Opinión

El cuidado, un derecho colapsado pero muy vigente

Hay otra faceta de la crisis humanitaria generada por la pandemia: la crisis del sistema de cuidados que afecta más a las personas que más los requieren y a las mujeres, a quienes se les carga todo el peso de proporcionarlos en el hogar

Por Víctor M. Quintana S.

No sólo son los decesos y los contagios; la pérdida de empleos y el cierre de empresas. La pandemia ha acarreado otros costos, invisibles a primera vista, no considerados en las estadísticas, pero muy dolorosos y, ojalá nos equivoquemos, de impactos duraderos.

Esos costos se refieren al sistema de cuidados, es decir, al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la construcción de seres humanos, libres, responsables y felices, y a las cada vez más fuertes cargas de trabajo para las mujeres. Unos y otros han sido muy bien evaluados por la Dra. Clara Jusidman, muy conocida en nuestro estado, presidenta del Grupo Tepoztlán, Víctor L. Urquidi y presidenta fundadora de INCIDE Social, A.C.

El sistema de cuidados ha sido afectado profundamente por la pandemia: ésta lo ha precarizado y desestructurado, señala Clara Jusidman. La pandemia ha destruido las capacidades públicas y privadas para proporcionar cuidado o cuando menos ha provocado la pérdida de calidad de los mismos.

Eso puede verse analizando los diversos tipos de cuidados y los sectores a quienes van dirigidos:

Las guarderías y estancias infantiles han cerrado en su mayoría, lo que obliga a que las niñas y niños se queden en casa; las escuelas de educación básica cerraron y abrirán para clases por televisión. Todo esto hace que se incremente el trabajo de cuidado en el hogar: atención, acompañamiento y vigilancia en las clases a distancia, etc. Pero también requiere más trabajo de limpieza, de preparación de alimentos. ¿Y sobre quién recae todo este trabajo adicional? Generalmente sobre las mujeres de la familia. Y si tienen que salir a un trabajo remunerado, la carga adicional de tensión y la triplicación de la jornada, también recae sobre ellas.

Por otro lado, con los altos riesgos de contagio en asilos, estancias centros de rehabilitación, se reducen los espacios de cuidado externo y se concentran las tareas en los familiares. Así como el cierre de opciones de autocuidado, como gimnasios y centros sociales. De nuevo, todo esto hace que el trabajo se cargue en los familiares que tienen a su cargo a las personas mayores y personas con discapacidad.

De nuevo, sucede que las mujeres del hogar son las que llevan estas tareas a cuestas.

Al darse preferencia en los hospitales a las personas con COVID 19, las personas que tienen otras enfermedades deben permanecer en casa y recibir ahí los cuidados que requieren. Y, aunque parezca muy trillado, son las mujeres de la familia las principales encargadas –aunque la responsabilidad debe recaer en toda la familia- de proporcionarlos.

Anteriormente, se podían delegar algunas tareas de cuidado en las abuelas y los abuelos: hoy, tienen que permanecer en confinamiento. Esto les impide desempeñar la labor supletoria de cuidado que hacen cuando sus hijas e hijos les dejan a los nietos. Además, los hace padecer más la soledad y requerir a su vez cuidados de la familia. Esto se agudiza por el cierre de las capacidades institucionales para el cuidado de personas mayores: asilos, casas de día, clubes del abuelo, etc.

Todo esto nos habla de otra faceta de la crisis humanitaria generada por la pandemia: la crisis del sistema de cuidados que afecta más a las personas que más los requieren y a las mujeres, a quienes –malamente– se les carga todo el peso de proporcionarlos en el hogar.

Y, sin embargo, el cuidado es un derecho de todas las personas. En México comenzó por considerarse así en la Constitución Política de la Ciudad de México, que en su artículo noveno, inciso b, establece: “Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.”. Este derecho se hace efectivo mediante la construcción de un sistema de cuidado: servicios públicos, universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. Es decir, la creación de capacidades públicas y privadas para el cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de adicción, víctimas.

Se requiere, además, que se considere el reconocimiento mediante alguna retribución a las personas, generalmente mujeres, que se dedican a la atención de un familiar mayor, con discapacidad o enfermedad crónica.

Todas estas son demandas, levantadas con creciente fuerza por un número también creciente de organizaciones sociales de todo tipo. El hecho de que el avance en este derecho de última generación, el derecho al cuidado haya sido interrumpido o incluso retrasado en cierto sentido, por atender la emergencia provocada por el COVID-19 no invalida que ese sea el objetivo a conseguir. Sobre todo, si no queremos pronto ser víctimas de otra pandemia o de las violencias que son producto de la imposibilidad de construir seres humanos.

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