Ante el Ministerio Público, Isabel, de 8 años, acusó a su abuelastro como el hombre que la agredió sexualmente, pero tres meses después la justicia para ella sigue pendiente y el presunto agresor sigue libre
Blanca Carmona / La Verdad
El martes 17 de agosto, el Ministerio Público escuchó el relato de angustia de Isabel. En su declaración ante las autoridades, la niña de 8 años narró cómo fue agredida sexualmente durante los últimos tres años y señaló a su victimario: su abuelastro.
La niña fue sometida luego a una revisión ginecológica a través de la cual una médico-legista documentó que sí hubo una violencia sexual contra ella, asegura su mamá, quien pidió la reserva de su identidad y la de su hija a la que pidió identificar solo como Isabel.
A casi tres meses de que se hicieron las diligencias y se aportó el nombre y la dirección del presunto responsable, la justicia sigue pendiente, reclama la mamá de la víctima. La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) en la Zona Norte ha omitido ejercer acción penal y el sospechoso libre.
“La niña se atrasó en la escuela, siempre me decía ‘tú no me quieres, me quiero ir con mi papá’”, dice la mujer. “Por el motivo ese llegó a tomar pastillas, casi se me moría”.
“Yo sin saber nada, yo pensaba que le había afectado mi separación con su papá. Pero no, era eso (las violaciones) … y lo que le sacaron ahí en Fiscalía, porque ella ahí habló”, afirma.
Las primeras diligencias fueron atendidas por la agente del Ministerio Público Karla Vanessa Chávez Fernández y posteriormente la carpeta de investigación fue asignada a la fiscal Adriana Barraza, sin que hasta el pasado 8 de noviembre se hubiera emitido la orden de captura.
Sobre el caso, la FEM se negó a proporcionar una postura. El vocero de esa dependencia en la zona Norte, Julio Castañeda, declinó atender la petición de información.
La mamá de la víctima dice que ella solicitó en su trabajo un permiso de dos meses sin goce de sueldo para atender a Isabel, así como el proceso penal, pero el tiempo pasó y el proceso no avanza.
A la víctima se le ha brindado atención psicológica por parte de la Fiscalía, pero la justicia sigue pendiente señala la madre de familia, al referir que en varias ocasiones se ha presentado a las instalaciones de la FEM, en viajes que implican unas dos horas de traslado en transporte público, desde su casa ubicada en el suroriente, por el sector de Electrolux. Aunque en ocasiones debe realizar un desembolso ecónomico para pagar su viaje en automóvil.
“En varias ocasiones llamé, una vez me contestó la licenciada Barraza, me dijo que iba a decir qué pasaba y me regresaba la llamada, pero no lo hizo. Después, en varias ocasiones, me presenté a Fiscalía de la Mujer y ella no estaba. Ya se me hizo mucho la pérdida de tiempo. En el trabajo me dieron dos meses de permiso porque yo iba a renunciar, cuando fui a trabajar me sentía señalada”, dice la mamá de la víctima, quien también precisó que ella atraviesa por una depresión y la situación familiar es muy complicada.
Desde que tenía cinco años, Isabel fue agredida sexualmente, sin que su madre advirtiera qué estaba sucediendo. Incluso, hace meses trató de quitarse la vida, se tomó el medicamento y en estado grave fue hospitalizada, cuenta la mujer.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el abuso sexual infantil es una de las agresiones más violentas contra la integridad física, psicológica y emocional; cuando este se manifiesta, afecta de forma significativa y vulnera una serie de derechos universales que están interconectados y entre los que destacan: el derecho a la paz, a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social y por supuesto a una vida libre de violencias.
Ponen en riesgo a víctimas, advierten
El caso de Isabel no es el único en el que la FEM y las autoridades bajo su mando tardan en ejercer acción penal, es una situación presente en muchos más, señala Lidia Cordero directora ejecutiva de Casa Amiga, al ser consultada sobre la dilatación de la justicia.
Su asociación representa un caso de violencia sexual que fue denunciado ante el Ministerio Público desde 2019 y a un año de que se emitió la orden de detención contra el acusado, esta no ha sido ejecutada, pese a que el presunto responsable también está plenamente identificado y los ofendidos aportaron todos los datos para la localización.
En este caso –también cometido en perjuicio de una niña– la carpeta de investigación se integró en 2019 y en 2020 se emitió la orden de captura, indicó la coordinadora de Casa Amiga, instancia que forma parte de la Red por la Infancia.
Cordero refirie que la lentitud por parte de la Fiscalía y de sus órganos auxiliares en el cumplimiento de las órdenes de captura, así como órdenes de protección a favor de las víctimas, son una constante y la situación se agravó más a partir de la pandemia generada por el COVID-19.
“Esta es una latente, es una situación que se presenta muy muy frecuente en temas de poder girar órdenes de protección específicamente y la aprehensión. Ahí nosotras vemos que hay una carga de trabajo no solamente en la Fiscalía sino en la ejecución de la orden de aprehensión que ya no corresponde a la Fiscalía sino a la coordinación de ejecución de estas medidas de protección, de la Policía Ministerial”, señala Cordero.
En promedio, al año Casa Amiga representa y asiste a 150 víctimas de violencia sexual y familiar, y en la mayoría de los casos impera la tardanza en la impartición de justicia.
Algunas medidas de protección dictadas a favor de las víctimas –como las órdenes de separación del domicilio y órdenes de restricción que se emiten en casos de violencia familiar–, deberían ser cumplidas en las primeras 24 horas después de que se recibe la denuncia, pero actualmente las autoridades tardan más de 15 días. Lo que pone en riesgo a las víctimas e incluso puede derivar en feminicidios, refirió Lidia Cordero.
A partir del 2020, el problema se ha vuelto como “un cuello de botella” pues en la FEM había menos personal trabajando de forma presencial y a eso se le sumó que en los juzgados del fuero común también se detuvo el trabajo, es decir, había menos jueces para dictaminar y validar las órdenes de protección.
“Vemos una situación muy preocupante, muy alarmante. Vemos que las víctimas quedan en desamparo, con situaciones que pueden vulnerar aún más el proceso”, agrega Cordero.
Explica que “si es una cuestión de violencia familiar puede desencadenar en un feminicidio íntimo sino está con seguridad la mujer y en el caso de niñas, niños incluso que puedan seguir conviviendo o vivir una agresión sexual de nuevo o que vaya escalando a otro nivel la violencia, que pueda ponerles también en riesgo. Además de que el proceso penal no avanza mientras no haya esta medida de protección”.
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