Imelda Marrufo
Abogada y activista
Al principio me dijeron que el caso era sencillo. Nada más falto de realidad. Conforme vimos que no se podía confiar en su entonces defensor privado, decidimos acompañar jurídicamente a María Guadalupe Pereda Moreno. El abogado ya había obtenido dinero sin dar resultados de su trabajo. Ella tenía todo en su contra.
En el camino nos topamos con amenazas. Las enfrentamos arropadas.
Acudimos al rector de la Universidad Cultural, Jorge Rojas, para denunciar las amenazas perpetradas por uno de sus estudiantes. El señor nos trató groseramente: hizo comentarios sexistas, y culpó a las mujeres. Rojas, afirmó que Mary “anduvo correteando al pobre hombre que mató”, dijo sabía que “quedó regada la sangre por todos lados”, porque se lo platicó su compadre Villarreal, el fiscal de la zona norte, de la Fiscalía General de Estado de Chihuahua.
Después de recibir críticas despectivas a nuestro trabajo como organizaciones de derechos de las mujeres, decidimos retirarnos, mientras, el señor rector de la Universidad Cultural de Ciudad Juárez, a lo lejos, nos gritaba que regresáramos. Lo anterior ocurrió en presencia de funcionarias estatales, federales, así como del representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Vale la pena recordar que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, nos dijo públicamente, en el memorial de campo algodonero, aquel 25 de noviembre del 2016 que se revisaría el caso de Mary. Sin embargo, no pudimos convencer a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la joven madre de dos pequeñas hijas, actuó en legítima defensa. Los argumentos que dimos contrastaban con el peritaje al vapor que hiciera la FGE. Sin embargo, es de reconocerle al Fiscal General la actitud respetuosa y gentil mostrada en todo momento.
La creación de las Fiscalías Especializadas para los delitos de las mujeres por razones de género, fueron tendencia en el país los últimos años, sin embargo, éstas atienden delitos cometidos contra las mujeres, es decir, acompañan a las que jurídicamente se les considera víctimas no a las imputadas. Por tal motivo, recomiendo impulsar las unidades de investigación con perspectiva de género en los casos de defensa propia al interior de las fiscalías generales. Hay que exigirles a las defensorías de oficio que se capaciten.
En el caso concreto de Juárez, al que hago referencia, buscar el diálogo con tomadores de decisión no se tradujo en resultados favorables para detener la persecución de la joven sobreviviente de feminicidio. El proceso de criminalización seguiría. La defensa jurídica ante los tribunales era el único camino. Teníamos que dar una compleja batalla.
Las organizaciones de la sociedad tenemos una limitada capacidad para hacer defensa jurídica y acompañamiento de mujeres. Se necesita que las instituciones que tienen asignado presupuesto municipal o estatal integren en sus equipos abogadas con el perfil cualificado para hacerlo, o bien que tengan procesos de capacitación con personas experimentadas.
Estamos dejando precedentes para que tanto las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, defensores/as de oficio y abogados/as puedan seguir el camino trazado. Me da gusto ser parte de una organización de la sociedad civil como Red Mes de Mujeres de Ciudad Juárez, que con acciones ejemplares está consolidando su trabajo.
Mary salió después de 2 años y nueve meses de la prisión, pero la persecución no acabará tan rápido, no echamos aún las campanas al vuelo. Ojalá que la solidaridad en este y otros casos continúe.
A Mary se le debería reparar el daño: pedirle una disculpa ante en enorme error cometido, abonar para que ella recupere sus aspiraciones y sueños truncados junto a su familia.
En verdad no sé si la reparación del daño a Mary este siquiera en el imaginario de nuestro gobernador o del fiscal general. Pero es necesario solicitárselas. Ahora, el mensaje es que ya no se puede, ni se debe, criminalizar a las mujeres por no creerles, ni dejar de hacer investigaciones adecuadas para el caso concreto, omitiendo pruebas para ganar.
Deseamos que este caso sea un mensaje alentador para que las cosas cambien, ya no solo porque nuestros gobernantes están moralmente obligados a hacerlo, una gran parte de las opiniones en rede sociales y de personas que nos han contactado en el ámbito nacionales e internacional, al igual que nosotras en Juárez, esperamos una reacción pertinente y justa, a la altura de nuestras autoridades. Ojalá que sepan leer el momento, que alguien les diga. Nosotras no sabemos si esto ocurra.
La sociedad está deseosa de tener más victorias para los derechos de las mujeres, el poder judicial está haciendo su parte al juzgar con perspectiva de género, se les reconoce a quienes saben. Han mostrado avances. Toca ahora a las juezas y jueces de primera instancia que sigan por el mismo camino. La hora ha llegado, no los perderemos de vista.
Representar un caso de legítima defensa no es tarea menor, cuando te lo tomas tan serio. La responsabilidad es alta, está en juego la vida y la libertad de las mujeres, no se debe dejar las cosas a medias. Por ello, las mujeres defensoras de derechos humanos estamos generando experiencia positiva para compartirla en todo el país.
Acreditar la legítima defensa de las mujeres requiere conocimiento, entender el contexto de las mujeres víctimas. Tener apertura y humildad para aprender de otras y otros, saber escuchar. Por supuesto, contar con una estrategia que incluya no solo la parte jurídica sino también el equipo psicosocial que pueda acompañar y preparar emocionalmente a las mujeres acusadas como a sus familiares para el juicio, y por supuesto, para todo el proceso. En el caso del que doy cuenta estuvieron Yadira, Olguita, Nancy, Lidia, Alejandra y Verónica a quienes agradezco. También a Brenda y a Oscar, a tantas personas solidarias.
Se está construyendo un camino, se vislumbran pasos esperanzadores.
