El Congreso local y las autoridades de Salud aún deben modificar las leyes estatales y disposiciones para garantizar que el aborto sea un derecho en el estado, como hasta ahora lo es en Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Coahuila; sin ese cambio, las mujeres deben recurrir a un amparo para abortar sin ser castigadas
Verónica Martínez / La Verdad
Ciudad Juárez– Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo, al reconocer su derecho a decidir, ¿qué sigue en Chihuahua?
En el estado, como en otras 27 entidades federativas, aún hay obstáculos que se deben atender. El Congreso de Chihuahua debe modificar las leyes estatales conforme a los nuevos parámetros de la Corte y las autoridades de Salud deben garantizar la normatividad y los servicios que permita a las mujeres ejercer su derecho de interrumpir su embarazo, como hasta ahora ocurre en Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Coahuila.
Sin esos cambios en el estado, las mujeres deberán recurrir a la solicitud de un amparo para abortar sin ser castigadas, como lo estableció el fallo de la Corte el pasado 7 de septiembre.
Ante esa situación, el siguiente paso es que Congreso de Chihuahua modifique el código penal donde se establece que aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo y se penaliza con cárcel para la mujer que voluntariamente practique su aborto, así como para quien la haga abortar con o sin consentimiento.
La última sentencia dictada en el estado por el delito de aborto fue pronunciada en septiembre del 2019 en contra de un hombre, según datos brindados por la Fiscalía General del Estado. Esta sentencia de dos años y ocho meses se concluyó en marzo de este año.
Hasta julio del 2021, a nivel nacional se han iniciado 432 investigaciones por aborto y tres, en Chihuahua, señala el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si estos casos llegan a un juzgado, con el fallo de la SCJN estos no podrán tener un resultado condenatorio y las personas acusadas tendrán una base legal para protegerse con un amparo, explicó Laura Dorado, abogada integrante de Marea Verde Chihuahua y de la Red de Aborto Seguro Chihuahua.
¿Se podrá abortar sin sanción en Chihuahua?
Despenalizar el aborto no es lo mismo que legalizarlo y Chihuahua está lejos de brindar los instrumentos necesarios para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria tanto por el lado legislativo como en el ámbito de salud, coinciden expertos consultados.
Aunque el fallo de la SCJN abre la posibilidad de se busquen servicios de interrupción del embarazo, esto significaría un proceso extenso que implica la solicitud de un amparo y tener el debido acompañamiento legal, explicó Alex Ali Méndez, abogado independiente enfocado en derechos LGBTQI y justicia reproductiva.
Esto significa que las mujeres primero tendrán que solicitar la interrupción a un servicio público, pero se le negará debido a que este no esta despenalizado en el estado, indicó. Contra esta respuesta negativa se podría interponer un amparo y crear una demanda en donde se señala que esta negativa de brindar un aborto voluntario viola o restringe la autonomía reproductiva de la mujer o persona gestante.
Este proceso de juicio puede durar entre cuatro a seis meses, dijo Méndez; sin embargo, debido a que las personas que soliciten el servicio no pueden esperar, se podría solicitar una suspensión, que aprobada por un juez puede garantizar el derecho a la interrupción al embarazo en cuestión de dos semanas.
El proceso también requeriría representación legal que bien puede hacerse con la ayuda de un abogado particular, explicó Méndez. Existe la posibilidad de buscar ayuda por parte de abogados de la Defensoría Pública General o de organizaciones civiles que brinden servicios jurídicos gratuitos.
“El asunto es que sepan donde esta la defensoría o con cuales organizaciones acudir y considerando que estas van a ser entidades públicas que ya van tener mucho trabajo el proceso es largo y complicado”, dijo.
¿Habrá acción legislativa?
En respuesta al fallo de la Corte, la diputada panista Marisela Terrazas Muñoz presentó en el Congreso de Chihuahua una iniciativa, apoyada por el resto de los diputados del Partido Acción Nacional, para exhortar a los ministros de la SCJN a reconsiderar los argumentos de la resolución del pasado 7 de septiembre.
“Los diputados de Acción Nacional estamos ciertos que la eventual resolución de dichas acciones, pueden sentar un precedente inaceptable que pone en grave riesgo la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país”, dijo la legisladora durante la sesión del pasado martes.
Sin embargo, Laura Dorado, abogada e integrante de Marea Verde Chihuahua, advirtió que la iniciativa no tiene validez jurídica ya que el Congreso local no puede modificar los criterios de la sentencia ya adjudicados.
“Querían establecer su postura y que todos la conocieran”, dijo la abogada. “Ese fue un mensaje muy claro que también dio la gobernadora”.
La actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha hecho pública su postura política de derecha. En temas de derechos de mujeres se ha posicionado a favor de la familia y en contra del aborto.
Así lo volvió a exhibir en el segundo día de su administración, cuando Campos asistió a un evento en la colonia Riveras del Bravo, en donde uso un pañuelo celeste que representa a grupos provida en Latinoamérica, oposición del movimiento que defiende el derecho de las mujeres a abortar y que se representa con el color verde.
Dorado no espera que el Congreso ponga una iniciativa sobre la mesa para despenalizar el aborto en Chihuahua, ya que iniciativas relacionadas con el tema han sido bloqueadas por legisladores que son principalmente conservadores. La abogada cree que, por ahora, Marea Verde Chihuahua debe enfocarse en trabajar en incidencias de personas criminalizadas por el delito del aborto.
“La situación ahora es que ya se marcó un precedente para todos los jueces y juezas de México. Ya no se va a poder criminalizar o abrir carpetas de investigación a ninguna mujer que intente un aborto voluntario”, dijo Dorado.
En Chihuahua, y otros estados que aún penalizan el aborto, aún se requiere un largo camino para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder al servicio, dijo Méndez.
“Es un procedimiento novedoso. Los primeros acompañamientos o juicios que se realizan se van a enfrentar al reto de aplanar el camino”, dijo Méndez.
Obstáculos en el ámbito de salud
Además del camino que aún se debe recorrer en materia penal, en el ámbito de salud también deben derribarse obstáculos.
Aunque en Chihuahua ya existe para los médicos una jurisdicción que permite la practica del aborto dentro de las primeras doce semanas en el caso de una violación, el tema continúa siendo controversial para muchos, dijo el Dr. Alonso Ríos Delgado, presidente del Consejo Consultivo del Colegio Médico de Ciudad Juárez.
“Nosotros como médicos nos encontramos en la disyuntiva sabiendo que en México y en toda Latinoamérica se practican abortos clandestinos y esto se traduce en la mortalidad infantil y materna”, dijo Ríos.
Bajo las modificaciones que se hicieron a la NOM-046-SSA2-2005 en marzo del 2016, las mujeres pueden solicitar y recibir el procedimiento bajo protesta de decir verdad de que el embarazo fue el producto de una violación.
El personal médico no esta obligado a verificar el dicho del paciente y en el caso de que la salud de la madre este en peligro, también se permite realizar un legrado intrauterino.
En México, la mortalidad materna continúa superando las cifras del 2020 dentro del contexto de la pandemia de COVID-19, señaló el Observatorio de Mortalidad Materna en México.
En el 2019, el aborto se posicionaba como la tercera causa de muerte materna después de enfermedades hipertensas y hemorragias obstétricas, hasta que en abril del 2020 la clasificación de “posible COVID-19” y enfermedades del sistema respiratorio lo delegaron como la quinta causa principal.
La postura de los miembros del Colegio Médico de Ciudad Juárez, es que la vida existe desde el momento de la concepción, señaló Ríos agregando que al hacer un juramento hipocrático reconoce que “la madre puede disponer de su cuerpo, pero no de un cuerpo ajeno”.
Además de declarar inconstitucional la penalización del aborto, la SCJN tumbó la “Ley de derecho a la vida” en Sinaloa que otorga el estatus de persona al producto desde el momento de concepción.
Esta decisión también deja un precedente para otras entidades con leyes similares, como lo es en el estado de Chihuahua que lo señala en el Artículo 5 de la constitución política estatal.
La decisión de la Suprema Corte de despenalizar la interrupción del embarazo ha sido un parteaguas para el gremio medico del estado, dijo Ríos. Pero el médico con más de treinta años de experiencia mencionó que el debate ya existía aún cuando con la facultad legal de realizar un aborto en casos de violencia y emergencia médica.
“Muy pocos médicos han accedido a pesar de que un juez determine que se le practique un aborto a una persona”, dijo Ríos. “Como médico no hay una ley que me obligue a mí a practicarlo”.
La NOM-046 también señala que se deberá respetar la objeción de conciencia de los médicos, pero el estado tiene la obligación de contar con personal capacitados en procedimientos de aborto médico no objetores.
El acceso a procedimientos de aborto, aún en el contexto legal ha sido muy poco accesible en Chihuahua debido a la falta de información sobre la NOM-046 por parte de pacientes y debido a que personal de salud se rehúsa a informar sobre el procedimiento y a hacerlo, dijo Sandra Gutiérrez, médica en un hospital estatal de Chihuahua que pidió usar un seudónimo por el miedo de poner en riesgo su trabajo y exponer a sus pacientes.
“Todavía la gente no sabe que existe la NOM-046, o no solo que exista si no que hay un respaldo jurídico para realizar un aborto”, dijo Gutiérrez. “Las personas en los hospitales no les dan a entender que existe esa ruta y en ese sentido, (el acceso) no ha cambiado, aunque existamos personas no objetantes.
Gutiérrez menciona haber atendido gente en el hospital a la cual no se le ha notificado sobre la normativa que les permite tener un aborto en el caso de violencia sexual. Para médico son varios los retos para las víctimas, primero confirmar su embarazo, tomar la decisión de la interrupción y después de decidir, saber a dónde pueden acudir.
En el 2018, Gutiérrez realizaba sus prácticas en uno de los hospitales estatales en la ciudad de Chihuahua. En una ocasión que ella estuvo presente, llegó el caso de una adolescente que sufrió de violencia sexual.
“Tenían todo el tema de la ley de la norma en sus manos y el personal médico del hospital no se apareció,” dijo Gutiérrez sobre la paciente que ya había sido ingresada en el hospital pero que también ya había acudido a otra institución de salud pública y le fue rechazado el procedimiento.
Mencionó que la opinión negativa sobre el aborto no solo la presentan profesionales médicos si no también recepcionistas y personal administrativo que desde la entrada a un hospital niegan el ingreso de los pacientes.
“Ahorita el reto esta en que todos los hospitales y las instituciones puedan garantizar el derecho a un aborto seguro en caso de violación. Eso ya nos lo debe Chihuahua”, dijo Gutiérrez agregando que a pesar de que existe la figura del médico no objetante, aún se obstruye la interrupción del embarazo a través de la objeción de conciencia por parte de médicos conservadores.
Este lunes se inició otra discusión en la SCJN que cuestiona la validez de la objeción de conciencia que se plantea en la reforma a la Ley General de Salud de 2018. En la sesión de este 13 de septiembre, la Corte declaró la objeción de conciencia constitucional pero no como un derecho “ilimitado que pueda ser invocado en cualquier caso y bajo cualquier modalidad”, dijo el magistrado Luis María Aguilar.
Con la despenalización del aborto en México, Ríos reconoce que se debe respetar el derecho de la mujer que quiere practicar el procedimiento, pero también puntualizó que “existe el derecho del médico que se negase a practicarlo”.
El debate causa un choque entre los ministros de la corte. Sin los votos necesarios para llegar a un acuerdo, la discusión continuará en la siguiente sesión ordinaria de la Suprema Corte el próximo lunes.
#28S por el aborto legal
En redes sociales los grupos a favor del aborto en Chihuahua festejan el fallo de la corte que ya no las va a criminalizar por ejercer el derecho a decidir. En un comunicado publicado en Facebook, Marea Verde Chihuahua declaró que el 28 de septiembre saldrán a las calles a manifestarse levantando los pañuelos verdes celebrando la consigna “ni presas por abortar”.
El último martes del mes de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el aborto legal y seguro. En marco de la conmemoración, agrupaciones en Ciudad Juárez ya organizan actividades, incluyendo dos marchas para exigir el acceso al aborto legal, a pesar de haber expresado temor a represalias en vista de pasadas represiones policiacas hacia las mujeres que participan en movilizaciones feministas.
La estigmatización social que rodea el procedimiento de aborto sigue siendo el obstáculo más grande para iniciar una conversación en el congreso causando temor entre las activista y acompañantes, dijo la abogada integrante de Marea Verde Chihuahua, Laura Dorado.
Samantha, una mujer que ha sido acompañante por cerca de tres años en Ciudad Juárez considera el fallo de la Corte como un avance que le permitiría continuar haciendo su trabajo voluntario con cierto nivel de protección.
A pesar de que las colectivas reaccionaron con emoción ante ese fallo, a Samantha y a otras acompañantes les preocupa la posible respuesta del actual gobierno estatal.
“Vemos el panorama aún más hostil en comparación con la administración pasada. Sabemos que puede haber consecuencias y tememos que aún así habrá criminalización de alguna forma”, dijo la joven de 24 años. “Pero sabemos que si no hablamos nosotras, las que formamos parte de las colectivas, no van a tener fuerza las demás para hablar”.
Chicome, una activista que forma parte de las colectivas que organizan las marchas del 28S declaró que el aborto debe ser atendido por el estado como un tema de salud publica, agregando que la penalización no frena los abortos clandestinos, si no que prolifera los procedimientos inseguros entre las mujeres más vulnerables y desvalidas socialmente.
“Estamos más temerosas a que haya mas represión y a que seamos calladas”, dijo la activista que pidió usar un pseudónimo por miedo de ser identificada por las autoridades locales ya que su nombre no es común.
“No creemos que haya muchos cambios para nosotras con este gobierno (estatal), pero nosotras seguiremos presionando con todos los medios que tengamos para que también aquí en Chihuahua se despenalice el aborto”.
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