César Duarte Jáquez descendió con dificultad del avión que lo trajo de Ciudad de México y acababa de aterrizar en la ciudad de Chihuahua. Entonces subió a una silla de ruedas para que se le trasladara a su lugar de reclusión, el Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Aquiles Serdán, en las afueras de la ciudad.
Un día después, el 3 de junio de 2022, el exgobernador del Estado de Chihuahua aparecía ante un juez por una de las 21 órdenes de aprehensión que pesaban en su contra por delitos como peculado y enriquecimiento ilícito, presuntamente cometidos durante su mandato, entre 2010 y 2016.
Después de su arresto y posterior prisión de casi dos años en Florida, la extradición de Duarte a México dio alas a la expectativa fundada de que se haría justicia en el caso más grande de corrupción del que se tenga registro en Chihuahua y que, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales y estatales; sobornos a políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos; y hasta para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia. Aunque en la única causa penal que se le sigue actualmente a Duarte se le señala por el desvío de 96 millones de pesos.
Pero esa imagen del Duarte desfalleciente, que luego entraría y saldría de la cárcel de manera intermitente “por su delicada condición de salud”, como alegaban sus defensores, hace tiempo que dejó de existir.
Fuera de prisión en México desde el 5 de junio de 2024 gracias al cambio de una medida cautelar, Duarte recuperó su vitalidad. Hoy ofrece conferencias de prensa, se toma fotos en restaurantes, bares y fiestas en la ciudad de Chihuahua y, cómo no, baila como lo hacía cuando gobernaba la entidad, en la cima de su poder. Entre tanto, el exgobernador enfrenta en libertad un único caso penal que permanece sin fecha de inicio del juicio oral, después de haberse librado de varios procesos administrativos y de una demanda civil en Estados Unidos.
A la par, Duarte comenzó una estrategia encaminada a pasar como un perseguido de la justicia, tal como hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una recomendación en la que pidió darle registro oficial de “víctima”.
La primera parte del andamiaje consistió en asegurarse un Poder Judicial a modo para que, llegado el momento, los puestos clave para decidir el futuro del exmandatario estuvieran en manos de magistrados cercanos a él. Duarte terminó la estructura cultivando afinidades con políticos que, a la postre, ocuparían la Fiscalía General del Estado y la gubernatura, desde donde ordenaron reacomodos tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Todo ello le dio sustrato a la narrativa actual, que lo exime de responsabilidades y que considera las investigaciones en su contra, con acusaciones de presuntos desvíos de recursos, como venganzas políticas.
La maquinaria quedó bien aceitada. En virtud de ella, el gobierno estatal, que hoy detenta un partido distinto al de Duarte, ha sido omiso para entregar información y pruebas en los casos que se le siguen al exgobernador, o para dar seguimiento o entablar apelaciones en su contra. Así lo revelan documentos a los que La Verdad Juárez tuvo acceso, entre ellos sentencias, carpetas de investigación, órdenes de aprehensión, acuerdos de aseguramiento y la solicitud de extradición. Esa protección por omisión deliberada se ha extendido también a decenas de personajes que forman parte del entorno y de la administración del exmandatario, y que ahora han vuelto a la nómina estatal.
El gobierno de María Eugenia Maru Campos, a través de su vocero, José Luis Martínez; el Tribunal Superior de Justicia, mediante su coordinador de Comunicación Social, Luis Rubén Maldonado, que dejó el cargo hace unas semanas; la FGE, así como el senador y exgobernador Javier Corral, ignoraron las peticiones de entrevista e información para esta investigación, al igual que el exmandatario Duarte, quien autorizó a uno de sus abogados para atender la solicitud.
Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero
La coreografía de fichas en el Poder Judicial llevaba la huella del duartismo: Myriam Hernández fue nombrada magistrada gracias a una reforma de octubre de 2014 impulsada por legisladores señalados en las investigaciones de la “nómina secreta”
Cuando Maru Campos era la candidata a gobernadora por el PAN, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó su vinculación a proceso por la “nómina secreta”. Al resultar ganadora de la contienda electoral, un día antes de tomar protesta, un magistrado del Poder Judicial la exoneró
La jueza Hortencia García Rodríguez concedió al exgobernador la medida que tanto exigía. Lo hizo sin una audiencia de por medio
Ante los señalamientos sobre el crecimiento de su patrimonio y de beneficiarse del dinero público, Duarte se defendía una y otra vez. Según él, no había tocado ni un peso del erario
En el camino a la definitiva absolución de Duarte se atravesó un nuevo imprevisto