Durante el sexto día del juicio oral contra el padre Aristeo, acusado de violación y abuso sexual, el Ministerio Público se desistió de la comparecencia de otros testimonios; Tribunal llama a la defensa para presentar a sus testigos y pruebas
Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad
El vicario General de la Diócesis de Ciudad Juárez, José René Blanco Vega, no se presentó a declarar en el juicio oral que se sigue al sacerdote Aristeo Trinidad Baca, acusado de violación y abuso sexual en contra de una niña de su feligresía. El Tribunal de Enjuiciamiento se negó a ordenar que el jerarca católico comparezca de forma obligatoria, debido a un tecnicismo.
El testimonio de monseñor Blanco Vega fue solicitado por la asesora jurídica de la víctima y debería haber sido escuchado por el Tribunal este 2 de febrero, sexto día del juicio oral instruido a Aristeo, quien se presume inocente
El lunes pasado una agente ministerial, a cargo de la unidad 2208 de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género (FEM), le entregó el aviso de forma personal al vicario en la parroquia Nuestra Señora de la Paz en el fraccionamiento Pradera Dorada, señaló la asesora jurídica de la víctima en la audiencia pública.
En ese documento se informaba al vicario que debería presentarse este 2 de febrero al juicio oral, dijo la asesora al Tribunal de Enjuiciamiento, para posteriormente solicitarle a los tres jueces que lo integran –Carlos Jaime Rodríguez García, Florina Isela Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández– que se utilice la fuerza pública para llevar a Blanco a la sala de audiencias en calidad de testigo.
Sin embargo, el presidente del Tribunal, Carlos Jaime Rodríguez García, señaló que en el Acuerdo emitido el 26 de noviembre del 2020 por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua se dio a conocer que todos los intervinientes en un juicio oral deben proporcionar medios “telemáticos para notificaciones”. Esto es correo electrónico, número de teléfono y otro medio tecnológico de cada testigo para facilitar las notificaciones respetando la sana distancia impuesta por la pandemia del COVID-19.
Tanto la agente del Ministerio Público a cargo del caso, como la asesora jurídica, los abogados defensores y el propio Aristeo fueron avisados de ese Acuerdo el 7 de diciembre del 2020. Pero solo la primera de ellos respondió al Tribunal proporcionando los datos requeridos de cada testigo.
La asesora jurídica no facilitó al Tribunal los medios “telemáticos” del vicario de la Diócesis –su único testigo– dijo el juez Rodríguez, al precisar que contó con tres días para hacerlo. Por ello –indicó el juzgador– el Tribunal no está obligado a llevar a Blanco Vega hasta el estrado para que rinda declaración.
El presidente del Tribunal también reconoció que esa autoridad si tenía la dirección y el número telefónico del vicario.
El juez presidente decreto un receso en el juicio, hasta este miércoles 3 de febrero a las 9:30 para que la Asesoría Jurídica de la víctima localice y lleve a declarar al vicario de la Diócesis.
De no hacerlo, se tendrá a la Asesoría como desistiéndose de la declaración de José René Blanco Vega, resolvió el Tribunal.
Este martes el único que se presentó al juicio fue el directo del Cereso 3 de Ciudad Juárez, José Antonio Molina García. Él fue interrogado por la fiscal entorno a un oficio que emitió en el 2019, relativo a quiénes pueden ingresar al penal para visitar a los internos y cuáles son los requisitos.
El funcionario indicó que solo se permite la entrada familiares directos, incluidas personas menores de edad, tanto para personas sentenciadas como para quienes esperan el desarrollo de los procesos penales.
Al parecer el testimonio de Molina García pretende unirse a la declaración de dos agentes de la Policía Procesal que solo declararían en caso de que el Tribunal de Enjuiciamiento encuentre que el párroco Aristeo es culpable de los delitos que le atribuye la FEM, explicaron personas cercanas el juicio oral.
Este 2 de febrero en la diligencia la agente del Ministerio Público se desistió de presentar e interrogar a cuatro testigos. Se trata de dos vecinas de la parroquia Santa María de la Montaña –a la cual pertenece la casa parroquial donde presuntamente fue violada la niña–, quienes dieron una entrevista ministerial el 12 de febrero del 2019; así como una maestra que visitó a Aristeo en unas 10 ocasiones, en el domicilio donde permanece bajo arraigo, así como de la coordinadora de Trabajo Social del Cereso 3 de Ciudad Juárez.
Después de interrogar al director del penal y tras desistirse de esos testigos, la agente del Ministerio Público dio por concluido el desahogo de sus testigos. Por ello, la abogada que representa a la Asesoría Jurídica de la víctima pretendió este martes iniciar con su prueba, básicamente la declaración del vicario de la Diócesis de Juárez.
El Tribunal de Enjuiciamiento exhortó a los abogados defensores de Aristeo para que este miércoles 3 de febrero tenga listos a sus testigos pues corresponde a ellos iniciar con su prueba.
El equipo de abogados del religioso cuenta con 19 testigos, pero unos nueve de estos fueron ofrecidos por el Ministerio Público y ya comparecieron al juicio o bien son parte de los que retiró la representación social este 2 de febrero. El padre Aristeo se presumen inocente hasta que el tribunal determine lo contrario.
El juicio oral contra el presbítero inició el pasado 25 de enero con la declaración de la víctima y la mamá de ella. Al día siguiente, el papá y la hermana de la víctima también dieron su testimonio.
El Tribunal también escuchó a tres peritos, dos psicólogas forenses y una médica legista; esta última dijo a los jueces que encontró en el cuerpo de la niña datos compactibles con una violación. El agente ministerial que llevó la investigación y dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra el sacerdote, también subió al estrado y entre los datos que aportó dijo que el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, presuntamente estaba enterado de lo que cometió el párroco.
El activista y exsacerdote que ha luchado contra la pederastia clerical en México y en el mundo, Alberto Athié Gallo, también habló ante el Tribunal. Él se refirió a la protección que históricamente ha brindado la iglesia a favor de sacerdotes que cometen abusos sexuales.
Una mujer que señala haber sufrido abuso sexual por parte del clérigo también rindió declaración, así como la supervisora regional del Departamento de Ejecución de Penas y Prevención Social Zona Norte, Carol Josefina C.R.
Aristeo Baca, quien en septiembre próximo cumplirá 77 años, está acusado de haber cometido dos violaciones y un abuso sexual contra una menor. En la acusación presentada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delitos por Razones de Género (FEM) se establece que una violación se comentó a finales de diciembre del 2015 en el interior de la casa parroquial ubicada en la calle General Lorenzo Avalos, de la colonia Santa María, cuando la víctima tenía apenas 8 años.
El abuso sexual al parecer fue perpetrado por el sacerdote en septiembre de 2016 también en la casa parroquial y al momento que la niña contaba con 9 años y una segunda violación presuntamente sucedió el 28 de enero del 2018, en el mismo lugar. Para ese año, la víctima tenía 10 años, de acuerdo con datos oficiales.
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