En El País

Gobierno Federal reduce gasto en publicidad, pero mantiene malas prácticas

Fotografía: Tomada de YoCiudadano

Aunque AMLO ha destinado a publicidad apenas una quinta parte de lo que gastó EPN en el mismo periodo, persisten prácticas discrecionales y opacas

Abraham Rubio / YoCiudadano

Pese a que el gasto en publicidad oficial mantuvo una tendencia a la baja durante el segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la organización Artículo 19 señaló que persisten prácticas discrecionales y la falta una transparencia en la asignación de los contratos.

El gasto definitivo del Gobierno Federal durante 2020, obtenido a través del Sistema de Comunicación Social (COMSOC) de la Secretaría de la Función Pública, muestra que el presupuesto ejercido fue de 2 mil 248 millones de pesos.

La cifra, además implicar una continuidad en la reducción de la publicidad oficial vista el primer año, significa apenas una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos gastados por la administración de Enrique Peña Nieto en su segundo año.

Fuente: Artículo 19

Sin embargo, las malas prácticas del sexenio de Peña Nieto persisten. Artículo 19 aseguró en su reporte que “ambas administraciones tienen en común la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial. Esto se mantiene como una mala práctica, ya que permite la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación o que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones”.

La organización informó que de los 457 medios de comunicación que recibieron recursos por publicidad oficial, 10 de ellos concentran más del 52% de los recursos, ocupando los 3 primeros lugares Televisa, TV Azteca y La Jornada (con un total del 28.6%), quedando menos de la mitad de la totalidad de los recursos a 447 medios.

“(Esta asignación de recursos) se traduce en una inequitativa y desigual distribución”, señala en su comunicado.

En lo que respecta a las dependencias que asignaron los contratos, en 2020 hubo 5 instituciones que concentraron más del 70% de la totalidad de los recursos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A esta concentración de pocos actores privados y dependencias se agrega la tendencia al “gasto decembrino”, señalada cada año por la organización: hubo una concentración del 69% del gasto en el mes de diciembre, mientras que en el primer semestre del año se ejerció únicamente el 2.6%, es decir poco más de 58 millones.

Fuente: Artículo 19

Preocupa falta de regulación

Ante el contexto de malas prácticas, Artículo 19 informó que generan preocupación las afirmaciones del Presidente de la República realizadas en la conferencia de 04 de agosto pasado, en la cual aseguró que no tiene la intención de regular la publicidad oficial, cuando subsiste una legislación vigente que avala malas prácticas.

La organización sostuvo que “la falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto”.

Asimismo afirmó que “es necesario generar políticas de comunicación social que permitan conocer a detalle las campañas, sus finalidades, que tomen en cuenta las necesidades de las audiencias a las que están dirigidas y que la información sea accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz para satisfacer los fines informativos, educativos o de orientación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.”

Por ello, Artículo 19 hizo un llamado a la Suprema Corte a resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos que están pendientes en dicha materia, además de pedirle a la administración federal generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley.

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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de YoCiudadano. Ver original aquí.

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