Juárez

Las batallas por la justicia de Alfonso y Erika tras accidente con camión de PASA

Fotografía proporcionada por la defensa de los sobrevivientes del accidente ocurrido el 31 de mayo de 2019

Sobrevivientes de un incidente vial llevan casi 27 meses lidiando con los abogados de una aseguradora, con la postura indiferente de la Fiscalía de Chihuahua y con una compañía que se escuda en un entramado empresarial para no responder por los daños presuntamente provocados por uno de sus camiones recolectores de basura, acusan

Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad

Ciudad Juárez– Para caminar Erika se sostiene de una prótesis metálica con la que sustituyeron su pierna derecha y Alfonso usa un bastón para desplazarse. Hace más de 2 años los esposos sufrieron un accidente vial que dio un giro a sus vidas y les dejó lesiones permanente en sus cuerpos.

El 31 de mayo del 2019, cuando ambos circulaban junto con un grupo de motociclistas por la carretera Panamericana, a la altura del relleno sanitario de la ciudad, fueron impactados por un camión recolector de basura, con los logos de las empresas de PASA y GEN, que cambio de carril e impactó la motocicleta Harley Davidson donde ambos viajaba.

“Después del golpe perdimos el conocimiento, Erika despertó en el Seguro Social y tiene unos episodios (del incidente), yo tengo recuerdos después de haber salido del coma inducido en el que estuve como 12 días”, dijo Alfonso Robles Lugo, de 48 años, al narrar el accidente que sufrió cuando viajaba junto a su esposa Erika Lozoya Sapien.

Tras el impacto, el hombre fue inducido a un estado de coma por 12 días para que soportara la fractura de sietes costillas y una lesión grave en el esternón, que le dificultaban la respiración y le provocó un paro respiratorio. También sufrió la fractura de tibia, peroné y fémur, y un daño en el plexo braquial que lo llevó a perder casi por completo la movilidad de los dedos, la muñeca y el brazo derecho.

A Erika le amputaron su pierna derecha desde el muslo y además sufrió tres fracturas en la mandíbula, así como del cúbito y radio del brazo derecho.

Erika. Fotografía: Blanca Carmona

En el peritaje oficial se documentó que el choque fue ocasionado con un camión de Promotora Ambiental S.A.B de C.V. (PASA), la empresa que tiene la concesión para recolección de la basura en Ciudad Juárez. Sin embargo, ésta desconoce al conductor, a la unidad y niega su responsabilidad en los hechos, de acuerdo con los afectados y sus representantes legales.

Debido a esto, Alfonso y Erika llevan casi 27 meses lidiando con los abogados de una aseguradora, con la postura indiferente de una agente del Ministerio Público de la Fiscalía estatal y con una compañía que se escuda en un entramado empresarial para no responder por los daños presuntamente provocados por uno de sus camiones recolectores de basura, acusan.

“Dicen que no les corresponde la responsabilidad, dicen desconocer todo” aseguró el abogado de los sobrevivientes del accidente, Christian Yared Vicente Mejía. “El choque presuntamente fue ocasionado por el conductor de un camión con logos de PASA y GEN”.

Alfonso. Fotografía: Blanca Carmona

De acuerdo con datos consultados, dijo el representante legal de la pareja, PASA tiene integradas a las empresas GEN Industrial S.A. de C.V., a Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V., y PASA Operaciones S.A. de C.V. Todas con presencia en Ciudad Juárez.

Se trata de un esquema de outsourcing muy utilizado por las empresas para deducir impuestos y en este caso al parecer también se maneja para evadir el pago de una indemnización a la pareja que resultó lesionada en el accidente vial que ocurrió el 31 de mayo del 2019, explicó Vicente Mejía.

“Todos estos son esquemas son fraudulentos, están hechos especialmente para no cumplir obligaciones. En este caso, en Juárez la empresa opera bajo los nombres de PASA y GEN. PASA adquirió a GEN”, añadió.

Ante la situación, el pasado 26 de mayo los afectados interpusieron una demanda por responsabilidad civil subjetiva para solicitar una indemnización por los daños causados. La demanda se admitió y se radicó, con el número de expediente 414/2021, en el Juzgado Noveno Civil por Audiencia. Sin embargo, PASA respondió que no conocen al chofer, Jesús Alberto Güereca Rubio, y que el camión no es de su propiedad, se informó.

“Quien ganó la licitación para la recolección de basura con el Municipio de Juárez es PASA de la Laguna, que es Promotora Ambiental de la Laguna… GEN es la dueña de los vehículos y PASA Operaciones es la persona moral que tienen dada de alta a la compañía moral ubicada en la glorieta del kilómetro 20 de Juárez”, explicó el abogado.

La empresa PASA se negó a fijar una postura respecto a estos señalamientos. La Verdad buscó información en la oficina local, pero de ahí se canalizó a su sede en Monterrey; sin embargo, personal en la capital de Nuevo León indicó que el gerente general de Ciudad Juárez, Jesús Héctor Zamora Águilar, atendería la petición de información, pero esta persona se limitó a señalar que el asunto debe atenderlo la empresa GEN, pues afirmó se trata de dos compañías diferentes y aseguró que una persona de esta última se comunicaría.

Jesica Arrieta, empleada de GEN, señaló no estar autorizada para proporcionar la información sobre este caso e indicó que otra persona se comunicaría para atender la petición de entrevista. Lo que no sucedió.

Se escudan un entramado empresarial

PASA o Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. fue constituida en 1991 por la familia Garza Santos y se enfocó al manejo de residuos y de agua; inició operaciones recolectando residuos sólidos de contenedores a través de concesiones municipales. En 1992, PASA adquirió a GEN Industrial para comenzar la recolección de forma privada de desechos en la ciudad de Monterrey y su área conurbada, de acuerdo con los datos difundidos por la propia empresa en su página oficial en internet.

En 1993, PASA inició la apertura de sucursales en la zona conurbada de la Ciudad de México y en Saltillo y comenzó a participar en licitaciones públicas para obtener la concesión del servicio de limpia en varias ciudades, se indica en su portal digital.

El abogado explicó que en realidad se trata de una sola compañía, Promotora Ambiental S.A.B. de C.V., que la integra a 20 empresas:

Promotora Ambiental de la Laguna,
Recolectora de Desechos y Residuos King Kong,
Servicio Ambiental Nacional,
Verde Valle Administración,
PASA Cuernavaca,
Grupo Ecológico del Norte,
Operadora de Servicios de Puebla,
Servicios Urbanos de Puebla,
PASA Tulum,
PASA Operaciones,
Promotora Ambiental Servicios,
Pasa Centro de Servicios Compartidos,
Procesadora de Polímeros del Pacífico,
Central LFGE Tijuana,
Central LFGE Torreón, y
Pasa Recursos Naturales

La respuesta a la demanda es considerada como falsa por los abogados de las personas accidentadas, por lo que también abrieron un incidente criminal, este por la vía penal.

“A los afectados solo se les pagaron gastos médicos, al principio, y batallaron para que se les autorizaran. Después se desentendieron”, agregó el representante legal, que se refiere a los pagos realizados por la aseguradora Qualitas, como parte de la cobertura del seguro con el que contaba el camión de la recolectora de basura.

Señalan omisiones y negligencias de la Fiscalia

Además de cuestionar la actitud de la empresa, la Fiscalía también es señalada por los afectados y sus representantes como negligente ante el caso.

Sin motivo aparente la agente del Ministerio Público (MP) adscrita a Unidad Especializada en Integridad Física y Daños de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona Norte, Adriana Arredondo Campos, ha omitido presentar el caso ante un juez aunque podrían configurarse los delitos de daños y lesiones, dijo Alfonso Robles.

La fiscal tardó un año para ordenar que se determinara el valor comercial de la motocicleta impactada y más de un año para requerir que se hiciera el dictamen médico legista a Alfonso y Erika, aseguran.

Cuando ambos estuvieron hospitalizados ningún médico forense acudió a documentar las lesiones que sufrieron, de acuerdo con testimonios de los sobrevivientes del accidente.

“No había certificado de lesiones. Creo que estaban esperando a que prescribiera la responsabilidad civil, eso iba a suceder el 31 de mayo del 2021 pero alcanzamos a presentar la demanda cuatro días antes. La cita con el médico apenas nos la dieron este año. El MP no nos había enviado con el médico legista. Me parece una negligencia”, expreso Alfonso Robles.

La defensa legal de los afectados solicitó a un juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos que analice la determinación de la fiscal Arredondo Campos de no ejercer la acción penal contra el conductor, identificado como Jesús Alberto Güereca Rubio, quien al momento del accidente presuntamente no había sido dado de alta por parte de PASA como su empleado, aunque estaba conduciendo un vehículo de la compañía.

El abogado defensor explicó que la ley permite a las víctimas impugnar la paralización de las carpetas de investigación y solicitar que un juez penal revise el trabajo del Ministerio Público.

En este caso el juez Rigoberto Isaías Flores Gómez fijó una audiencia para este 25 de agosto a fin de estudiar la petición de la defensa. Tanto el conductor como la fiscal y la parte ofendida fueron citados a la diligencia. Sin embargo, la agente del MP no se presentó y la audiencia fue diferida para el próximo primero de septiembre.

La Verdad no logró la versión de la Fiscalía sobre estos hechos.

El accidente, los hechos

De acuerdo con los reportes oficiales del accidente. La pareja fue impactada por un vehículo marca Internacional de modelo 2003, con placas 871DK7 del Estado de Chihuahua.

Presuntamente el conductor del vehículo circulaba por el carril de la derecha pero se cambió al de la izquierda –donde iban los motociclistas– e intentó dar una vuelta en “U” impactando a Alfonso y Erika.

“El operador vio a los compañeros (otros motociclistas), pero no a nosotros. Después del golpe perdimos el conocimiento, Erika despertó en el Seguro Social y tiene unos episodios (del incidente), yo tengo recuerdos después de haber salido del coma inducido en el que estuve como 12 días”, dijo Alfonso, quien por las lesiones que sufrió las autoridades médicas le dieran una invalidez parcial revisable a dos años.

A Erika –contadora de profesión y actualmente de 48 años– también se le aprobó una incapacidad parcial permanente debido a que la placa que le pusieron en la muñeca le limita el movimiento, además se enfrenta a fuertes dolores en la pierna izquierda, su único punto de apoyo tras la amputación de la extremidad derecha.

La mujer asegura que otros de sus daños es el escuchar un zumbido constante producto de las tres fracturas de la mandíbula que también le ocasionan problemas para la oclusión dental, debido a que sus dientes quedaron desalineados.

Alfonso y Erika ahora buscan justicia por los daños y secuelas del accidente vial, así como por la conducta que ha asumido la empresa y la presunta negligencia de las autoridades ante su caso.

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