Opinión

Litio y Dos Bocas: la batalla que viene

Las campañas de mentiras y manipulación por las protestas laborales en la refinería Dos Bocas son un episodio de la intensa lucha de los opositores de la 4T para impedir la nacionalización del litio

Alberto Najar / Twitter: @anajarnajar

13 de octubre. El diario Reforma publica que murió uno de los trabajadores que protestaban en la refinería Dos Bocas por una supuesta falta de pago.

La noticia es falsa pero no importó. En unos minutos el mensaje se esparció extensamente en redes sociales de internet, sobre todo Twitter.

Pronto se sumaron a la mentira algunos de los más activos adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, en pocas horas varias de las etiquetas más vistas de Twitter se referían al tema. Todas con el mismo estilo y casi las mismas frases.

Ese miércoles hubo una de las jornadas más intensas en el nado sincronizado de los propagadores de odio contra la 4T, el movimiento político que gobierna el país.

Fue, también, uno de los episodios que más reveló el objetivo de fondo de este sector de la política mexicana.

La refinería Dos Bocas es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal. 

Tiene, como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, fecha de entrega muy definida: antes de concluir la presente administración.

Forma parte de las fotos con que AMLO quiere cerrar su período como presidente.

Y por lo mismo, la refinería es una pieza muy apetecida para quienes han buscado desesperadamente crear la narrativa de un país sin gobierno y enfilado a la catástrofe.

Por eso la intensidad en la campaña de mentiras. Sin embargo, el episodio del 13 de octubre es parte de una estrategia más amplia y que empezó el día en que López Obrador anunció la Reforma Eléctrica.

La iniciativa, en manos de la Cámara de Diputados, pretende cancelar la compra obligada, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la energía excedente generada por empresas privadas.

También busca restablecer el papel de la CFE como el principal organismo rector de la industria eléctrica del país; limitar o suspender los contratos de autoabastecimiento y privilegiar el despacho de energía generada por hidroeléctricas hacia la red nacional.

Entre los afectados por la iniciativa -si es aprobada como la envió el presidente- se encuentran algunos de los consorcios privados más grandes del país.

Y entre ellos, además, varios de los empresarios abiertamente opositores a la 4T, como Claudio X. González o José Antonio Fernández Carbajal, El Diablo, propietario de FEMSA.

Pero esto es sólo una parte de la historia. La otra, y que explica la ferocidad y rabia de las campañas de manipulación en medios tradicionales e internet, es la propuesta de establecer al litio como propiedad de la nación.

Es uno de los minerales más codiciados del mundo. En los mercados internacionales un kilo se cotiza hasta en 20 mil dólares, por ejemplo.

Parte de las nuevas tecnologías dependen del litio, componente fundamental en baterías para computadoras, autos eléctricos o teléfonos celulares, por ejemplo.

México tiene algunos de los yacimientos más importantes del mundo, aunque prácticamente todos están ya concesionados a compañías mineras privadas.

Cuentan, pues, con una enorme fortuna no sólo por el valor comercial del producto, sino por algo que no existe en ninguna otra parte del mundo:

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T MEC) que sustituyó al TLC y representa una de las mayores economías del mundo.

El acuerdo establece que para 2023 todos los automóviles fabricados en la región, así como otros productos de manufactura, deben contar con el 75 % de sus partes elaboradas en la región.

En Arizona existe la mayor armadora de autos eléctricos del mundo, Tesla Motors, propiedad del multimillonario Elon Musk.

La planta requiere, en promedio, 39 mil kilos de litio al día para la fabricación de pilas para los automóviles. 

Las previsiones es que las necesidades de litio se triplicarán en los próximos años.

Requiere, entonces, de un abastecimiento constante del mineral. Y lo tiene. A unos 700 kilómetros hacia el sur, bajo el suelo de la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora, se encuentra uno de los yacimientos más grandes del mundo.

Las reservas probadas de litio superan los 243 millones de toneladas según la consultora Mining Technology. La zona está concesionada al consorcio Bacanora Lithium.

La existencia de esta mina, relativamente cerca del mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo, convierte a la concesión en un productivo negocio.

No sólo por la eventual demanda inelástica del mineral, sino por el ahorro que representa el traslado a corta distancia del litio.

Y éste es apenas un ejemplo. Según la consultora internacional, Sonora tiene la capacidad de producir 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio.

Todos los yacimientos de la entidad están concesionados, pero algunos están en riesgo por la iniciativa presidencial. 

La propuesta es respetar las minas que se encuentren en operación. Pero donde no existan esas condiciones no podrá extraerse el mineral.

De ahí la furia en las campañas de odio y manipulación de las últimas semanas. Pero es sólo el primer paso. 

La siguiente escala es la Cámara de Diputados para tratar de impedir que se apruebe la iniciativa presidencial. En tal escenario los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano tienen la llave para encender la luz verde a la propuesta.

Si los opositores fracasan en el Congreso, es previsible una cascada de peticiones de amparo para tratar de cancelar la puesta en operación de la Reforma.

También es muy probable que el tema se lleve a los paneles del T MEC, así como también a cortes de Estados Unidos, Canadá y hasta de Europa.

La batalla, pues, apenas inicia. Las escaramuzas de manipulación por las protestas en Dos Bocas son un aperitivo del banquete que ansían los propagadores de odio.

***

Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.

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