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Los deudos pagaron

Por Patricia Monreal, Mariana Morales, Alma Ríos, Teresa Montaño

Parte 3 de 3

Cuando el Covid-19 se llevó en Alabama a la indígena tsotsil Micaela, su viudo acudió al consulado a pedir apoyo para trasladar los restos a Chiapas, su tierra natal. Ahí le dijeron despotamente que por el momento no podían apoyarlo porque “ya había mucho muerto”.

Por falta de recursos para pagar el avión, al viudo lo ayudó una pareja de chicanos  a cruzar las cenizas de su esposa por carretera. El destino era entregarlas a la familia en San Juan Chamula, una comunidad llena de color, ritos y plegarias, donde el “Horario de Dios”, “el reloj Sol”,  es el que marca el paso del tiempo.

El vehículo recorrió más de tres mil kilómetros de distancia, casi como bordear el Golfo de México. Fueron más de 36 horas de viaje y tres mil 500 pesos de gasolina, tan sólo en la pura ida.

Pero los deudos gastaron más. En Estados Unidos ya habían desembolsado unos 36 mil pesos para el servicio de cremación.

Pese a que la Guía para el Traslado de Restos o Cenizas de Personas Mexicanas que Fallecen en el Extranjero, mandata a los consulados otorgar apoyos a deudos pobres a través de las funerarias, para servicios básicos de traslado, embalsamamiento o cremación, la familia de Micaela no recibió la ayuda.

La red consular tiene atribuciones de otorgar apoyo económico  por servicios funerarios básicos para el traslado de restos o cenizas de personas mexicanas fallecidas por un monto máximo de mil 800 dólares, equivalentes a 36 mil pesos, lo que la familia de Micaela habría pagado tan solo por la cremación.

Esta investigación periodística documentó que durante 2020, se entregaron mil 279 apoyos económicos en 42 consulados, pero fueron muy pocos y algunos, irrisorios comparado con las dos mil 556 solicitudes de familiares registradas por la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior.

Vía solicitudes de transparencia, el consulado de Laredo reportó haber entregado en septiembre de 2020, una ayuda de tan solo 89.30 dólares, con lo que en Estados Unidos apenas alcanza para comprar unos tenis baratos.

Incluso se reportan apoyos menores, como el otorgado en Milwaukee por 26 dólares, a una familia en enero de 2020 para servicios funerarios, lo equivalente al precio de una pizza estadounidense.

Los consulados de Nogales Arizona, Douglas y San Juan admitieron que destinaron cero pesos en apoyos, aun cuando en el primero de éstos, oficialmente se tiene el registro de cinco indígenas migrantes muertos a causa del nuevo coronavirus.

Un monto por 415.4 mil dólares fueron entregados en apoyos de enero de 2020 a marzo de 2021, por la Red Consular en todas sus sedes alrededor del mundo, conforme a la respuesta otorgada a las solicitudes de información que le fueron formuladas.

Los apoyos del gobierno mexicano son prácticamente simbólicos, reconoce María Fernanda Zavala Aguirre, quien hasta septiembre pasado se desempeñó como jefa del Departamento de Derechos Humanos y Repatriación de la Secretaría del Migrante en Michoacán.

Ella explica que tan solo el servicio de una funeraria, puede costar hasta tres mil dólares, a lo que se suma el vuelo para el traslado del cuerpo, la preparación, la refrigeración y el embalsamamiento.

Eso representa que los deudos llegan a gastar más de 109 mil pesos, cantidad que difícilmente tienen a la mano cuando son de bajos recursos.

Roberto Gómez Hernández es profesor de una primaria indígena, y por eso se ha dado cuenta que algunas familias de la comunidad de  San Juan Chamula, Chiapas, donde da clases, se han llegado a endeudar con más de 60 mil pesos para costear estos servicios.

Éste es el caso de Salvador Hernández, padre de un migrante que murió en Estados Unidos y fue repatriado a la comunidad de Nanchtantik municipio de San Juan Chamula.

Sentado en una silla de madera, en su casa de tabla, el anciano tsotsil relató en lengua materna, que tuvo que pedir prestado para poder regresar el cuerpo de su hijo a la tierra que lo vio nacer.

Hasta la fecha, Salvador adeuda 100 mil pesos a los prestamistas de su pueblo.

Pesar indígena y leyes muertas

Como un presagio de su inminente fallecimiento, la purépecha Raquel Cerna Álvarez -de 82 años de edad- le dijo a su hijo antes de ingresar a un hospital de California: “mira Guillermo, eso sí te pido, que si yo me llego a acabar, aquí no me vayan a dejar, yo quiero que me entierren junto con tu papá, en Michoacán”.

Para los purépechas, cumplir la última voluntad de los suyos, es Ley.

Eso lo sabían los hijos, primos y nietos de Raquel que radican en aquella nación americana, y a sabiendas de que el apoyo del gobierno de su tierra natal no iba a llegar, cooperaron para hacer valer la palabra de la familia.

Muchas madres, hijas o esposos de las mujeres indígenas migrantes fallecidas por Covid-19, no sólo quedaron desamparadas por los consulados, sino también por los gobiernos estatales y municipales de su país de origen.

A través de solicitudes de información se pudo detectar que de los 32 estados de la República Mexicana, sólo dos implementaron programas emergentes de apoyo a familiares de ciudadanos fallecidos en el extranjero a causa del virus.

Esto a pesar de que ocho entidades establecen en sus Leyes, obligaciones de generar políticas públicas para asistir en el traslado u ofrecer servicios funerarios para repatriar los restos, entre ellas Michoacán, de donde Raquel era originaria.

Legislativamente en 24 estados de la República, los indígenas migrantes están ausentes, no existen disposiciones que contemplen su protección ni obliguen a la generación de políticas públicas para su atención.

Durante el tiempo de contingencia sanitaria, el apoyo gubernamental de la mayoría de los estados y municipios mexicanos, solamente consistió en dar asesoría legal y trámites para actas de nacimiento, defunción o matrimonio.

En México durante esta pandemia, sólo cinco entidades federativas implementaron programas o acciones para apoyar a migrantes indígenas asentados en sus territorios.

Este desamparo institucional fue el mismo que sufrieron en su propia tierra.

El auxilio que dieron los gobiernos estatales a las comunidades indígenas, consistió -entre otros- en la entrega de apoyos alimentarios, como lo hizo Sonora y Sinaloa; en dar albergue, como Aguascalientes; y ayudas económicas de mil 500 pesos, como fue el caso de la Ciudad de México. Aún así, fueron insuficientes.

El apoyo del otro lado de la frontera

Angélica Moreno, vive a más de tres mil kilómetros de distancia de su esposo e hijo. Ella radica en el municipio mazahua de San Felipe del Progreso, y ellos en California.

En ninguno de los dos países la familia pudo acceder a alguna ayuda para enfrentar la crisis por la pandemia, pese a que padre e hijo se encontraban en cama luchando contra el Covid-19 en tierra estadounidense.

En aquél país el gobierno ofreció apoyos de desempleo a los mexicanos, de entre 500 y mil dólares. De éstos Angélica y su familia no vieron nada.

Sentada en la sala de una casa modesta, la mujer de origen mazahua, de tez blanca y cara lavada, platicó que uno de sus cuatro hijos tuvo que abandonar sus estudios a muy poco de recibirse como licenciado en Derecho, ya que su esposo dejó de enviar remesas por falta de trabajo.

“A veces me pongo a pensar, ¿de dónde van a sacar ellos para que nos den?, en su momento nos dieron, ¡qué bueno!, ¡felicidades!, pero cuando no hay, pues también tenemos que entender”, comenta contundente con su voz gruesa.

Algunas ciudades como Seattle dieron “un fondo de alivio económico” de entre mil y tres mil dólares, esto para apoyo de los paisanos que dieron positivo a la enfermedad.

Pero las ayudas no fueron suficientes, prácticamente nadie pudo acceder a ellas por falta de información, requisitos, idioma, trabas administrativas, no tener documentación, e incluso carecer de internet.

Así lo platicó Gloria Santiago, activista por los derechos de los migrantes indígenas: “Es que a mi hasta vergüenza me da decirlo, pero son bien poquitos, si lo recibieron unos 15 es mucho”, dijo.

Otro problema, es que los rastreadores –como llaman al personal que contacta a las familias- les advertían que el dinero de los apoyos “nada más era prestado”. 

La oaxaqueña Gloria, quién se considera una guía para los indígenas mixtecos asentados en Seattle, relató cómo la muerte de Francisco -el primero que el Covid les arrebató-, orilló a los integrantes de la comunidad a hacer donaciones de entre cinco y diez dólares.

Recordó que en aquella ocasión se juntaron aproximadamente diez mil dólares, que es más que lo que pudo haber entregado el consulado. Eso sirvió a la familia para cubrir parte de los gastos funerarios, porque en Estados Unidos como en México… los deudos pagaron.

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Esta investigación periodística fue apoyada por Adelante Reporting Initiative de la International Women’s Media Foundation’s

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