Opinión

Discursos de odio en servidores públicos




agosto 26, 2020

La religión debe de estar fuera de las oficinas gubernamentales, de cualquier institución, con ello los funcionarios o servidores públicos no estarán faltando a su religiosidad y si estarán respetando la ley

Luis Mendoza Padilla

Es sabido que la panista Esmeralda Cárdenas Sánchez, secretaria del Ayuntamiento de Colima – ahora destituida–, siempre compartía en su Facebook comentarios religiosos, una práctica que se ha hecho costumbre entre servidores públicos que tal parece olvidan que su función en los gobiernos está regulada y deben cuidar que no atente contra el Estado Laico, consagrado en nuestra Constitución, en el Artículo 24.

El comentario de Cárdenas Sánchez fue considerado como incitación al discurso de odio en contra de la homosexualidad. La polémica obligó al alcalde colimense Leoncio, ‘Locho’, Morán a pedirle la funcionaria que rectificara su comentario y ofreciera una disculpa pública, cosa que ella rechazó y entonces el edil la separó del cargo. Para entonces ya se encontraba una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y ante Fiscalía contra la ahora exfuncionaria.

Hechos similares suceden en Chihuahua y en muchos municipios de nuestro país. Solo que en el caso de Colima, el alcalde actuó conforme a lo que ley exige y manda claramente, no permitiendo que la Secretaría de Ayuntamiento fuera manejada por una persona que no se comporta de manera plural y que anteponen sus creencias religiosas a su función, una actitud que resulta hiriente y lastimosa para los ciudadanos, además de desencadenar debates, peleas, ofensas, agresiones e incluso hasta violencia física que puede llegar a terminar con la vida de personas inocentes.

No me da gusto que se le separe del cargo, lo ideal sería que los servidores públicos comprendieran el daño tan grande que un par de palabras significan para los demás. Tampoco digo que no lo mereciera, pero, así como ella, vendrán más, mientras no haya un completo cumplimiento a la ley.

Muchas dicen que vivimos en la generación de cristal y que todo incomoda, pero leyendo los comentarios a los posts de la exsecretaria del Ayuntamiento de Colima creo que existen muchas personas ciegas por la fe, que incluso en su familia tienen integrantes de la población LGBTI y que aún así prefieren apoyar este tipo de manifestaciones, mostrándose intolerantes y agresivas. Entonces, la generación de cristal ha estado impregnando a todas por igual sin importar credo o identidad, lo cierto es que las posturas radicales no traen consigo nada bueno.

Desgraciadamente, esta practica también la hemos visto en integrantes de la política chihuahuense. Qué decir de la diputada Marisela Sáenz (del PES), quién dentro de sus respuestas favoritas a los cuestionamientos sobre su total apego político-religioso responde: “¿tienes hijos? ¡No es la intención, ustedes entienden mal! Y la trillada: ¡No a la Ideología de género!” (que insistiré siempre que es una mentira fabricada por los radicales religiosos para hacerle creer a la gente que esa ideología llegará, enlistará ciudadanos de bien para corromperlos y convertirlos en sodomitas pervertidos y pecadores tal y como lo escribió alguien en algún libro sagrado).

A ella se suman otras figuras políticas, como es el caso de la también diputada Marisela Terrazas, del PAN, quien en plena sesión del pleno en el Congreso del Estado de Chihuahua dispuso en su curul objetos religiosos, justo en los días en los que se discuten cosas que “a la iglesia no le gustan” o que son un “atentado en contra de la familia” (la familia perfecta, según su ideología, compuesta por un padre, una madre y dos hijos de preferencia un varón y una fémina, con un perro y un árbol de manzanas para los dibujos de la primaria como fuente de inspiración y que en los estudios psicológicos revelen estabilidad emocional).

Cómo olvidarnos de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, que antes de dar un paso consulta a su secretario particular, Cesar Jáuregui, quien parece más el arzobispo de Chihuahua, ya que en muchos temas exclusivos del estado ha privilegiado al líder católico, sin escuchar o atender las quejas o comentarios de la ciudadanía inconforme con temas en contra de abusos o concernientes de la iglesia.

La generación de cristal entonces sigue con su expansión y no reconoce estatus ni oficio. Por allá del 17 de mayo se dio el polémico tema de la regidora Catalina Bustillos, de la ciudad de Chihuahua, quien, ante su deseo de querer buscar una candidatura en las próximas elecciones, decidió manifestar su ideología religiosa –combinada con la psicóloga, ostentándose como profesional titulada– contra los derechos humanos.

Mediante un video, Bustillo ataca a la identidad de las personas y a la diversidad sexual, poniendo como ejemplo que abusos en la niñez pueden convertirse en traumas que empujan a las personas a refugiarse en grupos LGTB, donde no se saca nada. Cito este caso por la similitud que existe con el de la secretaria del Ayuntamiento de Colima, aunque el asunto que involucra a la regidora Catalina en Chihuahua tiene más elementos que incitan al odio y discriminan (probados ante las diversas quejas en CEDH, CNDH, Conapred…) y al momento ni siquiera la atención del Ayuntamiento se ha tenido, ni un pronunciamiento, ninguna disculpa y por supuesto, ninguna acción.

¿Cuál será la diferencia? La misma regidora ha dicho que ella no esta mal, que los que entienden mal son las personas que leen. Hay ya un recurso de amparo promovido en contra de su discurso de odio y la justicia le ha otorgado la suspensión definitiva a un quejoso para que la regidora no vuelva a dirigir un comentario mal intencionado en contra de las poblaciones de la diversidad sexual, siendo esto un poco difícil para ella ya que ahora, con total desconocimiento, dice que el pin parental es su bandera y menciona temas de supuestas perversiones hacia las niñas, niños y adolescentes.

¿Cuál será el costo político de estos discursos?

Los religiosos radicales, que quieren que sus reformas queden, amagan a políticos con el discurso de que los padres y madres de familia no votarán por ellos en el 2021, en tanto que los defensores de derechos humanos dicen que si no se respeta la legalidad en cuanto al acceso a derechos no votarán por ellos en las próximas elecciones. El futuro es incierto. ¿Quién podrá más?

Desde el punto de vista social se tienen a dos frentes, uno en el cual la religión obliga a que moralmente los servidores públicos apoyen sus iniciativas, incluso por encima los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Considero que no debe de usarse la voz de nadie para vender los votos de ciertas fracciones de la población, la gente ha tomado ya sus propias decisiones y aprende de ellas para no volverlas a realizar de la misma manera en caso de resultar fallidas.

Sigo creyendo en que la religión debe de estar fuera de las oficinas gubernamentales, de cualquier institución y, no por ello los funcionarios o servidores públicos estarán faltando a su religiosidad, pero si obra mal en nombre de la religión y valiéndose de su cargo las consecuencias pueden ser similares al caso de la funcionaria de Colima.

En este contexto hago un llamado a la presidenta municipal y al Ayuntamiento de Chihuahua, así como al Congreso de Estado, para que no solapen actos de burla y odio en contra de las personas.

Algunas asociaciones trabajan incansablemente para lograr la erradicación de este tipo de prácticas que atentan contra los derechos humanos, llevando ante las instancias judiciales a personas que motivadas por su fe cometen actos de odio en sus discursos o publicaciones. Sin lugar a duda lo más importante es la sinergia entre estos grupos y los titulares de las distintas instancias de gobierno, para lograr una sociedad inclusiva y respetuosa con la ley horizontal para todas y todos.

No basta con tener amigos, colaboradores, familiares LGTB, incluso una pareja o en si mismo ser de la diversidad sexual para ser respetuoso (a) o inclusiva (o), la buena práctica en el desempeño de las funciones públicas o para el desarrollo de nuestro servicio hacia las personas que atendemos es lo que hablará de nuestra calidad como ser humano, al respetar y con eso exigir el respeto.

***

Luis Mendoza Padilla. Activista social a favor de los derechos humanos y presidente del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual A.C. (Cheros A.C.) en el estado de Chihuahua.

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