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La pandemia en la sombra: la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas

Las llamadas al 911 se incrementaron 40 por ciento entre enero y octubre de este año, en comparación con el mismo periodo en 2019; y los asesinatos de mujeres y niñas ya rebasan los 3,000 en todo el país. Las historias de Valeria, Citlali, Claudia y Sofía son algunos ejemplos de la violencia y discriminación que enfrentan a diario las mujeres en México.

Por Especiales Spotlight*

“En la Montaña las mujeres no tienen facilidades de hacer llamadas. En muchos poblados no hay señal de teléfono, ni de internet, y a veces ni luz eléctrica debido a las lluvias que además deterioran los caminos de una geografía de por sí accidentada (…) y si una mujer llama para decir que el esposo la está golpeando, llega el comisario o la policía municipal, como la autoridad más cercana, y lo primero que hacen es meterlas a la cárcel para obligarlas a volver con sus parejas”, denuncia la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien lleva 20 años trabajando estos temas en la región.

“Cuando las llamadas de auxilio llegan de zonas como ésta o de La Costa Chica, son casi siempre cuando ocurre un hecho (asesinato)”, acepta en entrevista David Portillo Menchaca, titular de la Secretaría de la Seguridad Pública de Guerrero; esto quiere decir que el feminicidio ya se ha consumado.

Guerrero es uno de los focos rojos en materia de violencia de género y feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En lo que va del año, 4% de los asesinatos de mujeres (suma de feminicidios y homicidios dolosos) han ocurrido en esta entidad.

Las circunstancias en Guerrero no son la excepción. En Chihuahua se ha concentrado 8% de estos asesinatos y en el Estado de México el 11 por ciento. De esta manera, en estas tres entidades federativas han ocurrido 1 de cada 4 asesinatos de mujeres cometidos entre enero y octubre de 2020[1]. En ese mismo periodo, Chihuahua, Estado de México y la Ciudad de México ocupan actualmente el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer durante un año marcado por la pandemia. 

TESTIMONIOS, CIFRAS Y ESPECIALISTAS COINCIDEN: CRECE LA VIOLENCIA

Testimonios recabados como parte del pilar 3 de Spotlight México, muestran que la violencia contra las mujeres ha aumentado durante la pandemia de COVID-19. La investigación realizada por reporteras de Guerrero, Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México reflejan las condiciones en que están viviendo muchas mujeres mexicanas.

En el país, las llamadas al 911 han tenido un comportamiento ascendente. Entre enero y octubre suman ya 221,323 llamadas de emergencia asociadas a violencia contra la mujer, es decir, un incremento de 40 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, año en que se recibieron 158,425 llamadas por este motivo.

Cabe mencionar, que además de las llamadas de violencia contra las mujeres que suman el 1.6 por ciento del total de avisos de emergencia, también se registraron las llamadas por violencia familiar (4.3 por ciento), violencia de pareja (1.5 por ciento), acoso u hostigamiento sexual (0.05 por ciento), abuso sexual (0.03 por ciento) y violación (0.02 por ciento), lo que representa más de un millón de llamadas en este período (1,023,642).

El hecho de que las llamadas por violencia se hayan incrementado de esta manera, pone de manifiesto la gravedad de la situación que enfrentan las mujeres y niñas en un contexto tan crítico y pone el foco sobre la importancia de garantizar mayor disponibilidad de servicios de atención a víctimas.

“Esta violencia extrema contra las mujeres no es nueva”, dice Lucía Melgar, especialista en violencia de género. “Y en una situación de cuarentena tiende a exacerbarse por distintos factores como el encierro, la convivencia forzada, el hacinamiento y la crisis económica. Pero por desgracia, saberlo no ha bastado para prevenir ni para actuar con eficacia para salvar vidas y reducir daños”, comentó.

De acuerdo con distintas feministas, defensoras de derechos humanos, académicas y funcionarias que fueron entrevistadas, para las mujeres que viven con sus agresores el #QuédateEnCasa es un tema de implicaciones mayúsculas porque las mujeres no pueden salir a denunciar, ni hacer llamadas, ya que están en contacto constante con su agresor y sus redes de apoyo son limitadas por la contingencia.

“Actualmente un gran número de casos de violencia contra las mujeres se está escondiendo tras una cifra negra, ya que muchas de ellas no están pudiendo salir a hacer sus denuncias, o los servicios de ayuda no están funcionando como deberían; y en el caso de los feminicidios, éstos se están ocultando tras la cifra de homicidios dolosos”, comenta Melgar.

Aunado a todo ello, en condiciones de encierro, la violencia sexual está aumentando: “Si pensamos en viviendas en las que hay hacinamiento, éstas se convierten en bombas de tiempo; y en este contexto los hombres que son agresivos tienden a serlo aún más en condiciones de estrés y tensiones”, continua Melgar.

En México, el 2020 estará marcado por unas cifras desoladoras: un total de 3,185 mexicanas fueron asesinadas de manera violenta por su condición de género entre enero y octubre alrededor del país; ya sea que se investiguen como feminicidios —801—, ya sea que se investiguen como homicidios dolosos —2,384—.

CIUDAD JUÁREZ, DONDE LA OLA DE FEMINICIDIOS NO PARA

Claudia no se llama Claudia, es necesario cambiarle el nombre para protegerla y escucharla a través de una computadora en la que solo vemos una pantalla negra. “Estar aislada en un refugio para mujeres víctimas de violencia es lo más parecido que encuentra al cielo: un lugar sin humillaciones, sin gritos, sin violación sexual. Nunca pensé estar en un lugar tranquila”, dice.  

Que una mujer se sienta “tranquila” —al menos por un tiempo— en una localidad como Ciudad Juárez es como un regalo invaluable, y hay que entenderlo en su contexto. Ciudad Juárez es el único lugar en el mundo donde decenas de cruces de color rosa, que simbolizan mujeres asesinadas, te reciben a la entrada y salida en las casetas de peaje fronterizas. En donde ellas están cansadas de marchar cargando esas mismas cruces rosas para exigir un alto a la ola de feminicidios.

En este lugar, las mujeres de entre 15 y 25 años, como Claudia, son las protagonistas de documentales como Señorita extraviada, y Juárez: la ciudad donde las mujeres son desechables; de libros documentales como Huesos en el desierto, o de ficción como 2666. Donde ahora, en plena pandemia por COVID-19, los feminicidios no dan tregua.

Ciudad Juárez es la urbe en la que este 28 de mayo, mientras hacíamos este reportaje, un hombre estranguló a su pareja durante una discusión, la subió a su auto, le puso el cinturón y unas gafas de sol con la idea de deshacerse de su cuerpo. Manejó por la ciudad, y al final decidió acercarse a la policía para entregarse, relatar los hechos y ser arrestado.

Ser mujer en Ciudad Juárez es un riesgo. Ser mujer, migrante, madre de tres niños menores de cinco años, pobre, y sin ninguna red de apoyo, como Claudia, es exponencialmente peligroso.

Los únicos dos albergues de esta ciudad estaban al inicio de la pandemia al máximo de su capacidad, según nos informa la directora del refugio en donde está Claudia, y cuya identidad también se mantiene bajo resguardo.

El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, en el lapso que va de enero a octubre de 2020 se registraron un total de 41,950 equivalentes a 2 mil 188 llamadas por cada 100 mil mujeres, mientras que en el nivel nacional se realizaron 339 llamadas por cada 100 mil mujeres.

También entre enero y octubre, en Chihuahua se realizaron 138 llamadas en promedio al día por este tipo de incidentes, es decir, unas 6 llamadas cada hora. En el país, se registraron 726 llamadas por este tipo de incidentes, equivalentes a 30 llamadas cada hora.

Ante la contingencia sanitaria, la directora del refugio en el que está Claudia nos cuenta que el proceso de ingreso ha tenido que cambiar: ahora, las mujeres, sus hijas e hijos son refugiados en una casa de emergencia durante 15 días en los que su salud es monitoreada por una enfermera para descartar un posible caso de COVID-19. Posteriormente son trasladadas al refugio, donde permanecerán al menos tres meses.

Al interior de las instalaciones se modificaron algunas dinámicas: “Las profesionales que dan talleres de psicología ahora lo hacen por videollamadas, y únicamente personal esencial ingresa a la casa bajo medidas sanitarias estrictas”, relata la directora. 

El refugio tiene una capacidad para 11 núcleos familiares, es decir, alrededor de 35 personas, y al momento de la entrevista estaba al 100 por ciento; sin embargo, si aumenta el número de peticionarias, podrían canalizarse a otra ciudad a través de la Red Nacional de Refugios.

El segundo refugio de Ciudad Juárez está en manos de Vida Integral para la Mujer A.C. y de acuerdo con la directora Lilia Pacheco, éste tiene una capacidad para 10 núcleos familiares.

Claudia nos cuenta que sufrió una serie de violencias por parte de su esposo en los últimos meses: él controlaba los ingresos que ella aportaba con su trabajo; le prohibía tener amistades y cuando la golpeaba no la dejaba salir en días. El riesgo de un feminicidio estaba en puerta.

El Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez aseguró en su manifiesto del 25-N que “desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentamos quienes estamos en la primera línea de atención, revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia dentro de los hogares (…) y que Ciudad Juárez es el segundo municipio con mayores índices de violencia familiar de todo el país”. 

La Red Mesa de Mujeres asegura que tiene datos que indican que, de enero a octubre del presente año, 5,102 mujeres han presentado una denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía Especializada en la Atención de Mujeres Víctimas del Delito (FEM); además hubo 477 denuncias por abuso sexual y 399 por violación.

El pasado 20 de octubre, el Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal para sustituir el tipo penal “homicidio doloso por razones de género” (que existía desde 2017) por el término “feminicidio”, siendo así el último estado en incluir este tipo en su código penal.

De acuerdo con el dictamen que aprobó las penas por el delito de feminicidio irán de los 40 a los 70 años de prisión, además de contar con agravantes que pueden incrementarlas. 

En la capital del estado, se ubican otros cuatro refugios, pero para todos ellos sobrevivir con los apoyos de la Federación es imposible. Lidia Cordero, directora de la asociación civil Casa Amiga, indica que con las medidas de aislamiento social se están potenciando las expresiones de violencia y menciona que uno de los retos es hacerle llegar información de las líneas de atención y prevención de la violencia a la población más vulnerable de las periferias de la ciudad.

Claudia piensa que el albergue en el que está es lo más parecido al cielo, y es además el primer paso para hacer un cambio sustancial en su vida y sentirse libre.

—Por Yubia Ramos

EDOMEX: LABERINTO EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informa que el Estado de México ocupa el primer lugar con respecto al mayor número de presuntas víctimas de feminicidio a nivel nacional; es decir, 119 víctimas de enero a octubre de 2020. En este mismo periodo, la entidad ocupó la tercera posición con el mayor número de mujeres víctimas de homicidio doloso (222 víctimas).

Valeria está decidida. Hace apenas unos días tuvo una pelea con su marido, quien la corrió de su casa en plena contingencia por COVID-19. Acompañada por su vecina, quien ahora le da refugio, llega al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) de Ecatepec, Estado de México, dispuesta a levantar una denuncia y solicitar una orden de restricción que la proteja.

Son las 5:30 de la tarde del lunes 27 de abril, y Valeria que va con mascarilla, le teme más a cualquier agresión que pueda venir de su marido, que al coronavirus o a la Fase 3 de la emergencia sanitaria, que ese día acumulaba 1,434 defunciones.

Valeria se acerca a la puerta de entrada de la oficina pública y se topa con un primer obstáculo: un letrero escrito a mano que anuncia que el Cejum “está cerrado por motivos de sanitización”, a pesar de transcendidos que aseguraban que estaría abierto para dar atención continua 24 horas y 7 días de la semana, durante la contingencia.

Aún así, Valeria llama a la puerta y una vigilante entreabre para decirle que no hay servicio presencial y, además, durante la contingencia todas las denuncias que no sean de “alto impacto” se deben hacer por teléfono. “Pero ¿qué significa de alto impacto?”, pregunta. “Que hayan sido violadas o que vengan muy golpeadas”, responde la vigilante.

Pero Valeria llegó caminando, sin signos visibles de violencia, así que después de escucharla se aleja confundida. Piensa en sus alternativas, considera ir a otro Cejum, el más cercano se encuentra a unos 40 minutos de camino en auto, pasando por una caseta de cobro, y ella no tiene manera de trasladarse ni dinero. Toma una fotografía del número de teléfono de la Fiscalía, donde le dijeron que puede hacer su denuncia y se va.

Dos días después no ha logrado hacer la denuncia porque en el teléfono no le contestan en los horarios que tiene libres en su trabajo. Un mes y medio después, Valeria dice que no ha podido llamar ni volver al Centro porque ahora tiene que trabajar horas extras. Ha desistido.

En el Estado de México existen cuatro Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) coordinados por la Fiscalía del Estado, que tienen presencia de  agencias del Ministerio Público (MP) e instrumentan medidas y órdenes de protección; brindan asesoría jurídica, atención médica y psicológica, y cursos de empoderamiento, según el modelo establecido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Llegamos al Cejum de Cuautitlán Izcalli, el mismo 27 de abril, y hay una lista de espera con 24 nombres anotados. La vigilante informa que el horario es de 9 a 6 de la tarde, no las 24 horas prometidas. Las mujeres aguardan sentadas en las sillas de una sala improvisada al aire libre y no hablan entre ellas. 

Una pareja de padres acompaña a su hija de 16 años a levantar una denuncia en contra de su exnovio por violencia de género, cuentan. Vienen desde Santa Teresa, Huehuetoca, una colonia 24 kilómetros al norte de este centro. Allá, el MP local les dijo que no podía atender el asunto y que a donde debían ir era al Centro para Mujeres en Cuautitlán. Para llegar tomaron dos camiones en un trayecto que les llevó dos horas. 

Están ansiosos por iniciar la denuncia para que le den a su hija una orden de restricción en contra del ex, quien la acosa y amenaza incluso ahora que está refugiada en casa de sus padres. Temen por su seguridad y no pueden pedir otro día libre en el trabajo para acompañarla a hacer el trámite, por eso decidieron arriesgarse y romper la instrucción gubernamental de quedarse en casa.

Continuamos el recorrido el 29 de abril en el Cejum de Amecameca, que está vacío. El motivo no es difícil de adivinar, desde el inicio de la fase 3, el gobierno mexicano preveía que el mayor número de contagios se diera a finales de ese mes, pronóstico que claramente no se cumplió, pues las cifras han alcanzado el récord de 10 mil contagios al día, apenas a finales de noviembre. En el Centro, la abogada Graciela Galicia indica que solo están dando atención presencial a denunciantes que requieren de certificación “por ser víctimas de violación o lesiones”.

Y lo mismo sucede en el Cejum de Toluca, al otro lado del Edomex, donde la vigilante nos informa que está funcionando “a medias”, al tiempo que señala una hoja maltratada por el sol y la lluvia con el aviso de que solo se reciben denuncias presenciales de “asuntos de alto impacto”. En resumen, hay que llegar “violada” o “muy golpeada”, como dijo la primera guardia que atendió a Valeria en Ecatepec.

Así operaron los Cejum del Estado de México durante los primeros días de confinamiento y resguardo por el virus SARS-CoV2. Para finales de octubre de 2020, el Edomex era la segunda entidad con el mayor número de llamadas al 911 relacionadas con incidentes violentos contra mujeres, con 36,284.  Fue además, una de las 5 entidades con la tasa más alta, rebasando el promedio nacional: si en el país hubo 339 llamadas por cada 100 mil mujeres, en el Estado de México hubo 407

A esta cifra se suma el número de llamadas a la línea “Sin Violencia” habilitada por las autoridades estatales que en los primeros 18 días de contingencia (20 de marzo al 7 de abril) reportó un aumento del 64% en las llamadas, según sus propios datos. Las solicitudes de información, asesoría jurídica o atención psicológica casi se duplicaron y la violencia familiar fue la más recurrente.

Además, organizaciones como la Red Nacional de Refugios reportaron, a nivel nacional, el incremento de solicitudes de apoyo por violencia de género en más del 80%, durante el primer mes de confinamiento.

Por estas razones desde el Sistema las Naciones Unidas en México ha realizado en articulación con el Gobierno de México esfuerzos por promover acciones en la atención a denuncias telefónicas a través del 911 para ocuparse de la contingencia con perspectiva de género, asimismo, se ha hecho un llamado para financiar, prevenir, responder y recopilar en el marco de la campaña ÚNETE de este año. En ese sentido, el Observatorio Ciudadano de los Centros de Justicia para Mujeres considera que aún se requiere garantizar el acceso a la atención y protección de todas las mujeres y niñas que requieran los servicios de estos centros.

Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, cuenta que durante el primer mes de confinamiento, su organización realizó dos rescates a mujeres y sus hijos en el Edomex, “porque no recibieron la atención debida y a tiempo en los Centros de Justicia para las Mujeres”.

Aparte de los cuatro Cejum, el gobierno estatal anunció, como parte de la estrategia de ayuda la atención en las Puertas Violetas, un nuevo proyecto multidisciplinario con acceso a servicios integrales jurídicos, de salud y psicológicos, e incluso como vía de acceso a refugios.

El 27 de abril, cuando visitamos la Puerta Violeta, un anuncio de papel pegado en la puerta indicaba que, para prevenir los contagios de la COVID-19, “quedarán suspendidos de manera temporal los servicios de trabajo social, psicología y jurídico, ofrecidos en esta unidad, en el periodo del 24 de marzo al 20 de abril o hasta nuevo aviso”.

Sin embargo, cuando solicitamos la confirmación de esta información, la oficina de comunicación del municipio Nicolás Romero señaló que el anuncio no se refería a la Puerta Violeta. Según Dulce María Patlan Rivero, la Puerta Violeta no ha cerrado durante la contingencia sanitaria, aunque sí restringió su horario de atención presencial del 24 de marzo al 15 de abril, y después de ese periodo volvió al horario continuo 24/7. 

Los servicios se quedan cortos respecto las necesidades de las víctimas, pues en caso de ser necesario un refugio se debe llamar a la Línea Sin Violencia. ¿Y si quisiera presentar una denuncia formal? Tendría que hacerse en el MP o en uno de los Cejum, explican los funcionarios. Y así, otra vez el peregrinar de las mujeres en peligro.

Por Celia Guerrero

GUERRERO: EL ABANDONO DE LAS MUJERES INDÍGENAS

Un sábado de finales de mayo, Citlali, una joven nahua estudiante de bachillerato, recibió un mensaje en su celular, en el que le decían que fuera a Tlapa a revisar un problema con su número telefónico en un local comercial. 

Fue sola de su comunidad hacia la cabecera del municipio más grande de La Montaña de Guerrero, corazón de una región históricamente marginada. Justo cuando se acercaba al establecimiento de telefonía en el centro, un auto la interceptó y dos hombres se la llevaron.

Dos días después, una madre angustiada recibió instrucciones para ir a recoger a su hija al zócalo de Tlapa, acordonado por la pandemia de la COVID-19, que por esos días ya se había cobrado la vida de 16 personas y tenía contagiados a más de 40 habitantes de la Montaña. La madre esperó en las bancas, y su hija no llegó. 

Fue hasta el día siguiente cuando Citlali fue liberada en una calle del municipio de Huamuxtitlán, a unos 40 minutos de Tlapa. Su madre supo entonces que fue violada por dos hombres durante su captura, la cual se resolvió, además, con una cantidad de dinero de por medio. 

Aunque Citlali y su madre buscaron apoyo, el miedo a grupos criminales y la aquiescencia de autoridades locales las hizo abstenerse de poner una denuncia. Por eso su caso no aparecerá en ninguna estadística oficial. 

Mientras la línea 911 ha recibido 5,528 peticiones de ayuda de enero al 31 de octubre de 2020, según datos oficiales, pocas son de las regiones con mayor población indígena y afromexicana; pero según datos proporcionados por el gobierno local estas rebasan las 10 mil si sumamos las de abuso sexual, violación y violencia familiar. 

De la Costa Chica y de La Montaña “no tenemos tantas llamadas de auxilio al 911, nada más tenemos cuando ocurre un hecho (asesinato)”, nos dice en entrevista David Portillo Menchaca, titular de la Secretaría de la Seguridad Pública. El 40 por ciento de las atenciones del 911 han sido de Acapulco; y del 30 a 35 por ciento de Chilpancingo, la capital de Guerrero; del total de incidentes, menos de 20 por ciento llegará a una denuncia ante el Ministerio Público, estima el funcionario.

El 911 ha sido el programa más visible de la federación y del estado para monitorear la violencia contra las mujeres durante la pandemia y un medio para que las víctimas accedan a servicios de apoyo, pero las mujeres de comunidades indígenas, rurales y colonias urbanas de periferia están totalmente excluidas, señalan activistas y académicas.

Las mujeres indígenas y mujeres que viven en zonas rurales o asentamientos informales pueden enfrentar riesgos aún más elevados u obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales o para huir de situaciones de violencia, en particular, la violencia dentro del hogar durante el confinamiento.

“En la Montaña las mujeres no tienen facilidades de hacer llamadas. En muchos poblados no hay señal de teléfono, ni de internet, y a veces ni luz eléctrica debido a las lluvias que además deterioran los caminos de una geografía de por sí accidentada (…) y si una mujer llama para decir que el esposo la está golpeando, llega el comisario o la policía municipal, como la autoridad más cercana, y lo primero que hacen es meterlas a la cárcel para obligarlas a volver con sus parejas”, denuncia la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, quien lleva 20 años trabajando estos temas en la región.

Cuando las mujeres se sienten en riesgo, acuden a la comisaría, a la sindicatura o a las instancias de la Mujer, donde no las protegen, asegura Neil Arias, quien tiene documentados 42 casos de violencias contra mujeres y niñas, la mayor parte de finales de marzo a octubre, en el periodo de confinamiento. Incluye  tres desapariciones y 20 asesinatos en Tlapa, Cochoapa, Zapotitlán, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Atlamajalcingo, José Joaquín de Herrera y Olinalá.

Precisamente ONU Mujeres indica que las medidas de restricción significan mayores  obstáculos para acceder a servicios esenciales por parte de mujeres y jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación.

Para Viridiana Gutiérrez Sotelo, representante del Observatorio de Violencias de Género en Guerrero, y Rosa María Gómez Saavedra, exsecretaria de la Mujer, académica y feminista, es importante que funcionarias de primer contacto estén capacitadas para recibir  denuncias con eficiencia, para dar certidumbre a las mujeres, saber cómo ayudarlas y a dónde referirlas, y que la atención sea eficaz.

Por Lourdes Chávez

CDMX: TENER A TU AGRESOR SEXUAL EN EL ENCIERRO

Centros comerciales a oscuras, avenidas de cinco carriles desiertas, bares y restaurantes abaratando su comida. Las jacarandas que cada marzo comienzan a pintar de violeta la Ciudad de México empezaban a quedarse solas. Era el aviso de que el llamado a quedarse en casa iba en serio, y cuando Sofía se dio cuenta de ello, su alarma interior se encendió.

Ella llevaba seis años viviendo con una pareja que la violentaba psicológica y emocionalmente al hacerla sentir menos en cada comentario. Su agresor se drogaba dentro de la casa frente a sus hijos, al grado de que el menor lo imitaba poniéndose un papel en la nariz con su manita. Sofía también vivía violencia económica: sus hijos rara vez tomaban leche o comían huevo. Y también violencia sexual: “Estoy contigo, ahora voltéate y compláceme. Quisiste que me quedara en casa ¿no?; pues ahora bésame, acuéstate. Haz esto y haz lo otro”, le decía su agresor mientras la violaba.

Llegamos a Sofía a través de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y su caso en este encierro, puede ser el de miles de mujeres para quienes la COVID-19 ha sido una doble amenaza. 

La violencia sexual en el hogar no es únicamente la posibilidad de una violación, y en una situación de confinamiento, este delito ha tendido a dispararse. “Cuando a una mujer le empiezan a tocar sus partes íntimas, el pecho; a besarlas o a tocarles sus genitales por la fuerza implica un ataque; y, por lo general, esta conducta no se da de forma aislada, sino que ocurre en un contexto de agresión psicoemocional en el que se viene devaluando a la mujer y se minimiza todo lo que hace”, explica Laura Martínez, directora y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac).

En condiciones de encierro la violencia sexual comenzó a reproducirse, y si en ciertas familias esto ya estaba ocurriendo antes de la pandemia “ahora está peor”, dice Martínez.

“La violación es una de las formas de violencia sexual más extrema, pero puede haber otras de tipo verbal, en las que los hombres insultan a las mujeres con frases como “estás muy gorda’, ‘estás muy fea el día de hoy, ¿por qué te arreglaste así?’; y eso también es violencia”, enfatiza Laura Martínez. 

La violencia sexual es un fenómeno que viene creciendo en la Ciudad de México en los últimos tres años. De enero a octubre de 2018 se registraron 3,624 carpetas, mientras que en el mismo periodo de este 2020 ya se han acumulado 5,376, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que significa un aumento de 48 por ciento, casi el doble.

La Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó el 23 de marzo, y la cifra de carpetas de investigación por violencia sexual alcanzó el pico máximo justo ese mes con 854 carpetas. El comportamiento mes con mes ha variado de 354 a 567 mensuales; pero en octubre se registró el segundo pico más alto con 611 carpetas de delitos de tipo sexual que puede incluir abuso, acoso, hostigamiento y violación. 

Para la especialista de derechos de género, Lucía Melgar, las cifras podrían ser mucho más altas, ya que factores como el miedo al contagio, la falta de capacidad económica, y el mismo acoso, control y vigilancia contra las mujeres por parte de sus agresores, podrían estar impidiendo que ellas salgan a poner sus denuncias.

“La primera cosa que controla un violentador es la comunicación de las mujeres con el exterior. No solo las apartas de su familia y sus amistades, sino que les puede quitar el teléfono, o revisar la computadora”, agrega Melgar, quien ha sido coordinadora de investigación y proyectos en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colmex. 

A finales de marzo, cuando se declaró el inicio de la emergencia sanitaria, Sofía se armó de valor y acudió a uno de los centros de atención de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX llamados Lunas. Ahí pidió ayuda y fue canalizada a un refugio de la propia institución, donde permaneció bajo resguardo, recibió apoyo psicológico y protección junto con sus dos hijos.

Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres, explica en entrevista que existen otros indicadores —más allá del número de denuncias— que pueden estar representando un mayor riesgo para las mujeres que ya vivían en contextos de violencia. En las llamadas Lunas —en las cuales se atienden unos mil casos en promedio cada mes—, se hace un perfil de cada mujer para elaborar un tamizaje de riesgo, que es una evaluación del contexto de la mujer y las manifestaciones de violencia en su relación, con el fin de prevenir el feminicidio. En este se combinan dos elementos: los rasgos de vulnerabilidad de la mujer y el perfil del agresor.

“Un factor de riesgo sería que el perfil del agresor sea el de una corporación policiaca o de seguridad, o practique algún deporte de contacto. Y un factor de vulnerabilidad es que por ejemplo la víctima no tenga empleo. Combinados los dos, damos un nivel de riesgo”, explica la funcionaria. 

La dependencia tiene uno de los cinco presupuestos más bajos de todas las secretarías del Gobierno de la CDMX. Este 2020 se aprobó un monto de 226,757,892 pesos; y ahora en medio de la pandemia ha mantenido abiertas 16 Lunas, una en cada alcaldía, de un total de 27 que normalmente funcionan.

El trabajo de las Lunas consiste en ofrecer una atención integral a las mujeres que acuden con el principal objetivo de prevenir el feminicidio. Durante la pandemia, han tratado de hacerlo vía remota, por videollamadas, pero las mujeres que han llegado a las Lunas bajaron de un promedio mensual de mil a 306 en abril. Con el confinamiento, el riesgo feminicida crítico para las mujeres, se detonó de un 8 por ciento, registrado en enero, a más del 10% en el periodo de marzo a junio de 2020, según datos de Semujeres.

Sofía, permaneció bajo resguardo en un lugar secreto y cuya identidad no revelamos por su seguridad, nos dijo que piensa estudiar y trabajar para tener una autonomía y no depender de un hombre para salir adelante y mantener a sus hijos.

—Por Nadia Sanders

***

*Este texto fue elaborado como parte del trabajo de la Iniciativa de la ONU y la Unión Europea “Spotlight en México”. Las opiniones expresadas son exclusiva responsabilidad del equipo de periodistas y no necesariamente representan la opinión de las instituciones que forman parte de la Iniciativa Spotlight.

**Coordinación y edición: Karla Casillas Bermúdez. Asesor periodístico: Salvador Frausto. Ilustraciones: Adán Vega.


[1] De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 23 por ciento o 727 de los 3185 asesinatos (suma de presuntas víctimas de feminicidio y homicidio doloso) ocurrieron en Guerrero, Edomex y Chihuahua.

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