Elecciones 2021

‘Las formas de elección de candidaturas indígenas violan los derechos de sus pueblos’

Fotografía: Archivo-Raíchali

Patricia Mayorga / Raíchali

El actual proceso electoral será recordado como el que más fraudes acumuló contra el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas cometidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que es la primera en permitir la participación indígena en la elección de diputados y gobernadores.

Así lo advierte el abogado indígena Francisco López Bárcenas, investigador del Programa Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, A.C. Fue asesor del EZLN entre noviembre de 1995 y septiembre de 1996.

Para que los pueblos indígenas estén plenamente representados en legislaturas locales y federales, es necesario generar mecanismos para que ejerzan sus equipos a través de sus propios mecanismos y procedimientos para elegir a sus representantes porque imponerles otras formas es violentar sus derechos indígenas.

Sin embargo, plantea, para que se generen esos mecanismos con perspectiva comunitaria e indígena, primero se tendría que superar el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas “y que estos se organicen para que no sean suplantados por traficantes de la política”.

El especialista recuerda que el INE es el órgano responsable de organizar las elecciones, los partidos políticos y personas pertenecientes a pueblos indígenas en la elección de diputados federales en el país.

Lo mismo se podría aplicar a los institutos electorales locales que realizan elecciones y han abierto espacios a representantes de pueblos indígenas.

“No es que antes no hubieran participado los indígenas como candidatos de elección popular (…) pero existe una diferencia entre aquellas candidaturas y éstas. Las primeras eran un ofrecimiento que los partidos hacían a algunos líderes indígenas, éstas, en cambio, son candidaturas que los partidos políticos están obligados a reservar a indígenas por el INE, disposición que ha sido refrendada por el Tribunal Federal Electoral (Trife) con algunos matices”.

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Y recuerda que el Partido Revolucionario Institucional ha postulado como diputados o senadores a caciques indígenas. Un tiempo, el PRI reservó algunas diputaciones y senadurías para miembros de algunas organizaciones indígenas. Para el Partido Acción Nacional se hizo “deporte” ofrecer diputaciones y senadurías a algunos indígenas, como una manera de mostrarse políticamente correcto.

La reserva de candidaturas indígenas en los partidos no es una forma de ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas, al contrario, advierte:

“Representa (la reserva a candidaturas indígenas) una manera de someter ese derecho autonómico a los espacios estatales, juego en el cual de manera inocente o cínica han participado algunos indígenas, legitimando la violación de los derechos políticos de los pueblos indígenas, con el argumento de impulsar su ejercicio”.

Refiere que la Constitución mexicana establece que como parte de su autonomía, los pueblos indígenas tienen el derecho de acceder a cargos públicos de elección popular de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, y la Declaración Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, dispones que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

“En esta normativa, de observancia obligatoria para el Estado mexicano, está claro que el derecho es de los pueblos y debe ejercerse a través de sus propios mecanismos, lo que incluye la manera de elegir y los procedimientos para hacerlo. Imponer otra forma de hacerlo, como lo ha hecho el INE, resulta violatorio de los derechos indígenas”, reiteró.

Los partidos políticos van más allá porque usan esa determinación para postular a personas no indígenas que se quedaron sin espacios, porque les interesa que accedan al poder legislativo. Son espacios que les corresponderían a personas indígenas, pero actúan con un criterio racista y discriminatorio.

“Para lograrlo se les hizo fácil acudir a alguna comunidad indígena a obtener una constancia que la acreditara como miembro de ella y en los casos en que esto no fue posible, la falsificaron. No contaban con que había personas indígenas interesadas en esas candidaturas y fueron las que protestaron por el desaguisado, con lo cual desenmascararon las mañas partidistas, pero también las suyas, pues argumentaban que ellos estaban legitimados para ser candidatos sin que eso fuera correcto, pues como se ha dicho, el derecho de postular candidatos es de los pueblos y comunidades indígenas, no de las personas que pertenezcan a ellas”, denunció el abogado.

Y advierte que esos fraudes atentan contra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser ellos quienes postulen los candidatos a representarlos en la integración de los poderes nacionales y desnaturalizan el sentido de la participación política de la población indígena y el sentido de ésta.

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“En el caso de los cargos políticos, por ejemplo, mientras fuera del mundo indígena se considera un derecho individual por el que, además, quien accede a él recibe un alto salario, en el mundo indígena se trata de un servicio gratuito, un sacrificio que hay que hacer para mantener la armonía del pueblo o la comunidad.“Ese es el sentido de la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la integración de los órganos de gobierno, no que algunas personas indígenas sean postuladas por algún partido político, mucho menos que estos los usen para satisfacer intereses mezquinos de sus allegados”.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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