Opinión

La empinada cuesta para juzgar a los expresidentes

Juzgar a los expresidentes de México es un clamor más que popular. Pero conseguirlo no es fácil. Más allá de realizar una consulta ciudadana para avalar el proceso, el camino a un eventual castigo por sus tropelías está lleno de baches. Aquí un repaso del peaje a cubrir para llegar a tal destino.

Alberto Najar / @anajarnajar

Hubo un tiempo en que los mexicanos sabíamos cuando Carlos Salinas de Gortari volvía subrepticiamente al país: apenas pisaba tierra ocurría un sismo.

Eran los años posteriores a su gobierno (1988-1994). El expresidente vivía exiliado en el extranjero, entre La Habana, Dublín y Londres.

Salinas enfrentaba días aciagos. Su hermano mayor estaba en prisión acusado de asesinar a un colaborador. Los medios, antes fieles aliados, le culpaban de la profunda crisis económica en el país.

Las máscaras para ridiculizar su imagen eran cotidianas en las calles, y no fueron pocos quienes decían que era El Chupacabras, un extraño ser a quien se acusaba de asolar gallineros, aldeas y a una que otra persona descuidada.

Los sismos en su regreso a México eran una extraña coincidencia. Ocurrieron algunas veces, no eran la norma pero se convirtieron en leyenda, parte de la historia negra que desde entonces acompaña al expresidente.

La historia es pertinente ahora que en el país se abre el debate sobre la posibilidad de juzgar a los expresidentes de la República.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no está de acuerdo, pero al mismo tiempo impulsa una consulta popular para que, dice, sean los ciudadanos quienes decidan la pertinencia de los juicios.

En el fondo es una jugada política porque el camino al sondeo es cuesta arriba. Se mira más como una estrategia electoral, el sustento a su cruzada anticorrupción que un objetivo real a conseguir.

Porque hay obstáculos. Una primera barrera, por ejemplo, es legal.

Hay tres formas para iniciar el proceso: que por lo menos la tercera parte del Senado o la Cámara de Diputados proponga la consulta; que se reúnan las firmas de por lo menos el 2% del padrón electoral –poco más de 1.6 millones- o que lo solicite el presidente de la República.

La primera opción se antoja difícil. En estos dos años de la 4T los legisladores han sido incapaces de siquiera llevar a debate algunas de las iniciativas de ley que AMLO considera fundamentales.

Es cierto que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos aliados tienen mayoría en el Congreso de la Unión, pero la falta de oficio político de los coordinadores parlamentarios y un evidente temor de muchos legisladores a mezclarse en temas espinosos los tiene paralizados.

En tal escenario se antoja imposible conseguir el acuerdo para una consulta para que se juzgue a presidentes emanados de la oposición.

La segunda alternativa parece viable aunque es necesario leer la letra chiquita. La organización ciudadana para recolectar firmas depende, en gran medida, de Morena y los integrantes del movimiento que apoya a López Obrador.

Pero ambos están en crisis, atrapados por la disputa tribal de la izquierda mexicana y una agria disputa por el poder.

En dos años Morena no ha logrado elegir a su comité ejecutivo. ¿Podrá en 15 días reunir casi dos millones de firmas? Sepa.

Y la tercera opción es más complicada. Por congruencia, es difícil que López Obrador proponga una consulta para hacer algo a lo que, al menos en el discurso, se opone.

Pero si por un golpe de suerte se reúnen las firmas necesarias para convocar a la consulta, todavía falta librar otros obstáculos.

De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, cuando la iniciativa proviene de los ciudadanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe validar la constitucionalidad de la petición.

En el juego de las jurisprudencias hay muchos recovecos para batear a los firmantes. Uno de ellos es que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. Otro es que el artículo 1 de la Constitución antepone el respeto a los derechos humanos en todos los procesos judiciales.

Los expresidentes pueden alegar violación a sus garantías individuales, como desde ahora reclama cínicamente el impresentable Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Sin olvidar el detalle personal. Los ministros tienen amigos, historia política y sobre todo, intereses. ¿Se animarían a promover el juicio de quienes, en algún momento les beneficiaron? La Corte, entonces, puede cerrar la puerta a la consulta.

Y si a pesar de todo se logra superar las barreras todavía falta librar la oposición presidencial.

Uno de los pocos temas donde parece haber un respaldo mayoritario es la necesidad de sancionar las tropelías de los expresidentes.

Para que el resultado de la consulta sea vinculante necesita el apoyo del 40% de los inscritos en el Padrón Electoral. López Obrador mantiene un alto nivel de popularidad. Muchos están dispuestos a seguir su palabra.

AMLO dice abiertamente que no debe juzgarse a los expresidentes. ¿En qué sentido su opinión puede influir en las votaciones? ¿Se puede lograr el respaldo legal con un personaje tan popular en favor del NO?

La empinada cuesta, empero, no termina aquí. Si el proyecto logra llegar a este punto todavía debe sortear otros baches del camino.

Para iniciar el juicio es necesario que el Congreso retire el fuero de los expresidentes, algo que en el desequilibrio de poder en escaños y curules se antoja difícil.

Y después viene la parte legal, el proceso burocrático de un proceso judicial. ¿De qué, en concreto, se va a acusar a los expresidentes? Porque si bien existe la certeza de la corrupción y tropelías de los personajes, a un juez no se le puede presentar como prueba la sabiduría popular.

Las revelaciones de Emilio Lozoya abren la puerta a un eventual expediente contra Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Pero lo que hasta ahora se denuncia necesita probarse.

Al impresentable se le acusa de desatar una guerra que causó la muerte de miles y miles de personas. Sin embargo, su decisión de desplegar tropas es parte de las atribuciones de los presidentes mexicanos. Son los comandantes supremos de las fuerzas armadas.

A Calderón se le señala de anteponer su ego y desequilibrios personales antes que la vida de los mexicanos. Pero ser tonto e insensible no es un delito. Tal vez un destino. Pero no ilegalidad.

Y con Carlos Salinas de Gortari el panorama es más complejo. Para muchos es un símbolo de la corrupción pero ante los tribunales representaría sólo un acusado más.

¿Cómo podría integrar la Fiscalía General un expediente contra el personaje? Acusarlo de robarse la partida secreta que en sus tiempos existía no serviría.

El uso de ese dinero, exclusivo para el jefe del Poder Ejecutivo, era facultad única y expresa de los presidentes de la República.

López Obrador le señala una y otra vez de haber privatizado bienes públicos. Pero hacerlo, con el procedimiento adecuado, era legal.

Y si se probara corrupción en el proceso no podría ser encarcelado por ese motivo: en su tiempo no era delito grave. Ahora sí pero las leyes no son retroactivas.

Otro argumento es que benefició a unos cuantos empresarios, pero vale la pena preguntarse cuántos estarían dispuestos a comparecer ante un juez en un eventual juicio contra Salinas.

Sobre todo porque algunos de ellos son ahora parte asesores de AMLO. ¿De verdad Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego atenderían las audiencias judiciales?

Por eso la consulta para juzgar a los expresidentes es, hasta ahora, un efectivo instrumento político. En la parte más dura de la pandemia de coronavirus el respaldo de López Obrador sufrió una fuerte caída.

Pero el caso Lozoya cambió su escenario. El video donde militantes del Partido Acción Nacional son evidenciados cuando llenan maletas y maletas con dinero le dieron un segundo aire.

Y a esto se suma la denuncia del exdirector de Pemex contra Peña, Calderón y sus colaboradores ante la FGR. El resultado fue evidente: AMLO, según encuestas de medios rivales a la 4T, tiene entre 54 y 57 puntos de respaldo.

Números valiosos en la víspera del proceso para las votaciones de junio de 2021, la elección más grande de la historia: se renuevan 15 gubernaturas y más de 21 mil cargos públicos.

López Obrador y su movimiento llegan reforzados a ese momento. La maquinaria que en 2018 les permitió conquistar la Presidencia de la República está aceitada.

PD: La columna que ahora terminas de leer no fue enviada a publicarse en las últimas dos entregas. Fueron razones personales. Pero estamos de regreso. Gracias por llegar a estas últimas líneas.

Notas Relacionadas:

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

lo más leido

To Top
Translate »