Sociedad

Suprema Corte decide si es anticonstitucional criminalizar a las personas con VIH

En México 30 estados y el Código Penal Federal criminalizan a las personas con VIH a través del delito “peligro de contagio”. Este jueves la Suprema Corte tiene la oportunidad de abrir el camino a la derogación de esos artículos

Texto: Fernando Merino Noriega / Lado B y María Ruiz / Pie de Página

Ciudad de México y Puebla- Desde los primeros diagnósticos del VIH en los años 80 a la actualidad, la ciencia ha avanzado: la terapia antirretroviral (TAR) permite que el virus sea indetectable, y por ende no se pueda transmitir a otras personas, incluso ya hay una vacuna contra el mismo que se encuentra en fase III; sin embargo, activistas señalan que aún falta atender el estigma que existe en torno al VIH. La muestra más grande es la criminalización que persiste hacia quienes viven con este virus.

Son 30 las entidades de la República que, junto con el Código Penal Federal, criminalizan las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), particularmente el VIH. 

Este jueves, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá decidir si es inconstitucional el delito peligro de contagio en Nuevo León, con lo que se abría la puerta para la descriminalización en todo el país. 

El activista Alain Pinzón ve en este momento una oportunidad para cambiar el código penal, primero en Ciudad de México, y luego a nivel federal. Es por ello que su organización VIHve Libre presentó un Amicus Curiae en la acción de inconstitucionalidad en contra del delito de ”peligro de contagio” en Nuevo León.

Amicus Curiae es un informe técnico que personas, grupos o instituciones interesadas en una discusión jurisdiccional, en este caso el delito peligro de contagio, presentan sin ser parte del litigio.

«Mi idea como director de VHIve Libre es llegar a las últimas consecuencias contra las personas serofóbicas porque no tienen ningún reparo en mostrarlas», dice en entrevista.

«Seguimos en 1990», afirma Ro Banda al referirse a los artículos 159 del código penal de la Ciudad de México y el 199-Bis del federal. 

«La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la condena pero no la ha derogado y éste anula todos los avances que existen en temas de VIH. El decir ‘eres un riesgo’ ya no aplica. Los avances y conocimientos científicos ya no están en ese lugar. Con este artículo invita a castigar al que lo tenga y no lo diga. El Estado criminaliza para ‘controlar’ una epidemia que no ha podido controlar y la sociedad está fungiendo el papel de cazadores de brujas».

El artículo federal dice: “El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa”.

Ro Banda es comunicólogo social y vive con VIH desde octubre del 2015. 

«Para el Estado siempre ha sido un problema de unos cuantos, los homosexuales, trans, prostitutas, drogadictos… pero es una cuestión de salud pública. El sexo sin condón pasa, no solo lo hacen los homosexuales; los heterosexuales, también. Son prácticas que no deben ser satanizadas, sino se deben brindar información para reducir los daños y prevenir».

Rechazo a personas con VIH

El odio a personas seropositivas y todas sus demostraciones a quienes viven con VIH se define como serofobia. 

Tanto Alain Pinzón como Ro Banda coinciden en que los derechos no se debaten: 

«En el momento en el que alguien te diga que eres ‘sidoso’ o eres un peligro’, en ese momento hay serofobia y estigma. Hay microacciones y detalles, incluso hasta uno mismo lucha con la idea de que es algo privado, que van a pensar que eres una persona de riesgo, cosas que tienes incrustadas, porque a final de cuentas somos hijos del mismo sistema. Es parte de lo que hay que combatir desde uno y empezar a llevar con los demás, decir esto se llama serofobia y sí, es algo que tiene que ser dialogado pero no es una negociación» explica Rodrigo.

-¿Qué hacer ante la serofobia?

Ro: Lo mejor es  responder con bases científicas. No importa lo que te dijo tu amigo o tu vecino, todo lo que venga de la Organización Panamericana de la Salud, de la OnusidaNUSIDA, del CENSIDA es lo que es, todo lo que se derive de mitos urbanos tiene que ser rechazado. También hay que nombrar cuando es serofobia, exponerlo e ir a las organizaciones como COPRED.

Ro recuerda que si estás en tratamiento y atendiendo tu diagnóstico cualquier comentario que anule lo que estás haciendo por ti es también serofobia. 

-¿Cuáles son los factores para que las personas seropositivas sigan sintiendo miedo de hablar de sus diagnósticos?

Ro: Principalmente el estigma en la misma sociedad, porque hay un retraso informativo, en el que VIH es igual a sida, y el sida te mata ,y el sida hace que te pongas pálido y huesudo,  eres un riesgo, vas a contagiar. Hay que creer en la evidencia científica. A partir de los 40 años ha habido un progreso, ha ido despacio pero lleno de cosas muy grandes. Cuando se da un diagnóstico lo primero a lo que te enfrentas es a tu mismo estigma: qué es lo que significa para ti el diagnóstico y cómo lo tienes que ir deconstruyendo, tienes que ir entendiendo que se puede vivir con él, que hay tratamientos que te hacen indetectable.

Las dos caras de las redes sociales

Ro Banda cuenta que actualmente mira un boom en redes sociales de personas seropositivas que han compartido sus diagnósticos. Esto les ha dado una tremenda fortaleza, han creado vínculos pero también expuesto a diversas violencias. 

«Una de las cosas que más molestan a las personas en redes sociales es que hablemos de nuestros diagnósticos sin tapujo. Les genera ruido porque creen que debemos estar calladas, en silencio y  nos encontramos con mucho odio y estigmatización» explica Alain Pinzón. 

Alain explica que en redes sociales pasan situaciones desafortunadas como cuando periodistas ponen a debate sus derechos. 

«La ignorancia y la serofobia no se debaten, se tiene que combatir. Esto no es una ecuación de opinión”. 

Ro cuenta que hacerse visible en redes sociales le cambió la vida:

«De pronto dije necesito acercarme a más gente que tiene problemáticas como las mías. Ahora es el momento en el que me siento mas seguro y respaldado por personas como Alaín. 

Esto te empodera y puedes un poco más con esas violencias. Nos estamos reapropiando de la palabra», cuenta.

«De repente hay veces que te peleas, te clavas, pero se ha hecho un grupo de gente que es identificable y eso ha hecho que más gente se jale y gente que revela su diagnóstico, que te escribe y te dice no tengo el valor pero estoy con ustedes, y eso es lo importante que mas gente se sienta segura, y que no sienta que tiene que hacer lo mismo con nosotros, no es una obligación. Usamos ese privilegio de poder hablarlo para que los demás dejen de tener miedo» comparte Ro.

El “peligro de contagio” criminaliza

En el caso de Puebla, es el artículo 213 del Código Penal el que tipifica “el peligro de contagio” de “un mal venéreo” y lo sanciona con hasta dos años de cárcel. 

Aunque en Puebla no se han registrado detenciones por esta causa, de acuerdo con organizaciones civiles, existe una iniciativa, en espera de ser discutida, mediante la cual Nora Escamilla y Gabriel Biestro, ambos diputados de Morena, buscan incrementar la pena por este delito a un rango de cinco a diez años de cárcel; esto bajo el pretexto de la pandemia por covid-19, aunque dicha enfermedad no se menciona en su propuesta.

A esto además se agrega que los términos “contagio” y “mal venéreo” que ocupan estas legislaciones son incorrectos. En el primer caso, Onusida recomienda el uso de “transmisión”, ya que el VIH requiere de una vía para pasar de una persona a otra; y el mal venéreo no refleja que es un virus asintomático.

Onán Vázquez, presidente del consejo directivo de No Dejarse Es Incluirse AC, explicó a LADO B que incluso Onusida ha abogado por una política de no criminalización, no solo porque ésta ha probado ser poco efectiva para evitar la transmisión de ITS, sino porque permite al Estado ejercer la acción punitiva de manera selectiva contra grupos vulnerables como las y los trabajadores sexuales, personas migrantes, población LGBT+ y actúa de forma contraproducente, pues alienta a no realizarse pruebas de detección o a mantener el secreto de la condición de salud por miedo a las represalias.

La criminalización que obliga a revelar el diagnóstico 

El 3 de junio, en Ciudad de México, un hombre fue detenido por no informar a su pareja que vive con VIH. Mientras que en Cancún, Quintana Roo, el 11 de junio un hombre fue asesinado y su cuerpo fue quemado por el arrendatario de la casa en donde vivía al revelarle su diagnóstico. Ambos casos detonaron polémica y diversos cuestionamientos, el principal: ¿es deber de una persona que vive con VIH informarle a su círculo social?  

Daniel Aquino, quien vive con VIH desde hace 17 años y que hizo público su diagnóstico hace siete, dice a LADO B que lo que no se contempla al momento de exigir que las personas revelen que viven con VIH es que hacerlo también incrementa las posibilidades de recibir agresiones, denuncias penales o incluso de asesinato debido a la serofobia instalada en la sociedad y la ignorancia respecto al virus. 

“Lo que sucede [cuando] algunas personas con VIH decidimos no compartir nuestro diagnóstico tiene que ver con ese temor a las reacciones violentas (…) Muchas personas no comparten su diagnóstico porque tienen temor de [ser] sacadas de sus casas, despedidas de sus empleos, expulsadas de sus escuelas”, señala Daniel Aquino.

El pasado 5 de junio un joven fue atacado en su vivienda por su propio arrendatario cuando éste supo que el chico tenía VIH. El hombre lo atacó con un arma blanca y a golpes, intentó «borrar las evidencias” y le prendió fuego al cuerpo. A pesar de que el hombre fue detenido, el ataque sólo pudo ser juzgado como homicidio porque en Quintana Roo no existe el «crimen de odio».

Por otro lado, Onán Vázquez refiere que en el caso de una relación sexo-afectiva, la persona que vive con VIH tendría que considerar si su pareja está dispuesta a tocar el tema para, si así lo decide, hablar sobre su diagnóstico con conocimiento y sin prejuicios; pero tampoco es una obligación pues se trata de un dato personal que está protegido por la ley.

“Lo que se tiene que [generar son] ambientes favorables en donde verdaderamente se pueda hablar del tema abiertamente sin prejuicios, con información verídica y científica”, comenta el director del consejo directivo de No Dejarse es Incluirse. 

Por otro lado, el estigma en torno a quienes viven con VIH se debe a que ha sido un tema ligado únicamente a ciertos sectores, considera Daniel  Aquino, por lo que son las personas que viven con VIH y que han decidido hacer visible su diagnóstico quienes han impulsado la desestigmatización del virus. Sin embargo, esta es una tarea que también compete a instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Salud o incluso al Congreso para que derogue el artículo que criminaliza el riesgo de contagio y que en su lugar apueste por la educación; sin embargo, el poder legislativo está tomando un camino contrario. 

La pandemia, un factor que podría propiciar la criminalización 

El 19 de abril de 2020, Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla enviaron una propuesta  al Congreso de Puebla para incrementar la pena por peligro de contagio, justificando su iniciativa en el contexto de la pandemia por covid-19; sin embargo, en el texto se mantiene el concepto de “mal venéreo” por lo que la interpretación de la ley apunta únicamente a las ITS. 

“Consideramos necesario aumentar la pena a quien mediante sus acciones dolosamente trate de contagiar o ponga en riesgo de contraer el virus o enfermedad a otras personas”, se lee en el texto de la iniciativa. De esta manera la pena pasaría de 30 días a dos años de cárcel a cinco a diez años, es decir, la pena máxima de prisión se incrementaría un 80 por ciento

La iniciativa se encuentra en la congeladora legislativa, pues el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que son 180 días naturales los que tienen las y los diputados para su dictaminación en comisiones, tiempo que ya concluyó; sin embargo eso no significa que la reforma sea desechada, pues aunque la actual legislatura concluye en septiembre, las y los nuevos diputados tendrán que analizar esta propuesta, pues no pueden dispensar ningún dictamen. 

Para Onán Vázquez sería muy grave que se aprobara dicha iniciativa ─que aún está en espera de ser discutida en comisiones, de acuerdo con Merino Escamilla─, ya que realmente solo incrementa la criminalización de las personas que viven con VIH o con cualquier otra infección de transmisión sexual, como la sífilis o hepatitis. 

Puebla no es el único estado que está siguiendo ese camino. En Hidalgo, Areli Miranda Ayala  y Miguel Ángel Peña Flores, legisladores del Congreso de ese estado, presentaron el 21 de junio de este año una iniciativa para aumentar las penas a quien transmita una “enfermedad incurable”, término que cae en la ambigüedad y que también apunta a la criminalización en aquella entidad, algo que, para Onán Chávez, evidencía que “en México todavía tenemos, desgraciadamente, legisladores con grandes prejuicios [y] con un enorme desconocimiento sobre el tema [del  VIH]”. 

Por otro lado, Axel Bautista, coordinador de la Agenda VIH de Inspira Cambio AC, dice a LADO B que la tendencia a aumentar las penas por “peligro de contagio” demuestra  que la discriminación está institucionalizada, pese a ir en contra de derechos humanos y de la propia Constitución Mexicana. Además ya no responden al contexto actual pues la mayoría de estos códigos fueron elaborados en los años 20 o 30 del siglo pasado por brotes de sífilis, es decir, que los códigos penales están basados en concepciones del siglo pasado.

Además, Onán Chávez agrega que aprobar esta iniciativa también iría en contra de lo que el Estado mexicano firmó el 8 de junio de 2021 en la reunión de alto nivel de Onusida, en la cual México ratificó su compromiso de luchar contra todas la desigualdades que experimentan las personas que viven con VIH, entre ellas la criminalización.

La inconstitucionalidad, la vía para eliminar la criminalización del VIH 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó, el 30 de abril de 2018, el artículo 158 del Código Penal de Veracruz, que buscaba agregar las infecciones de transmisión sexual al tipo penal de peligro de contagio. Esa fue la primera vez en la que intervino el máximo tribunal del país para derogar legislaciones que apuntan a la criminalización. 

En este caso derivó de una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que este podría ser un camino a seguir para Puebla, y otros estados, para eliminar los artículos del Código Penal que criminalizan el VIH, agrega Onán Vázquez. 

En caso de que se aprobara la iniciativa de Merino Escamilla y Biestro Medinilla el Congreso podría recibir una acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN, advierte Onán, tal y como ocurrió en Veracruz. Mientras, la sociedad civil buscará que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla emprenda una acción de inconstitucionalidad para que el Congreso derogue el artículo 213 del Código Penal: “Esa es la próxima lucha: hacerles entender a las a los legisladores cuáles son las consecuencias negativas de criminalizar el VIH”, sentencia Onán Chávez Vázquez.

Para Daniel Aquino, los hechos registrados en Ciudad de México y Quintana Roo deben ser un llamado para que la criminalización del VIH no continúe, pues aunque en el estado no se han registrado en los últimos años sucesos de esas características pueden ser el inicio de una persecución contra las personas que viven con VIH.

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Este trabajo fue realizado por Lado B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original

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