Opinión

Decir la Verdad

Preocupa que los reportes internacionales de violación a los derechos humanos en México persistan en un gobierno que, de manera reiterada dice ser escrupulosamente respetuoso de esos derechos, cuando la realidad exhibe lo contrario, en particular contra periodistas y defensores

Javier Cruz Aguirre

Hablemos con sinceridad. La tradición histórica de la relación gobierno-prensa en México, resumida en diversos estudios académicos y análisis hechos por especialistas en medios de comunicación social, nos habla de la asociación perversa que propicia el acceso generoso y poco transparente a recursos del erario –por parte de los periodistas–, con el alcance de diversos objetivos políticos, sociales y económicos –no necesariamente lícitos o éticos– por la contraparte gubernamental.

Quien ha leído el libro “El Vendedor de Silencios”, del escritor mexicano Enrique Serna, editado por Alfaguara y con argumento centrado en la vida de quien Julio Scherer García calificó como “el mejor y el más vil de los reporteros” –Carlos Denegri–, conoce y comprende las consecuencias de esta insana relación que tiene sus raíces en 1896, cuando el gobierno del dictador Porfirio Díaz patrocinó la aparición de la primera rotativa en México en la que se imprimió el periódico “El Imparcial”, a cargo del entonces secretario de Hacienda, José Ives Limantour.

Aquella inversión oficial se justificó diciendo que servía para dar paso a la industrialización de la prensa. En realidad, se trató de un retroceso a la autonomía funcional del naciente periodismo mexicano, ya que mientras en naciones desarrolladas la masificación de los periódicos sirvió para que los periodistas –y los dueños de medios– se independizaran del poder político, mediante el uso de publicidad oficial y privada, en México el hecho sentó las bases de la perversa protección económica de los medios a través del presupuesto público.

Hoy en día todos los mexicanos pagamos las consecuencias de tan funesta relación: desvío de recursos, colusión y soborno; clientismo, tráfico de influencias, así como abusos de funciones y atribuciones públicas, por nombrar algunos de sus frutos más amargos.

Asimismo, está el hecho de que la prensa servil y corrupta igualmente se dedica a publicar contenidos en donde dominan las verdades a medias, las notas descaradamente falsas o imprecisas, o sustentadas exclusivamente en dichos, acciones e imágenes de miembros de la clase política, con lo que se aleja de la función social de informar de los sucesos cotidianos que aportan a la formación de ideas y opiniones humanistas, de aplicación universal.

Sin argumentación objetiva de por medio, estos periodistas, sus directores y colaboradores, se dedican a emitir juicios sumarios en contra de quienes esgrimen ideas y proyectos distintos a los de sus patrocinadores –pertenecientes a los poderes facticos u oficiales-, y enarbolan banderas de libertad y justicia cuando en realidad reprimen o censuran desde sus medios.

Y lo hacen aun cuando saben que están encubriendo información del quehacer político y que difunden opiniones –sea por conveniencia o connivencia– que resultan favorables a sus objetivos.

De todo esto hay constancia a lo largo de los 71 años de poder del otrora invencible Partido Revolucionario Institucional (PRI), los 12 años de gobierno presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), y el regreso del priismo en el sexenio 2012-2018.

Otra ha sido la historia del periodismo que confronta y critica el quehacer de los poderes fácticos.

A esa clase indomable, creativa, valiente y ejemplar del periodismo nacional, que se identifica con la fragilidad de los activistas y defensores de los recursos naturales, el patrimonio natural, las libertades y los derechos humanos y constitucionales, el poder oficial y fáctico –entre ellos el periodismo servil, clientelar y corrupto– se encarga de reprimirlo, secuestrarlo, desaparecerlo e incluso asesinarlo.

Organizaciones nacionales e internacionales que se dedican a la protección de los periodistas y activistas sociales, año con año investigan, elaboran, denuncian y emiten recomendaciones al Estado mexicanos con el objetivo de acabar con las múltiples violaciones a los derechos de estos mexicanos ejemplares.

Por ejemplo, en marzo del 2018, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS), en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México en el año 2017 –el quinto del priista Enrique Peña Nieto–, destacó que “la impunidad en materia de abusos a los derechos humanos persistió en todo el país, con tasas de enjuiciamiento extremadamente bajas para todos los delitos”.

Específicamente en el tema de libertad de expresión, derecho a la información y libertad de prensa, el DOS destacó:

“Los actores de la violencia contra periodistas actuaron con impunidad, lo que alimentó nuevos ataques, hostigamiento e intimidación. Según Article 19, una ONG de libertad de prensa, la tasa de impunidad por crímenes contra periodistas era de 99.7 por ciento. Los 276 ataques contra periodistas en los primeros seis meses del año representaron un aumento de 23 por ciento con respecto al mismo período en 2016. Desde su creación en 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una unidad de la Procuraduría General, consiguió solo dos condenas en más de 800 casos que persiguió. Durante el año, solo hubo una condena por el asesinato de un periodista a nivel local. En febrero, un tribunal de Oaxaca condenó y sentenció a un ex policía a 30 años de prisión por el asesinato en 2016 del periodista Marcos Hernández Bautista. La Oficina del ACNUDH en México condenó públicamente la falta de enjuiciamiento de crímenes contra periodistas”.

Y en mayo del 2013, la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) denunció en su Reporte Anual que México, durante el gobierno de Felipe Calderón, “hasta el último día de su mandato (30 de noviembre del 2021), hizo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones a derechos humanos generalizadas, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad”.

En cuanto a la situación de defensores sociales y periodistas, el reporte destacó que en 2012 fueron asesinados seis comunicadores, en tanto que “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas no realizó avances en la mayoría de los casos”, así como seguían pendientes de investigar los asuntos relativos a agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos.

Y en diciembre del 2002, más de 20 organismos civiles defensores de derechos humanos en México, encabezados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, denunciaron que el gobierno del panista Vicente Fox Quesada violaba los derechos económicos, políticos y sociales de toda la población, y que el hostigamiento a los y las defensoras de los derechos humanos de su gobierno derivó en la muerte de la activista Digna Ochoa, un caso que este año podrá reabrirse en la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gerts Manero.

Tres años y medio después (mayo del 2006, el último del gobierno foxista), Amnistía Internacional concluyó en su informe anual de la situación de los derechos humanos en el mundo, que, en materia de protección a periodistas y a defensores sociales, la administración federal “tiene un fracaso total en frenar la impunidad” que prevalecía para ambos segmentos de la población mexicana.

En marzo de este año, tocó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ser calificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una organización que en materia de derechos humanos siempre critica la paja en el ojo ajeno, pero nada dice de la viga que cierra el ojo propio, tal y como lo denunció Amnistía Internacional en su reporte 2020 sobre la administración de Donal Trump.

Por ejemplo, Amnistía dijo que  autoridades no adoptaron medidas de rendición de cuentas para remediar el uso indebido que se había hecho de la ley en 2018 y 2019, con el fin de hostigar a quienes defendían los derechos humanos.

“En junio, en lo que constituyó un retroceso, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó una sentencia de 2018 de un tribunal de apelación federal que había declarado inconstitucional una importante ley parlamentaria en materia penal que el gobierno había utilizado para someter a vigilancia ilegítima a quienes defendían los derechos humanos de los migrantes, en lugar de devolver la decisión para que se examinase de nuevo en la instancia de apelación”, reportó AI.

Pues bien, esa dependencia gubernamental que antes se reservaba el derecho de dar o quitar apoyos financieros a los países que sometía a escrutinio de respeto o violación a los derechos humanos, destacó a la impunidad como un problema importante en México, por lo que se dijo preocupado por  “los asesinatos presuntamente ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos”.

Específicamente, en la subsección del informe sobre libertad de expresión, el Departamento de Estado dijo que “los autores de la violencia contra los periodistas actuaron con impunidad, consistentes con altos niveles de impunidad para todos los crímenes”.

Y citó que la ONG “Artículo 19” dijo que, a diciembre de 2019, la tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas en México era del 99%, en tanto que seis periodistas fueron asesinados debido a su trabajo.

Preocupa sin duda que los reportes internacionales de violación a los derechos humanos en México persistan en un gobierno que, de manera reiterada dice ser escrupulosamente respetuoso de esos derechos.

De igual forma inquieta el afán del mandatario mexicano de sostener en la dirección de la agencia oficial de noticias del Estado (Notimex), a una persona –Sanjuana Martínez- que se convirtió en una fuente desgastada, poco respetada y generadora constante de conflictos políticos para el gobierno que tanto la defiende.

Sin embargo, en el fondo se habla de lo mismo que se acusó a todos los gobiernos mexicanos de los últimos 30 años:  impunidad e incumplimiento de los compromisos de respeto a los derechos esenciales del pueblo mexicano, de sus mejores periodistas y de los defensores de los recursos patrimoniales ante la ambición desmedidas de los consorcios transnacionales y financieros.

Es tiempo de que el discurso a favor del derechohumanismo se convierta en práctica común; de trabajar en conjunto y en armonía con las organizaciones que de buena fe hacen recomendaciones a favor de la protección efectiva de los activistas sociales y de los periodistas que no pactan impunidad y lucro ilegal a cambio de protección, beneficios e impunidad; y de romper con todas aquellas prácticas que han denigrando aún más el panorama de la corrupción en México.

Finalmente, es deseable una mayor concientización y participación ciudadana en el conocimiento de sus derechos y obligaciones en materia de medios de comunicación –y ahora también en la internet–, ya que la continuidad de una prensa maniatada por el poder político y empresarial –en lo económico e informativo–, significa prolongar la existencia de un periodismo mantenido por el erario y que sólo favorece a las causas oficiales y plutocráticas.

***

Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.

+Contenido Patrocinado

Notas Relacionadas:

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

lo más leido

To Top
Translate »