Dos días después de haber ingresado lo sacan, no le dicen a dónde
va, atraviesa los pasillos de la Fiscalía hacia la planta baja, entra a
un cuarto lleno de reporteros de diversos medios de comunicación, es la sala de prensa, ahí ve a sus hermanos, encandilados
frente a las luces de los flashes de las cámaras.
Y aunque todo se trate de una gran mentira gran parte de la sociedad se enterará de lo que reproducen los medios de comunicación,
la historia en la que estos tres hermanos y su vecino conforman una peligrosa banda de extorsionadores que tenían bajo
amenaza a más de 30 comerciantes que les entregaban una cuota semanal. Que Alan es el líder.
La imagen de los tres hermanos detenidos se repetirá una y otra
vez en televisores, periódicos y páginas digitales de los medios locales y estatales.
Reproducirán el nombre completo de cada uno, sin importar que
uno tenga 14 años, para ellos no habrá presunción de inocencia
cuando los medios cuenten la historia de los tres hermanos que
asolaban comerciantes, que reunieron más de un millón de pesos
en seis meses, se aventurarán a decir.
A cada uno le pondrán un apodo y el apodo de Alan será el nombre
de la banda. Habrá quienes publiquen incluso que el dinero que
ganaba Alan lo gastaba en mujeres y cerveza.
A los tres hermanos y su vecino los detuvieron los agentes ministeriales:
David Cristóbal Rodríguez Castellanos. Quien hasta septiembre
de este año aparece como agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a donde llegó luego de abandonar la
FGE en 2018, de acuerdo con los registros de la última actualización en Plataforma Nacional de Transparencia.
José Manuel Castillo Perales, que sigue activo dentro de la
Fiscalía Zona Norte, adscrito como policía de investigación.
Miguel Ángel Torres Camacho, en aquel momento agente
ministerial.
Juan Manuel Molina García, también agente ministerial entonces.
Y Rosaura Luna de la Rosa, agente ministerial activo en la Fiscalía
Zona Norte, quien cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género por la Escuela Estatal de Policía.
Todos ellos a cargo de Miguel Ángel Luna López, coordinador de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, de
acuerdo con la última actualización de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
En 2017 se hizo público un video en el que aparece Miguel Ángel
Luna López interrogando a dos detenidos que se encuentran hincados en el piso, esposados con las manos hacia atrás y con
vendas que cubren completamente su rostro y cabeza. Se trataba
de José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda a quienes
se sentenció a prisión vitalicia acusados de extorsión. José Alfredo
murió en prisión antes de que el video saliera a la luz pública.
Miguel Ángel Luna López fue suspendido de su cargo; sin embargo,
fue restituido a pesar de que la ONU incluyó su caso en su Informe
2017 sobre tortura.
Después de sufrir la tortura por parte de los agentes ministeriales
Alan pasó con Marisela Sáenz Moriel, que entonces era la coordinadora de la Defensoría de Oficio en la Fiscalía Especializada en
Investigación y Persecución del Delito, para rendir su declaración
autoincriminatoria.
Luego lo revisó la médico legista María Isabel Luna Salas.
Y después fue presentado ante los medios de comunicación como
culpable.
Luego los trasladan al Cereso Estatal 3, donde por protocolo debe
revisarlos otro médico para establecer las condiciones en que ingresan los detenidos. De Alan el examen médico indicará que solo
tiene una excoriación en la cara interna del codo derecho y una
excoriación en la rodilla derecha. Consistente con lo que dice el
imputado, es por jugar futbol. El médico no firma el examen con su
nombre sino con el número de su cédula profesional, número a fin
de cuentas, además, ilegible.
“La Ley General para la Tortura establece una responsabilidad
penal para las personas que conocen de hechos de tortura y que
son partícipes a pesar de que quizás no tengan un papel activo,
pero que sí lo permitan, que sí omitan el dar aviso a las autoridades. Es toda una cadena que conecta a muchas partes”, dice la
abogada Carla Palacios, defensora en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Los nombres de las víctimas de tortura fueron cambiados por razones de seguridad. Mientras que los funcionarios públicos que se
mencionan atraviesan uno o varios procesos de investigación
dentro de la misma Fiscalía que no han concluido por lo que se
presume su inocencia hasta que un jurado no dictamine lo contrario.
El relato se armó con base en los testimonios vertidos en el Protocolo de Estambul que se practicó en 2013, así como las diversas
pruebas integradas en la carpeta de investigación a través de lo
que se logró establecer la existencia de la tortura y la concordancia entre los hechos relatados y los resultados de los protocolos
de Estambul lo que derivó en la liberación de los acusados.
A casi diez años, las víctimas de tortura aun no reciben la indemnización que el Estado se encuentra obligado a entregar ni ven justicia ya que no se ha sentenciado a ningún agente involucrado en su
tortura.
“Una persona torturada no tiene las mismas condiciones de
acceso a la justicia. Y la violación de un derecho a cualquier persona es la violación de ese y otros derechos a otras personas porque
van unidos, debemos luchar por todos los derechos para todas las
personas”, señala Carlos Gutiérrez Casas, un abogado que fue visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde donde se
emitieron recomendaciones contra la Fiscalía por tortura.
El Protocolo de Estambul es un manual de lineamientos internacionales para investigar y documentar los incidentes de tortura y
otros tratos inhumanos o degradantes.
