Un recorrido por varias zonas de la ruta migratoria en México para captar las duras y peligrosas jornadas de mujeres solas, embarazadas y madres con sus hijos.
Foto: Alejandra Daniela de El Salvador da a luz a su tercer bebé con ayuda de las parteras de Partería y Medicina Ancestrales en Tijuana.
Mujeres migrantes que abortan en silencio en baños públicos, que maternan en trenes y embarazadas que suplican para no perder a sus bebés por la desnutrición que sufren luego de días decaminar y dormir en las calles, que huyen de sus lugares donde han sido violentadas, son los testimonios de ellas a lo largo de su travesía por México rumbo a Estados Unidos.
En la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y las de sus familiares se internan de forma clandestina en un país que violenta sus derechos y no ofrece garantías de seguridad ni de acceso a la salud. De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por Population Council, una organización no gubernamental internacional, entre el 60 por ciento y 70 por ciento de las mujeres migrantes que transitan por México son víctimas de abuso y/o violencia sexual.
Esto trae consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, alteraciones hormonales y psicológicas en un contexto en el que impera la impunidad.
Organizaciones que acompañan a las mujeres en movimiento concuerdan que las políticas públicas endurecidas tanto de México como de Estados Unidos, en donde la Guardia Nacional ha perseguido a los migrantes y a partir de la contingencia sanitaria del Covid han agravado la situación al obligar a las mujeres a buscar la clandestinidad y permanecer por mayor tiempo en territorio mexicano o en las rutas migratorias, exponiéndose ante peligros de secuestros y abusos diversos siendo las comunidades más vulnerables, las más afectadas.
Para este trabajo se recorrieron las fronteras del norte: Reynosa, Matamoros, Tijuana, Ciudad Juárez, y del sur de México: Ciudad Hidalgo y Tapachula así como puntos intermedios de la ruta migratoria como el desierto de Chihuahua, Coatzacoalcos y Las Choapas.
Por Alicia Fernández
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF por sus siglas en inglés) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
Secuestradas por los carteles, perseguidas por las autoridades mexicanas y estadounidenses, sin atención médica y estigmatizadas por interrumpir un embarazo son las condiciones en las que mujeres migrantes abortan en el anonimato.
Foto: Valentina de 28 años observa a través de la tela que cubre su carpa en el campamento improvisado de migrantes en Matamoros a un lado del Río Bravo y cerca del puerto fronterizo.
Valentina migró desde su natal Venezuela. Tiene 28 años y está embarazada. Es su tercer embarazo en su travesía por México rumbo a Estados Unidos, pero en los dos primeros perdió a sus bebés, fueron abortos espontáneos.
“Fue como para morirme en el baño yo sola”, cuenta desde el interior de una carpa de un campamento improvisado cerca de un puerto fronterizo en Matamoros, Tamaulipas, en donde comparte espacio con alrededor de mil 500 migrantes, la mayoría de ellos hombres.
Su trayecto por casi una docena de países –Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala– ocurrió sin contratiempos, incluso su paso por la selva del Darién: “gracias a Dios no me violaron, no me tocaron”.
Valentina –su nombre real fue cambiado por seguridad– dice que lo más difícil ha sido cruzar México, porque luego de llegar desde Guatemala, por el río Suchiate, fue ‘levantada’ junto con un grupo de personas en movilidad a quienes conoció en el camino.
“Nos subieron a una troca donde estaban montando una persecución con la policía y estaban echando plomo y estábamos todos metidos en la troca y era un susto increíble”, contó.
La mujer sufrió al menos tres secuestros en su travesía por México antes de reunirse con su pareja en Coatzacoalcos, Veracruz; después ya juntos han sido privados de la libertad al menos un par de veces más, en una de esas ocasiones ella estaba embarazada y perdió a su bebé.
“Ya lo estaba buscando (el embarazo), voy para cinco años con mi esposo, me quité el aparato y salí en estado dos veces y las dos veces lo perdí por el susto de la levantada del cartel de La Maña”, cuenta Valentina, sobre su decisión de retirarse el Dispositivo Intrauterino de Cobre, método anticonceptivo, que se colocó luego de su tener a su primer hijo, quien se quedó con su abuelo en su país.
Valentina llegó a Ciudad Juárez, cruzó la frontera, pero las autoridades de Estados Unidos la retornaron a México, donde fue retenida por agentes del Instituto Nacional de Migración y trasladada al sur, a Villahermosa, Tabasco, para ser liberada. Ahí hizo contacto con su pareja, que fue trasladado a Veracruz, donde se encuentran y vuelven al norte del país, a Tamaulipas, para intentar de nuevo pasar al territorio estadounidense.
Aunque ahora su trayecto es más complicado porque siente su cuerpo distinto, apenas logró una consulta médica con Médicos Sin Frontera y se pagó un ultrasonido. Como la mayoría de las personas migrantes que transitan por México rumbo a Estados Unidos, Valentina carece de servicios médicos.
No es fácil migrar y quedar embarazada en un país que no es el tuyo, tampoco es fácil si ocurre durante el camino, y peor cuando pierden al bebé, coinciden organizaciones que atienden y acompañan a las mujeres migrantes en gestación.
En los últimos tres años transcurridos, 589 mujeres extranjeras abortaron en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este número puede ser mayor, sin embargo muchas de muertes fetales de las migrantes no quedan registradas porque ocurren de manera clandestina.
Los embarazos interrumpidos registrados durante los años 2020, 2021 y el 2022 son equivalentes a más de la mitad de los nacimientos de madres extranjeras, que durante ese mismos años sumaron mil 112, revelan los datos del INEGI.
En la frontera sur, Ani Arenas, una partera independiente se traslada desde Veracruz hasta Tapachula, Chiapas, para atender a mujeres embarazadas en puntos críticos de migrantes, como es el retén de Migración Viva México, en donde las personas migrantes son obligadas a esperar su permiso para avanzar por territorio mexicano.
Hasta ese lugar llega una mujer migrante en busca de ayuda porque una de sus compañeras de viaje está abortando en una casa: “Nos comentó que estaba embarazada, llegamos aquí y empezó con dolores del vientre… Ya se fue a una casa que le han prestado ahí, le está bajando mucho líquido, no sé si perdió el bebé”, comenta Olga Manques, de Ecuador, a la partera.
Ani lleva pruebas de embarazo, condones y les ofrece consulta a mujeres embarazadas, su trabajo es atender a esta población que tiene pocas posibilidades de acceso a atención médica y prevenir abortos, sin embargo, muchos casos quedan fuera de sus posibilidades de acción.
En Tamaulipas, una integrante de la colectiva Matamoros Decide, quien pidió omitir su nombre por seguridad ya que ha sido amenazada y señalada como ‘mata bebés’ por ofrecer acompañamiento a mujeres que deseen interrumpir un embarazo, narra lo que ella llama una “historia de terror”.
Una adolescente de 16 años mexicana que emigró desde Guerrero les solicitó acompañamiento para interrumpir su embarazo en un albergue, su médico familiar le había proporcionado misoprostol desde su lugar de origen y ella había expresado al director del albergue su deseo de abortar.
“Si tu puedes enumerar cuántas violencias puede sufrir una menor, ella tenía todas las vulnerabilidades y, de verdad, la violentaron sobre otra violencia, sobre otra, sobre otra, la enfermera del lugar termina sacando el producto del inodoro dándoselo a ella en brazos”, comentó la activista quien es profesional del sector salud.
El acompañamiento fue a distancia y el cálculo de la menor embarazada y de la integrante de la colectiva era que sería un producto de nueve semanas; sin embargo, al expulsarlo se dieron cuenta que al menos contaba con 19 semanas de gestación por lo que los tratos del personal del albergue hacia la joven se tornaron violentos.
El director de ese centro de refugio incomunicó a la adolescente, le quitó su celular, no dejó que su esposo vaya con ella en una minivan donde la suben a fuerzas. La llevan en contra de su voluntad al Hospital General a realizarle un legrado porque según menciona la acompañante, en palabras del director del refugio tenían que ‘limpiarle ahí’.
A las 5 de la mañana la sacan del hospital con el producto en brazos y ella cuando recupera la comunicación llama a la acompañante de la organización y le pregunta: ¿qué hago con esto?
Posteriormente, cuenta la mujer, perdió contacto con la joven por lo que sus intenciones de llevar el caso a un nivel jurídico ya no avanzaron.
Una situación que le preocupa es que al menos la mitad de los acompañamientos que han realizado a mujeres en situación de movilidad son resultado de una agresión sexual.
“Es importante que sepan que hay métodos con pastillas que son seguros, que pueden acudir a ellos”, comparte.
Las condiciones de hacinamiento en lugares como los campamentos implican un reto mayor ya que estos métodos necesitan al menos nueve horas de protocolo con diarrea activa, lo cual se dificulta en un campamento carente o con pocos baños.
“Eso se vuelve un problema todo, o sea, básicamente como otro tipo de vulnerabilidades a los que no nos habíamos enfrentado como acompañantes”, expresa.
Ropa de migrantes en un campamento a las orillas del Río Bravo en Reynosa.
Orilla del Río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos en donde miles de migrantes se han instalado en Matamoros
Baños en el campamento de migrantes improvisado en Matamoros
Gran parte de estos abortos de mujeres migrantes suceden en el camino, entre violencias, de forma espontánea, sin que se registren, y bajo condiciones de desnutrición, complicaciones por enfermedades como la diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias, vaginales, esto último por la falta de acceso a baños o lugares de higiene, comenta Aracely Pineda, de la organización Pro Salud que opera en Tijuana.
Tal es el caso Valentina, quien cuanta que uno de sus dos abortos ocurrió dos días después de que fuera liberada por traficantes de un secuestro: “Ya me sentía mal, yo iba al baño, ya no era el periodo (menstrual), y me voy a hacer al baño y siento que se me salió algo. Y fue como para morirme en el baño, yo sola. Mi esposo estaba trabajando y bueno, qué más, me tocó tomarle la foto y darle a la palanca”.
Deportaciones masivas, Remain in Mexico, Título 42, aplicación CBP One, políticas que han empujado a la permanencia de mujeres migrantes en México, donde libran una batalla por sus derechos
Foto: Wilma viaja sobre un tren de carga en los brazos de su madre Elizabeth, junto a un grupo de migrantes que cruzan el desierto de Chihuahua rumbo a Ciudad Juárez, por donde pretenden cruzar Estados Unidos
Elizabeth celebró los seis años de su hijo Wilma Gerardo sobre un tren de carga que atraviesa por el desierto de Chihuahua, luego de recorrer miles de kilómetros desde su natal Venezuela para llegar a la frontera de México con Estados Unidos.
Va sentada junto a su esposo mientras escucha al niño decir que nunca olvidará este día. De regalo por su cumpleaños recibió un dulce y un carrito de plástico, y se ha inventado un cuento cuya protagonista es ‘la princesa desfachatada’, quien es su nueva amiga y acompañante de vagón que también viaja con su familia y tiene la misma edad que él.
Sostiene a su niño acurrucado con sus brazos sobre su pecho. Han pasado tres días en ese tren tan sólo en la ruta Torreón-Ciudad Juárez, un par de días más la pasaron en otro tren, solamente tienen agua para beber, no hay comida, están a la intemperie y resienten el clima seco y el sol. Ella, su hijo y su esposo están enfermos.
“Empezó a botar sangre por la nariz, dolores de cabeza, ganas de vomitar, fiebre, pero fiebre del sol y por la lluvia que nos toca (durante la travesía)”, lamenta Elizabeth mientras sostiene a Wilma, a quien nunca imaginó criar sobre vagones de trenes.
Ella está embarazada de tres meses, casi cuatro, y eso la hace sentirse más mal, dice la mujer que lleva meses en trayecto, sobre combis, caminando y en trenes de carga.
Un día antes de iniciar su travesía por el desierto en la ciudad de Chihuahua, un operativo que incluía a la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Instituto Nacional de Migración intentó persuadirlos para que bajaran del vagón en el que al menos mil personas viajan rumbo a Ciudad Juárez, por donde buscan cruzar a Estados Unidos.
Algunas de las personas migrantes bajaron y se dividieron para volver a abordar otros dos trenes, el tren en donde viaja Elizabeth con su hijo y su esposo sigue su travesía, pero avanza muy lento. Se detiene por horas en cuatro puntos de la ruta por lo que los migrantes pasan la noche fría y el día soleado sobre los vagones del ferrocarril.
Junto a la mujer y familia viajan también unas 400 personas en movilidad, en su mayoría mujeres, papás y mamás con niños, madres solteras y embarazadas. Entre una de estas mujeres está Nicole, también de Venezuela, quien tiene nueve meses de embarazo y le urge llegar a la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses antes de empezar la labor de parto.
Los techos de los trenes están cubiertos de fierros y tornillos industriales, todos se alertan de los riesgos de tropezar, una caída desde la parte alta del vagón en movimiento puede ser mortal, por lo que algunas mujeres amarran a sus hijos e hijas a estos fierros para que no corran riesgo de caer.
Al llegar a Juárez descienden del tren y siguen el camino a pie. Elizabeth y su familia caminaron por algunas horas rumbo a la puerta 36 del muro fronterizo de fierro instalado por el gobierno estadounidense en su frontera con México, hacia donde los cientos de migrantes se dirigen al bajar del ferrocarril para entregarse a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Elizabeth dice que llegar a esa puerta representa una posibilidad de atención médica para Wilma, quien padece de ataques que no pudieron ser atendidos en Venezuela por los costos que representa.
En el lugar les espera un río contaminado, un alambre doble de púas instalado por la Guardia Nacional de Texas, soldados que buscan alejarlos de territorio estadounidense; mientras que en el bordo del lado mexicano hay decenas de agentes de Migración y de la policía de Ciudad Juárez que buscan persuadir a los migrantes de no cruzar.
Lo que vive Elizabeth y decenas de mujeres extranjeras que viajan con sus hijos e hijas, de distintas edades es considerada la más reciente crisis humanitaria relacionada con personas en movilidad porque muchas de ellas se quedaron varadas en el trayecto. Ferromex, empresa ferroviaria del Grupo México, había suspendido operaciones de decenas de trenes de carga con rutas hacia el norte del país para evitar que los migrantes subieran.
Marile de Venezuela pasó varios días en las vías del tren luego de que Ferromex decidiera suspender el servicio.
Nicole con nueve meses de embarazo, viaja en el tren de carga rumbo a Ciudad Juárez con la esperanza de llegar antes de que empiece la labor de parto.
Miles de personas en movilidad se quedaron paradas en diferentes puntos del país, donde consumen sus limitados recursos y se quedan sin dinero para comer, duermen a la intemperie y son víctimas de la violencia, de enfermedades con poco acceso a servicios de salud, así como del peligro de sufrir delitos, lo que ha sido documentado por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Venezolana de 22 años pidió no ser identificada posa para una fotografía en la banqueta de una gasolinera en donde busca un lugar para dormir luego de que fuera expulsada de los patios de Ferromex por elementos de Migración en la ciudad de Chihuahua.
De enero de 2018 a agosto de 2023 se registraron mil 473 delitos cometidos en contra de mujeres migrantes, de acuerdo con datos compilados por IMUMI, las cifras del Instituto también exponen que las mujeres migrantes son quienes más sufren delitos relacionados al género, como violaciones, el 75 por ciento de este delito se comete en contra de mujeres en movilidad. Aunque esos números pueden sumar más, pero existe un subregistro ya que las víctimas temen denunciar ante las autoridades porque desconocen sus derechos y buscan evitar cualquier riesgo de deportación.
Ángeles Roque, coordinadora del área de psicología de la organización Alternativas Pacíficas, que se dedica a dar atención a mujeres migrantes en Matamoros, Tamaulipas, en colaboración con el ACNUR, menciona que de enero a junio de 2023 han atendido alrededor de 150 mujeres de las cuáles el 50 por ciento ha referido alguna agresión sexual, sin embargo, ella considera que este número es menor a la realidad.
Menciona que en muchas ocasiones los aspectos culturales son determinantes al momento de comunicarse con mujeres en situación de movilidad y proporcionarles servicios de salud.
“Las mujeres de Haití luego necesitan generalmente una persona que funge como traductor o traductora y entonces el hablar de una agresión sexual con un intermediario puede impactar mucho”, comenta Ángeles.
Señala al lenguaje como una de las barreras para que mujeres de países como Haití puedan solicitar servicios de salud y expresar sus necesidades, además de factores culturales.
“Ellas evitan hablar de este tipo de agresiones porque son señaladas, nos han referido que pueden ser abandonadas por su pareja… Y bueno, esto implica también que la pareja se lleve a sus hijos o hijas”, asegura la psicóloga.
Con esta información coincide Aracely Pineda, de la organización Pro Salud, que atiende a población migrante y cuenta con un programa específico de salud sexual y reproductiva de mujeres en situación de movilidad en Tijuana, Baja California.
Aracely comenta que vivieron una situación en donde mujeres embarazadas de Haití en Tijuana tenían miedo de asistir a consulta “porque tenían un mito entre ellas que cuando se las llevaban al Hospital General regresaban ya sin bebé, entonces ellas decían que al hacerles ultrasonido y llevarlas al doctor les mataban al bebé”.
Lo que ocurre es que los bebés fallecen por algún problema de salud, como por infecciones por hongos o por bacterias, que no se atendieron en el trayecto, explica Aracely. Algunas de ellas incluso desconocían su embarazo y cuando sintieron los dolores ya habían tenido abortos espontáneos
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Daphney tiene 32 años y se encuentra en un campamento improvisado en una gasolinera en las calles de Matamoros, Tamaulipas. “Cada martes y jueves tenemos a los Médicos Sin Frontera aquí, yo hice una prueba de embarazo y salió positivo”, comparte.
Viaja con su esposo y sus dos hijos, no quería tener un hijo más pero tampoco quiere perderlo y se encuentra en una situación confusa porque los Médicos Sin Fronteras le proporcionan atención básica, sin embargo, ella padece hipertensión y requiere visitar a un especialista, pero no tiene dinero y no confía en los servicios de salud pública en México.
“Tengo a una amiga que estaba embarazada y fue a ver los médicos, en México hay varios casos similares y le dieron una pastilla para matar al bebé que ella tenía en el vientre”, expone.
Foto: Daphney de 32 años sentada en la carpa en la que vive con su esposo y sus dos hijos en un campamento improvisado montado en una antigua gasolinera ha confirmado que está embarazada y sufre de hipertensión.
Alejandra Daniela esperó su visa humanitaria en Oaxaca por dos meses para transitar por México sin problemas, pero el poco dinero que le quedó luego de su larga estancia en espera de sus documentos le impide comprar boletos de camión para ella, su esposo y sus dos hijas desde Ciudad de México a cualquiera de las fronteras por lo que optan por el tren.
Llegaron al ‘basurero’ de Huehuetoca en el Estado de México a las nueve de la mañana pero el tren no pasó hasta la madrugada: “Fue pasando como a las dos de la mañana con un frío inmenso y en la oscuridad porque no había luz ahí era oscuro, oscuro no se miraba nada y entonces me acuerdo que estábamos por las vías del tren y cuando paró el tren agarramos el primer lugar que está en las primeras escaleras…”
Daniela viajó embarazada desde El Salvador, trajo con ella calcio y vitaminas. De combi en combi, rodeando retenes de Migración la mujer sufrió algunas caídas y en esos momentos pensaba que podría perder el bebé, pero tenía que elegir detenerse y descansar o avanzar y poner a salvo a sus dos pequeñas hijas.
No recibió atención médica hasta Tijuana en donde por primera vez escuchó los latidos del corazón de Milán, no pensó que lo lograría luego de pasar días sin comer.
“Me ilusiona mucho porque ya tengo mis dos niñas y este es mi varón… Yo deseo que nazca bien, saludable… Que por la travesía que vivimos no vaya a salir con ninguna enfermedad… Hasta el momento me han dicho que él viene bien”, dice.
Un oasis de la atención médica a mujeres migrantes en México es Partería y Medicinas Ancestrales A.C., ubicada en Baja California, con atención en diversas zonas del estado y el sur de México. Milán nació bajo el agua cobijado por este grupo de parteras quienes le cantaron y le dieron una amorosa bienvenida en Tijuana.
Pocos días después del nacimiento de Milán, el esposo de Daniela se entregó a las autoridades estadounidenses junto con sus dos hijas, quienes los llevaron a un centro de detención, mientras Alejandra Daniela se quedó con el recién nacido en un albergue de Tijuana en espera de lograr obtener una cita con la aplicación CBP One, para reunirse con ellos.
Las largas esperas en México debido a las diversas políticas aplicadas tanto por México como por el gobierno de Estados Unidos han significado una mayor exposición a todas las vulnerabilidades que las mujeres en movilidad puedan tener.
Ángeles Roque, de Alternativas Pacíficas en Matamoros, comenta al respecto: “La gente pasa hasta 4 meses esperando una cita CBP One… Y durante esos cuatro meses estar expuestas a ser víctimas de diferentes violencias de diferentes delitos por parte de diferentes actores”.
Un estudio reciente publicado por el Instituto de la Mujer en la Migración, en el que trabajaron más 20 organizaciones, redes y defensores de Derechos Humanos, expone los “retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad”.
Este informe, presentado ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, expone que los flujos migratorios de mujeres y niñas van en aumento, y que esta población constituyó el 22 por ciento de la población migrante irregular de enero 2018 a julio 2023.
En el estudio se ubican varios momentos de políticas migratorias que han tenido un impacto en el acceso a la salud de las mujeres, en primer lugar, las deportaciones masivas de personas de nacionalidad mexicana que de enero de 2018 a julio de 2023 se registraron 1 millón 212 mil 707 eventos de retorno, de los cuales el 21.4 por ciento eran mujeres.
Esto ha quebrado los lazos familiares ya que algunas madres deben pelear por la custodia de sus hijos o hijas en Estados Unidos sin poder regresar al país, se muestra.
“Al retorno y deportación de personas mexicanas se le sumaron las devoluciones de personas no mexicanas, debido a la implementación del Protocolo “Quédate en México” (vigente entre 2019 y 2022), a la expansión del Título 42 (vigente entre marzo 2020 y mayo 2023), y a la implementación del Título 8 (vigente en la actualidad)”, se lee en el documento.
Muchos de los secuestros y delitos que han padecido las personas en movilidad han sido luego de ser retornadas a la frontera México y Estados Unidos donde las mujeres han reportado barreras para tener acceso a servicios básicos de salud reproductiva además de que fueron sometidas a actos de violación y agresiones sexuales con dificultad para acceder a la justicia.
Las organizaciones cuestionan a México por aceptar las expulsiones de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, además que utilizó a la Guardia Nacional para patrullar las fronteras en donde los migrantes han sido detenidos sin la presencia del Instituto Nacional de Migración, lo cual es violatorio a sus derechos.
Cuando la Guardia Nacional mexicana empieza su patrullaje en la frontera en 2019, se captan varias imágenes en donde los elementos armados detienen a migrantes para evitar su cruce, posteriormente son entregados al Instituto Nacional de Migración, lo cual constituye una violación a sus Derechos Humanos, indican.
Alejandra Daniela anhela que estas políticas cambien por el bien de todas las personas en movilidad: “Espero algún día cambie eso, porque migrar no es un pecado, ni es un delito y espero algún día nos traten como lo que somos, seres humanos buscando una segunda oportunidad”.
La violencia de género en Latinoamérica es un motivo de desplazamiento forzado, sin embargo no termina cuando una mujer migra, sino que se enfrenta a diferentes formas de violencia a lo largo del camino.
Foto: Yeimi, quien huyó de su país embarazada por maltratos de su pareja, disfruta de la playa de Coatzacoalcos cercana al albergue en el que se refugia en espera de seguir su camino rumbo a Estados Unidos.
A sus 46 años Miroslava no conocía el mar, lo conoció en Coatzacoalcos, Veracruz, en su trayecto por México rumbo a Estados Unidos, luego de instalarse en una casa habilitada como albergue cerca de la playa. Ella huye de Honduras temerosa de que su expareja la encuentre y cumpla su promesa de hacerle daño.
No contemplaba dejar su país, dice, viaja con muy poco presupuesto para proteger a su hija de 10 años. Miroslava no es su nombre real, ella pidió no ser identificada por seguridad.
“A mi hija el propio papá me la quiso violar y por eso yo lo denuncié a él y él se dio cuenta… Entonces me mandó amenazar a mi casa, me fue a destruir mi casa y me mandó a decir que me iba a matar y por eso mejor me vine huyendo porque como él es marero”, dicen de su expareja que pertenece a una pandilla criminal.
Vivió ocho años con él hasta que ella se embarazó de su hija, luego de nueve meses de nacida la niña, empezaron a tener fuertes peleas y él se fue con otra mujer y ahí empezó a consumir drogas y tuvo un cambio radical de personalidad según menciona Miroslava.
Luego de nueve años, el papá de la niña regresó, Miroslava pensaba que quería acercarse a su hija para ganarse su cariño, pero pronto se dio cuenta de que sus intenciones eran abusar de la niña.
“Un día yo fui a hacer un mandado cerquita y en lo que regresé mire que la niña estaba en el cuarto luchando con él y él me la tenía desnuda… Yo me le lancé a él y fue cuando lo agarré y lo tiré y agarré mi hija y me encerré en un cuarto y ahí los vecinos escucharon la bulla, entonces llamaron a la policía, vino la policía, pero él ya no estaba… Y no lo han podido atrapar”, cuenta.
Desde ese momento tomó la decisión de salir de su país, lleva seis meses desde que huyó, vive de la caridad de las personas que ha encontrado en el camino y avanza caminando lo único que le importa es irse lejos.
De su camino por México menciona: “Uno viene con miedo, arriesgándose, si hay bastante violencia, hay de todo en el camino, yo dije voy a seguir adelante protegiendo a mi hija, yo doy mi vida por mi hija”.
Sin embargo, al salir de su país no dejan la violencia. Durante su travesía y estancia en México, las mujeres enfrentan violencia de género, extorsiones, secuestros, falta de acceso a derechos de salud sexual y reproductiva, como aborto y control prenatal, falta de acceso a la educación, falta de información e inseguridad en las rutas de tránsito, falta de espacios de acogida adecuados para mujeres adolescentes con familias, falta de programas de cuidados para primera infancia con el fin de que las mujeres puedan salir a trabajar, y falta de programas que promuevan el acceso al trabajo para madres solas.
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En el camino Miroslava conoció a Yeimi quien también huye de los maltratos de su expareja con quien vivía en su país de origen, Honduras.
“Yo le dije que me ayudara, porque estaba embarazada y él me dijo que mejor lo abortara que no era de él, me lo negó”, recordó.
Yeimi debía aguantar que su pareja le llamara perra, que le gritara y que le ofendiera constantemente. Sus hermanas le buscaron un trabajo pero la violencia era constante por lo que decidió huir y ahora con ocho meses de embarazo transita por México rumbo a Estados Unidos, acompañada de su padre.
Estos no son casos aislados, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que el 60 por ciento de las mujeres solicitantes de asilo en México provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador huyó de sus países por violencia de género.
Una mujer viaja con su hijo en camión en Coatzacoalcos rumbo a un albergue de migrantes.
Una mujer en un albergue de Tapachula muestra descansa en un albergue al lado de su hijo mientras espera recuperarse de una lesión en su tobillo.
Aparte de las violencias de género, las mujeres huyen de otras violencias como las institucionales y gubernamentales: “Si hay muchas mujeres viajando solas… De Venezuela huyen de una violencia por parte de instancias gubernamentales, de persecuciones políticas en el caso de las mujeres de Honduras o en el caso de las mujeres de Haití de la violencia generalizada en sus países”, menciona Angeles Roque de Alternativas Pacíficas en Matamoros, Tamaulipas.
Una mujer migrante viaja en transporte público con su hijo rumbo a un albergue en Coatzacoalcos, Veracruz.
Agrega que huyen de las violencias y encuentran lo mismo en el camino en su tránsito por México: “Mujeres que son jefas de familia que tienen un negocio que tienen una vida hecha y entonces empiezan a recibir agresiones por parte de diferentes grupos de la delincuencia en sus propios países y que justo huyendo de eso vienen a encontrar en su tránsito, un poco más de lo mismo”.
En México las mujeres migrantes sufren persecución más allá de las fronteras, se enfrentan a discriminación y “abusos por parte de policías municipales, elementos de la Guardia Nacional, agentes del INM y la población en general”, se lee en el informe ‘La situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023 ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.’
De acuerdo a información compilada por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), en 2022 en México se otorgaron a mujeres migrantes 52 mil 586 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias siendo una de las causas de expedición el haber sido víctima o testigo de un delito en el 21 por ciento de casos, los principales países de origen de las solicitantes fueron Honduras, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela.
Hasta abril de 2023 se han expedido 20 mil 082 de estos documentos, prevalece como una de las causas el haber sido víctima o testigo de un delito con un 10 por ciento de frecuencia y los países de origen han sido Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití y Venezuela.
En cuanto a solicitudes de asilo por razones de género varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres migrantes han registrado que muchas víctimas de violencia de género solicitantes de asilo no reciben el reconocimiento.
Estas organizaciones señalan que las limitaciones durante los procesos de asilo de las mujeres son: “Falta de capacitación de autoridades en primeros auxilios psicológicos, nulos espacios privados y confidenciales para revelar hechos victimizantes, poco acceso a entrevistas de elegibilidad realizadas por personas del mismo sexo, investigaciones poco profundas para la documentación de las violencias, entre otras que influyen negativamente en la resolución”.
Refieren también que los largos tiempos de espera mientras se lleva a cabo el procedimiento ante la COMAR impactan de ‘manera determinante’ en las solicitudes de mujeres víctimas. Pese a que el plazo máximo es de 30 días, se ha documentado que el procedimiento puede durar más de seis meses.
Mientras tanto la salud y la economía de las mujeres se deteriora al tener poco acceso a atención médica y psicológica además de ser víctimas de todas las violencias posibles.
En espera de estos procesos muchas mujeres se refugian en instancias provisionales y estaciones migratorias en donde no cuentan con condiciones adecuadas de sanidad, El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha documentado carencias en productos básicos para la menstruación en estancias migratorias en el centro y sur del país lo que obliga a las mujeres a usar compresas de ropa.
En el norte de México, los campamentos improvisados carentes de seguridad pública y de servicios sanitarios son un foco de infecciones y enfermedades para las mujeres.
Fatima, nicaragüense de 39 años, desde Matamoros, Tamaulipas, instalada sobre una hamaca en un campamento improvisado a un lado del Río Bravo cerca del cruce fronterizo en donde conviven miles de migrantes menciona que ha tenido múltiples enfermedades y que ha perdido la regla por tanto estrés.
Foto: Fátima descansa y se recupera en una hamaca cerca del Río Bravo en el campamento improvisado creado por migrantes en Matamoros, Tamaulipas.
Lleva ocho kilos menos luego de una infección en el estómago con la que tiene más de 10 días de la cuál se encuentra en recuperación y todos los días busca obtener una cita para solicitar asilo en Estados Unidos.
“No ha pasado todavía que nos salga la cita y con el estrés de la cita a uno se le corta el periodo, se pone a pensar en otras cosas, no tiene paz aquí uno, se siente como encarcelado prácticamente porque no tienes vida social, no tienes nada”.
Investigación y contenido multimedia:
Alicia Fernández
Editora de texto:
Rocío Gallegos
Co-investigadora en Tijuana, Veracruz y Chiapas:
Gabriela Martínez Córdova
Desarrollo web y diseño:
Nicolás Aranda
Traducciones:
Vianey Alderete
Gustavo Martínez
Animación y gráficos:
Gerardo Hernández
Consultora en imagen:
Regina García
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF por sus siglas en inglés) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
Fechas de publicación:
Capítulo 1: 9 de diciembre de 2023
Capítulo 2: 18 de diciembre de 2023
Capítulo 3: 31 de enero de 2024