Fiscalía General del Estado informa que no sigue ninguna denuncia en contra de Carlos Silveyra y Antonio Andreu, quienes fueron acusados por la JCAS por presunto desvío de recursos públicos a favor del PRI; solo va contra Mayra Chávez
Congreso del Estado aprueba la cuenta pública 2016 de la Junta Municipal de Agua, en la que la Auditoría Superior del Estado señala la retención ilegal de una parte del salario a empleados de confianza
Gabriela Minjáres
La Verdad
Ciudad Juárez– Contrario al reto impuesto por Javier Corral Jurado de “romper con el pacto de impunidad” y “desmantelar el sistema de corrupción” en Chihuahua, su gobierno y el Congreso del Estado han perdonado el presunto desvío de recursos públicos desde la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez en beneficio del Comité Municipal Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De manera selectiva y aún en contra de las denuncias realizadas por las irregularidades detectadas en el organismo local operador del agua potable durante la administración pasada, el Gobierno del Estado ha dejado de perseguir a ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez y sólo procede en contra de dirigentes priistas.
Mientras que el Congreso del Estado pasó de largo las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al ejercicio fiscal 2016 de la JMAS y aprobó la cuenta pública correspondiente a ese año.
Con el voto de la mayoría de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del que también emana el gobernador, la actual legislatura (2016-2018) aprobó en diciembre de 2017 la cuenta pública de la JMAS de 2016.
Esto a pesar de que apenas unos meses antes, en mayo y junio de 2017, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) –que tiene a su cargo a los organismos operadores locales– presentó ante la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia por el presunto desvío de recursos públicos a favor del PRI en Juárez.
De acuerdo con la denuncia presentada en contra de 14 exfuncionarios de la JMAS, se encontraron descuentos ilegales realizados por el Departamento de Recursos Humanos a sueldos de empleados de confianza para aportarlos al PRI entre el 2015 y 2016, durante la gestión de Mayra Chávez Jiménez como presidenta del Comité Municipal.
Entre los exfuncionarios denunciados penal y administrativamente, que tenían facultades para firmar cheques y autorizar el descuento a los servidores públicos, se encuentran Carlos Bernardo Silveyra Sayto y Antonio Andreu Rodríguez, expresidentes de la JMAS en la anterior administración.
Sin embargo, ninguno de los dos es investigado por la FGE, porque de acuerdo con información oficial “no tienen registro de denuncia” en contra de Silveyra ni de Andreu, lo que contradice al gobernador, quien apenas en junio declaró en Chihuahua que el Ministerio Público estatal sí investiga estos hechos.
Carlos Huerta Muñoz, vocero de la Fiscalía, informó que por este caso sólo tienen dos denuncias registradas en contra de Mayra Chávez, una de ellas en la carpeta 26661/15 por peculado y delitos electorales y otra en la carpeta 9172/13 por peculado.
No se reportan causas penales abiertas en contra de los otros 12 exfuncionarios de la JMAS que fueron identificados plenamente en la investigación y denunciados ante las instancias correspondientes, entre los que se encuentran los extesoreros Salvador Delgado Terrazas y Óscar Gómez Domínguez.
Asimismo, los ex contadores General, Víctor Manuel González López y Griselda Alemán Ortega; y los ex subdirectores administrativos Mara Galindo López, Edgar Saúl Cerna Hernández y Mauricio Yassif Jiménez Radovich.
Además, Priscila María Acosta Villalpando, Damián Noriega Giner y Martín Aranda Martínez, quienes fueron jefes de Departamento de Recursos Humanos; así como Raúl Chaparro Jiménez, ex jefe del Departamento de Atención Ciudadana; y Jorge Armando Meléndez de la Torre, quien fue empleado por honorarios.
Stefany Olmos, secretaria de la Función Pública. Foto: Cortesía/Gobierno del Estado
En la SFP, la secretaria Stefany Olmos Loya declinó dar una entrevista sobre el tema hasta que no exista una resolución, sólo dio a conocer que el procedimiento de responsabilidad administrativa que se desahoga en la dependencia a su cargo “sigue en proceso, por lo que no es posible brindar información de momento”.
La Fepade tampoco dio a conocer los avances o estatus de la denuncia interpuesta el 11 de mayo de 2017 en la Ciudad de México por la misma secretaria de la Función Pública y Roberto Lara Rocha, entonces director Jurídico de la JCAS.
“No tengo más información del avance de las investigaciones, ni tampoco respecto a la de la Fiscalía del Gobierno del Estado, ya no le doy seguimiento, ya está en la cancha propiamente de la Junta Central y la Secretaría de la Función Pública, porque todas las denuncias penales tuvieron su contraparte por la vía administrativa”, dice Lara Rocha.
El ahora presidente de la JMAS en Chihuahua explica que hasta febrero de este año, cuando dejó de ser abogado de la Junta Central, ninguna de las instancias en las que presentó la denuncia había dictado una resolución.
De acuerdo con información extraoficial al interior de la Junta y el Congreso, la denuncia en contra de los exfuncionarios duartistas fue negociada desde el Poder Ejecutivo principalmente para favorecer a Carlos Silveyra y Antonio Andreu.
Por lo que les perdonaron el desvío de recursos públicos detectado en sus respectivas gestiones y, con ello, la intención del gobernador Javier Corral de ser enemigo de la impunidad y la corrupción quedó en el discurso.
Duartistas a salvo gracias al Congreso
Amparados con la aprobación de la cuenta pública de la JMAS en el Congreso del Estado pese a las denuncias y observaciones realizadas por la Auditoría, Antonio Andreu y Mayra Chávez consideran que los delitos e irregularidades atribuidas quedaron solventadas.
“Esos mismos datos venían dentro de la cuenta pública y la cuenta pública, mi cuenta pública, fue aprobada al 100 por ciento”, destaca Andreu en breve entrevista.
Expone que en la revisión realizada por la ASE a su ejercicio fiscal se hicieron observaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos denunciado por la JCAS, pero al final el Congreso del Estado aprobó la cuenta pública, por lo que considera que esto significa que no hubo ninguna irregularidad.
“Así lo siento, así debería de ser”, agrega el expresidente de la JMAS durante el período que fue del 12 de diciembre de 2015 al 11 de octubre de 2016.
El también exdirigente local del PRI, que este año contendió como abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la diputación local del distrito 06 con sede en Juárez, afirma que “de ninguna manera” hizo tratos con el gobernador por este asunto.
Carlos Silveyra, quien estuvo a cargo de la JMAS del 3 de febrero al 11 de diciembre de 2015 no fue localizado en la Notaría Pública Número 23, donde es titular, y tampoco respondió a la solicitud de entrevista.
Carlos Silveyra y Antonio Andreu. Foto: Internet
Mayra Chávez, exdirigente local del PRI, asegura desconocer si en la JMAS se hicieron retenciones salariales a los empleados para aportarlas al partido como se denunció, pues sostiene que ella sólo recibió recursos de militantes.
“En ningún momento recibí algo por parte de la Junta de Agua, lo que puedo decir es que recibí cuotas y aportaciones de militantes que fueron en su momento debidamente comprobadas ante el Directivo Estatal, que es el órgano que se encarga precisamente de promover la adecuada fiscalización a los comités municipales”, dice.
Agrega que aun cuando existen recibos expedidos por el Comité Municipal a su cargo, en los que se da cuenta que recibieron dinero de los militantes priistas que laboraban en la Junta, esto por sí sólo no constituye una irregularidad.
“Puedo confirmar que yo recibí solamente aportaciones directamente de militantes, ya si algunos militantes se reunían para presentarme algunas cantidades un poquito más fuertes para apoyo al partido es otra cosa, yo solamente recibí aportaciones legales y aportaciones que venían de militantes y las que venían del Comité Directivo Estatal”, reitera.
Los recibos aportados como elementos de prueba en las denuncias presentadas ante las diferentes instancias se emitieron y aparecen firmados por Mayra Chávez, en su calidad de presidenta del PRI local, y por Héctor Borunda Franco, quien fue secretario de Finanzas del Comité Municipal.
Los recibos corresponden a dos períodos que van de febrero a diciembre de 2015 y de enero a agosto de 2016, se emitieron por catorcena y la cantidad iba de los 101 a los 110 mil pesos.
La también ex diputada local en la legislatura pasada y candidata a regidora en la planilla para el Ayuntamiento de Juárez registrada por el PRI en los comicios de este año, asegura que no recuerda si la entrega del dinero al partido se hizo en efectivo, en cheque o vía depósito.
Comenta que este caso solo lo conoce a través de lo difundido por medios de comunicación, pues afirma que nunca ha sido notificada por ninguna instancia de que se encuentra bajo proceso en una causa penal, civil, mercantil o administrativa.
Y, como abogada, sostiene que tampoco ha buscado el amparo de la Justicia Federal, porque no temer ser detenida ni por cuestiones políticas, porque dice que sus acciones han sido completamente legales.
Diputados avalaron cuentas pese a denuncia
Al encontrar que en la anterior administración se hicieron retenciones ilegales a servidores públicos de la JMAS en Juárez, por un monto de 4.1 millones de pesos, para entregarlos de manera institucionalizada al PRI local, la Junta Central presentó ante las instancias correspondientes las denuncias penales y administrativas en el primer semestre de 2017.
La cantidad denunciada corresponde únicamente al 5 por ciento de los salarios que se retuvieron a 237 empleados de confianza entre los períodos de 2015 y 2016, años en los que hubo elecciones federal y local, respectivamente.
Sin embargo, se estimaba que el monto de las retenciones ilegales sumaba hasta los 12 millones de pesos, pero sólo encontraron pruebas documentales sobre los 4.1 millones que se recaudaron bajo el esquema de retención denominado “aportaciones”, concepto localizado también en los registros contables del organismo.
El esquema, similar al que se encontró en la administración centralizada estatal en el sexenio pasado y que también fue denunciado, quedó documentado por la ASE en la revisión efectuada a los estados financieros de la JMAS en el ejercicio fiscal 2016.
En el informe técnico de resultados entregado al Congreso del Estado el 27 de octubre de 2017, la ASE realizó varias observaciones relacionadas con irregularidades encontradas en los sueldos, entre ellas por “alteraciones” en los pagos correspondientes al sueldo de cada empleado.
“Dichas alteraciones fueron llevadas a cabo por personal del departamento de recursos humanos, el cual registró y presentó a contabilidad el detalle de los importes de las modificaciones a dichos archivos, según consta en 17 documentos recibidos y sellados por el departamento de contabilidad”, dice el informe.
La Auditoría encontró cuatro depósitos y 12 cheques que se giraron a nombre de dos beneficiarios distintos sin que en la Junta exista un expediente con la autorización por parte de los empleados para que se les hiciera la deducción y se entregara a una tercera persona.
El importe detectado era de 1.7 millones de pesos, que la ASE consideró como un gasto injustificado que contraviene varias disposiciones legales, por lo que determinó que existían “elementos suficientes que permiten presumir daños a la Hacienda Pública causados por servidores públicos adscritos al ente fiscalizable”, lo que podría constituir responsabilidades de carácter penal o civil.
En respuesta a la observación, un exfuncionario de la Junta, que se presume fue Antonio Andreu por corresponder a su período de gobierno, asegura que los señalamientos carecen de fundamentación y motivación, además que la ASE se excedía en sus facultades toda vez que sólo está autorizada para fiscalizar recursos públicos.
“… siendo que en el caso que nos ocupa, el objeto de la revisión lo constituyen recursos de carácter privado, identificados como aportaciones voluntarias de empleados”, dice el exfuncionario en la respuesta registrada en el informe.
Justifica que por ello dichas aportaciones no se reflejan en los estados financieros, ni en el presupuesto de egresos autorizado o constituyen una afectación y compromiso de recursos públicos.
Sin embargo, la ASE consideró que no se solventaba la observación porque las alteraciones contables se identificaron antes de ser enviadas para su pago a los empleados, por lo que no puede ser considerado como recurso privado.
También, porque no existe ninguna autorización por parte de los empleados para que se les hiciera la deducción.
Pese a esta observación y otras más de la cuenta pública 2016 de la JMAS que no fueron solventadas y por las que no se liberó “de responsabilidad a los funcionarios o exfuncionarios”, el Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos los estados financieros del organismo.
En la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2017, 25 de los 33 diputados que conforman la legislatura aprobaron el decreto que aprueba la auditoría practicada a la Junta.
“…no se determinaron observaciones con las cuales se pueda considerar que rompen con el principio de razonabilidad presupuestaria y patrimonial del ente fiscalizable”, menciona el documento.
De acuerdo con el acta de la sesión, el decreto fue aprobado con 25 votos a favor, 11 de diputados del PAN, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano, tres de Nueva Alianza, dos del PVEM, dos del PT, y cinco del PRI.
Se recibieron cuatro votos en contra, emitidos por los diputados panistas Maribel Hernández Martínez, Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, Carmen Rocío González Alonso y Jorge Carlos Soto Prieto, este último presidente de la Comisión de Fiscalización en la que también se opuso al dictamen.
Además, se registró una abstención, de la diputada panista Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo. No se registraron los votos de los legisladores por Morena, Leticia Ortega Máynez y Pedro Torres Estrada (MORENA), así como de Israel Fierro Terrazas, del PES.
Diputada Maribel Hernández Martínez. Foto: Cortesía/Congreso del Estado
Maribel Hernández, diputada por Juárez, explica que decidió votar en contra porque consideraba que era necesario revisar la cuenta pública correspondiente a ese año por todos los señalamientos que se habían hecho en la fiscalización.
“La intención era que se revisaran las cuentas cuando estaba el exdiputado Antonio Andreu, por eso me manifesté en contra, porque por supuesto que debe de auditarse las cuentas no nada más de los exfuncionarios priistas, de todos los políticos que estemos al frente de una dependencia o que estemos en la función pública”, dice.
Asegura que desconoce si hubo un acuerdo para que se aprobara la cuenta pública, lo que tampoco descarta, porque recuerda que el PRI anduvo cabildeando el asunto para buscar votos a favor del dictamen con la finalidad de que no se acumulara a la lista de casos denunciados por desvío de recursos en la pasada administración.
“No sabría decir por qué los demás votaron así, pero mi voto sí fue por esa razón específica, ahí mi responsabilidad está claramente manifestada”, subraya.
Fuentes al interior de la JMAS consideran que es muy claro que hubo un acuerdo con los denunciados, cuando tenían muchos elementos, muchas evidencias para probar la retención ilegal al sueldo de los trabajadores para desviarlo al PRI, pero tal parece que prefirieron negociarla por razones que desconocen.
Por un caso similar, en el que el Gobierno del Estado detectó que se aplicó durante el sexenio pasado un descuento involuntario a unos 700 empleados de la administración centralizada estatal para entregarlo al PRI, por un monto de 14.6 millones de pesos, la Fepade libró una orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte.
Además, se encuentra detenido desde octubre del año pasado Pedro Mauli Romero Chávez, exsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, quien se encuentra acusado de peculado electoral por recibir los recursos públicos.
Mientras que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al PRI por el desvío de los recursos públicos que hizo a su favor el Gobierno del Estado de Chihuahua en 2015 a través de la Secretaría de Hacienda. (Con información de Rocío Gallegos)
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