la fuerza, en este caso de un aparato de Estado que es obvio que no está para intervenir como lo hizo.

Vimos al Ejército disparar contra una manifestación de ciudadanos inermes que enarbolan la defensa de los recursos hídricos de la región. Un uso del Ejército que contraviene a la Constitución. Tal pareciera que en lugar de cumplir su función se le coloca en lo que no autoriza el código fundamental, la base del régimen de facultades expresas y limitadas.

Falta de oficio político y de elemental previsión. Públicamente circularon desplegados que anunciaban la tormenta y a pesar de eso se dejó crecer el conflicto, que al escalar evidenció que el Ejército en este Gobierno sí va a agredir al pueblo, mostrando un doble y siniestro discurso que tenemos ante nuestros ojos y todavía no aquilatamos su gravedad.

Ya nada más falta que los militares se hagan cargo de la administración de las universidades, y aunque parezca que exagero, lo único que deseo es poner bajo una lupa un proceso que debiéramos estar frenando hoy en aras de fortificar los brazos civiles de los gobiernos.

En la cuenca del Río Conchos se han puesto en boga diversas narrativas, obedeciendo también a finalidades no estrictamente atentas de la solución de fondo de un problema que va escalando y que tiene una presencia binacional; para mayor gravedad en uno de los extremos están los intereses de los norteamericanos y de los archiconservadores texanos.

Es obvio que el tratado de 1944 debe ser denunciado con la finalidad de renegociarlo, mejorarlo para beneficio de México. En setenta años el mundo y la región han cambiado exponencialmente y la defensa de los recursos hídricos alcanza una dimensión planetaria que debe abordarse con un acendrado sentido de soberanía para México y un tratamiento de especificidad para Chihuahua, por ser su principal río, que recorre gran parte del territorio, desde la Sierra Madre Occidental hasta su desembocadura en Ojinaga.

Esa sierra constituye el parteaguas que desvía caudales hacia Sinaloa y Sonora, lo que hay que tomar en cuenta desde una visión de los intereses regionales de nuestra nación. Por supuesto que también están los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con los que debemos hermanarnos con una solución de fondo, federalista, que vea la dimensión completa del problema y no se desbarranque el mismo hacia enfrentamientos, odios, rencores dictados por un regionalismo extremo. La razón y la ciencia se han de imponer para dictar la mejor visión; de alguna manera hay un precedente importante.

Es tiempo de que nuestros políticos se ocupen del problema con una visión de Estado, no con una actitud facciosa y mucho menos de ocasión u oportunista. Y cuando afirmo esto me hago cargo de que de todos los colores partidarios, moviéndose a lo inmediato, quieren sacar raja para propósitos electorales. Deben entender que con esto no se juega, los efectos devastadores de destrucciones de cuencas como la del Río Conchos los tenemos a la vista en otras partes del mundo como para no darnos cuenta frente a qué peligro estamos y cómo debemos resolverlo. En el Río Conchos confluyen los grandes intereses de la sociedad y obviamente de los productores del campo, generadores de productos alimenticios ineludibles, productos también industrializables, y sobre todo frente a una crisis económica que se expresará de manera aguda a partir de 2021.

Participar de esta lucha, con una visión de fondo, debe atender la voz de esos productores y también se debe ir a lo más hondo en todo lo que represente ilegalidad en el manejo del agua, en el que la corrupción está presente, de mucho tiempo atrás. No más pozos clandestinos, ni más tráfico político o utilitarista con el agua, es un asunto en el que es inadmisible todo privilegio y no se puede permitir transitar a la simulación que oculta el beneficiarse de una lucha de fondo como la aquí se propone, y que desde luego va mucho más allá de los alcances que aquí se relatan.

Hasta hoy, ni los gobernadores, ni los presidentes de la República, ni los senadores y diputados federales han hecho lo suficiente; Conagua no ha prodigado los beneficios de sus facultades. En la región centro-sur del estado de Chihuahua ya están en el hartazgo con esta abulia del poder público, máxime tratándose de un problema en el que se puede informar con exactitud, prevenir, conciliar, privilegiar la verdad por encima de la politiquería y la búsqueda fácil de los votos. Se trata de salvaguardar una vasta región de Chihuahua por la que estaremos llorando después si no se empieza a actuar ahora.

Nunca la intervención de las armas, disparar contra el pueblo, emplear gases lacrimógenos, será el preludio de una buena solución. Chihuahua es muy sensible a la represión y no duda en encararla.

También hay que decir que el domingo 19 de julio vimos un músculo débil dentro de los genuinos defensores del recurso hídrico en la región. Quizá estén desalentados, no es fácil además convocar cuando se ven a las instituciones y sus representantes muy distantes del escenario de la disputa y por supuesto que es difícil hacerlo cuando el ejército ya desplegó sus fuerzas y las atrincheró contra la sociedad, deshonrando miserablemente la palabra empeñada.

Que sepa el Gobierno federal, desde la cima hasta su base, que es válido recordar que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas.

Me duele que se golpee a los chihuahuenses.

***

Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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