En El País

Antes de ser víctima de desaparición forzada, ¿qué denunciaba Claudia Uruchurtu?




mayo 9, 2021
Fotografía: Cortesía

Este viernes fue detenida la presidenta municipal de Nochixtlán, acusada de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. ¿Qué investigaba y denunciaba Claudia en Nochixtlán? Ninguna autoridad dio seguimiento.

Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página

Ciudad de México- Este viernes, la Fiscalía de Oaxaca detuvo a Lizbeth N, presidenta municipal de Asunción de Nochixtlán, y a dos personas más –entre las que se encuentra el secretario de Seguridad Pública de Nochixtlán–. Están acusados de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz. 

Claudia Uruchurtu Cruz, de 47, fue vista por última vez el pasado 26 de marzo por la noche. Después de una movilización contra la presidenta municipal, testigos refirieron que individuos relacionados con la alcaldía la obligaron a subir a una camioneta.

Pero Claudia no sólo hizo denuncias contra la presidenta.

Pidiendo ayuda desesperada

Las hermanas de Claudia viven en Inglaterra y son ciudadanas de aquel país. A partir de la desaparición se  trasladaron a Nochixtlán, y una vez ahí se tardaron semanas en clasificar y ordenar todos los oficios, cartas y solicitudes. En conjunto los documentos dan un panorama de denuncia contra la corrupción contra autoridades locales. Pero no solo en la presidenta municipal; Claudia también denunció a al comisariado comunal por despojo, y documentó no un solo caso.

Cada carta y denuncia era enviada con copia a diversas autoridades; desde el gobierno de Oaxaca, diputados locales, órganos internos de control, hasta la Secretaría de Gobernación federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una carta dirigida a un diputado advierte que la inconformidad en el poblado puede escalar en violencia. 

Ninguna autoridad, local, federal, de ningún tipo, intervino.

Contra el comisariado comunal

El vasto archivo de Claudia inicia con un conflicto personal. En junio de 2014, sus abuelos le cedieron la propiedad de un terreno con escrituras primordiales; y ese mismo año solicitó al comisariado de bienes comunales que le reconocieran la propiedad de 22 hectáreas en un paraje denominado Yubuenapere; además de ingresar a la asamblea de comuneros. El comisariado se negó; respondió que le darían dos hectáreas únicamente y también le dieron largas frente a la posibilidad de pertenecer a la asamblea.

En otro oficio, a las denuncias de Uruchurtu contra el Comisariado ejidal, se suman cincuenta firmas de otros pobladores; y acusan de lo mismo: despojo de tierras, mal uso de los bienes comunales, enriquecimiento personal de los líderes. 

Ella y otros vecinos alegaron que la mala administración de los recursos de la comunidad habían impedido construir un universidad. Del mismo modo, el comisariado se negó a otorgar un permiso para la empresa Mazda estableciera una armadora de autos.  

La disputa por 22 hectáreas y el uso de los bienes comunales continuaban en litigio cuando Claudia fue probable víctima de desaparición forzada el pasado 26 de marzo de 2021.

2018,  Lizbeth

Fotografía: Cortesía

Uruchurtu Cruz interpuso una demanda ante las autoridades agrarias; pero a pesar de la intención de firmar un acuerdo conciliatorio entre ambas partes, en 2017 el comisariado vendió ilegalmente 10 hectáreas de la propiedad en disputa. Este caso tampoco tenía conclusión.

En diciembre de 2018 Lizbeth llegó a la presidencia municipal. Para 2019, Claudia Uruchurtu denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca una serie de irregularidades. Por ejemplo, que la hermana de la presidenta tuviera múltiples sueldos y cargos en la estructura municipal; desvío de recursos; etcétera. 

Quiso crear un órgano de contraloría ciudadana independiente; pero la presidenta lo impidió: alegó que ya habían conformado las propias autoridades su contraloría. Ella interpuso sendas denuncias que se quedaron entre el legajo de instituciones oaxaqueñas, sin ser atendidas. Entonces Uruchurtu Cruz promovió  una Asamblea Comunitaria en el municipio para crear la contraloría social. 

Las firmas en este caso se sumaron. Para noviembre de 2019, envió un escrito al gobernador Alejandro Murat, en el que le pedía su intervención, dado que, a pesar de contar con muchas pruebas de desvío de recursos, la presidenta continuaba impune. En esta ocasión se sumaban 500 firmas más. 

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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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