Elecciones 2021

Chihuahua, el desafío a gobernar

Fotografía: Tomada de Webcams de México

El desafío para el que resulte el elegido el próximo 6 de junio como gobernador del estado de Chihuahua es enorme: rezagos y desigualdades heredadas en un territorio de contrastes, la violencia incontenible, la pobreza, la pandemia del COVID-19 y el combate a la corrupción, con su deuda pública que se eleva a más de 50.5 mil millones de pesos

Rocío Gallegos e Itzel Ramírez / La Verdad

El estado de Chihuahua se encuentra desde este día en el centro de una disputa electoral que sostienen cuatro candidatas y cuatro candidatos –algunos en alianzas políticas– en busca de encabezar un gobierno para más de 3.7 millones personas, por los próximos seis años.

El desafío para el que resulte el elegido el próximo 6 de junio como gobernador del estado más extenso de México es enorme: enfrentar los rezagos y desigualdades heredadas en un territorio de contrastes conformado por 67 municipios, la violencia incontenible, la pobreza, la pandemia del COVID-19 y el combate a la corrupción, desde una administración con un presupuesto mermado por su deuda pública que se eleva a más de 50.5 mil millones de peso

Desde este día veremos a ocho contendientes, en representación de 11 partidos, recorrer el territorio estatal – de 247 mil 544 kilómetros cuadrados – con promesas para obtener el voto de los electores: Juan Carlos Loera de la Rosa, por ‘Juntos Haremos Historia’, una alianza de Morena, PT y Panal; María Eugenia Campos Galván, de ‘Nos Une Chihuahua, alianza del PAN y el PRD; Alfredo Lozoya, por Movimiento Ciudadano; y Brenda Ríos, del PVEM.

También Graciela Ortiz, del PRI; Alejandro Díaz, de Fuerza con México; Carlos Arrieta, de Encuentro Social, y María Eugenia Baeza, de Redes Sociales Progresistas.  

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En la historia reciente, el estado de Chihuahua ha sido encabezado por gobiernos emanados del PRI y el PAN.

En los 60 días de campaña, los candidato encararán los reclamos ciudadanos con propuestas para enfrentar los retos del nuevo gobierno.

Aunque los retos son muchos, La Verdad detalla los principales desafíos que se traducen en problemáticas para los chihuahuenses y que deberá atender el ganador de esta contienda:

1. Deuda pública

Imagen: Tomada de Internet

Uno de los principales problemas que enfrentará la próxima persona que gobierne Chihuahua es sin duda el de la deuda pública que, a pesar de un ejercicio de reestructura, creció a niveles históricos durante el mandato de Javier Corral Jurado.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referente al último trimestre de 2020, los pasivos de la entidad suman 50 mil 507 millones 990 mil 510 pesos, considerando tanto la deuda del gobierno estatal como la de sus organismos públicos.  

Al inicio del actual periodo de gobierno, en octubre de 2016, la deuda ya estaba en sus más altos puntos, con un acumulado de 49 mil 47 millones 821 mil 455 pesos como resultado de la administración del priista César Duarte.

Los datos del Registro Público Único de la SHCP muestran que el endeudamiento de la entidad tuvo su más fuerte crecimiento en los dos últimos años de gobierno de Duarte, al pasar de 41 mil 284 millones 29 mil 300 pesos a inicios de 2015 a los más de 49 mil con que cerró su sexenio.

Desde su campaña a la gubernatura, Corral se comprometió a disminuir la deuda, a no solicitar más créditos y a implementar medidas de austeridad y racionalidad del gasto público para disminuir los pasivos de la entidad.

Sin embargo, el mandatario panista recurrió a varias solicitudes de créditos, incluido el del pasado enero, cuando el Congreso rechazó la aprobación de un financiamiento por mil 898 millones de pesos.

La información de la Secretaría de Hacienda estatal muestra que durante 2019 y 2020, el gobierno de Chihuahua solicitó 18 créditos de corto plazo -que no necesitan autorización legislativa- por un total de cuatro mil 900 millones de pesos. La solicitud de créditos de este tipo fue una constante de la administración de Corral, especialmente para hacer frente a los pagos de prestaciones y a proveedores a finales de año.

Durante su último Informe de Gobierno en febrero pasado, Corral dijo que su gobierno había hecho un manejo responsable de las finanzas estatales y que dejaría una deuda de 47 mil 684 millones de pesos; sin embargo, hasta la fecha esa reducción no se ha concretado.

Desde 2018, el gobierno estatal inició un procedimiento para reestructurar la deuda pública, con el objetivo de obtener mejores plazos y tasas de interés; sin embargo los resultados no se tradujeron en disminución de los pasivos ni de los servicios de la deuda.

Actualmente, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, Chihuahua es la tercera entidad más endeudada del país, la tercera en relación al ingreso per cápita, la tercera en términos de ingresos totales y la primera en proporción a su Producto Interno Bruto.

2. Inseguridad

Fotografía: Archivo-La Verdad

La violencia, uno de los principales problemas que impactan a los chihuahuenses, se heredará desbordada al nuevo gobierno.

Tan solo durante la actual administración se acumulan más de 10 mil homicios dolosos en el estado, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Chihuahua al mes de febrero.

El duelo por los asesinato, sin embargo, no es lo único que ha trastornado la vida de los juarenses, miles enfrentan también el sufrimiento por plagios, extorsiones, desapariciones, masacres y la separación de familias debido a que muchos huyeron de la violencia sin que hasta ahora hayan retornado.


Peor aún, miles de esos delitos están en la impunidad y sus víctimas en espera de justicia.

Ante este panorama, Oscar Maynez Grijalva, criminólogo y profesor universitario, dice que son muchos los retos en materia de seguridad pública para el nuevo gobierno, que heredará problemas arraigados como la corrupción y la expansión del crimen organizado, que en el caso del que opera en el estado está conectado con las mafias en otros estados y en el extranjero.

“No se pueden arreglar las cosas de la noche a la mañana” advierte, “pero de que se puede mejorar (la situación), se puede mejorar, usando estrategias probadas, utilizando tecnologías, poniendo gente capaz, haciendo nombramientos confiables en instituciones claves, despolitizando la seguridad”.

Los focos rojos son Ciudad Juárez, la Sierra Tarahumara, el occidente y noroeste del estado. A donde se enfocó la estrategia en esta administración y de donde los cuerpos policiacos se han replegado, abatidos por grupos armados.

En el occidente y noroeste ni siquiera se pudo mantener la intervención estatal en policías municipales, como se estableció por el decreto oficial 80/2017, por “el conocimiento de la población y de las autoridades que el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo a los desplazamientos de grupos armados”.

La violencia, sin embargo, persistió en las diversas regiones pese a planes, intervención y transformación de corporaciones de seguridad con las que se ha buscado fortalecer las labores policiacas, como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua creada en enero del 2020.

Desgraciadamente dice Maynez Grijalva en el sistema político mexicano se le apuesta al olvido. Entre un gobierno y otro, no hay continuidad ni estrategia.

¿Se va cambiar con el nuevo gobierno? Se pregunta y si responde que no. Considera, sin embargo, que pueden mejorar las cosas, por lo que pide estar atenta a las estrategias o planes de los candidatos antes este desafío.

3. La lucha contra la corrupción y el caso Duarte

Imagen: Gobierno de Chihuahua

El combate a la corrupción, en específico a la cometida en el sexenio de César Duarte, ha sido una de las principales banderas del actual gobierno que sin duda se heredará a la nueva administración.

La investigación y judicialización de los actos de corrupción presuntamente cometidos por Duarte, integrantes de su gabinete, legisladores, magistrados, empresarios y líderes religiosos fue encuadrada en la ‘Operación Justicia para Chihuahua’, que hasta enero de 2021 había recuperado 643.9 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por Corral en su último Informe de Gobierno.

El caso más emblemático de la operación se encuentra en espera de la resolución de la jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, Lauren Fleischer, quien determinará si se concede la extradición del exgobernador César Duarte a México, donde enfrenta 21 órdenes de aprehensión por peculado electoral, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y defraudación.

Precisamente la extradición de Duarte ha sido otro de los compromisos más importantes de Javier Corral que hasta el momento no se han cumplido.

La estrategia jurídica, en la que participan la Fiscalía General del Estado, la Consejería Jurídica y las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, ha llevado al ejercicio de la acción penal de 41 personas, 85 órdenes de aprehensión y al aseguramiento de 87 inmuebles, entre los que se encuentran algunos del exgobernador.

En octubre de 2020, Corral señaló que el combate a la corrupción duartista está en riesgo de frenarse si su sucesor no continúa con la estrategia.

“Esta operación no debe arriesgarse, sería una enorme pérdida que en la renovación de la gubernatura tuviéramos un retroceso y que mediante una mala elección de candidato no solo se le abra la puerta a los corruptos, sino que vuelva la corrupción misma”, dijo Corral durante el Encuentro Nacional Anticorrupción 2020.

La declaración de Corral está ligada a la selección de candidatos para las elecciones de 2021, en donde participan varios personajes involucrados en el esquema de ‘nómina secreta’ de Duarte, que a través de sus funcionarios entregaba dinero y contratos a varios personajes, de acuerdo con las investigaciones de la FGE.

Entre los participantes están Armando Cabada, alcalde con licencia de Juárez y aspirante a diputado federal por Morena; Cruz Pérez Cuéllar, candidato a la presidencia municipal juarense y senador con licencia, también de Morena; y María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura y alcaldesa con licencia de Chihuahua.

El caso de Cabada ya se encuentra terminado, debido a que el alcalde con licencia aceptó su participación en el esquema y devolvió 4.3 millones de pesos recibidos de Duarte.

El pasado 1 de abril un juez de control determinó la vinculación a proceso de Campos Galván por el delito de cohecho, junto a los exdiputados María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa, todos acusados de recibir dinero público a cambio de votos favorables a Duarte en el congreso local.

4. Migración

Fotografía: Archivo-La Verdad

Desde finales del 2018, Chihuahua pasó de ser una ruta de migrantes a la ‘sala de espera’ de Estados Unidos.

El fenómeno migratorio en la ciudades de la región fronteriza del estado, principalmente en Ciudad Juárez, se transformó con la llegada de miles de extrajeros que buscan cruzar a Estados Unidos y con el creciente número de migrantes retornados por el gobierno de ese país.  

La situación convirtió a Juárez  en un punto de concentración masiva de migrantes que llegan principalmente de países centroamericanos, como Guatemala, El Salvador y Honduras, así como de estados del sur de México, como Michoacán y Guerrero; además, del flujo que se envió desde Estados Unidos, primero bajo el Protocolo de Protección de Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) y luego los retornados bajo el Título 42.

Rodolfo Rubio, investigador en el Colegio Chihuahua (Colech) y estudioso de movimientos de migrantes dice que el principal desafío ante el fenómeno migratorio es que es muy dificil saber de la cantidad de personas que arriba a la entidad y permanece de manera temporal.

Comenta que ese dato es esencial para tener una idea clara de los recursos requeridos para atender a esos grupos de personas desplazándose.

Sin embargo, ante la incertiduembre que genera los miles de personas desplazandose por el estado Rubio comenta que el nuevo gobierno recibirá los cimientos de lo ahora se llama gobernanza migratoria.

Se refiere a la cooperación y vínculos establecidas entre instancias migratorias y las instituciones de gobierno, con asociaciones civiles, los empresarios y académicos que se desarrollo para atender la contingencia.

“Hay un sustento más o menos claro para atender las emergencias que se vayan presentando” indica, “aquí el tema muchas veces es cómo cambia ese flujo, de las cantidades de personas que hay que atender y las características que van presentando esas personas, si son solicitantes de asilo, si se trata de personas que se acercan a la frontera para intentar el cruce, si se trata de niños o niñas no acompañadas que hacen el cruce, pero sus padres se quedan de lado mexicano”.

Lo que se espera es que los cambios de gobierno no alteraran estos vínculos que existen ya para atender los flujos migratorios, es decir que el próximo gobernador tenga la sensibilidad para atender este fenómeno.

5. Reconfiguración política

La renovación de las 67 presidencias municipales en Chihuahua y de la legislatura local pintarán un nuevo escenario político para quien resulte ganador de la contienda por la gubernatura estatal.

Las elecciones federales y locales de 2018 consiguieron, como nunca antes, el avance de un partido de izquierda en Chihuahua, donde Morena, PES y PT en alianza consiguieron 14 curules que, en los hechos, no pudieron traducirse en una mayoría para el avance de la agenda del partido de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de haber tenido más diputados del PAN que de oposición en el Congreso, el gobierno de Corral fracasó para sacar adelante algunas de sus principales iniciativas, como la reforma política que buscaba implementar elecciones primarias obligatorias para los partidos políticos, un crédito de 1.8 mil millones de pesos o la ley para regular la asignación de publicidad oficial.

Además de enfrentarse a nuevas autoridades, el gobierno estatal que asuma en 2021 habrá de atender varios conflictos iniciados en varios territorios de la entidad durante el gobierno de Corral.

Uno de ellos, con repercusión a nivel nacional, fue el enfrentamiento entre líderes, campesinos, elementos de seguridad pública y funcionarios por la extracción de agua de las presas de Chihuahua para el pago del Tratado Internacional de Aguas.

El conflicto, que llegó a la toma de las instalaciones de las presas de La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes, escaló el 8 de septiembre pasado, cuando Jessica Silva fue asesinada presuntamente por elementos de la Guardia Nacional tras haber participado en una protesta por el desfogue del líquido.

El enfrentamiento llevó a que Corral y el presidente López Obrador se acusaran uno a otro de usar el conflicto para beneficio político y a que se rompieran relaciones institucionales en materia de seguridad pública.

En la última visita del presidente, ambos mandatarios acordaron reinstalar la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz con la presencia de autoridades de todos los niveles; el descontento y los señalamientos acerca de la insuficiencia de agua para este ciclo agrícola se mantienen.

El inicio en Ciudad Juárez de los trabajos de varias obras públicas de manera simultánea y a meses de que termine el gobierno de Corral también ha desatado protestas y manifestaciones de algunos ciudadanos que están en contra de las inversiones por las molestias y las repercusiones que, aducen, tendrán en la movilidad del municipio.

Principalmente, las manifestaciones han sido en contra de los trabajos para el Bravobús, el sistema de transporte semimasivo que atraviesa una de las principales vías de Juárez. Colectivos ciudadanos y partidos políticos se han manifestado en contra de los trabajos que han entorpecido el tránsito y que iniciaron en agosto del año pasado.

Las iniciativas para una reforma a la coordinación fiscal también habrá de ser atendida, debido a que la queja del mandatario actual es que a Chihuahua la Federación le regresa apenas una pequeña parte de lo que la entidad recauda.

contacto@laverdadjuarez.com

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