A las familias en situación de desplazamiento les cambian el plan de vida, algunas se esfuerzan por arraigarse en otras ciudades o estados, mientras que otras regresan a vivir a su tierra en una cuerda floja porque los niveles de inseguridad, corrupción e impunidad, están intactos
Patricia Mayorga / Raíchali
Guadalupe y Calvo, Chihuahua- Habían pasado menos de diez días de las elecciones del 6 de junio, cuando se desataron varios enfrentamientos en el llamado Triángulo Dorado (Chihuahua, Sinaloa, Durango), que provocaron el desplazamiento forzado de más de 200 personas del ejido San Gerónimo.
Entre las comunidades de los seccionales de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, corrió pronto la primera noticia: Por el poblado de Dolores asesinaron a 6 hombres de un grupo que intenta ingresar al territorio desde Sinaloa para pelear la plaza. Dejaron herido a otro hombre del grupo local, que también pertenece al Cartel de Sinaloa. Éste ha sufrido varias escisiones por lo menos desde hace una década, en aquella zona.
Mientras los incendios de junio parecían no terminar en la Sierra Tarahumara, las noticias se propagaban como el fuego, y con ellas, la tensión e incertidumbre de una nueva ola de violencia encarnizada. Los días posteriores, ocurrieron otros cuatro o cinco enfrentamientos en comunidades mestizas e indígenas de aquella región.
“Hace mucho que no había retenes en los caminos”, comentó un poblador después de pasar con sus acompañantes en una camioneta pick up, por la revisión de jóvenes del grupo delictivo local.
“Tenía tiempo que los policholos no resguardaban las entradas”, comentó otra persona entrevistada y de quien se guarda la identidad por seguridad. Para algunos, se trata de la policía comunitaria, quien se fortaleció para defenderse de un grupo considerado muy sanguinario, Los Pintos, que llegó también de Sinaloa y que lograron expulsar aproximadamente en 2016. Para otros, es otro grupo que se formó con gente del lugar, que es parte también del Cartel de Sinaloa.
Entrevistada antes de dejar la dirección de la Comisión Especializada en Atención a Víctimas del Estado de la administración pasada, Irma Villanueva Nájera, dio a conocer que la Secretaría General del Estado les indicó el 2 de julio, la necesidad de atender a personas desplazadas del municipio de Guadalupe y Calvo.
Previo al desplazamiento, el 16 de julio, personas del municipio comunicaron a este medio que hubo otros dos muertos y dos heridos en otro enfrenamiento, en San José del Rincón.
Villanueva dio a conocer que en el momento que atendieron la situación, estaban desplazadas por lo menos 140 personas en otras ciudades del estado. El ayuntamiento de Guadalupe y Calvo les ayudó a resguardarse en otro lugar a las víctimas del poblado de Santa Rita y sus alrededores, que pertenecen al ejido San Gerónimo. Elementos del Ejército escoltaron a un segundo grupo de familias desplazadas.
“Nos ponemos en contacto con el presidente municipal de Guadalupe y Calvo, que tiene el primer contacto con las víctimas de cualquier impacto, tiene el pulso y monitoreo. Confirmó que atendieron a un grupo de personas, 18 de ellos estaban en algún albergue acondicionado para ellos y el resto, en casas de familiares en otros poblados o ciudades. Era para saber cómo estaba la situación y qué necesidades había, dónde estaban”, detalló la exfuncionaria.
LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES ERA LA ALIMENTACIÓN Y LA SEGURIDAD PARA EL RETORNO. AUNQUE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE Y CALVO TENÍA CUBIERTA LA ALIMENTACIÓN, LOS RECURSOS ESTABAN POR TERMINAR Y NO SABÍAN CUÁNTO TIEMPO IBAN A ESTAR DESPLAZADOS.
“Ofrecimos una visita con los desplazados, queríamos coordinarnos con ellos. Trabajamos con protocolo de atención y asistencia a víctimas en situación de desplazamiento, que involucra varias instituciones y que afinamos el año pasado, y una vez implementado, viajamos”, agregó Villanueva Nájera.
En la primera visita que hicieron las autoridades estatales a las personas desplazadas de Santa Rita y otras rancherías, atendieron las necesidades emergentes y generales. En una segunda visita, en la que también estuvo el alcalde interino, Ángel de la Rosa, la atención fue más personal, indicó Irma Villanueva.
A la última reunión acudieron personas del albergue y diferentes partes donde se refugiaron.
“Hablaron bastante, primero los hombres, y lo primero que tocaron fue el tema de seguridad. Tenían la necesidad de regresar pronto porque iniciaba ya su ciclo agrícola en esos días. Si no sembraban, no iban a tener comida para el año entrante. Pidieron frijol, maíz y seguridad, que el Ejército fuera y se quedara”, informó Villanueva.
Además, les inquietaba el apoyo del programa Sembrando vida y solicitaron que no se interrumpiera. Ellos habían salido el 22 y el 24 de junio. El primer enfrentamiento alrededor del 15 de junio, fue en cerca de Dolores (un pueblo localizado a unas 2 horas de Santa Rita, de donde es la mayoría de los desplazados), pero se extendió hasta el ejido de las personas desplazadas.
Los primeros salieron solos el 22 porque no cesaba la violencia. La segunda salida que fue el 24 de junio y fue acompañada del Ejército, porque les convencieron de salir de manera temporal para no arriesgar su vida.
“Ellos dicen (los pobladores desplazados el 22 de junio) que un día llegaron (los delincuentes) y empezaron a revisar casas. Incendiaron una casa, en ese momento no había personas, pero sí estaba habitada. Encienden un vehículo, comienzan a entrar”, añade la exfuncionaria.
En total realizaron 30 entrevistas con núcleos familiares, con alrededor de 140 familias.
“En entrevistas, coincidían que el 19 de junio llegaron en la mañana varias camionetas con armas largas, con encapuchados, incendian una casa y un vehículo, amenazan con quemar otras casas. Los golpean, arrinconan, les piden cosas. Les piden que entreguen armas o les piden información, o que entreguen droga. Algunas familias vivieron eso y las golpearon, les advierten que, si no se van, algo les va a pasar”.
La mayoría de las familias observó lo que pasaba, se asustaron y se encerraron en camionetas durante un día. Otras familias indicaron que dos días después, el Ejército les pidió salir y se ofreció a custodiarles. En cada vehículo subieron más personas que no tenían manera de movilizarse, por eso pudieron llevar pocas cosas con ellos. La mayoría logró llevar documentos.
“Hubo gente que se resistió a salir, pero después había miedo e incertidumbre porque si regresaban les podrían hacer daño”.
Las personas desplazadas informaron a las autoridades que hubo un operativo de uno de los grupos delictivos que andaba en busca de alguien, la gente se asustó porque desconocen quiénes son las personas de dicho grupo.
EN RANCHERÍAS MÁS ABAJO, HUBO OTRO ENFRENTAMIENTO EN POBLADOS DE EJIDO SAN GERÓNIMO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL PUEBLO DEL GRUPO DE LOS SALGUEIRO. SE TRATÓ DE RESPUESTAS DESPUÉS DEL PRIMER ENFRENTAMIENTO, DONDE HUBO SEIS PERSONAS ASESINADAS.
La amenaza contra las comunidades avanzó los días posteriores hacia otras rancherías del extenso ejido San Gerónimo, y alcanzó a comunidades indígenas. Unas 67 familias rarámuri, con personas adultas mayores, niñas y niños, tuvieron que salir al monte por varios días. Ellas no lograron movilizarse hacia otra ciudad porque además no tenían a donde llegar. Su estrategia fue subir y bajar del monte para ir por alimento y permanecer a salvo.
“Hablan (las personas indígenas) de que hay un operativo por el Ejército y policías, que vieron que algunos de ellos, no saben si municipales, estatales o federales, al parecer estatales, iban en el operativo armado después de primer ataque, con tres niveles de gobierno. Acusan que vieron a personas, a policías, que rompieron puertas, ventanas y algunos objetos de las casas”, indicó Villanueva Nájera.
Aparte, habitantes del municipio aseguran que el Ejército también ingresó a algunas casas de manera violenta, lo que generó más temor en la gente.
A la CEAVE, las personas desplazadas solicitaron alimentos para las comunidades indígenas, porque hasta las personas que atendían la Conasupo del pueblo, tuvieron que huir, aunque regresaron luego de algunos días de desplazamiento.
La mayoría de las familias pudieron regresar las siguientes semanas. El ejército se instaló de manera temporal en la zona. Entre varias instancias apoyaron a algunas familias con semillas para la próxima siembra, así como con hortalizas y avena.
“No se dio un retorno masivo, hubo gente que se regresó en su vehículo, otros esperaron para irse cuando se les llevaran despensas. Otras familias se quedaron en otras ciudades.
“(…) Lo que hemos aprendido es que es necesario que se den condiciones de seguridad, porque lo que quieren es regresar, saben sobrevivir, no necesitan el dinero que requieren en ciudades como Guadalupe y Calvo, Parral o Chihuahua. Ellos producen, tienen animales, casa propia, etcétera. Las que están en desventaja histórica, son las comunidades indígenas”, informó.
Villanueva explicó que esas entrevistas documentadas les permiten acceder a apoyos y recursos como víctimas de desplazamiento forzada, que, aunque no está reconocido como delito, sí como una problemática fuerte.
En la entidad, hasta julio pasado, había 575 personas desplazadas en el estado, de municipios como Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Urique, Uruachi, Saucillo, Morelos. Batopilas y Bocoyna.
“Desde 2017 ha habido desplazamiento en el municipio de Madera, pero no se ha logrado tener contacto con ellos”, detalló Irma Villanueva.
A las familias en situación de desplazamiento les cambian el plan de vida, algunas se esfuerzan por arraigarse en otras ciudades o estados, mientras que otras regresan a vivir a su tierra en una cuerda floja porque los niveles de inseguridad, corrupción e impunidad, están intactos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
