En El País

El “pinche coscorrón” que tiene a Marín con un pie en la cárcel

Mario Marín. Fotografía: Tomada de su cuenta en Facebook

El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres fue detenido en Acapulco por la Fiscalía General de la República y trasladado a Quintana Roo, para enfrentar un juicio acusado por torturar a la periodista Lydia Cacho

Ernesto Aroche Aguilar / LadoB

Casi 14 años pasaron para que Mario Marín Torres, el autor de la frase: “ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”, refiriéndose a la periodista Lydia Cacho, fuera detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue el 14 de febrero del 2006 cuando en las páginas del diario La Jornada, y un poco más tarde en el espacio noticioso que dirigía Carmen Aristegui se escucharan las voces del entonces gobernador de Puebla y el empresario textilero Kamel Nacif Borge festejar la detención de la periodista en Cancún y su traslado a Puebla, en donde fue objeto de tortura por parte de policías estatales.

Y lo que no pudo la justicia formal, que se resistió a sancionar al priista en su momento, lo hizo la justicia popular, tatuándole el apodo que desde entonces sigue al poblano: el góber precioso, mote que, por cierto, le asignó Nacif Borge.

Así inició aquella conversación que cimbró el gobierno del priista, el último gobernador abanderado por el partido tricolor en Puebla:

—Quiúbole, Kamel.

—Mi góber precioso.

—Mi héroe, chingao.

—No, tú eres el héroe de esta película, papá.

La detención y los que siguen prófugos

Catorce años pasaron, o casi. Ayer Mario Marín Torres fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con lo publicado por el portal Animal Político, el exmandatario poblano fue localizado por un grupo de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, que lo ubicó en la casa de un familiar, “un lugar modesto”, y solicitó una orden de cateo a un juez de la localidad.

La orden de aprehensión fue girada por la magistrada María Elena Suárez Préstamo, del primer Tribunal Unitario con sede en Cancún, por la acusación de la periodista Lydia Cacho Ribeiro quien sostiene que Marín Torres, junto con el empresario Kamel Nacif y el exdirector de la policía judical de Puebla, Adolfo Karam, fueron los autores intelectuales de la detención ilegal y la tortura de la que fue objeto en diciembre del 2005.

A mediados del año pasado el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aseguró en el espacio que conduce Carmen Aristegui, que Kamel Nacif se ubicaba en el extranjero, en Líbano, y que incluso estaban tramitando su extradición a México, pero que se trata de un proceso complejo por la falta de acuerdos con ese país. Hasta la fecha Kamel Nacif sigue prófugo.

Mientras que de la posible ubicación de Adolfo Karam, ex director de la policía durante el sexenio en que gobernó Mario Marín, no se tienen noticias.

Tras la detención, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta tuiteó desde su cuenta que esperaba que “la justicia se aplique con rigor”.

Horas más tarde Lydia Cacho dijo en tuiter: “La ⁦@FGRMexico me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos.”

Un concierto de complicidades

La grabación y publicación de la llamada fue un misil dirigido que pegó en la legitimidad del gobierno marinista.

Puso en el foco público la manera en que el poder político se usa para castigar a los enemigos de los amigos, de los aliados, de los compinches. Kamel Nacif no era un empresario cualquiera, había participado en el financiamiento de la campaña de Marín y tenía derecho de picaporte.

La llamada generó una crisis política que acabó con las aspiraciones del hombre que se soñó en el espejo de Benito Juárez: el hombre de origen indígena que logró romper con el lastre histórico y se forjó una carrera en el poder.

En las calles se pidió juicio político, se pidió la cárcel para el que torció la ley y protegió a sus promotores, aun a costa de las víctimas de pornografía infantil y las redes de trata y explotación sexual que denunció Cacho Ribeiro en su libro Los demonios del edén, en donde se menciona a Kamel Nacif y a su paisano Jean Succar Kuri como parte de las redes.

Pero nada se logró. Ni siquiera cuando el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se habló de “un concierto de complicidades”, cuando se mostró cómo se movió el aparato estatal para castigar a la periodista.

Ahí, incluso las redes de poder del exgobernador lo protegieron de la tesis que presentó el ministro Juan Silva Mesa, se reconoció la violación de los derechos humanos de la periodista, pero se exoneró a Marín y su gobierno, no hubo, dijeron, “evidencias suficientes”.

Hoy, Marín va de nuevo a juicio. Y si bien ya no tiene un aparato estatal y político que lo proteja, las redes de poder que tejió durante su mandato lo habían mantenido a salvo, incluso más allá de Puebla, pues el juicio y la acusación de tortura que hoy lo tienen cerca de pisar la cárcel se siguieron en el poder judicial de Quintana Roo.

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