Juárez

Condenan a Municipio de Juárez a pagar más de 83 mdp por invasión de terreno

Tramo de Camino Real. Fotografía: Gobierno de Juárez

Tras perder el caso, el gobierno encabezado por Armando Cabada Alvídrez logró un acuerdo de indemnización, sin embargo, defraudó con el cheque entregado al propietario de predio; el terreno reclamado se usó para construir un tramo del Camino Real

Gabriela Minjares / La Verdad

Por invadir el terreno de un particular en 2006 para construir un tramo del periférico Camino Real, el Municipio de Juárez fue condenado este año a pagar 83.6 millones de pesos al propietario del inmueble localizado en el poniente de la ciudad.

La sentencia condenatoria se dictó después de un juicio que inició en 2016, en el cual el Municipio estuvo representado por el gobierno encabezado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez, que perdió el caso después de agotar todas las instancias.

Sentencia en contra del Municipio de Juárez

“Es un juicio que se siguió en todas las instancias y con una condena firme, por lo que el propietario tiene todo el derecho a reclamar el pago, pero el Municipio no quiere cumplir, a partir de que se produjo la sentencia y quedó firme empezó a desconocer todos los compromisos y ejercita todas las prácticas dilatorias posibles”, dijo David Gómez Salazar, abogado autorizado para representar en el caso a la empresa Construcciones Changmol, SA de CV, propietaria del terreno.

Sin embargo, el Gobierno local aseguró que el caso radicado inicialmente en el Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Bravos, con el expediente 803/16, aún se encuentra en litigio y no tiene firmeza legal.

Además, mediante un comunicado de prensa difundido ayer en respuesta a la solicitud de información que se le hizo para conocer su postura con relación a este juicio, sostuvo que el cobro derivado de la sentencia es injusto porque señaló a la jueza Hilda Margarita Campos Alcántar, del Juzgado Cuarto Civil, dictaminar en su contra con base en argumentos fraudulentos.

“Para defender el patrimonio de los juarenses, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, ha iniciado las gestiones de acciones de defensa, para interponer quejas administrativas y denuncias correspondientes, ante un cobro de un poco más de ochenta y tres millones de pesos”, se dio a conocer.

Aunque documentos contenidos en el expediente del juicio, al que La Verdad tuvo acceso, exhiben lo contrario, ya que el primer fallo que dictó la juez del Cuarto Civil fue favorable al Municipio, lo que se ratificó en segunda instancia y no fue sino hasta el juicio de amparo cuando se resolvió en su contra.

“Los reclamos no se pueden manejar con base en adjetivos sino a través de los tribunales y si este determina que invadió un predio particular y por ello debe pagar, el Municipio debería de acatar el mandato judicial si es respetuoso de las leyes porque tuvo la oportunidad de defensa”, agregó el abogado David Gómez.

El Juzgado concedió recientemente al demandante embargar las cuentas bancarias del Municipio y los bienes suficientes para garantizar la cantidad que deben pagar por el terreno invadido, autorizando para ello el uso de la fuerza pública y rompimiento las cerraduras en caso de ser necesario.

Por lo que el representante legal del caso anticipó que en breve se llevará a cabo la diligencia correspondiente en el domicilio del demandado, en este caso en el edificio de la presidencia municipal, para proceder al embargo.

Acusa Municipio ‘abuso de poder’ en el juicio

A pesar de que el Gobierno local concedió que el terreno donde se construyó una parte del Camino Real se ocupó de manera irregular por parte de administraciones pasadas, consideró que en este caso hay “un claro abuso de poder”.

Argumentó que la sentencia interlocutoria en la que se determinó el valor del predio “se fundamentó en dictámenes fraudulentos de personas sin escrúpulos, pero la misma jamás causó ejecutoria, es decir, no adquirió firmeza y por consecuencia no era ejecutable”.

No osbtante, agrega, la jueza “absurdamente pretende ejecutar” la condena que fue sustituida por un convenio que celebró una apoderada del Municipio para terminar con el conflicto, a través del cual se pactó pagar al quejoso solo 30 millones de pesos y entregar un predio como indemnización.

“Para defender el patrimonio del municipio,  se estarán gestionando acciones de defensa,  y se interpondrán las quejas administrativas y denuncias correspondientes, pues no es justo que se trate de afectar las finanzas públicas con base a condenas que aún están en litigio y, por eso, no tienen firmeza legal”, afirmó el Gobierno en el comunicado.

Invasión se realizó durante gobierno de Héctor Murguía

El abogado en Ciudad Juárez de la empresa Construcciones Changmol SA de CV, David Gómez, explicó que fue en el 2006, mientras gobernaba el alcalde Héctor Murguía Lardizábal, cuando el Municipio invadió una de sus propiedades para construir un tramo del Camino Real, uno de los proyectos insignia del exmandatario priista.

El inmueble con una superficie total de 104 hectáreas se localiza dentro del predio denominado “Los Ojitos”, a la altura de las calle Pavorreal, y se extiende hasta el cerro Del Águila.

Polígono afectado

De ese terreno, detalló el abogado, se realizó una invasión de 84 mil 329.27 metros cuadrados para construir la tercera etapa de la obra vial.

Ante la afectación, la constructora representada por Nancy Rascón Macías, esposa de Óscar Manuel Toledo Félix, promovió el 26 de septiembre de 2016 una demanda ordinaria civil denominada acción reivindicatoria.

Gómez Salazar argumentó que la demanda se promovió 10 años después de la invasión porque el dueño reside en Sinaloa y no se había percatado de lo ocurrido, en el 2006 solo había detectado que el Gobierno Municipal sacaba tierra de su propiedad y entonces buscó que le pagaran por dicha extracción 16.5 millones de pesos, lo cual no se concretó a pesar de haber celebrado un convenio.

El 4 de marzo de 2019, el Juzgado Cuarto Civil dictó sentencia en la que absolvió al Municipio con el argumento de que esas tierras se habían destinado a una vialidad y esta era de uso común, por lo que era un bien del dominio público y no prosperaba la acción reivindicatoria.

El quejoso apeló la sentencia y el caso se envió a la Sexta Sala Civil con sede en la ciudad de Chihuahua, que confirmó la sentencia al decir que el argumento del Juzgado Cuarto era correcto.

Inconformes con la sentencia, promovieron el juicio de amparo que se presentó en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en Chihuahua, con el número de expediente 671/2019, donde por unanimidad de votos los magistrados finalmente les concedieron la razón el 5 de marzo de 2020.

“En ese juicio de amparo el Tribunal consideró que teníamos razón porque los bienes de dominio público se constituyen así cuando existe un decreto expropiatorio, si no lo hay, el solo hecho de invadir las tierras y construir en ellas cualquier obra, aunque la obra sea de evidente beneficio colectivo, no convierte esas tierras en bienes del dominio público, por lo que ordenó a la Sexta Sala modificar la resolución y ordenar la reivindicación”, dijo.

La Sala dictó la nueva resolución en la que condenó al Municipio al pago del inmueble, por lo que el quejoso promovió el 25 de junio de 2020 el incidente de ejecución de sentencia, para reclamar el valor de la superficie afectada.

Después de tres peritajes para fijar el valor del terreno, uno de ellos ordenado por el propio Municipio, el 26 de febrero del 2021 la juez resuelve que corresponde un pago de 83 millones 675 mil 774.55 pesos.

El Gobierno local apeló el recurso que al final se desechó, por lo que el demandante continuó con la ejecución de la sentencia y ordenó el embargo de varias cuentas bancarias a nombre del Municipio para garantizar el pago que le correspondía por los daños ocasionados.

Gobierno de Cabada logra acuerdo de indemnización y defrauda

El 22 de abril de este año, el Municipio celebró un convenio para terminar el conflicto, en el que se acuerda el pago de 30 millones de pesos y entregar un predio con valor de 23 millones como indemnización.

Dicho convenio ordenaba el pago inmediato de 10 millones de pesos que se cubrieron con un cheque firmado por el tesorero y el Oficial Mayor del Municipio, Gerardo Ronquillo Chávez y Víctor Manuel Ortega Aguilar, respectivamente, que no se pudo hacer efectivo porque el banco les informó que el titular reportó que había sido sustraído del talonario principal y se ordenó no pagarlo.

Cheque emitido al propietario por el Municipio de Juárez al propietario del predio

Al incumplir el Municipio con el convenio, el Juzgado ordenó a los bancos donde están embargadas las cuentas que pusiera a su disposición el dinero para garantizar el pago, lo que a la fecha no ha ocurrido, por lo que el quejoso solicitó la ampliación del embargo con autorización para el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras en el domicilio del demandado.

“Nosotros sostenemos que, en realidad, quienes han abusado de su facultad de imperio del estado de derecho son los del Municipio, porque si bien el problema se arrastra desde la administración de Murguía Lardizábal, la Presidencia es una sola institución, pero ninguno de los que llegan tiene la honradez ni la ética para asumir responsabilidades de los que han pasado”, dijo.

Por lo que además de promover en breve el embargo de los bienes del Municipio, el abogado se pronunció a favor por la creación de un órgano de control ciudadano que vigile las acciones de gobierno y así evitar que dañen el patrimonio de los juarenses con decisiones arbitrarias.

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