Juárez

Contraloría Municipal tiene cero por ciento de efectividad

Hasta el momento no ha resuelto ningún caso, no ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción y no ha presentado un solo Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

Marco Antonio López / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.— La efectividad de la Contraloría para resolver las denuncias por presuntos actos de corrupción en el Municipio de Juárez es de 0 por ciento.

Hasta el momento el Órgano de Control Interno que dirige Gustavo Méndez Aguayo no ha resuelto ni una sola denuncia en contra de funcionarios municipales, de acuerdo con información obtenida a través de la plataforma de transparencia.

El 7 de septiembre de 2019, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Fiscalización, se instalaron los Órganos Internos de Control como entes con la facultad ya no sólo de observar y denunciar las faltas administrativas no graves, sino además se de calificar y sancionar, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En caso de encontrar faltas administrativas graves, es su responsabilidad armar un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) para llevarlo ante la autoridad correspondiente; es decir, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Entre 2019 y 2010 la SFP ha recibido 917 denuncias de los Órganos Internos de Control (sólo del Instituto Chihuahuense de la Salud son 480), de las cuales ninguna es del Gobierno Municipal de Juárez.

Antes de la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización, la Contraloría debía prevenir, corregir, investigar y entregar un Pliego, que es el equivalente ahora a un IPRA, para que la autoridad correspondiente estableciera a sanción.

Sin embargo, desde que inició la segunda administración del presidente municipal Armando Cabada Alvídrez y Gustavo Méndez Aguayo asumió la titularidad de la Contraloría, a pesar de tener a su cargo la resolución de casos emblemáticos, hasta el momento no se ha resuelto una sola denuncia, no se ha integrado ningún IPRA y, por lo tanto, no se ha denunciado ningún caso de presuntos actos de corrupción u otras faltas.

Los Órganos Internos de Control forman parte del engranaje del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Entre los problemas principales para su debido funcionamiento se encuentra su falta de independencia, de acuerdo con René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA.

“Hemos visto malos resultados. Yo no he visto Órgano de Control alguno que haya hecho algo, no tienen resultados, sirven de tapadera nada más. En Juárez y en Chihuahua el gran problema que tienen es el de independencia. El titular o la titular van a propuesta del presidente municipal; estamos ante un dedazo, eso es un problema básico”, opinó René Moreno sobre la nulidad de resultados por parte de los Órganos Internos de Control.

La falta de independencia, de acuerdo con Moreno, no sólo es la asignación directa del director por parte del alcalde, sino una cuestión de presupuesto, ya que la Contraloría está integrada en el Presupuesto de Egresos del Municipio y enfrentar una postura crítica a la administración podría afectar los recursos que reciben, señala.

En el 2019 la Contraloría municipal tuvo un presupuesto de 12 millones 889 mil 647.08 pesos, mientras que para 2020 contó con un presupuesto de 13 millones 789 mil 143.50 pesos.

Lo anterior refleja que en dos años se invirtieron más de 26 millones de pesos, sin que hasta el momento haya resultados en cuanto al seguimiento de denuncias contra la administración municipal.

Este seguimiento se debe dar en la Dirección de Responsabilidades, que, de acuerdo con el directorio municipal, está a cargo de Javier Jiménez Enríquez.

“Tiene que haber consecuencias para las personas que están en estos puestos. Habría que poner el ojo en el titular de la Contraloría y sus directores, qué están haciendo en la parte de Responsabilidades y de Auditoría. Hay un foco rojo en su Dirección de Responsabilidades”, comentó René Moreno.

De acuerdo con Ana Terrazas, presidenta del CPC y con René Moreno, no se logrará que la Contraloría funcione si no se garantiza su independencia, que no sea designado por el presidente municipal y que tenga asegurado su presupuesto.

Además, mencionaron que desde el CPC trabajan en una propuesta de reglamentación para establecer plazos mínimos y máximos para las investigaciones, ya que, de otra manera, pasan incluso de una administración a otra hasta que prescriben.

“Falta reglamentar, no tienen tiempos máximos, no tendría que irse a más de un año y medio armar un IPRA, pero no lo tienen. Justo lo que queremos hacer es proponer a los códigos municipal para generar un reglamento modelo para que incida. Necesitas asegurar tiempos estándares, para que te den un tiempo de respuesta, a los más largo un año y medio y ya es mucho tiempo”, dijo René Moreno.

Casos emblemáticos sin respuesta

El 17 de octubre de 2018 se publicó un video en el que tres agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal torturan a un detenido cortándole la respiración con una bolsa de plástico. El presidente municipal dijo tener identificados a los policías municipales. El caso pasó a la Contraloría municipal y no han habido sanciones.

El 7 de diciembre de 2018, el Cabildo aprobó instruir a la Contraloría Municipal para iniciar un procedimiento de sanción en contra de la ex-directora de Desarrollo Urbano, Lilia Irasema Aguirre Castañeda, por presuntas anomalías en el desempeño de sus funciones. El caso sigue impune.

Ante los señalamientos por un presunto conflicto de interés en los contratos firmados entre la empresa Intermedia de Juárez (Canal 44) y la administración a cargo del presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, al ser hijo del dueño, la Contraloría intervino el 31 de enero del 2019 y solicitó que los contratos fueran firmados por un regidor de la planilla independiente.

El 10 de marzo de este año un ciudadano denunció en la Contraloría municipal al director de Servicios Públicos municipales, Daniel Pando Morales, por incumplir los reglamentos que prohíben colgar pendones en la ciudad.

El 21 de agosto de 2020 el presidente municipal subió a Cabildo un punto de acuerdo de urgente resolución con el que se autorizó a la Contraloría Municipal investigar y sancionar a los empleados municipales involucrados en el caso de falsificación de documentos por parte de la empresa Construcciones Arye en el caso conocido como La Enramada. El caso volvió a Contraloría luego de dos años de la denuncia. Ciudadanos lo llevaron a la Auditoría Superior del Estado que lo regresó a Contraloría, donde no se ha resuelto.

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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de YoCiudadano. Ver original aquí. Prohibida su reproducción.

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