Ocho millones de niñas, niños y adolescentes en México tienen alguna discapacidad y se enfrentan a exclusión, marginación, estigmatización y discriminación. Además, crecen en un contexto donde las políticas públicas no voltean a verles y gran parte de la sociedad que les rodea no les ve como sujetos de derecho
Samantha Anaya / ZonaDocs
Guadalajara, Jalisco.- El Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoce que, en México hay 21 millones de personas con alguna limitación o discapacidad (4.9% de la población en México), de ese total 8 millones (2%) son niñas, niños y adolescentes.
Los datos del INEGI muestran que las infancias y adolescencia con discapacidad son una minoría, y en un contexto como el de México, las minorías son excluidas.
“La mayor problemática a la que se enfrentan las personas con discapacidad es la exclusión y la discriminación, derivadas de la creencia de que son personas vulnerables, dependientes y diferentes”, explica Carolina López, psicóloga especializada en dar atención a personas con discapacidad.
Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 expone que 58.3% de la población con discapacidad que fue encuestada declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación. Tales actos van desde mirar de forma fija e incómoda, hasta negar el acceso a alguno de sus derechos fundamentales.
De igual manera, 25.1% de la población con discapacidad encuestada declaró haber sido discriminada en el año previo al que se levantó la encuesta, principalmente al momento de solicitar algún servicio médico, en la calle, en el transporte público y en la familia.
De este mismo grupo de la población, 48.1% opinó que en México se respetan poco o nada sus derechos. Mientras que, el 71.5% afirmó que se sienten rechazadas y rechazados por el resto de la población. Este sentir está sustentado por el estigma que experimentan, pues en la misma ENADIS el 49% de las y los encuestados expresaron que las personas con discapacidad “son de poca ayuda en el trabajo”.
El “deber ser” de la ley en México y los derechos de la niñez y adolescencia con discapacidad
La Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes contempla en su capítulo noveno sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad establece que tienen derecho a desarrollarse plenamente y a gozar de una vida digna que les permita integrarse a la sociedad, participando, en la medida de sus posibilidades, en los ámbitos escolar, laboral, cultural, recreativo y económico (Artículo 30).
Por su parte, el artículo 31 expone las responsabilidades que el Estado tiene hacia este grupo de la población, tales como:
- Ofrecer apoyos educativos y formativos a las familias de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna.
- Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares.
- Fomentar centros educativos especiales que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad integrarse en la medida de sus capacidades a los sistemas educativos regulares.
- Adaptar el medio que rodea a niñas, niños y adolescentes con discapacidad a sus necesidades particulares.
Sin embargo, la realidad a la que las niñas, niños y adolescentes se enfrentan es muy distinta.
Derecho a la educación
Uno de los derechos que más se vulneran para este grupo de la población es el acceso a una educación de calidad.
El informe de la Unicef Estado Mundial de la Infancia 2013: niñas y niños con discapacidad, reconoce que la niñez con discapacidad tiene menores posibilidades de ir a la escuela y son más vulnerables a sufrir actos de violencia, abuso y explotación.
El 47% de ellas y ellos no tienen los medios para acceder a la educación preescolar; el 17% no puede asistir a educación primaria; y el 27% nunca llega a estudiar la secundaria, esto de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
A través de una encuesta a 51 países, efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 51% de los niños con discapacidad terminan la primaria, y sólo el 42% de las niñas lo hacen.
En el mismo informe se exponen los elevados costos económicos que implica sostener a una niña o niño con discapacidad, lo que obliga a muchos padres y madres a mantenerles en sus casas, alejados y alejadas de la interacción social, esto aunado al estigma social, indica el informe de la Unicef.
Aunado a ello, en medio de la actual crisis sanitaria que ha obligado a maestras, maestros y estudiantes a mantener una educación a distancia, para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad esto representa una omisión más en la garantía de su derecho a una educación de calidad.
Es importante señalar que ellas y ellos requieren de un plan de estudios diseñado a la medida de sus necesidades. Sin embargo, las herramientas que han generado las instituciones educativas en México son insuficientes para que este grupo de la población logre continuar con sus estudios.
Y es que, la educación a distancia con una perspectiva incluyente no existe, pues “para ellos, clases como tales, no hay. Pensar en un plan de estudios a distancia para este grupo de la población requiere de mucha empatía y sensibilidad, pensando en las diferentes capacidades que cada estudiante tiene”, expresa la maestra Sonia López Chávez, docente en educación especial.
Derecho a la salud
Otro de los derechos que mayormente se les niega a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad es el derecho a la salud.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 10 países de bajos y medianos ingresos los costos económicos de la atención de discapacidad representan entre el 3% y el 5% de su Producto Interno Bruto.
De acuerdo con un examen realizado a 14 países en desarrollo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en medio de la pobreza que las personas sin discapacidad.
En México, los costos de los tratamientos y terapias que la niñez y adolescencia con discapacidad necesitan son elevados, los cuales pueden ir desde cientos hasta miles de pesos.
El informe Estado Mundial de la Infancia 2013 señala que los hogares con personas discapacitadas por lo regular cuentan con ingresos más bajos y mayores probabilidades de vivir por debajo del umbral de pobreza.
Familias que deben enfrentarse al estigma y la discriminación
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad enfatiza que las personas con discapacidad y los miembros de sus familias “deben recibir la protección y la ayuda necesarias” que favorezcan y garanticen el goce pleno y equitativo de sus derechos.
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias difiere mucho de lo expuesto por diferentes organismos internacionales.
Lisa es la madre de Iker, un niño de 11 años de edad cuyo diagnóstico clínico inicial es cuadriparesia espástica, un tipo de parálisis cerebral en un nivel bajo que le impide mover sus extremidades, es decir, brazos y piernas.
Lisa narra cómo su hijo ha sufrido rechazo por su condición física. Relata que cuando Iker ingresó a la primaria con silla de ruedas una de sus maestras “inmediatamente apartó su mirada, fingiendo que ni siquiera lo había visto, como si no se hubiera percatado de su existencia”, expresa.
En otra ocasión, un padre de familia se molestó porque a su hija le había tocado bailar en el Festival del 20 de Noviembre con el “niño en silla de ruedas”:
“El papá de la niña que sería su pareja, en una junta, le reclamó a la maestra que su hija estaba siendo víctima de bullying por ser la pareja del ‘niño en silla de ruedas’, pero la maestra le puso un alto, diciéndole que Iker, como todo niño, se debía integrar al grupo”, cuenta Lisa.
Victoria es una niña de 9 años con cierta enfermedad neuronal, la cual le impide llevar una vida ordinaria. Su madre, María, comparte que, esta situación que viven si de por sí es compleja, se vuelve aún más complicada por la actitud de rechazo e ignorancia de las personas:
“Cuando había terapias, en ocasiones prefería caminar de la estación del tren hasta el Teletón, con tal de no tener que tratar con actitudes de discriminación en el transporte”.
María también comparte que esto les ha obligado a abstenerse de viajar, de salir como familia, de divertirse, ya que “me molesta la forma en cómo miran a mi hija, como si no fuera una persona que merece su respeto, que siente”.
Por ello y frente a estos contextos de discriminación y rechazo, Isabel Crowly, representante de la Unicef en México, recuerda que “para cumplir la promesa de una sociedad realmente inclusiva que respeta los derechos de las niñas y niños con discapacidad debemos incluirlos en iniciativas que cambien las percepciones de la sociedad“.
Acá puedes consultar el informe más reciente con enfoque en América Latina y El Caribe: Notas de orientación programática sobre niños, niñas y adolescentes con discapacidad 2018-2021 | UNICEF.
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Este trabajo fue realizado por ZONA DOCS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original.
